Nuestro flamante ministro de economía ha empezado afirmando en televisión que el salario medio ha subido gracias al crecimiento del salario mínimo interprofesional y a una economía de mayor valor añadido.  Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y, sobre todo, cuando se ajustan a la inflación y a los impuestos, la conclusión es mucho menos optimista: el poder adquisitivo de los trabajadores sigue deteriorándose.

El argumento no es muy sencillo pero sí muy contundente. Aunque los costes laborales están aumentando en términos nominales, lo hacen a un ritmo inferior al del IPC. Es decir, los salarios suben, sí, pero los precios suben igual o más rápido. Esto lo podemos ver cualquiera en la web del INE, es muy fácil comparar como el IPC publicado por la propia fuente oficial del gobierno, sube más que el coste de los salarios publicado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Sin importar lo que pueda afirmar el ministro.

Los datos están disponibles y son claros para quien quiera analizarlos con honestidad. El propio Instituto Nacional de Estadística pública tanto la evolución de los salarios como del IPC.

Los impuestos, cada vez más altos en proporción

A esta pérdida de poder adquisitivo se suma un factor menos visible pero igual de determinante: la fiscalidad. Adicionalmente a esto, los tramos del IRPF llevan sin tocarse desde 2017. Eso hace, que sí los salarios suben, pero también el coste de vida y los impuestos relativos a los ingresos del trabajo.

En España, el IRPF no se ha ajustado de manera generalizada a la inflación. Esto significa que, a medida que los salarios nominales crecen, aunque sea por debajo del IPC, muchos contribuyentes pasan a tramos superiores o pagan más impuestos en proporción a su renta real.

El Estado absorbe una mayor parte de esos ingresos a través de impuestos que no han sido actualizados conforme al contexto inflacionario. En otras palabras, cada vez un porcentaje mayor del sueldo de los españoles se destina a Hacienda, incluso sin una mejora real en su bienestar económico.

Todo esto se añade a lo que muchos vemos, el estado ocupa cada vez más una proporción más grande de la economía, pero sus servicios son iguales o peores. Ni mejora la educación, ni la sanidad y las infraestructuras están cada vez peor (por no hablar de los escándalos de corrupción recientes).

La táctica del avestruz

Lo preocupante no es solo la situación en sí, sino la respuesta institucional ante ella. A pesar de la formación técnica del ministro, no duda en negar o minimizar estos efectos, apoyándose en cifras nominales que, sin el debido contexto, pueden inducir a error. Pero la economía real no se mide en euros corrientes, sino en capacidad de compra.

También el Banco de España ha advertido en varias ocasiones sobre la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. Con la guerra en Irán, esta pérdida va a ir aumentando a medida que se dispare la inflación.

Ignorar estas evidencias no es una cuestión menor. Cuando se niega un problema, no solo se desinforma, sino que se bloquea cualquier posibilidad de corregirlo. Si no se reconoce que los salarios reales están cayendo y que la presión fiscal efectiva está aumentando, no se tomarán medidas para aliviar esa carga.

Como consecuencia, millones de españoles siguen empobreciéndose en silencio, con menor poder adquisitivo, mientras el discurso oficial insiste en que todo va razonablemente bien. Pero la realidad, como siempre, termina imponiéndose. Negar un problema no hace que desaparezca; simplemente garantiza que empeore.

Según los últimos datos, la inflación en España se ha moderado en torno al 3 %, un descenso sobre el que el Gobierno y el Ministerio de Economía han sacado pecho en las últimas semanas. Sin embargo, esta situación tiene nota al pie: ni se ha recuperado poder adquisitivo, ni deja de ser coyuntural, apoyado en factores volátiles como la energía o los carburantes.

Mientras tanto, la inflación de fondo (subyacente) se mantiene elevada y el encarecimiento acumulado de los precios sigue superando al crecimiento de los salarios. En esta meseta inflacionaria, el relato oficial de que los sueldos “ganan” frente a los precios no cuadra con los datos oficiales.

Es cierto, la inflación baja, pero…

El IPC cerró diciembre con una tasa interanual del 2,9 %, una décima menos que en noviembre, gracias casi exclusivamente a la bajada de los precios de los carburantes.

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Esta moderación, no obstante, convive con una aceleración de los alimentos, que subieron un 3 %, y con una inflación subyacente estancada en el 2,6 %, su nivel más alto en los últimos doce meses. De igual modo, las previsiones anuales apuntan a otro incremento notable en vivienda (7 %) y en la cesta de la compra este 2026.

Desde el Ministerio de Economía se subraya que la inflación continúa moderándose respecto a 2024 y que, al situarse por debajo de las subidas salariales pactadas, estaría permitiendo ganancias de poder adquisitivo.

En cualquier caso, el propio INE demuestra que, en el conjunto del año, la inflación media apenas mejora (2,7 %, una décima menos que en 2024) y que el aumento acumulado de los precios desde 2020 supera al de los salarios, lo que limita cualquier recuperación real del poder de compra. Además, España mantiene un diferencial desfavorable frente a la media de la eurozona.

