La jornada de Andrea Marambio Brito empieza antes de que el primer cliente reciba su pedido. La usuaria de TikTok, que publica en la cuenta @andremarambio12, ha compartido un vídeo sobre su trabajo como repartidora de Amazon en Alemania que se ha popularizado rápidamente.

Según recoge COPE, la joven arranca el día en la estación de reparto: “Partimos la mañana cargando los paquetes que se designan a cada conductor”. Ese día, la cifra era contundente: “Hoy me tocaron 180 paquetitos”, explica mientras un compañero la ayuda a cargar la furgoneta.

Después llega una parada para repostar diésel. Y a partir de ahí empieza la ruta.

Andrea documenta parte del paisaje y algunas de las “cosas entretenidas” que se va encontrando durante el reparto. También muestra un detalle cada vez más habitual en la logística de última milla: la creatividad de algunos clientes para asegurar sus paquetes.

Pero la parte clave del trabajo es menos vistosa. Cada paquete que se deja en una puerta o en un buzón debe quedar fotografiado, para que exista “siempre el respaldo de que el paquete quedó ahí”.

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El salario en Alemania: por encima del mínimo, pero con matices

El caso de Andrea sirve para mirar también las condiciones laborales del sector logístico. De acuerdo con los datos citados en el texto original, un repartidor de Amazon en Alemania se mueve entre 14,50 y 16,20 euros brutos por hora.

Esa horquilla está por encima del salario mínimo legal alemán, situado en 13,90 euros por hora. Traducido a una jornada completa de 40 horas semanales, supone un salario mensual bruto de entre 2.400 y 2.800 euros.

El neto, sin embargo, cambia según la clase fiscal. La media citada se sitúa entre 2.100 y 2.400 euros mensuales.

La clave está en quién contrata. La mayoría de los repartidores no trabajan directamente para Amazon, sino para empresas externas colaboradoras, las conocidas como DSPs. Estas compañías pueden ofrecer bonos por no tener bajas o dietas diarias.

También existe otra modalidad: Amazon Flex. En ese caso, los repartidores trabajan como autónomos con vehículo propio y una tarifa de 25 euros por hora, aunque de ahí deben salir gastos como combustible, seguros e impuestos.

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La última milla también se mide en paquetes no entregados

El vídeo de Andrea encaja con otros testimonios de repartidores que han contado la dureza del día a día en la paquetería.

Antonio, otro profesional del sector citado en el texto original, explicaba que su ganancia media por paquete es de 26 céntimos. Su balance era claro: “si volviera, no volvería a montar”.

Zigor Hernández, también repartidor, lanzaba otra advertencia a los clientes: “Pensáis que subimos todos los paquetes a casa y no es así, tened cuidado con lo que pedís”. Su queja apunta a una parte del reparto que muchas veces queda fuera del clic de compra: paquetes pesados, escaleras, falta de ascensor y presión por completar la ruta.

Andrea termina su jornada alrededor de las siete de la tarde. Es entonces cuando vuelve a la estación para “devolver los paquetes que no pudieron ser entregados y a ordenar las bolsas”.

Solo después llega el final real del día: ir “a la casita”.

Imagen: @andremarambio12

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El centro de Madrid ya no se vacía solo de comercio tradicional. También se vacía de vecinos. Según recoge La Sexta a partir de una intervención de Mercedes Arnalte en su entrevista para El Intermedio, esta residente de toda la vida denuncia que la presión de los pisos turísticos ha cambiado por completo la convivencia en una de las zonas más céntricas de la capital.

De cuatro familias en el edificio a quedarse sola

Mercedes vive en la calle Preciados, en plena Puerta del Sol. Tiene 67 años y asegura que quedan muy pocos residentes permanentes en su entorno.

"Yo creo que soy de las pocas que queda, no sabemos cuántos somos, pero desde luego en esta manzana debo ser la única", lamenta en La Sexta.

Su relato empieza con una comparación sencilla: antes había vecinos, rutinas y familias. Ahora hay turistas entrando y saliendo.

"Toda mi vida he vivido aquí, he nacido en esta casa. Éramos cuatro familias, porque había una por planta, y todo el mundo eran vecinos normales, familias normales, con hijos todos", recuerda.

Hoy, cuando le preguntan cuántos quedan, responde sin rodeos: "Ninguno, solo quedo yo".

Cuando el alquiler turístico entra por rachas

La convivencia, explica Mercedes, depende mucho del tipo de visitantes que ocupen los pisos turísticos.

Esto va por rachas… hay rachas que está pacífico, porque viene gente normal, educada, que no da problemas, y otras veces es horrorosa, porque vienen de fiesta

Ahí está una de las claves del conflicto. La vivienda sigue siendo vivienda para quien reside allí, pero funciona como alojamiento de paso para quien llega unos días a Madrid. Y esas dos lógicas no siempre encajan.

"No piensan que vienen a una casa donde la gente trabaja y tiene que dormir por la noche. Además, es normal querer dormir por la noche", añade Mercedes.

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En la Madrid turistificada, los comercios cierran para dejar espacio a otra cosa: casas en bajos y alquileres para turistas

Cuando las fiestas se alargan, cuenta que termina llamando a la policía. Pero no confía demasiado en el resultado.

"Tienes que llamar a la policía y esperar a que venga cuando pueda. Les preguntan cuánto tiempo están, si tienen contrato, en qué plataforma han alquilado los pisos... Pero luego no hacen nada con eso", señala.

Lavandería a las cuatro y media de la mañana

El ruido no llega solo por los turistas. Mercedes también denuncia la logística que rodea a varios apartamentos turísticos del edificio.

Según cuenta, en su inmueble se ha habilitado incluso una buhardilla como almacén para la limpieza de varios pisos turísticos.

"A las cuatro y media de la mañana viene el servicio de lavandería… dan la luz y empiezan a sacar ropa limpia del ascensor, a subir y bajar el piso con ropa sucia. No es normal", protesta.

La escena resume bien el problema económico de fondo. Donde antes había una comunidad de vecinos, ahora puede haber una pequeña cadena de alojamiento turístico: entradas, salidas, limpieza, ropa, plataformas y rotación constante.

"Son ilegales, ninguno tiene licencia"

Mercedes asegura que empezó a denunciar esta situación hace años. Su primera denuncia, dice, fue en 2018.

"Son ilegales, ninguno tiene licencia", afirma tajante.

Pero su sensación es que no ha cambiado nada. "Aquí no pasa nada, esto es una tomadura de pelo integral", sentencia.

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La falta de inspecciones municipales es uno de los puntos que más la desespera. Mercedes rechaza el argumento de que sea difícil localizar estos pisos.

"El alcalde dice que no saben dónde están los pisos turísticos. ¿Cómo que no saben? Si yo he puesto una denuncia donde digo dónde está el piso turístico, con dirección y todo", reprocha.

Para ella, la solución pasa por más medios de control. "Esto es tan fácil como poner más inspectores, pero no dos. 20 o 30 por distrito".

La rentabilidad que expulsa a los vecinos

El dato económico que da Mercedes ayuda a entender por qué el alquiler turístico se ha convertido en un factor de presión en las zonas más céntricas.

"Una noche son 400 y pico euros, más de 12.000 euros al mes", calcula.

La cifra no es menor. Un piso turístico en una ubicación como la Puerta del Sol puede generar en pocos días lo que muchos alquileres residenciales no alcanzan en un mes. Y esa diferencia de rentabilidad explica parte del desplazamiento de vecinos.

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El registro único de alquiler de corta duración parece que está funcionando en el mapa de la vivienda. Los pisos turísticos marcan mínimo en 3 años

Mercedes lo vive como una pérdida personal y colectiva. El edificio en el que creció ya no funciona como el edificio de su infancia.

