Hoy, dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía, vamos a explicar cómo se nacionaliza la banca o entidades financieras, tema que algunos lectores nos habéis pedido en comentarios de algunas entradas y en el formulario de contacto del blog. El tema de la banca pública es un tema que se está pidiendo por parte de colectivos que han aparecido en esta crisis, como son el movimiento 15m, DRY y otros tantos.

El proceso de nacionalización de un banco o una entidad financiera y por extensión de cualquier empresa privada es el cambio en los propietarios de la empresa. Este cambio implica la salida de los accionistas actuales y su sustitución por alguna figura jurídica dependiente del Estado. Es decir, la titularidad de las acciones que conformen la totalidad de la empresa, pasarían a manos públicas, obteniendo en este paso el control total de la empresa. El proceso legal más usual por el que se realiza este cambio de titularidad de las acciones de la empresa, se denomina expropiación.

La expropiación como tal es el paso que hemos descrito anteriormente, es decir, paso coactivo de un bien privado al Estado y que da derecho a recibir una indemnización a los propietarios iniciales por la pérdida de la titularidad de dichos bienes. Es necesario que exista coactividad, que es la solicitud desde el Estado a dicho cambio de titularidad para que sea una expropiación, dado que si el proceso lo inicia el titular privado, podría ser una compraventa o donación si no existe contraprestación monetaria.

En el caso de que no exista el derecho al cobro de una indemnización por parte del propietario inicial, estaríamos hablando de confiscación, entendido este término como la pérdida de la posesión de un bien sin posibilidad de obtener una indemnización o contrapartida a cambio. Diferenciar en este paso, el caso de valoración de la indemnización, dado que se puede recibir cero euros de indemnización y ser una expropiación si así se ha acordado por los criterios de valoración.

Requisitos legales para llevar a cabo una expropiación en España

En España, la Constitución en su artículo 33.3 define que:

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

Cuando este artículo emplaza a las leyes, habla de la Ley de expropiación forzosa de 1958, ley que desarrolla todo el mecanismo de expropiación dentro de nuestro sistema jurídico. Además la Constitución también reconoce la iniciativa empresarial pública y la capacidad de intervención de empresas en su artículo 128.2 que cito textual:

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Extrapolando a las entidades financieras y a un hipotético caso de nacionalización de la banca vía expropiación, podemos destacar el caso del conglomerado empresarial de Rumasa que fue expropiado en el año 1983 alegando utilidad pública e interés social, apoyado sobre estos artículos de la constitución, por lo que precedentes importantes y revisados incluso por el Tribunal Constitucional tenemos en España-

Qué hay que hacer para nacionalizar a las entidades financieras

El primer paso para nacionalizar una entidad financiera por la vía de la expropiación e intervención de la empresa, es definir si dicha expropiación se realiza mediante expediente administrativo o mediante expediente legislativo. Dado que hablamos de empresas importantes y cuyo control habría que tomar de inmediato, la expropiación se haría mediante ley al efecto. Esta ley no deja de ser un Real Decreto aprobado por el Gobierno que pone en marcha la expropiación. Se publica en el BOE y se fijan los parámetros de dicha expropiación, quiénes serán los nuevos propietarios de la empresa, siempre dentro del Derecho Público, cómo se relacionará el estado con los antiguos propietarios y cual será el método para valorar la entidad financiera expropiada y poder fijar la correspondiente indeminzación a los anteriores propietarios. Cualquier casuística especial que afecte a la empresa y a su normal funcionamiento, se contemplará también en esta ley.

Por ejemplo, podemos echar un vistazo al Real Decreto de Expropiación de Rumasa del año 1983 como la principal nacionalización de un conglomerado empresarial que se ha hecho en este país durante la democracia. Por tanto, los criterios de utilidad pública, interés social o cualquier otro que se pueda justificar mediante la intervención estatal es perfectamente aplicable en el sector financiero actual. Definir el decreto de expropiación y tomar la titularidad y control de una empresa es sencillo, tal y como se puede ver.

La indemnización a los propietarios, el justiprecio

El pago del justiprecio sería la cantidad indemnizatoria a pagar a los antiguos propietarios. El problema de fondo que se tiene en la ley vigente es que dicha obligación de pago no está regulada con rango constitucional y por tanto los límites del pago del justiprecio se dejan al libre albedrío de la administración. Pensemos por ejemplo que se decreta el pago de un euro por la totalidad de acciones del Banco Santander o Telefónica.

Esta laguna jurídica la contempla el ordenamiento jurídico español para no perder el control de ninguna empresa clave, sectores monopolizados o casos como el sistema financiero en general, que podrían hacer imposible el pago de su justiprecio tomando como base de cálculo el valor de cotización de las acciones por ejemplo.

A grandes rasgos, el paso de cualquier empresa de manos privadas a públicas es realmente sencillo y aunque hay lagunas legales importantes en todo el proceso, todos los juicios son largos y costosos y no siempre se resuelven de una manera rápida ni favorable para los expropiados. Véanse casos de expropiados en viviendas por obras públicas que aún no han cobrado el justiprecio pero tienen la hipoteca del bien pendiente o casos más complejos como tiene la familia Ruíz-Mateos para el ajuste del justiprecio por la expropiación antes mencionada.

El recurso del FROB y el Banco de España, otra vía de control

En el caso de las entidades financieras, en España se ha preparado el mecanismo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es un ente público dotado de personalidad jurídica al servicio del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda que puede tomar el control de cualquier entidad financiera en el momento que el Banco de España lo solicite al Gobierno y se apruebe la intervención por decreto.

Esta toma de control y posterior recapitalización si es necesaria, le da un rango de propietario legítimo preferente, dado que las decisiones de gestión de la entidad están encomendadas al propio fondo. Ya hemos visto por ejemplo cómo ha actuado el FROB en el caso de Cajasur, interviniendo previamente mediante la asunción del control de la entidad y la posterior venta a la BBK o está actuando con el caso de la CAM.

En ambos casos, vía expropiación o vía FROB, hablamos de un control público directo de la empresa, control que no ha requerido la expropiación de las entidades financieras y que se ha puesto en marcha mediante procesos más sencillos.

Conclusiones: no se nacionaliza la banca porque no interesa

Tal y como hemos podido ver, la nacionalización integral de nuestro sistema financiero se podría llevar a cabo con un mero decreto ley y el pago de un euro a los actuales propietarios. Así de sencillo, no es mucho más complicado, aunque después viniesen juicios y más juicios. No hay más que rascar, es uno de los temas más simples para poner en marcha legalmente hablando, siempre y cuando haya un interés social o nacional como es el caso de las entidades financieras.

Otra cuestión sería la repercusión internacional de dicha medida, las consecuencias en otros ámbitos con nuestras relaciones internacionales y con otros países o empresas. Pero claro, todo eso no dejan de ser meras suposiciones.

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