Los grupos de productos más relevantes para el gasto cotidiano pintan un cuadro distinto: los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron alrededor del 3 % interanual, presionando al alza el índice general pese a la caída del combustible, y las medidas, en general, muestran reacciones contrapuestas. En pocas palabras, la reducción del IPC viene de componentes volátiles (energía y elementos que pueden revertirse) y no de una caída sostenida de los precios esenciales para las familias.

La inflación subyacente se estanca

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados y es un mejor indicador de las presiones de fondo— se mantuvo en 2,6 % en diciembre, su nivel más alto en meses recientes.

Este estancamiento sugiere que, más allá del ruido de los carburantes, los precios de bienes y servicios siguen subiendo con fuerza en sectores como vivienda, sanidad o transporte. Esa persistencia complica hablar de una “normalización” real de precios.

Si lo comparamos con el resto de la eurozona, la diferencia se acentúa: según datos de Eurostat, la inflación anual promedio en la zona euro fue de alrededor del 2,1 % en noviembre de 2025, sensiblemente inferior a la española, lo que también pone de manifiesto que la desaceleración de precios en España no ha sido tan pronunciada como en el resto de Europa, lo que condiciona competitividad y costes relativos.

El relato de los salarios no cuadra

El Gobierno ha destacado que los salarios pactados en 2025 crecieron por encima de la inflación promedio del año, lo que, en teoría, debería permitir una mejora del poder adquisitivo. Por un lado, es cierto que muchos convenios recogen subidas en torno al 3 %–3,5 % o mayores, pero el contexto aquí es relevante: las cifras agregadas de salarios aún no compensan el encarecimiento acumulado de los precios en los últimos años.

Por ejemplo, las últimas estimaciones oficiales y de mercado muestran que el crecimiento salarial en España fue moderado en 2025 (con cifras interanuales en torno al 2,8 % según el Ministerio de Economía y series públicas), y aún está lejos de niveles que compensen la inflación acumulada desde 2020.

De hecho, estudios económicos independientes señalan que en periodos recientes los precios han subido más que los salarios reales, reduciendo el poder de compra de los hogares pese a las subidas nominales.

El resultado de estos datos es claro: no hay colapso ni inflación desbocada, pero el proceso de desinflación parece haberse estancado en torno a cifras que siguen siendo altas, asfixian a muchos consumidores y se mantienen por encima de la eurozona.

La moderación del IPC en la parte volátil de la cesta (energía) no se traduce en una caída de los precios de los bienes cotidianos ni en una mejora significativa del poder adquisitivo de las familias.

Estamos frente a una meseta inflacionaria (inflación subyacente elevada, precios acumulados y salarios que no alcanzan a compensar la pérdida de poder de compra), que explica por qué muchos ciudadanos no sienten el alivio que marcan las cifras macroeconómicas.

Para muchas familias, la economía no ha normalizado su coste de vida: como mucho, sigue estancada en un equilibrio precario con episodios de alivio temporal.

España vive una situación anómala dentro de las economías desarrolladas, aunque no es la única. Los datos reflejan que también nuestros vecinos italianos sufren un problema muy similar al nuestro en todos los indicadores.

Y es que, en los últimos treinta años los trabajadores españoles han podido ser testigos de un crecimiento económico repartido en diferentes ciclos -también fuertes crisis económicas-. Y sin embargo, su poder adquisitivo apenas ha aumentado.

Entre 1994 y 2024, el salario real ajustado por la inflación, solo lo ha hecho en un 2.7%. Una cifra irrisoria si lo comparamos con las subidas que han experimentado otros aspectos del día a día como el carro de la compra o el ocio.

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Una desconexión entre el aumento de los sueldos y el aumento del coste de vida, que ha perjudicado el crecimiento económico de los hogares pese a los discursos políticos de la izquierda y la derecha, que se han repartido la gobernanza durante todos estos años.

Hoy en día, las familias tienen que destinar más dinero para sus necesidades básicas que antes. Deben gastar más para comprar una vivienda, realizar un viaje o, simplemente, ir al cine. Todo está más caro que antes. Y los salarios no han subido tanto como para cubrir estos incrementos.

Los salarios crecen, pero los precios aún más

Entre 1994 y 2024, el salario real en España solo aumentó un 2,7%. Es una subida sí pero, técnicamente, también se puede hablar de una congelación del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Ese bajo porcentaje se obtiene si descontamos la inflación acumulada al incremento nominal de los sueldos. Lo que evidencia que, aunque los salarios brutos han subido, su capacidad de poder abarcar todos los gatos necesarios apenas ha mejorado.

Lo más sangrante es la cesta de compra, que ha aumentado en tres décadas un 63%. ¿Y por qué ha sucedido esto? El lógico paso del tiempo ha aumentado el precio de la energía, también un mercado más globalizado que nunca y unos márgenes empresariales que han crecido.

La subida de precios de alimentos básicos como la carne, la leche, el arroz, el pan o el aceite se nota y mucho en la cesta de la compra. Gastamos más. Y gastamos más todos, también las personas con menos recursos que ven como tienen que hacer aún más esfuerzo para llegar a fin de mes.

El ocio es ya casi un lujo para muchos

Otro aspecto donde se puede observar la subida de precios es en el ocio. Ir al cine a ver una película, disfrutar de una obra de teatro o realizar cualquier otra actividad de entretenimiento, cuesta un 52% más según el INE. Y solo cobramos un 2,7% más.