"Es una sensación de aislamiento, de tristeza muchas veces... Esta es mi vida, mi historia y mi memoria, además de la memoria de mi familia", confiesa.

Pese a todo, no piensa marcharse. "Yo no me voy a ir de aquí", concluye.

Imagen: La Sexta.

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En los últimos meses varios bancos están aumentando la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo a cifras de lo más interesantes: en algunos casos superan holgadamente el 3% TAE e igualan los números de la actual inflación, que se sitúa en el 3,2% según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para quien esté buscando proteger sus ahorros de la depreciación que supone la inflación, esto es una extraordinaria noticia, porque con estas cifras el dinero parece efectivamente a salvo de ese enemigo silencioso. Sin embargo, no es así del todo, porque los números que usualmente aparecen en ofertas y promociones son brutos, no netos, por lo que a esas cantidades habría que restar un buen pellizco, como mínimo del 19%, que es lo que se debe pagar en impuestos.

A esto habría que añadir que algunos depósitos bancarios ofrecen intereses altos a cambio de que el cliente cumpla con determinadas condiciones o vinculaciones. Normalmente son esas elevadas rentabilidades bonificadas las que promocionan, por lo que de no leer la letra pequeña, el cliente corre el riesgo de contratar un producto que no le va a dar lo que él pensaba.

Por todo esto, es importante comprobar bien todos los detalles de los depósitos a plazo fijo que interesen al usuario para saber qué es necesario para conseguir las rentabilidades promocionadas, y también es conveniente hacer el cálculo del porcentaje neto que realmente se quedará una vez pagados los impuestos. Con esos datos se podrá hacer una planificación financiera real para aprovechar al máximo las ventajas de estos productos que, con todo, siguen siendo los mejores para combatir la inflación sin riesgos.

Los mejores depósitos bancarios sin vinculaciones del momento

Cómo calcular la rentabilidad neta de un depósito

Calcular la rentabilidad neta de un depósito a plazo fijo es una operación matemática muy sencilla, siempre que en los intereses finales no influyan otras variables, como las vinculaciones ya comentadas. Para un depósito bancario que ofrezca beneficios sin condiciones, basta con multiplicar el porcentaje de rentabilidad bruta ofertado por 0,81, ya que el 19% es el tipo impositivo mínimo para este tipo de instrumentos y afectará a la mayoría de los usuarios.

De esta forma, si un depósito bancario ofrece un 3,20% TAE bruto, al multiplicar ese porcentaje por 0,81 obtenemos que la rentabilidad neta que en realidad ofrece el producto es del 2,59%. Unas cifras que no alcanzan para igual el 3,2% de la inflación actual, pero que sí ayudan a paliar el golpe significativamente.

Para hacer el cálculo de la rentabilidad neta hemos tomado como referencia el tipo más bajo que cobra el Estado en impuestos por ganancias de este tipo, el 19%, que es el que se aplica a beneficios de hasta 6.000 euros. Para rentabilidades superiores los impuestos que se cobran son: 21% entre 6.000 y 50.000 €, 23% entre 50.000 y 200.000 €, 27% entre 200.000 y 300.000 €, 30% para más de 300.000 euros.

Vinculaciones frecuentes de los depósitos bancarios

Además de los impuestos, a la hora de valorar la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo también hay que tener en cuenta las vinculaciones que algunos bancos demandan para ofrecer su cifra más alta de intereses. Si el cliente no cumple, o deja de cumplir en algún momento, esa cifra promocional se reduce y ya no es tan rentable como podía parecer al principio.

Una de las vinculaciones más usuales para los depósitos a plazo fijo es que el usuario tenga una cuenta corriente en la misma entidad y domicilie en ella su nómina. Además de común, es una de las más sencillas y económicas de cumplir, porque no cuesta nada y todo trabajador necesita cobrar el sueldo en alguna cuenta bancaria, por lo que esta condición no exige demasiado.

Otras, sin embargo, sí demandan más al cliente, como contratar un plan de pensiones, un plan de inversión o una tarjeta de crédito para llegar a la cifra máxima de intereses del depósito bancario. En estos casos sí se debe estar más atento, pues frecuentemente se trata de productos que tienen sus propios costes y si no estaba en los planes del usuario contratarlos, hacerlo sólo para conseguir la rentabilidad más alta supone, en realidad, un coste encubierto que resta beneficios al depósito a plazo fijo.

Otra fórmula para ofrecer rentabilidades altas de algunos bancos es la promoción de bienvenida: depósitos bancarios con plazos cortos, generalmente de entre tres y seis meses, con intereses altos sólo para nuevos clientes. Es una buena forma de aprovechar altas remuneraciones si se acepta que será por un tiempo limitado para después tener que volver a buscar un destino a esos ahorros. 

Depósitos bancarios: una ayuda, no un escudo

Como hemos visto, las rentabilidades ofrecidas por los bancos en sus comunicaciones comerciales distan de lo que acaba entrando en el bolsillo de sus clientes. En el mejor de los casos, a esos intereses sólo habría que restarle el 19% de impuestos, pero en otros las ganancias puede caer bastante más.

Y esto lleva a una pregunta obvia: entonces, ¿los depósitos a plazo fijo no son buenos instrumentos contra la inflación? Y la respuesta es que depende. Si el usuario quiere batir la inflación, no, porque casi ningún producto de este tipo lo hace, pero entonces tendría que apostar por activos como las acciones o los ETF, mucho más arriesgados y que no garantizan las ganancias. De hecho, pueden provocar pérdidas con cierta facilidad, cosa que en los depósitos bancarios es mucho más complicado. Además, para operar con ellos es necesario tener buenos conocimientos financieros y seguir constantemente el mercado.

Para quien quiera proteger su dinero sin riesgos, sin tener muchos conocimientos financieros y sin tener que seguir los mercados financieros, los depósitos a plazo fijo sí son uno de los mejores instrumentos contra la inflación. Pero en este caso hay que tener una cosa clara: serán una ayuda para que el dinero propio se deprecie mucho menos, pero lo más seguro es que no sirva para protegerlo completamente de la inflación.

En finanzas, la rentabilidad suele ser inversamente proporcional a la seguridad: cuanto más seguro es un producto, menos dinero puede dar. Por eso, quienes no quieran arriesgar sus ahorros deben ser conscientes de que reducir el impacto de la inflación sin eliminarlo del todo es, probablemente, lo mejor que pueden conseguir al mismo tiempo que siguen durmiendo bien por las noches. 

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La noticia Los mejores depósitos bancarios prometen más del 3% TAE. La realidad es que ninguno te va a dar tanta rentabilidad fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Pablo Rodríguez .

En el mercado del alquiler, las fechas y las notificaciones importan. Y mucho. Según cuenta Infobae, la Audiencia Provincial de Girona ha desestimado la petición de desahucio de un propietario contra su inquilino en Palafrugell porque el arrendador no respetó la duración mínima legal del contrato ni probó por qué necesitaba recuperar la vivienda.

Un contrato de dos años que la ley alargaba a cinco

El conflicto empezó con un contrato firmado el 1 de octubre de 2019. El propietario defendía que el alquiler vencía a los dos años y que necesitaba el inmueble para uso propio o de su familia.

Con esa idea, aseguró haber enviado una notificación en agosto de 2023 para poner fin al contrato. El problema es que el inquilino no entregó la posesión de la vivienda.

La defensa del arrendatario se apoyó en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU. Desde la reforma vigente para contratos posteriores a 2019, cuando el arrendador es una persona física, si el contrato dura menos de cinco años se prorroga obligatoriamente por anualidades hasta alcanzar ese mínimo, salvo que el inquilino comunique que no quiere renovarlo.

