Hace unos días saltó la noticia de que el Consejo de Ministros limitaría los salarios de los altos cargos y directivos de empresas públicas en un nuevo intento por ahorrar y cumplir con los objetivos de déficit previstos. Y es que el cronómetro de los ajustes ya se ha puesto en marcha con el fin de intentar cuadrar a toda costa las desordenadas cuentas públicas.
Poco a poco el Gobierno va dejando claro cuál es su modus operandi para intentar sortear la crisis con éxito, aunque las dudas sobre cuál será el próximo movimiento estén presentes en todo momento. Rajoy siempre ha sido un hombre sosegado y que ha navegado entre dos aguas. Su ambigüedad es parte de su ser y eso le lleva a hacerlo todo a medias: nadie queda plenamente satisfecho pero tampoco totalmente indignado. La búsqueda del equilibrio presupuestario pasa por aumentar los ingresos del Estado y limitar sus gastos. Esto es de primero de bachillerato y Mariano lo sabía, por lo que comenzó con una fuerte subida impositiva a finales del año pasado para poder hacer caja. Podría haber intentado luchar contra el fraude fiscal o controlar a las SICAVs, pero eso habría descontentado a mucha gente poderosa y él aún estaba deshaciendo las maletas en Moncloa.
Una vez sorteado éste primer escollo, la balanza del Gobierno parece inclinarse por ahondar en la limitación de los gastos públicos. Vivimos en un país que prácticamente carece de tejido industrial pero con un sector público empresarial del tamaño de un elefante. El entramado de fundaciones, consorcios, empresas, observatorios y agencias que hizo metástasis durante los años de bonanza económica es insostenible hoy en día.
El listado de empresas públicas rebasa en la actualidad las 4.000, con una plantilla que se ha multiplicado año tras año hasta alcanzar los 157.000 trabajadores. Las nóminas de estas personas han absorbido cada euro que llegaba al erario público, triplicando la deuda de estas entidades desde 2004 hasta el día de hoy y haciéndola ascender hasta los 57.000 millones de euros. Redimensionar este despilfarro de recursos y tributo a los excesos no puede ser demasiado difícil.
El nuevo Gobierno sabe que meter la tijera en este caldo de cultivo de cargos de confianza es imprescindible, pero también muy delicado. En un momento en el que los sueldos de los funcionarios están congelados, las ofertas de empleo público en peligro de extinción y en el ambiente se respira el miedo a la privatización, toda precaución que se tome es poca, y eso Mariano también lo sabe.
Sin embargo, la jugada de ajedrez en este caso es muy simple. El adelgazamiento del tejido empresarial público es crucial para acabar con el entramado del aparato clientelar, cumplir con el déficit y poner fin a la orgía de dinero público que está teniendo lugar. El momento de la reestructuración ha llegado y no ejecutarla sería una irresponsabilidad con cargo a una ciudadanía que ya no está para demasiadas bromas.
En El Blog Salmon | El Consejo de Ministros quiere limitar los salarios de las empresas públicas Imagen | mordicuac