Para muchas familias, ir a un concierto o salir a cenar a un restaurante se ha convertido en todo un acontecimiento para el que vale la pena ahorrar -si queda dinero tras efectuar todos los pagos básicos-.

A vueltas con la inflación y los salarios

Uno de los elementos que mejor explica esta diferencia es la evolución de la inflación. Mientras el IPC ha aumentado con fuerza en diferentes periodos -sobre todo tras las crisis energéticas y financieras-, la capacidad de los salarios para seguir el mismo ha sido limitada.

El salario real, al estar vinculado al índice de precios, se convierte en un termómetro del bienestar económico, y que esté estancado es un síntoma de que los beneficios del crecimiento no han llegado por igual a todos.

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La diferencia entre inflación y sueldos se evidencia más cuando se analizan los datos de los años más recientes. Entre 2020 y 2023, el IPC acumuló un crecimiento aproximado del 14 %. Sin embargo, los salarios reales apenas crecieron un 1,5 %.

Las rentas más bajas y los jóvenes son los grandes afectados

Que los salarios, en realidad, estén estancados tanto tiempo no impacta igual a toda la población. Los jóvenes, que acceden por primera vez al mercado laboral y los trabajadores con contratos temporales o parciales son los más expuestos ya que, normalmente, sus sueldos están por debajo del promedio. Y, por ende, están más expuestos a la subida de precios.

De hecho, según la Encuesta de Estructura Salarial, el 30% de los trabajadores menores de 35 años tiene una remuneración inferior al salario medio nacional.  Algo que les perjudica en cuestiones básicas como el alquiler, el transporte y la alimentación en general.

El poder adquisitivo de los españoles, cuesta abajo

Qué duda cabe que la estructura del consumo también condiciona el impacto de la inflación en los hogares. Es decir, a menor nivel de renta, mayor proporción del gasto destinado a bienes esenciales, como son la comida, la vivienda o la energía.

Por tanto, aunque la subida del salario real haya sido mínima para todos, su efecto en las familias con menor capacidad económica ha sido mucho más negativo.

Imágenes | Pixabay, Pixabay

En España, a nadie nos sorprende que nos digan que la bolsa de la compra se ha disparado. Estos tres últimos años lo hemos notado en el bolsillo, pero también ha sido evidente en el supermercado, donde la fruta —sobre todo aquella más estacional—, los productos cárnicos y el aceite de oliva han aumentado muchísimo de precio.

Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y la crisis de la inflación, nuestro país ha acumulado una inflación superior al 27,7 % de los alimentos, 3 puntos por encima de la eurozona. Pero ¿a qué se debe? ¿Y por qué no podemos comparar nuestra situación con lo que ocurre en Alemania, Italia o Francia? ¿Tanto peso tienen los salarios en la ecuación? ¿El SMI no debería haber ayudado a reducir presión a las subidas constantes en el IPC?

El peso que tiene un sueldo

Resulta complejo separar el aumento del precio de los alimentos de los sueldos y el coste de la energía, que se han considerado dos de las principales razones. (Y, al final, asumir subidas de precios del producto o servicio que sea dependerá, principalmente, de los ingresos y el consumo.)

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Los sueldos parecen la causa más probable de las dificultades para ajustar el bolsillo a la cesta de la compra. En 10 años, los salarios han crecido un 3,4 % mientras que, para inicios de 2023, la vivienda se había incrementado  un 8,5 % también.

A día de hoy, esta última cifra sabemos que es muy superior (3,9 % durante 2023; 4,3 % en el primer trimestre de este año solo), pero a excepción de las rentas bajas y muy bajas, que han visto cierto repunte gracias al incremento del sueldo mínimo interprofesional entre 2018 y 2024 (54 %), el aumento de los salarios es poco notable.

Si bien el salario medio en España, según el INE, es superior a 2.128 euros (datos de 2022), la curva en la distribución de los salarios anuales permite observar sin dificultad que la mayor parte de la población se encuentra en rentas inferiores a los 20.000 euros anuales.

Pues aquí tenéis las distribuciones de salarios para 2018 y 2022 con microdatos. El lunes os comento en mi columna cosas de esas como las modas, las medianas y los efectos del salario mínimo. pic.twitter.com/nFw01TqlL4

— Manuel Hidalgo (@Manuj_Hidalgo) September 25, 2024

En otras palabras, los sueldos han subido, pero el coste de la vida ha subido más, con un incremento muchísimo más rápido en condiciones complejas, como la pandemia o la guerra de Ucrania, así como los problemas derivados en cuestiones de energía y consumo. Mal asunto.

Cuánto cuesta producir

En relación con este último punto, los costes de producción, transporte y distribución se han disparado. Esto afecta especialmente a alimentos como el aceite de oliva, cuyo proceso es intensivo en energía, pero también a productos frescos que dependen del transporte refrigerado.

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Y los precios del gas, ¿por qué España es diferente? Qué efecto ha tenido el cambio de base y la inclusión del mercado libre en el índice español. pic.twitter.com/sinj6GavLq

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En España, estos problemas han supuesto una mayor presión al mercado, no tan acuciante en países como Francia o Italia, con economías agrícolas más resilientes, que se han visto menos impactadas. No obstante, ¿es esta la única razón?