En este caso, aunque el contrato hablaba de dos años, la protección legal llevaba el alquiler hasta un mínimo de cinco años. Según el texto original, eso implicaba una prórroga obligatoria hasta el 30 de septiembre de 2024, salvo renuncia del inquilino.

La “necesidad familiar” no basta si no se acredita

El propietario intentó activar una excepción: recuperar la vivienda por “necesidad familiar”. Es una vía prevista por la ley, pero no funciona como una simple declaración de intenciones.

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Primero, el juzgado de primera instancia dio la razón al inquilino y desestimó el desalojo. Después, el propietario presentó recurso de apelación, insistiendo en que el contrato ya preveía esa excepción por necesidad y en que la notificación enviada era suficiente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona no lo vio así. Para el tribunal, que en el contrato se dejara constancia de una eventual necesidad del arrendador no bastaba para interrumpir la protección legal del inquilino.

La LAU permite al arrendador persona física recuperar la vivienda durante los primeros cinco años solo si esa posibilidad consta expresamente en el contrato desde el inicio y si la necesita para sí, para familiares en primer grado de consanguinidad o adopción, o para su cónyuge en caso de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad. Además, debe comunicarlo con al menos dos meses de antelación.

El aviso llegó mal: sin destinatario, sin causa y sin plazo suficiente

La clave del fallo está en la notificación. El tribunal entendió que el aviso enviado por el propietario tenía dos problemas decisivos: no decía cuál era la necesidad concreta ni identificaba a quién se destinaría la vivienda.

La sentencia lo expresa de forma clara: “no se hace la menor alusión a la necesidad de vivienda del arrendador o sus familiares, limitándose a señalar que no operará la prórroga del contrato a la finalización del periodo vigente”.

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También fallaba el plazo. Según Infobae, la entrega exigida era para el 31 de septiembre de 2023, con menos de dos meses de aviso. Ese punto fue relevante porque la ley exige una comunicación previa suficiente antes de reclamar la recuperación del inmueble.

Y había otro problema: no se aportó prueba de la necesidad. La resolución lo resume así: “Dicha protección puede ceder ante la necesidad del arrendador, pero solo cuando esta existe y se han cumplido los requisitos que marca la propia ley, sin que en el supuesto de autos se haya acreditado ni una ni otra cosa”.

La LAU protege el plazo mínimo del inquilino

El caso gira alrededor de una idea sencilla, pero con enormes consecuencias para propietarios e inquilinos: pactar una duración inferior no siempre permite terminar el alquiler cuando llega esa fecha.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, si el contrato de vivienda tiene una duración inferior a cinco años cuando el arrendador es persona física, llegado el vencimiento se prorroga obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar ese mínimo. Si el arrendador fuera persona jurídica, el mínimo es de siete años.

La excepción por necesidad familiar existe, pero es estrecha. Debe estar prevista en el contrato, debe haber una necesidad real, debe comunicarse correctamente y debe poder probarse.

Por eso la jueza rechazó el argumento del propietario y dejó escrito que “yerra cuando sostiene que con la mención en el contrato y sin ningún tipo de requisito ni de prueba de aquella necesidad puede hacerse valer la misma para denegar las prórrogas obligatorias que para la protección del arrendatario fija la LAU”.

Una advertencia para propietarios e inquilinos

La lectura económica es evidente: en un mercado del alquiler tensionado, la seguridad jurídica no depende solo del precio o de la voluntad de las partes. También depende de cumplir con precisión los plazos y requisitos legales.

Para el propietario, el fallo recuerda que recuperar una vivienda por necesidad exige algo más que incluir una frase en el contrato. Para el inquilino, confirma que la duración mínima de la LAU puede protegerle incluso cuando el contrato firmado recoge un plazo inferior.

Imagen: Gemini.

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La ayuda no es nueva, pero sigue pasando desapercibida para muchos hogares. Según recoge El Español, el Complemento de Ayuda para la Infancia, conocido como CAPI, está pensado para familias con ingresos bajos y menores a cargo, y forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente.

Una ayuda dentro del IMV, pero con vida propia

La clave del CAPI es que no obliga necesariamente a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Se solicita junto con el formulario del IMV, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad, según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto significa que una familia puede no tener derecho al IMV completo y, aun así, recibir este complemento si cumple los requisitos específicos.

El objetivo es claro: combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias. La medida entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital.

Hasta 115 euros al mes por menor

El importe depende de la edad de los hijos. En 2026, las cuantías fijas por menor a cargo son las siguientes:

• 115 euros al mes para familias con menores de tres años.
• 80,50 euros al mes para mayores de tres años y menores de seis.
• 57,50 euros al mes para mayores de seis años y menores de 18.

La ayuda se cobra mensualmente y depende de los ingresos y del patrimonio de la unidad familiar. Además, para ser beneficiario hay que cumplir el rango de ingreso mensual del hogar según el tipo de unidad de convivencia.

En otras palabras: no es una ayuda universal por hijo. Es una prestación dirigida a hogares que no superen determinados límites económicos.

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Los requisitos básicos

Los puntos esenciales son tres. Primero, se puede recibir aunque no se cobre el IMV. Segundo, está condicionada por los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar. Y tercero, el importe mensual cambia según la edad de los menores.

Ahí está buena parte del problema: muchas familias conocen el Ingreso Mínimo Vital, pero no necesariamente saben que este complemento puede tener umbrales más amplios y recibirse de forma separada.

Por eso conviene revisar el caso concreto antes de descartarlo. Una familia que queda fuera del IMV puede seguir teniendo derecho al CAPI.

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Valencia añade una ayuda municipal por nacimiento o adopción

Además de esta ayuda estatal, el Ayuntamiento de Valencia cuenta con fondos para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar.

El consistorio creó una ayuda económica por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de Valencia durante 2025, con el objetivo de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o la adopción y facilitar la conciliación familiar. Esa ayuda se ha ampliado durante 2026 y la partida se ha incrementado.

Pueden solicitarla las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras que residan en el municipio de Valencia y cumplan los requisitos de la convocatoria.

El trámite permite pedir una ayuda única de hasta 400 euros. Según la información municipal, en 2026 la ayuda es de 400 euros por cada persona menor nacida o adoptada en Valencia, mientras que para 2025 el importe indicado en la página municipal es de 300 euros.

Imagen: La Moncloa.

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Pongamos que tienes una deuda con Hacienda y pasan los años sin que nadie llame a tu puerta. La ley le pone fecha de caducidad a esa espera: cuatro años, y lo que no se haya reclamado en ese plazo ya no se podrá reclamar nunca, tal y como recoge elEconomista. Ahora bien, entre el contador que corre y el contador que de verdad llega al final media una distancia considerable.

Cuatro años que casi nunca son cuatro años seguidos

La regla. El artículo 66 de la Ley General Tributaria da cuatro años a la Administración tanto para fijar la deuda ("determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación") como para cobrarla ("exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas"). El reloj del primer derecho arranca al día siguiente de acabar el plazo voluntario para presentar la declaración; el del segundo, al día siguiente de acabar el plazo de pago voluntario. Y si la declaración se entregó tarde, la cuenta empieza al día siguiente de presentarla.

El contador que vuelve a cero. Prácticamente cualquier movimiento con sustancia reinicia la cuenta. Del lado de Hacienda, valen las actuaciones dirigidas a "reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar y liquidar" el impuesto. Del lado del contribuyente, interponer recursos o reclamaciones, o "cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria". Es algo que va en serio: el Tribunal Supremo lleva años anulando las llamadas diligencias argucia, esas actuaciones de relleno cuyo único fin es reiniciar artificialmente el reloj, y exige que la actuación sea real, válida, notificada y precisa para interrumpir la prescripción. 

