Hace unos días saltó la noticia de que el Consejo de Ministros limitaría los salarios de los altos cargos y directivos de empresas públicas en un nuevo intento por ahorrar y cumplir con los objetivos de déficit previstos. Y es que el cronómetro de los ajustes ya se ha puesto en marcha con el fin de intentar cuadrar a toda costa las desordenadas cuentas públicas.
Poco a poco el Gobierno va dejando claro cuál es su modus operandi para intentar sortear la crisis con éxito, aunque las dudas sobre cuál será el próximo movimiento estén presentes en todo momento. Rajoy siempre ha sido un hombre sosegado y que ha navegado entre dos aguas. Su ambigüedad es parte de su ser y eso le lleva a hacerlo todo a medias: nadie queda plenamente satisfecho pero tampoco totalmente indignado.
La búsqueda del equilibrio presupuestario pasa por aumentar los ingresos del Estado y limitar sus gastos. Esto es de primero de bachillerato y Mariano lo sabía, por lo que comenzó con una fuerte subida impositiva a finales del año pasado para poder hacer caja. Podría haber intentado luchar contra el fraude fiscal o controlar a las SICAVs, pero eso habría descontentado a mucha gente poderosa y él aún estaba deshaciendo las maletas en Moncloa.
Una vez sorteado éste primer escollo, la balanza del Gobierno parece inclinarse por ahondar en la limitación de los gastos públicos. Vivimos en un país que prácticamente carece de tejido industrial pero con un sector público empresarial del tamaño de un elefante. El entramado de fundaciones, consorcios, empresas, observatorios y agencias que hizo metástasis durante los años de bonanza económica es insostenible hoy en día.
El listado de empresas públicas rebasa en la actualidad las 4.000, con una plantilla que se ha multiplicado año tras año hasta alcanzar los 157.000 trabajadores. Las nóminas de estas personas han absorbido cada euro que llegaba al erario público, triplicando la deuda de estas entidades desde 2004 hasta el día de hoy y haciéndola ascender hasta los 57.000 millones de euros. Redimensionar este despilfarro de recursos y tributo a los excesos no puede ser demasiado difícil.
El nuevo Gobierno sabe que meter la tijera en este caldo de cultivo de cargos de confianza es imprescindible, pero también muy delicado. En un momento en el que los sueldos de los funcionarios están congelados, las ofertas de empleo público en peligro de extinción y en el ambiente se respira el miedo a la privatización, toda precaución que se tome es poca, y eso Mariano también lo sabe.
Sin embargo, la jugada de ajedrez en este caso es muy simple. El adelgazamiento del tejido empresarial público es crucial para acabar con el entramado del aparato clientelar, cumplir con el déficit y poner fin a la orgía de dinero público que está teniendo lugar. El momento de la reestructuración ha llegado y no ejecutarla sería una irresponsabilidad con cargo a una ciudadanía que ya no está para demasiadas bromas.
En El Blog Salmon | El Consejo de Ministros quiere limitar los salarios de las empresas públicas
Imagen | mordicuac
Comentarios
Como indicas, se trata de un tema delicado que puede generar tensiones. Privatizar no debe implicar despedir...aunque no siempre sea así !
Mark de Zabaleta
La ambiguedad de Mariano Rajoy empieza a desvelarse. Con la reforma laboral ha generado una amplia repulsa y escasa adhesión. La ambiguedad calculada fue la forma de ganar unas elecciones sin desvelar el programa que iba a aplicar. Dado como se desarrollaron las últimas elecciones y su resultado, no fueron unas elecciones sino un plesbicito para otorgar un poder casi absoluto a Mariano Rajoy y al P.P.
El adelgazamiento del sector público cuenta con dos grandes dificultades: El sistema clientelar ha sido un rasgo del régimen actual, utilizado tanto por el PSOE como por el PP. El PP proclama códigos éticos de conducta política que exige a los demás pero que es incapaz de aplicar a su propia organización. El poder autonómico, siendo en este ámbito dónde se ha dado el crecimiento del sector público.
Cospedal ha dado un ejemplo de cómo aplica el PP estas políticas: no hay dinero para pagar los medicamentos de la Sanidad Pública pero sí lo hay para abrir nuevas corresponsalías de la televisión autónomica en el extranjero. Claro, la promoción de los emprendores de la región son una necesidad.
Yo lo que digo, y sin ánimo de herir susceptibilidades ni establecer grandes debates ideológicos,vamos,sin ánimo de "liarla parda" en el foro es lo siguiente... ¿Es legítimo que una empresa pública como tantas y tantas empresas municipales que conocemos destinen hasta un 80% de su presupuesto anual a personal?. ¿Es legítimo,no ya que no ofrezcan beneficios (¡que eso sería!....) pero que año tras año, ofrezcan pérdidas y nadie ponga un tapón en el agujero del presupuesto?. ¿Es legítimo que cuando se intenta poner una solución a estas pérdidas la solución de la plantilla sea siempre la misma,huelga salvaje,protesta y algarada?. Y hablo de ayuntamientos de todo color político y localización,porque es un problema a nivel nacional...
Podríamos aplicar ese mismo procedimiento a los políticos. Limitar el sueldo de los alcaldes,concejales, diputados, senadores de tal forma que no puedan ganar mas de una cierta cantidad de dinero (dietas incluidas) del estado y el privado( por aquello de ser vocal o presidente de alguna fundación...).
Hay cargos públicos con muchos sueldos!
Es necesario meter la tijera, no sólo en los salarios, sino también en directamente eliminar muchos puestos de confianza claramente innecesarios. Pero también hay que meter la tijera en los salarios de los políticos, concretamente en la compaginación de múltiples salarios más que en la cuantía de los mismos, que hay que reconocer que no son exagerados. Hay que meter la tijera en los salarios privados, provinientes de dinero público, como los de los altos cargos de partidos políticos, sindicatos, patronal, fundaciones, etc. Hay que meter la tijera en el dinero que recibe la iglesia. ¿Alguien conoce la cantidad exacta que recibe anualmente?¿Y el importe de los impuestos de los que está exenta?. Y hay que fijar una codificación salarial que impida que las compañías hagan cualquier cosa -despidos masivos, subcontratación abusiva, manipulación contable, etc.- con tal de llegar a los objetivos de bonus de sus ejecutivos y directivos. Olympus es un ejemplo muy actual para ilustrarlo. Hay mucho por hacer antes que crear, como en EUA, una clase de "working poor", que parece que es lo que persigue ésta reforma laboral.
A la hora de despedir gente de empresas publicas, se quejan, pero cuando son contratados por algún amiguete no dicen nada... Los que llegaron con el carnet de un partido en la mano ya saben donde tienen la salida. Para que os hagais una idea: un vecino mio, ingeniero industrial que jamas ha pisado un banco salvo para lo mismo que cualquier mortal, ha acabado de...Presidente de una Caja de Ahorros!!! Que bien, y tan solo por tener el carnet del PSOE!!!
Las Empresas publicas se tienen que regir por los mismos criterios de rentabilidad que cualquier otra. Si no lo son, adios....
Totalmente de acuerdo, y además que tengan que trabajar los mismos años que nosotros, para tener acceso a las mismas pensiones que el resto de los trabajadores. Ellos trabajan en política mientras que nosotros cada uno en sus cosas, a la hora de las pensiones, más de lo mismo para todos.
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