Todo sube, por ahora

Desde 2020, los productos que más han visto aumentar su precio en España son los alimentos básicos de la cesta de la compra.

Según la OCU, el aceite de oliva ha experimentado un aumento del 225 %, pasando de 2,35 euros por litro de marca blanca a 7,66 euros, lo que lo convierte en uno de los productos más afectados.

Otros productos básicos, como el azúcar y el zumo de naranja han subido entre un 80 y un 90 %. De igual modo, los productos frescos, como frutas y verduras, han aumentado más del 20 % en promedio, ¡y esta es la subida más moderada que se ha percibido! En cambio, el resto de los productos de alimentación, como carnes, pescados, pastas y conservas se han incrementado entre un 34 y un 47 %.

Impacto en el consumo

En España, este aumento de precios ha tenido un impacto directo en los hábitos de consumo. Muchos hogares se han visto obligados a reducir o limitar la variedad y calidad de la dieta.

La media de aumento en el precio (superior al 38 %) se ha visto muy superior a otros países del sur de Europa, como Italia, Francia o Portugal, que no han acumulado una inflación tan alta, mientras que la población de países más fuertes económicamente, como Alemania, no se ha visto tan afectada en el ámbito familiar pese a existir subidas similares a la española.

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Esto pasó con los precios de las frutas, mucha estacionalidad en España. pic.twitter.com/VF5w2gWLDP

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

A grandes rasgos, las familias españolas sienten que el dinero cada vez rinde menos, con una cesta de la compra que no ha dejado de aumentar su precio desde 2020.

España ha subido las cifras del IPC un 2,4 % internanual, por encima de la medida de la eurozona, y siendo este muy superior a Italia (1,3 %) o Alemania (2 %). En lo que se refiere a alimentos, según cifras de julio de 2024, frente a los incrementos de Alemania (1,7 %), Italia (0,8 %) Y Francia (0,5 %), España ha seguido subiendo hasta un 3 %, duplicando o triplicando los costes que soportan sus vecinos europeos.

Medidas ineficaces

El Banco de España ha propuesto varias medidas para intentar controlar el impacto de la inflación. Una de ellas es establecer una política monetaria restrictiva para controlar el endeudamiento (la opción clásica).

Además, se han implementado controles de precios en sectores clave como la energía y los alimentos, con el fin de frenar su escalada y se ha insistido sobre la necesidad de incentivar la producción, con visos de aumentar la oferta de productos y reducir precios.

Todo ello, se ha intentado acompañar con el impulso de políticas de consumo responsable y de producción propia de alimentos, para reducir la dependencia del mercado. Medidas poco eficaces y que no pueden generar un alivio real en el corto o medio plazo.

¿Por qué España?

La clave de los menores incrementos en otros países, como Francia o Italia, parece estar relacionada con una mayor capacidad de control de los productos esenciales para la alimentación. La agricultura y ganadería española ha ido perdiendo peso en Europa, y apoyándose progresivamente en las importaciones, tanto desde la Unión Europea, como de fuera.

Por tanto, la principal diferencia entre países se debe en parte a las redes de producción de sus economías agrícolas, así como a políticas más efectivas de distribución de alimentos y control de precios.

Francia, por ejemplo, ha sido más eficiente en la aplicación de medidas que protegen tanto a los consumidores como a los productores locales, minimizando los márgenes de comercialización y evitando grandes diferencias entre los precios que reciben los agricultores y lo que pagan los consumidores.

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Al final, ¡qué pasó con los precios de la alimentación?

Hay que tener en cuenta que en España el precio del aceite de oliva pesa mucho y es lo que más ha subido. Hay que estar preparado para la bajada. pic.twitter.com/Qr7MQgkyQ5

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En cambio, en España, está claro que se han engordado los márgenes... bastante más. Si bien los productores han aumentado precio, probablemente para compensar subidas de costes (combustible, fertilizantes, etc.), es el salto entre el ganadero y agricultor y el punto de venta donde la cosa se descontrola. Aquí, esta cifra puede llegar a multiplicarse por seis.

Algunos ejemplos que han mantenido cierto control, según la OCU, son los huevos, ¡que han subido más de un 60 % estos años!, el pollo, las patatas o los tomates (¿han subido menos estos productos?, parece que sí y, aun así, todos somos conscientes del aumento).

Manzanas, plátanos y otros productos vegetales y animales han ido aumentando el precio, así como los sospechosos habituales: aceite de oliva, azúcar, zumo, huevos, arroz, zanahorias, yogures, salmón, macarrones...

Nada cambia (mucho), seguimos ahogados

En resumidas cuentas, el aumento del 35 % en los precios de los alimentos desde 2020 en España ha sido una carga pesada para la mayoría de los hogares. A pesar de las medidas propuestas y de cierta desaceleración de la inflación general, los alimentos continúan siendo el sector más afectado.

Mientras tanto, nuestros vecinos han controlado el problema, lo que quizá nos debería hacernos cuestionar si las políticas españolas están siendo eficientes o necesitamos que se barajen nuevas soluciones para un alivio real para las familias.

Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Si todos los indicadores muestran que el PIB seguirá creciendo, ¿por qué, una amplia mayoría, no lo notamos en el bolsillo? Esta pregunta, puede parecer capciosa, pero la realidad, una vez más, se muestra compleja.