El artículo 68 añade además un matiz: tras una interrupción el contador siempre vuelve a empezar, y lo que ocurre en los concursos de acreedores y en los pleitos es que ese reinicio se aplaza, con el reloj en pausa hasta que la resolución judicial sea firme.

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Avisos de Hacienda antes de multarte en la Renta 2025: estos son los que recibes si hay errores en tu declaración de 2026

¿Significa todo esto que, pasados los cuatro años sin noticias, uno queda limpio? Sí, y con una elegancia poco frecuente en la norma tributaria: la prescripción se aplica de oficio, "incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario", y una vez ganada "extingue la deuda tributaria". A Hacienda le toca reconocértela aunque no la pidas, igual que le toca retenerte la devolución de la Renta mientras la deuda siga viva.

La letra pequeña que el contador no toca

El derecho que no caduca. Aquí viene lo que nos interesa: desde la reforma de 2015, la ley distingue entre cobrar y comprobar, y el derecho de Hacienda a comprobar e investigar ejercicios pasados no prescribe: no podrá liquidarte aquel año remoto, pero sí revisarlo cuando sus efectos alcanzan a ejercicios todavía vivos. Y las bases o cuotas compensadas, esas pérdidas antiguas que una empresa va restando en sus declaraciones, tienen reloj propio. Diez años.

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Cómo saber si Hacienda está reteniendo la devolución de tu declaración por tener deudas

Si lo defraudado supera los 120.000 euros en un ejercicio y por un impuesto, el asunto deja la vía administrativa y entra en el Código Penal: delito fiscal, con prescripción de cinco años, que sube a diez cuando la cuantía pasa de los 600.000. Eso sí, el Supremo cerró en enero de 2025 una puerta que Hacienda tenía entreabierta: no se puede perseguir por vía penal una deuda ya prescrita administrativamente, por mucho que el plazo del delito siga vivo.

Por cierto, los cuatro años tampoco cayeron del cielo: hasta 1998 eran cinco, y fue el Estatuto del Contribuyente el que recortó el plazo dentro de aquella ola de garantías frente a la Administración que hoy nos parece el orden natural de las cosas. La prescripción tiene fecha de nacimiento, y también sus contrapesos.

Así que la imagen del muro de los cuatro años conviene guardarla con matices: existe, protege y se aplica sola (hasta si pagaste lo que ya no debías, que tiene su gracia tratándose de Hacienda), pero entre los reinicios del contador, las pausas judiciales y los relojes paralelos de diez años, quizá sea más honesto describirla menos como un muro y más como una puerta que la Administración puede volver a abrir durante bastante más tiempo del que solemos creer.

Imagen: Moncloa.

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La noticia Hacienda está obligada a perdonar las deudas a los cuatro años, pero con un requerimiento real puede poner el contador a cero fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Lorena llegó desde Colombia con una trayectoria profesional previa. Pero en España, como les ocurre a muchas mujeres migrantes, su puerta de entrada al empleo ha sido otra: cuidar personas mayores, cuidar niños y limpiar casas.

Según cuenta El Español, su caso encaja en un fenómeno conocido como brain waste: personas inmigrantes con estudios universitarios, formación técnica o experiencia cualificada que terminan ocupando puestos muy por debajo de su preparación.

La paradoja es evidente. España necesita trabajadores en sectores esenciales como los cuidados, la limpieza o el empleo doméstico. Pero esa necesidad se cubre, muchas veces, con personas que ya tenían una carrera profesional en su país de origen y que, al llegar, no pueden ejercerla.

“Era profesional en mi país y he tenido que llegar a España a cuidar abuelos, a cuidar niños y a limpiar casas. En la mayoría de los casos tenemos que llegar aquí a hacer labores y trabajos que incluso en nuestro país nunca habíamos hecho”, cuenta Lorena en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Por qué tantos migrantes acaban en trabajos por debajo de su cualificación

La explicación no está en una sola causa. El texto original apunta a varias barreras que se encadenan.

La primera es administrativa y profesional: la dificultad para convalidar titulaciones, acreditar experiencia o conseguir permisos legales limita el acceso a empleos acordes con la formación previa. También puede influir el dominio del idioma, aunque en el caso de Lorena no se desarrolla como problema concreto.

La segunda tiene que ver con la demanda. Cada vez más familias en España necesitan servicios de limpieza, cuidado de mayores o cuidado de niños. Son trabajos disponibles, con entrada más rápida y con menos requisitos formales que muchas profesiones reguladas o cualificadas.

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España no es solo un país que recibe inmigración: también tiene emigración, y de alta calidad

La tercera es la urgencia económica. Para quien acaba de llegar y necesita ingresos cuanto antes, estos empleos pueden ser la forma más inmediata de sostenerse, aunque impliquen peor remuneración y menor reconocimiento social.

Ahí aparece el coste laboral de la migración: trabajar no siempre significa integrarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Según un estudio de Nature, los trabajadores extranjeros ganan de media un 29% menos que los nacidos en España, y la segregación hacia empleos de menor remuneración explica gran parte de ese diferencial.

De vivir con familiares a conseguir permiso laboral

Lorena también utiliza sus redes sociales para dar consejos a quienes buscan abrirse camino en España sin papeles, a partir de su propia experiencia migratoria.

Llegó hace dos años. Al tener familiares en el país, pudo pasar sus primeros meses viviendo con ellos mientras hacía trámites, completaba el empadronamiento, buscaba un lugar donde establecerse y trataba de encontrar empleo. A los nueve meses consiguió acceder a un trabajo con permiso laboral gracias a la solicitud de asilo político. Ese paso permitió a su familia alquilar finalmente un piso. Mientras tanto, además de dedicarse a la limpieza, fue encadenando otros trabajos con un objetivo muy concreto: reunir el dinero necesario para empezar a construir una nueva vida en España.

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En el tipo de inmigración que recibamos nos jugamos el futuro en España: tenemos que conseguir atraer más universitarios y menos receptores de ayudas

El caso muestra una tensión habitual en la economía migrante: la cualificación de origen no desaparece, pero queda suspendida mientras se resuelven los papeles, los ingresos y la vivienda.

“No me define el trabajo que hago”

Lorena no presenta esos empleos como una derrota personal, aunque reconoce el desgaste emocional del proceso:

Al contrario de sentirme mal o decepcionada por lo que estoy haciendo, realmente trato de verlo como parte de un proceso que tengo que seguir por decisiones simplemente que se han tomado. Siento que lo que hago en este momento no me define como persona. Lo que sí siento que me define es la forma en cómo lo hago.

Su reivindicación pasa por la dignidad del trabajo, incluso cuando ese trabajo no coincide con el proyecto profesional que tenía antes de migrar.

“Si tengo que limpiar casas, pues lo limpio como quisiera yo encontrar mi casa si pago, que si cuido niños o abuelos, lo hago con el cariño que quisiera que cuidaran a los míos”, afirma.

Eso no elimina la renuncia. Hay días en los que Lorena se siente desanimada: “Pero ¿quién no se ha sentido así en cualquier parte del mundo, cualquier día? Y si a eso le sumamos la crisis del migrante, pues mucho más”.

Imagen: lore.cv94

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La noticia Lorena, limpiadora en España: “en mi país era profesional y aquí cuido abuelos para sobrevivir” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Abrir un negocio desde cero suele contarse desde el escaparate: el local, el producto, la ilusión. Pero detrás hay otra parte bastante menos amable. Según recoge COPE, Marta, la joven pastelera que está detrás de la cuenta de TikTok @laherenciabakery, ha contado en redes cómo está siendo levantar La Herencia Bakery prácticamente sola.

Una pastelería nacida primero como obrador digital

Marta es una joven pastelera y emprendedora española de 23 años. Su proyecto, La Herencia Bakery, es una pastelería artesanal ubicada en Pilar de la Horadada, Alicante. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada recoge el establecimiento en su censo comercial, situado en la calle José Sánchez, nº 8, dentro de la actividad de alimentación.

La historia no empezó con un local abierto al público. Primero fue un obrador digital, un proyecto pensado para encargos y tartas personalizadas. Después, tras meses de esfuerzo, llegó la apertura física del negocio.

En TikTok, Marta ha convertido ese proceso en contenido. No solo enseña dulces. También enseña cansancio, organización, dudas y la carga de trabajo que hay detrás de un pequeño negocio cuando quien lo impulsa está casi en todas las fases.

La frase que resume ese coste personal es contundente: "Empiezo a trabajar a las tres de la madrugada y salgo a las 11 de la noche, esto no es solo ser trabajadora, es dejarle la vida intentando llegar a todo".

"Una de las mayores locuras de mi vida"

La propia Marta define la decisión de abrir su pastelería como "una de las mayores locuras de mi vida". Aun así, también asegura estar "muy feliz" con el resultado.

Su relación con la repostería viene de lejos. Cuenta que su pasión nació en la infancia, viendo programas de cocina y haciendo sus primeros "chapurreos en casa". Con el tiempo fue mejorando la técnica hasta que sus creaciones, según explica, "al final me salían bien".

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Esa evolución personal terminó convirtiéndose en un proyecto económico. Y ahí está la clave: lo que empieza como una afición puede acabar siendo una empresa, pero el salto exige algo más que talento. Exige tiempo, dinero, estructura y resistencia.

La doble vida antes de abrir La Herencia Bakery

Antes de que La Herencia Bakery tuviera local físico, Marta llevaba una especie de doble vida laboral.

Por un lado, tenía un trabajo con nómina. Por otro, dedicaba su tiempo a su verdadera pasión: hacer tartas personalizadas por encargo.

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El negocio empezó a crecer de la forma más clásica posible, por recomendación. "Uno se lo dijo a otro, otro se lo dijo a otro y otro la lió y todo el pueblo se enteró", relata en uno de sus vídeos más vistos.

Ese boca a boca fue empujando el proyecto hasta convertirlo en algo más grande que una actividad paralela. Primero había demanda. Después llegó la necesidad de dar forma legal y operativa al negocio.

De un obrador legal a una vitrina de dulces

La idea inicial era relativamente sencilla: montar un obrador legal para poder hacer sus tartas. Pero a Marta ese planteamiento le parecía "un poco floja".

El problema es que estaba sola. Y ella misma lo resume así: "Contemplemos la opción de que estoy yo sola. Eso es una locura".

A partir de ahí, el plan fue cambiando. La joven decidió complementar los encargos con una vitrina de dulces para llevar. Es decir, no limitarse a las tartas personalizadas, sino ofrecer también producto diario para quien entrara en la pastelería.

"La idea principal se fue transformando a lo que es La Herencia", explica.

Ahora su negocio combina dos líneas: encargos de tartas y venta de una variedad de productos diarios. La cuenta de Instagram del negocio lo presenta como un espacio de "dulces que crean historias" y también muestra su ubicación en Pilar de la Horadada.

Emprender sola también significa trabajar más de lo razonable

El caso de Marta conecta con una realidad que muchas veces queda fuera del relato amable del emprendimiento: cuando el negocio depende de una sola persona, casi todo acaba pasando por sus manos.

En su caso, eso se traduce en jornadas que empiezan a las tres de la madrugada y terminan a las 11 de la noche. No es solo producir. Es comprar, preparar, hornear, limpiar, vender, atender encargos, gestionar redes, organizar pedidos y pensar el día siguiente.

Por eso su frase ha tenido tanta repercusión: "Esto no es solo ser trabajadora, es dejarle la vida intentando llegar a todo".

La comparación con otros trabajadores de horarios duros aparece en el texto original: Fernando, reponedor, que se levanta a las 4:30h, o Juani, trabajadora de un club de golf, que empieza su jornada a las seis y media. En todos los casos, la misma idea de fondo: hay empleos y negocios que se sostienen sobre horarios que el consumidor apenas ve.

Pese al cansancio, Marta se muestra agradecida por la acogida que ha tenido La Herencia Bakery. Su mensaje para quienes están pensando en emprender no es ingenuo, pero sí optimista.

"Nunca escuches los comentarios negativos de la gente. Intenta hacer un buen plan de empresa, céntrate en ti y en el negocio que estás creando, que se puede con mucho esfuerzo, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión".

Imagen: Tiktok de La Herencia Bakery.

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La libre circulación no desaparece. Pero Bruselas quiere ordenar una zona gris que lleva años generando tensiones: qué país debe pagar determinadas prestaciones cuando una persona se desplaza dentro de la UE y no trabaja en el Estado donde pide la ayuda. Según recoge El Español, la Comisión Europea publicará un listado con los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos residentes dentro del territorio para acceder a esas ayudas.

La reforma no crea una Seguridad Social europea

El cambio afecta a las normas que coordinan los sistemas nacionales de Seguridad Social. Es decir, no crea un organismo europeo nuevo ni sustituye la legislación de cada país.

La clave está en otra parte: aclarar cuándo un Estado miembro podrá limitar determinadas prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios que residan en su territorio sin trabajar ni mantener una relación suficiente con su sistema.

El acuerdo político fue alcanzado el 22 de abril por el Consejo y el Parlamento Europeo. Después fue refrendado por los representantes de los Estados miembros. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara también lo respaldó a comienzos de mayo, aunque el texto todavía necesita la aprobación formal del Parlamento y del Consejo para entrar en vigor.

La reforma actualiza los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, que son los que fijan qué legislación se aplica cuando una persona vive o trabaja en otro país de la UE. Bruselas busca reducir conflictos entre administraciones y repartir mejor el coste de las prestaciones.

El foco está en los ciudadanos comunitarios sin empleo

El punto más sensible afecta a los europeos que se trasladan a otro Estado miembro sin ejercer una actividad económica.

Las nuevas reglas aclaran en qué circunstancias los países podrán limitar el acceso a ciertas prestaciones sociales solicitadas por estas personas. Pero esto no significa que un ciudadano comunitario pierda automáticamente derechos por no trabajar.

La clave estará en varios factores: la residencia legal, la situación personal, la normativa nacional y la relación real con el sistema del país en el que se pide la ayuda.

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La UE mantiene que la libre circulación sigue siendo un derecho fundamental. Cualquier ciudadano europeo puede buscar empleo, trabajar y residir en otro Estado miembro sin permiso laboral. Lo que se pretende acotar es el acceso a ayudas asistenciales cuando no existe actividad, cotización o vínculo suficiente.

El texto también subraya que no debe impedirse a los ciudadanos móviles cotizar a regímenes de cobertura sanitaria. La reforma distingue así entre proteger derechos sociales en situaciones transfronterizas y evitar que una prestación no contributiva recaiga sobre un Estado sin conexión clara con el solicitante.

Seis meses de paro para buscar trabajo en otro país

La reforma no se queda en las ayudas sociales para ciudadanos sin empleo. También cambia las reglas de las prestaciones por desempleo.

Quienes se desplacen a otro país de la UE para buscar trabajo podrán seguir cobrando la prestación del país anterior durante seis meses. Ese plazo podrá ampliarse, si ese Estado lo decide, hasta agotar el periodo reconocido.