La economía española va como un cohete, las previsiones de crecimiento del PIB superan el 2 % para los próximos cuatro años, se puede llegar a acariciar el pleno empleo español (por debajo del 9 % de paro), el turismo supone ingresos como nunca antes, las exportaciones van bien y la inversión ha repuntado con menores tasas de inflación y un euríbor más controlado.

Todo parece ir por buen camino, pero el bolsillo no lo nota. La mayoría de los trabajadores llevan dos décadas perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Son los indicadores macroeconómicos un triste consuelo?

España va bien

A diferencia de economías como la alemana, cuyo plan de inversión integral en energía y comercio parece haber fracasado, España arroja cifras prometedoras y buenas perspectivas en el corto plazo.

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El año pasado, la economía aumentó a un ritmo seis veces mayor que en el resto de los países europeos, y se espera que el PIB siga creciendo por encima del 2 % hasta 2027.

El análisis del Gobierno, además, plantea la posibilidad de reducir el paro por debajo del 9 % antes de 2027 (de facto, esto significará pleno empleo en España), algo que Pedro Sánchez tratará de conseguir (o, por lo menos, afirmar), peleando con uñas y dientes, en esta legislatura.

El turismo, a su vez, está catapultando la economía española (pese a cierto discurso institucional con ambivalencias), y seguirá "tirando del carro", sobre todo, gracias al turista extranjero. Sin embargo, la exportación de servicios no turísticos (consultoría, telecomunicaciones, informáticos) está despegando a toda velocidad, según las cifras del Banco de España (2023).

A todo ello se suma un mayor control de la inflación y los tipos de interés, que empezaron a arrojar resultados positivos a principios de año: más compraventas de pisos, concesión deh ipotecas, mejores condiciones financieras, un euríbor menos descontrolado...

Los españoles, regular

Todo lo anterior, no obstante, no cala en el día a día de los españoles. A finales del año pasado, se cerraba el ejercicio con una inflación media en un 3,55 % (2023), con un retroceso importante en los sueldos de trabajadores públicos y del 55 % de los empleos privados. Se salvaban los pensionistas y los boomer, y lo seguirán haciendo.

El pico de inflación de 2022 (8,4 %) y el auge sostenido en el precio de los alimentos y los productos de primera necesidad suponen un grave escollo para la mayoría de los españoles.

Algunos datos básicos para bajar estas cifras al suelo: el precio de los alimentos ha aumentado un 84 % en 20 años, los sueldos de los españoles solo han crecido un 58 %. O sea, se ha perdido, por lo menos, un 15 % de poder adquisitivo para alimentación básica.

Si bien la inflación interanual (2023) es de las más bajas de la zona euro (2,6 %, frente al 5,2 % de media europea) venimos de una evolución descontrolada del IPC desde 2020, donde creció sin control hasta finales de 2022, con el agregado de un menor aumento de los salarios.

A grandes rasgos, los empleados españoles llevan 16 años perdiendo poder adquisitivo, donde la inflación acumulada agrava el problema y los puestos intermedios todavía lo sufren más.

Todos perdemos, menos los pensionistas

Los jubilados, y los más recientes pensionistas (baby boomers) se mantienen mejor posicionados, tanto por ahorro, como por vivienda en propiedad y mejores rentas medias: quizá pierdan poder cierto adquisitivo, pero el golpe es mucho menor frente al resto.

El resto de trabajadores, no solo no estamos notando el crecimiento del PIB español, sino que cada vez somos más pobres.

La actual generación entre 65 y 75 años, tiene un nivel de riqueza algo menor que las anteriores, pero unas rentas medias superiores, por lo que la situación suele quedar compensada; en cambio, los menores de 35 años, apenas tienen ahorros (en comparación) ni vivienda en propiedad, con una riqueza media mucho menor.

En resumen: en una panorámica general, todos perdemos, menos la generación de nuestros abuelos. El poder adquisitivo de la generación boomer puede que esté aguantando, pero también mostrando la fragilidad del sistema de pensiones.

Buenos indicadores macro, el resto está por ver.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha vivido una época convulsa en su última etapa. Así, en 2021 y 2022 recibió duras críticas por no incluir entre sus datos la evolución de los precios de gas y electricidad de mercado libre y que si pagaban los ciudadanos, y únicamente hacer registro de lo que correspondía al mercado regulado.

Ante esto, el INE siempre aseguró que su intención era de incluirlo pero alegaba a que no contaba con los datos necesarios para ello. Ahora, un año después, el organismo Nacional de Estadísticas pone en marcha un cambio radical en la medición de la evolución de electricidad y gas. Con ello pretende calcular la inflación de ambos productos y ajustar mejor los datos al consumo real de los consumidores.

La evolución en el INE

Estos cambios ejecutados por el INE estaban previstos para principios del 2022, cuando se registraron cambios en la cesta de la compra y afectaba a la evolución de los precios de los ciudadanos. Sin embargo, es ahora cuando al fin ha visto la luz el nuevo plan y han sido incorporados por primera vez en el IPC de este mes.

Para realizar el registro, el INE reclamaba la información sobre el precio de cada tipo de contrato individual y el número de contratos de cada tipo. Las negociaciones con las compañías eléctricas han ralentizado el proceso y es ahora cuando están recibiendo los datos necesarios.