También se fijan reglas para los trabajadores transfronterizos. Si una persona ha trabajado, ha sido autónoma o ha estado asegurada durante 22 semanas ininterrumpidas en un Estado miembro, ese país asumirá el pago de la prestación, siempre que se cumplan sus condiciones nacionales.

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La lógica económica es clara: si el vínculo laboral reciente se ha producido en un país, ese país pasa a tener más responsabilidad en la prestación. La reforma intenta reducir el limbo administrativo y evitar que el coste acabe en un Estado con una relación más débil con el trabajador.

Cuidados de larga duración y prestaciones familiares

Otra novedad está en los cuidados de larga duración. La UE incorporará una definición común y una lista de prestaciones cubiertas por estas reglas.

El objetivo es evitar vacíos para personas dependientes o cuidadores que se mueven entre países. En una Europa con movilidad laboral y población envejecida, esta parte del paquete no es menor: afecta a situaciones donde la frontera administrativa puede chocar con necesidades muy concretas de atención.

En el caso de las prestaciones familiares, la reforma distingue entre dos tipos de ayudas. Por un lado, las ayudas en efectivo destinadas a sustituir ingresos cuando una persona reduce o deja su actividad para cuidar a un hijo. Por otro, el resto de ayudas familiares.

Bruselas sostiene que esta separación evitará desincentivos económicos.

Una propuesta bloqueada desde 2016

La propuesta original de la Comisión Europea data de diciembre de 2016. Desde entonces, el expediente llevaba años encallado por las diferencias entre países de origen y países de destino de trabajadores móviles.

El acuerdo actual intenta cerrar ese debate con criterios más previsibles. No se trata solo de quién tiene derecho a una prestación, sino de qué administración debe asumirla y bajo qué condiciones.

La reforma también afecta a los trabajadores desplazados. Los empleados o autónomos enviados temporalmente a otro país podrán seguir asegurados en el Estado de origen hasta 24 meses, siempre que no sustituyan a otro trabajador y hayan estado asegurados al menos tres meses antes.

Además, habrá notificación previa obligatoria a las autoridades cuando se realicen actividades en otro Estado miembro.

Hay excepciones: los viajes de negocios y las actividades de corta duración de hasta tres días consecutivos en un periodo de 30 días quedan fuera de esa obligación. La excepción no se aplicará en la construcción.

Menos limbo legal y más control del gasto

Con este pacto, la UE intenta equilibrar dos objetivos que no siempre encajan bien: proteger la movilidad laboral y reforzar los mecanismos contra errores, fraudes o cargas mal repartidas.

No es un cierre general de prestaciones sociales. Es una forma de precisar qué país paga, cuándo paga y con qué vínculo del solicitante con su sistema.

Cuando Parlamento y Consejo adopten formalmente el texto, los Estados miembros deberán aplicar unas reglas pensadas para dar más claridad a ciudadanos, empresas y administraciones.

Imagen: Moncloa.

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La construcción tiene un problema evidente de relevo. Es un sector envejecido, muy masculinizado y con dificultades para atraer nuevos trabajadores. Por eso el caso de Nerea no es solo una anécdota viral: también ayuda a entender qué ocurre cuando una mujer joven intenta abrirse paso en un oficio donde todavía son minoría.

Según recoge El Español, el Observatorio Industrial de la Construcción calcula que las mujeres representan el 11,2% de los trabajadores del sector de la construcción. El propio Observatorio recoge ese porcentaje en su informe Mujeres en el Sector de la Construcción 2023.

Una mujer en un sector todavía muy masculino

El dato explica por qué cada historia de una mujer albañila llama tanto la atención. La construcción sigue siendo una actividad ampliamente masculina, y cada incorporación femenina rompe una barrera en un oficio donde la igualdad avanza despacio.

El contexto laboral tampoco ayuda. En España el 55% de los profesionales obreros tiene más de 45 años. Es decir, no solo hay pocas mujeres: también falta relevo generacional.

Ahí aparece Nerea, una española dedicada a la albañilería que ha usado su cuenta de TikTok, @Nereaexplora, para contar cómo vivió su primer día como obrera en Australia.

"Soy obrera. Estoy reventada, pero tan contenta"

Nerea empieza su relato agotada, pero satisfecha. "Soy obrera. Estoy reventada, pero tan contenta con mi primer día como albañil. Llego a las 7 de la mañana, estaban el jefe de obra y el supervisor. Me dicen: 'Hola, ¿qué quieres?' y yo le digo que quiero trabajar", cuenta en el vídeo.

El arranque ya anticipa el choque. Ella había ido a trabajar como obrera, pero en la obra parecían esperar otra cosa.

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Según explica, le dijeron: "Pero es que hoy no nos hacen falta traffic controllers". Y ella respondió: "De traffic nada, yo soy obrera albañila".

Nerea vio venir que podían mandarla de vuelta a casa. Pero reaccionó rápido: "Estaba viendo ya que me iban a mandar a casa. No sé en ese momento qué se apoderó de mí, que voy y le suelto: 'Mira, esto es lo que vamos a hacer. Por haberme hecho venir hasta aquí, ya me vas a tener que pagar 4 horas'".

La clave laboral: cobrar cuatro horas aunque no se trabajen

La escena tiene un punto importante desde el lado laboral. Nerea explica que en Australia, cuando alguien va a trabajar a una obra, siempre que no guarde responsabilidad, "te tienen que pagar cuatro horas aunque no las trabajes".

Esa regla no es menor. En determinados marcos laborales australianos de la construcción, un trabajador casual tiene derecho a un pago mínimo de 4 horas por cada incorporación al trabajo, según el Building and Construction General On-site Award 2020 de la Fair Work Commission.

Y claro, la frase funcionó. La joven consiguió que le dejaran trabajar, aunque con una condición: tenía que usar un jackhammer, un martillo mecánico.

Cinco horas con el martillo mecánico

Nerea aceptó. Aunque, según admite, no sabía ni qué era esa herramienta. "Les dije que por supuesto sabía usar uno, aunque no sabía ni lo que era eso. Pues yo ahí con el jackhammer. Cinco horas me han tenido con el jackhammer de arriba a abajo. Digo, se me caen los brazos, se me desarman los hombros", relata.

La experiencia muestra la dureza física del oficio. No era una prueba simbólica ni una simple bienvenida: fueron cinco horas usando un martillo mecánico, de arriba a abajo, en su primer día.

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Después le pidieron otra tarea: reordenar la basura. Ella siguió adelante porque, como explica, sentía que no podía permitirse fallar.

"Si no podía hacer el trabajo iba a quedar, aparte de inútil y de floja, de boca chancla. Y yo, ahí estaba aguanta, aguanta, aguanta. Luego me pidieron reordenar la basura", cuenta.

El giro final resume toda la historia. Nerea empezó el día con la sensación de que la iban a mandar a casa. Lo terminó con una oferta para volver. "Al final viene el jefe de obra y me dice, 'Nerea, ¿puedes venir mañana?' Le dije que podía venir toda la semana".

Imagen: Nereaexplora expandida con Gemini.

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La noticia Una albañil alucinada con su primer día en la obra: "Solo por venir me vas a pagar cuatro horas de trabajo" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

No todos los despidos llegan con una carta ni con una reunión en recursos humanos. La práctica conocida como despido silencioso es una “estrategia” por la cual algunos trabajadores terminan abandonando la empresa por su propia voluntad. Y no, no lo hacen porque sí. Lo hacen tras meses de presión, desgaste psicológico y situaciones incómodas que acaban por llevarles al límite.

Sobre el auge de este fenómeno ha hablado el abogado laboralista Juan Manuel Lorente en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde asegura que determinadas compañías buscan empujar al empleado hacia la dimisión para evitar, claro está, el pago de una indemnización.

O lo que es lo mismo: generar un entorno laboral tan sumamente difícil y asfixiante que el trabajador acaba marchándose por iniciativa propia.

Qué es en realidad el despido silencioso

Lorente asegura que se encuentra este tipo de situaciones con frecuencia en su despacho y considera que muchas personas no son conscientes de que están siendo sometidas a una estrategia de desgaste laboral.

"Así despiden a sus trabajadores muchas empresas y no, no es con una carta de despido. Ojo, yo no digo que haya empresas que no hagan esto, pero que me encuentro en el despacho muchas empresas que sí lo hacen es una verdad como un templo. Y me parece una forma lamentable de despedir, pero es una realidad y os la tengo que contar", explica el abogado.

Tras una sucesión de comportamientos, el empleado ve cómo se deteriora su situación dentro de la empresa hasta provocar que sea él mismo quien decida marcharse.

Cómo desgastan al trabajador

Según explica Lorente, una de las claves de esta práctica es que el desgaste se produce poco a poco y de manera continuada. "Van desgastando todos los días al trabajador", afirma el abogado al describir una situación que, según señala, puede prolongarse durante meses.

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Para conseguir ese desgaste, algunas empresas recurren a diferentes actuaciones. Tal y como explica el experto e instagramer, pueden hacerte "sentir mal un día" y "si te pueden fastidiar al siguiente, te lo hacen". También pueden mandarte un trabajo que saben perfectamente que odias hacer, dejarte en ridículo delante del resto de compañeros o ir echando por tierra tu trabajo constantemente.

El objetivo de estas conductas sería generar una situación cada vez más difícil para el empleado, que termina sintiéndose desmotivado, aislado o incapaz de soportar la presión diaria.

Un fenómeno cada vez más conocido

Aunque el término ha ganado popularidad recientemente, el despido silencioso no es, ni mucho menos, algo nuevo. Según el informe de InfoJobs de 2023 sobre Intención de Cambio de Empleo, el 57% de los trabajadores afirmó haber sufrido alguna de las situaciones asociadas al quiet firing o despido silencioso desde la pandemia.

La TEDxSpeaker Rosa Dichas explicó el pasado año que esta situación se produce "cuando una empresa utiliza tácticas sutiles (y a veces no tan sutiles) para hacer que un empleado se sienta incómodo, desmotivado o excluido en su lugar de trabajo, con la esperanza de que decida abandonar voluntariamente la empresa".

Y todo ello en una situación bastante deprimente en el entorno laboral actual. Según la Guía del Mercado Laboral 2022, el 54% de los encuestados afirma sentirse desmotivado en su trabajo y el 77 % de profesionales señalan que querrían cambiar de empleo.

Pero la cosa ha ido a más. Un espectacular 80% de los participantes en una encuesta reciente de LinkedIn News declararon que habían sufrido el despido silencioso en carne propia o habían sido testigos de cómo le ocurría a un compañero.

Por qué se habla de despido si el trabajador dimite

La particularidad de esta práctica es que la empresa no despide formalmente al empleado. Sin embargo, el resultado final puede ser muy parecido.

"Si esto te lo hace todos los días en la empresa, lo normal es que llegue el momento que no puedas más, que revientes, y que un día pidas la baja voluntaria porque tu cabeza ha dicho basta", explica Lorente.

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Cuando el trabajador presenta una baja voluntaria, pierde una serie de derechos que sí tendría en caso de despido. Precisamente ahí radica el principal beneficio para la empresa cuando consigue que sea el empleado quien tome la decisión de marcharse.

"Te vas de la empresa sin indemnización y sin paro. Es decir, la empresa consigue que te vayas sin pagarte ni un euro", advierte el abogado.

En estos casos, la compañía únicamente tendría que abonar el finiquito correspondiente, incluyendo conceptos pendientes de pago como salarios devengados o vacaciones generadas y no disfrutadas.

Qué pueden hacer los trabajadores

Lorente recuerda que una situación de este tipo podría llegar a encajar en determinados supuestos de acoso laboral o de incumplimiento grave de las obligaciones empresariales.

Por ello, recomienda buscar asesoramiento especializado antes de presentar una baja voluntaria. Y es que, la legislación española contempla mecanismos de protección para estos casos.

En concreto, el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario.

Si la solicitud prospera, el trabajador puede percibir una indemnización equivalente a la de un despido improcedente y acceder a la prestación por desempleo siempre que reúna los requisitos exigidos legalmente. Un derecho, no silencioso, que todos merecemos.

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La noticia Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre los nuevos despidos: “Consiguen que te vayas sin pagarte un euro. Van desgastando todos los días al trabajador” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La fiscalidad de una herencia puede complicarse por los inmuebles, por el parentesco y también por algo aparentemente menor: los muebles. Según explican los compañeros de NoticiasTrabajo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y a la Agencia Tributaria autonómica frente a una heredera que reclamaba la devolución de 38.395,47 euros por ingresos indebidos en una liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. El tribunal entiende que la liquidación quedó “consentida y firme” al no haber sido recurrida en plazo.

Una herencia millonaria y una liquidación que acabó siendo firme

El origen del caso está en el fallecimiento, en enero de 2018, del tío de la demandante. El hombre no tenía ascendientes ni descendientes directos con derecho a herencia, de modo que la mujer quedó como única heredera.

Tras presentar la escritura de aceptación de la herencia ante el organismo liquidador de la Comunidad de Madrid, la Administración le notificó meses después una liquidación provisional por 1.591.218,64 euros.

La contribuyente pidió un aplazamiento y acabó ingresando la totalidad de esa deuda tributaria en julio de 2019. Y ahí está buena parte del problema: pagó, pero no interpuso en ese momento recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa.

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El ajuar doméstico: el 3% que puede disparar la factura

Casi un año después del pago, en junio de 2020, la heredera solicitó la devolución de ingresos indebidos. Su argumento era que el ajuar doméstico, es decir, los muebles y enseres, se había calculado mal.

La Administración había aplicado automáticamente el 3% sobre todo el caudal hereditario. La demandante, en cambio, invocó varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2020, que habían fijado doctrina sobre este punto: el dinero, los inmuebles o los valores mobiliarios no deben entrar en ese cálculo porque no están afectados al uso personal o de la vivienda.

Con ese nuevo criterio, la diferencia a su favor ascendía a 38.395,47 euros.

El artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que el ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria y se valora en el tres por ciento del caudal relicto, salvo que se pruebe su inexistencia o un valor inferior.

La Administración y el TEARM rechazaron tramitar la devolución

La solicitud no prosperó. Tanto la Dirección General de Tributos como el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, el TEARM, rechazaron tramitar la petición.

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La razón fue procesal, no de fondo: para ambos organismos, la liquidación inicial ya no podía tocarse por esa vía. La contribuyente había dejado pasar el plazo de recurso y, por tanto, el acto administrativo había ganado firmeza.

Ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la heredera defendió que la liquidación era provisional y que, por ese motivo, podía rectificarse después por motivos distintos a los planteados inicialmente.

Pero el tribunal no aceptó esa tesis. Los magistrados subrayaron la diferencia entre una autoliquidación, que presenta el ciudadano, y una liquidación, que gira la Administración. Esa distinción fue decisiva.

La clave fue el plazo

La sentencia recuerda que “el acuerdo de liquidación era susceptible de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes”.