El IPC como herramienta

Desde enero el organismo de estadísticas nacional ha comenzado a aplicar un cambio en la base cálculo del índice de precios de consumo (IPC) para así dejar de medir únicamente la evolución de las tarifas reguladas de electricidad y gas, e incluir también las de mercado libre.

El IPC es una herramienta muy empleada por el gobierno, y es que gracias a su cálculo se puede medir la evolución de los precios y servicios adquiridos regularmente por los consumidores. De esta forma, es posible detectar si los productos que adquirimos en nuestro día a día han subido o no respecto a los datos del año anterior.

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¿Cómo se calcula el IPC?

Para poder calcularlo son necesarios dos elementos, los datos de consumo que una familia tiene de bienes y servicios necesarios, conocidos como la cesta de la compra, del año anterior y del año en vigor.

El INE trabaja con dos elementos, por un lado la visita a 29.000 establecimientos aproximadamente, y por otro con una cesta de 479 productos que representa el consumo de los hogares españoles. Estos productos se dividen a su vez en 12 grupos a los que da mayor o menor importancia según el porcentaje de renta que se destine a su compra.

Los precios son recogidos en 177 municipios, entre los que están las 52 capitales de provincia y 125 municipios no capitales de los que 31 tienen menos de 50.000 habitantes. En 97 de estos municipios se recogen precios de la cesta al completo, en 44 de productos de alimentación y en 36 la mitad de los artículos de la cesta.

Obtenidos todos los datos, para su cálculo el INE emplea una fórmula matemática conocida como Laspeyres encadenado. Dicha fórmula consiste en multiplicar los nuevos precios por las cantidades consumidas del presente año, la misma cuenta pero con los datos del año anterior, y ambos resultados dividirlos entre ellos.

Evolución del IPC y sus consecuencias

Si analizamos los datos ofrecidos por el INE y observamos los últimos 10 años del IPC en España, vemos como la tasa de variación anual se mantenía a nivel hasta 2016 (0,3% en 2013, -1% en 2014, 0% en 2015 y 1,6% en 2016) y como desde ese momento la escalada ha sido patente, llegando al 1,1% en 2017 y 1,2% en 2018. Tras un leve receso en 2020 (-0,5%), a partir de 2021 la subida ha sido muy evidente situándose en cifras del 6,5% en 2021 y de 5,7% en 2022.

Las consecuencias de los datos ofrecidos son muy patentes para los consumidores. Se producen pérdidas del poder adquisitivo, y es que si los precios aumentan pero los salarios no, podremos acceder a menos bienes y servicios. Igualmente se devalúan los ahorros al no generar intereses, con la subida de los tipos de interés las hipotecas aumentarán, menos oportunidades laborales ya que las empresas deben reducir costes ante la subida de la inflación y también disminuirá la adquisición de productos no esenciales. En definitiva, menos ingresos, más gastos y menos poder adquisitivo.

Como se presenta el 2023

La evolución del 2023 está en manos del precio del gas, aunque si la tendencia actual se mantiene, la inflación será más elevada de lo previsto. Los datos de ahora no son comparables con los registrados anteriormente, por lo que los economistas advierten que no se pueden comparar, lo que producirá una distorsión.

Ante tal incompatibilidad, los investigadores piden al INE que divulguen también los datos de cómo quedaría la inflación si no se hubieran hecho cambios, para así poder seguir realizando la comparativa y calcular la inflación en un valor real.

Por su parte, desde el INE defienden que el cambio metodológico ha sido respaldado por la agencia de estadísticas comunitaria Eurostat. Admiten haber sopesado si el cambio era de suficiente importancia como para ofrecer estos datos por partida doble, y descartan publicar el dato que se habría obtenido antes del cambio de metodología.

El Gobierno está vendiendo como un éxito que la tasa mensual del IPC del mes de septiembre (dato adelantado) es del -0,6% y la evolución anual del IPC ha abandonado los dos dígitos hasta situarse en el 9%. Unos datos que deben ser tratados en su contexto para no confundir al público.

En primer lugar, que la tasa anual del IPC descienda al 9% significa que se desacelera, es decir, de septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022 la cesta de la compra se ha encarecido un 9%. Incluso, el dato es más desalentador cuando echamos un ojo al IPC anual subyacente que ha pasado del 6,4% en agosto al 6,2%, un recorte de tan solo dos décimas.

Es más, la comparativa con nuestros vecinos saca los colores a España. El IPC anual en agosto fue del 10,5% y la media de los países de la Eurozona fue del 9,1%, 1,4 porcentuales por encima. Hemos estado por encima de la media de los países de la moneda única desde el mes de abril y el diferencial se ha ido ampliando paulatinamente.

Con los datos de agosto, el IPC de alimentación y bebidas subía un 13,8%, el grupo de gastos del hogar -alquileres reales de viviendas, mantenimiento y reparación, abastecimiento de agua, electricidad, gas y demás- se ha encarecido un 24,5% y transporte un 11,2%.

Si comparamos este grupo de datos, la Eurozona ha ido mejor que España:

• IPC alimentos y bebidas no alcohólicas: 12,7%, -1,4 puntos porcentuales.
• IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 19,7%, -4,8 puntos porcentuales.
• IPC transporte: 9,9%, -1,4 puntos porcentuales.

Los datos no invitan al optimismo. Recordemos que tanto el barril de Brent como el de WTI llevan en un proceso de descenso de precios desde los 120 dólares alcanzados. Hoy se encuentran en 84 dólares y 77 dólares respectivamente. El barril ha bajado alrededor de un tercio de su precio en este trimestre y el consumidor no nota, en el acumulado anual, una reversión notable de los precios que está pagando.

En 2010 la economía española se venía abajo, literalmente. Una crisis devastadora llamaba a la puerta y el Gobierno de Rodríguez Zapatero iniciaba una senda de recortes que después aumentaría el PP para evitar un rescate total de la economía española.

Esos recortes de ZP, que hicieron clamar a la sociedad y al país al ser nunca vistos (luego quedarían en poca cosa), consistían en una reducción del salario de los funcionarios del 5%, congelar las pensiones públicas en 2011, recortes a las políticas de dependencia que precisamente había puesto en marcha como uno de los baluartes de su presidencia, etc.

En total fueron 10.000 millones de euros de recorte de gasto, una cantidad que hizo a muchos llevare las manos a la cabeza...pero que puede quedar en anécdota si la inflación sigue a estas cotas y el Gobierno actual sigue con su plan de revalorizar las pensiones en función del IPC.

Sí señores, los recortes de Zapatero se van a ver superados por el gasto extra en pensiones que vamos a tener si sigue este ritmo: 13.000 millones de euros.

El que hizo la ley se hizo la trampa

Hace unos meses, el Ejecutivo aprobó una ley para revalorizar las pensiones públicas en línea con el IPC y piensa cumplirla, como ya ha anunciado. Esto significa que si la inflación sigue a los niveles actuales, en máximos por encima del 10%, el próximo año ese gasto extra en pensiones se traducirá en 13.000 millones más de gasto público.

Con lo que al Gobierno le va a costar mucho cuadrar las cuentas del próximo ejercicio solo y únicamente por su propia culpa. Y es paradójico que cuando todo el mundo se empobrece, los pensionistas sean los únicos que se acompasan al coste de la vida.

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Cuánto hay de cierto en que viene una recesión

El problema va a venir cuando Bruselas revise las cuentas el año que viene, porque ahí sí puede pedir cuentas al Gobierno y forzarle a hacer ajustes, es decir, recortes de gasto. Y lamentablemente, tocará donde se suele tocar siempre: educación, sanidad, ciencia, etc.

Porque España tiene que cumplir con los planes que ha enviado a la UE a cambio de los fondos 'Next Generation' y demás ayudas, y con ese desembolso extra en pensiones, que aunque no sea de 13.000 millones va a ser lo suyo, va a desviarse completamente.

Por lo tanto, los recortes de ZP son un buen ejemplo de lo que puede venirse si el combo recesión más gasto público elevado vuelven a darse con otro gobierno socialista y en tan poco tiempo.

Las pensiones son uno de los grandes caballos de batalla económicos en España. Prácticamente cada semana hay novedades (o supuestas novedades) al respecto, y todo ello a la espera de que se complete la famosa reforma de este sistema que sirva para intentar garantizarlas en un futuro a medio plazo.

No está España para tirar los cohetes en este sentido, pues actualmente lo paga en pensiones supone el 12% del PIB (con datos a cierre de 2021) y el problema es que no tiene por donde meter mano para lograr más dinero.

Nuestra sociedad envejece, nacen pocos niños y la inmigración ya no es la de antes. Por lo tanto, urgen cambios efectivos si queremos tener pensiones mañana.

Pero a todo esto se ha sumado un problema añadido. Y no es baladí. La inflación está en cotas elevadísimas. En marzo cerró en el 10% y según están las cosas, no parece que vaya a bajar de forma contundente.

Y ya sabemos que España actualiza las pensiones en función del IPC, para acompasarlas al coste de la vida, pero según está el patio, habría que acometer una importante subida para no empobrecer a los pensiones. Y el Gobierno está dispuesto a ello. Con lo que eso puede conllevar.

Suicido económico VS rédito político

La ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesus Montero, ha sido contundente: las pensiones se van a revalorizar en 2023 en función del IPC, sea cual sea. Es decir, que si asciende a dos dígitos, como todo hace prever, se revalorizarán tal cual.

El pasado año, la inflación acabó en 2.4%, y las pensiones se han revalorizado este 2022 un 2,5% para las no contributivas y un 3% para las contributivas. Para este 2022 la situación puede ser muy diferente a tenor de lo que ya estamos viviendo.

El Banco de España, por ejemplo, acaba de revisar sus previsiones sobre la inflación y, básicamente, las ha doblado: de un 3,5% a un 7,5%. Y eso siendo optimistas, pues el regulador bancario espera que la inflación que soportamos ahora del entorno del 10% dure hasta junio o julio.

Pero, ¿qué pasa si se alarga? ¿Qué pasa si el año acaba en dos cifras? Pues que el Gobierno podría darse un tiro en el píe. Porque la economía no va a crecer tanto como preveía. Funcas, uno de los paneles más certeros, ya ha bajado el incremento del PIB en 2022 al 4,8% desde el 5,6%, y el propio Banco de España ha hecho lo propio, desde el 5,4% al 4,5%.

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Así están las previsiones de inflación para 2022

Por lo tanto, ¿cómo se va a pagar esto? Porque las cuentas no salen. A pesar de que el año pasado el Estado obtuvo una recaudación récord, el déficit está disparado. Es del 7,3% del PIB, el segundo más alto de la UE, y la deuda pública es superior al 120% del PIB.

La cosa se está volviendo a ir de las manos, y el tema de las pensiones desde luego no ayuda. El Gobierno, por tanto, va a fiarlo todo a su medida estrella de intervenir el mercado eléctrico para bajar el precio del gas, que eso baje el precio de la luz, y que eso reduzca el resto de precios colaterales.

Si la inflación se mantiene en el entorno del 7% que prevé el Banco de España a finales de año (que es muy probable), el erario público tendría que efectuar un desembolso extra de 12.600 millones de euros para cumplir con las pensiones. Y ya hemos visto cómo están las cosas en nuestra macroeconomía.

Por lo tanto, olvídense de una bajada de impuestos que compense el encarecimiento de la vida, si cuando más recauda el Estado no es capaz de reducir su deuda, imaginen si encima bajan los tributos...

El Gobierno está atado de pies y manos con las pensiones, se ha hecho el harakiri con una reforma que no soluciona el problema a futuro y solo compromete el presente.

La inflación está oficialmente desatada. En marzo alcanzó la cota del 9,8%, que no se veía en España desde 1985. Esta subida echa más leña al fuego que los españoles estamos soportando desde hace más de un año. El incremento del precio de la energía y los carburantes ya se nota en toda la cadena de consumo, un problema al que se ha añadido la huelga indefinida de transporte.

El Gobierno ha conseguido en Europa un acuerdo histórico para España que le permitirá intervenir el mercado eléctrico para contener los precios del gas (que empujan los de la electricidad hacia arriba), pero desde luego eso no será suficiente para frenar la escalada de los precios.

Cada día que pasa somos un poco más pobres. Es un hecho. Y aunque el Gobierno culpe de más del 70% de este aumento a la guerra en Ucrania, es evidente que tenemos un problema de fondo muy grave.

De momento, ha aprobado una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible al repostar y ha congelado las subidas del precio de los alquileres al 2%, pero son medidas transitorias que no van a aliviar demasiado a los hogares españoles.

En este contexto urgen medidas contundentes, sobre todo porque nos acercamos a la temida recesión. ¿Qué puede hacer más el Gobierno? Si es que puede hacer algo... Algunos expertos nos lo cuentan.

La inflación es un fenómeno monetario que el Gobierno no puede arreglar

Es más que posible que en la revisión del dato de inflación que se hará en abril la inflación quede definitivamente en el 10%, una cifra que los expertos califican de "muy mala".

Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, prevé que las medidas aprobadas por el Gobierno "como mucho van a bajar la inflación un punto". Para él lo importante será la intervención del precio de la luz, "eliminar esa distorsión, se podría ganar muchísimo". "Si realmente se controla de tal forma que baje 50€ el megavatio, que es lo que dicen que quieren logra, se podría notar mucho, pues podría restar hasta 4 puntos a la cifra de inflación.

Y además, propone una "política de rentas que incluya pensiones". A largo plazo, ya que el problema de la energía no es coyuntural de la guerra (lleva así más de un año), Hidalgo cree que "se deben mantener las inversiones para tener autonomía energética mientras nos convertimos en un hub de suministro para el resto de Europa".

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Un 3% de inflación en un mes hace 20 años que no lo veíamos, ahora sí que todas las alarmas para España están encendidas

Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla, aclara que las medidas del Gobierno "no van destinadas a reducir la inflación, sino su impacto en la renta de los ciudadanos, en el poder adquisitivo".

Como señala, "la inflación es un fenómeno monetario, por eso la Fed ya ha empezado a subir los tipos de interés y el BCE se lo está planteando". Así, avisa que reducir la inflación es "enormemente complicado y lleva su tiempo". En cualquier caso, el paquete de medidas gubernamentales se notará en los bolsillos de los consumidores y "se reflejará en el IPC al solucionarse el tema del transporte, que tensaba la cadena alimentaria, y al intervenir los precios de la energía".

Pero, a largo plazo, sigue habiendo problemas, recalca. "A nivel mundial no se ha solucionado la crisis de los microchips, que se producen en China, un país que sigue semicerrado por el COVID. La cadena de suministro, por tanto, sigue tensada".

Por ello, como algo adicional que se podría hacer en una situación tan compleja, indica que "el Gobierno podría bajar los impuestos para que tuviéramos mayor capacidad de compra, el problema es que tiene poco margen, porque ya vamos a tener déficit este año. Está muy atado de manos en este sentido, no como otros países europeos, pero puede reducir gastos sin tener que tocar necesariamente la educación o la sanidad como siempre se dice".

Por lo tanto, la situación va para largo, señores. Lo que ha hecho el Gobierno aliviará la situación a corto plazo pero vamos a seguir sufriendo esta etapa inflacionista bastante tiempo, al menos todo este 2022, lo que pone muy en riesgo la economía.