Como la heredera no recurrió entonces y decidió pagar, el tribunal concluye que “dicho acto quedó consentido y firme”. Y una vez alcanzada esa firmeza, la vía elegida por la contribuyente ya no servía para obtener directamente la devolución.

La resolución recalca que no puede presentarse una “solicitud de devolución de ingresos indebidos directamente sin iniciar previamente un procedimiento especial de revisión para anular el acto firme primero”.

En otras palabras: aunque la doctrina posterior del Supremo podía favorecer su cálculo del ajuar doméstico, el TSJ de Madrid entiende que el cauce utilizado no era válido porque antes había que atacar la firmeza de la liquidación.

Imagen: Magnific.

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La noticia Hereda varias viviendas de su tío en Madrid y en Sucesiones le cobran 38.395 euros más por los muebles: la justicia lo avala por recurrir tarde fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Un padre sin ingresos empresariales, viviendo en una caravana en un camping y con una obligación mensual de 1.200 euros con sus tres hijos. Ese era el punto de partida de un caso que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta muy concreta: hasta cuándo deben mantenerse las pensiones de alimentos cuando los hijos ya son mayores de edad.

El asunto, recogido por Noticias Trabajo, llega desde la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el padre contra una resolución previa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Rubí.

El padre pedía dejar de pagar a dos hijos y rebajar la pensión del tercero

La pensión fijada inicialmente era de 400 euros mensuales por cada hijo. En total, 1.200 euros al mes.

El padre pidió modificar esas medidas. Su situación económica había cambiado de forma sustancial: había liquidado las dos empresas que le proporcionaban ingresos, estaba pendiente de recibir el subsidio para mayores de 55 años, actualmente sustituido por el subsidio para mayores de 52 años, y residía en una caravana situada en un camping.

Su solicitud tenía dos partes. Por un lado, quería extinguir la pensión de los dos hijos mayores, de 28 y 26 años. Por otro, pedía una rebaja de la pensión del tercer hijo, de 23 años, que todavía seguía estudiando.

La madre se opuso. Defendió que debían mantenerse las medidas fijadas por el juzgado de Rubí, es decir, los 400 euros mensuales por hijo.

La falta de relación familiar no bastó

En primera instancia, el juzgado rechazó cambiar las medidas. Entendió que no había motivos suficientes para extinguir o reducir las pensiones alimenticias.

El padre recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Entre sus argumentos, alegó que no mantenía relación con sus hijos mayores desde hacía años y que esa falta de vínculo debía justificar también el fin de la obligación alimenticia.

Pero ahí la Audiencia no le dio la razón.

El tribunal descartó ese argumento porque no quedó acreditado que la ruptura de la relación fuera responsabilidad exclusiva de los hijos. La clave está en el artículo 451-17 del Código Civil de Cataluña, que contempla la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar como causa relevante solo si esa falta de relación es imputable exclusivamente al legitimario.

La sentencia añadió un matiz importante: cuando se produjo la separación de los padres, los hijos tenían solo 8 y 6 años. Por eso, la Audiencia consideró que no podía atribuirse únicamente a ellos el deterioro de la relación familiar.

Lo decisivo fue que los dos hijos mayores ya trabajaban

Donde sí apreció un cambio relevante fue en la situación económica de los dos hijos mayores.

El hijo de 28 años llevaba más de cuatro años incorporado al mercado laboral. La hija de 26 años acumulaba cerca de año y medio trabajando. Con esos datos, la Audiencia entendió que ambos habían terminado su etapa formativa y podían mantenerse por sí mismos.

En otras palabras, el tribunal no extinguió la pensión porque los hijos no hablaran con el padre, sino porque consideró que ya no existía la situación de necesidad que justificaba la pensión de alimentos.

Para ello aplicó el artículo 237-13 del Código Civil de Cataluña, que regula las causas de extinción de la obligación de prestar alimentos. Entre ellas figuran la reducción de rentas del obligado cuando impide cumplir sin desatender sus propias necesidades y la mejora de las condiciones de vida del alimentado cuando hace innecesaria la prestación.

El hijo de 23 años mantiene la pensión, pero reducida

El caso del tercer hijo era distinto.

Tiene 23 años, continúa estudiando y todavía no se ha incorporado de forma estable al mercado laboral. Por eso, la Audiencia Provincial de Barcelona mantuvo su derecho a percibir alimentos.

La diferencia está en la cuantía. La pensión baja de 400 a 200 euros mensuales.

Para tomar esa decisión, el tribunal valoró la delicada situación económica del padre: ya no tenía ingresos empresariales, estaba pendiente de recibir una prestación para mayores de 55 años y vivía en una caravana en un camping.

También tuvo en cuenta que, al extinguirse la pensión de los otros dos hijos, el gasto total del progenitor quedaba muy reducido. Aun así, consideró proporcionado rebajar la pensión del hijo menor a esos 200 euros al mes, no eliminarla por completo.

Una sentencia sobre el límite económico de la obligación familiar

La resolución deja una lectura clara: la mayoría de edad no extingue automáticamente una pensión de alimentos, pero tampoco la convierte en indefinida.

Cuando un hijo mayor sigue formándose y no tiene independencia económica, la obligación puede mantenerse. Cuando ya trabaja de forma suficiente y ha terminado su etapa formativa, el tribunal puede considerar que la necesidad ha desaparecido.

Eso es lo que ha ocurrido en este caso: dos pensiones extinguidas, una pensión reducida y un padre que pasa de una carga mensual de 1.200 euros a una de 200 euros.

La sentencia, dictada el 20 de marzo de 2025, no era firme. Las partes podían presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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La noticia Un padre sin ingresos que vive en una caravana deja de pagar la pensión de 1.200 euros a sus hijos de 28 y 26 años porque ya trabajan fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Hablar de salarios en España casi siempre acaba en una misma pregunta: cuánto se cobra de verdad. No el sueldo anunciado, no la cifra bruta, sino el dinero neto que entra cada mes en el banco. Y eso es justo lo que ha hecho Malia Llovet, médica cubana y creadora de contenido, al desglosar su nómina en TikTok.

Según recoge COPE, detrás de la cuenta @maliallovetg está una profesional sanitaria de origen cubano que acumula más de 135.000 seguidores y millones de "Me gusta". En su perfil comparte vídeos sobre estilo de vida, finanzas personales y consejos, un tipo de contenido que conecta con un debate más amplio: el de unos salarios reales que llevan décadas prácticamente estancados en España.

Un sueldo bruto de 3.039,38 euros, pero un neto muy distinto

Llovet arranca el vídeo con una frase pensada para zanjar dudas: "Hoy vamos a debatir cuánto es que gano como médico en España".

Su caso tiene dos elementos importantes. Trabaja en una residencia de ancianos y su jornada es de 40 horas semanales. Además, no hace guardias, un punto clave cuando se compara su nómina con la de otros médicos en España.

La primera cifra es el salario base: 1.813,70 euros. Ella lo define como "el sueldo fijo según el convenio. Todas las residencias privadas tienen un convenio que por diferentes puestos le pagan a los diferentes profesionales".

A esa cantidad se suma un "complemento absorbible" de 1.225,68 euros. Llovet lo explica como "un extra que la empresa añade para completar el sueldo". El matiz laboral es relevante, porque este tipo de complemento puede quedar absorbido por futuras subidas si no se pacta de otra manera.

Con ambos conceptos, su salario bruto mensual asciende a 3.039,38 euros antes de impuestos.

La parte que no se ve: IRPF y Seguridad Social

El salto entre bruto y neto llega con las deducciones. Según muestra Llovet, cada mes se le descuentan 806,85 euros.

La mayor parte corresponde al IRPF, con una retención del 19,40% de la nómina. Traducido a euros, son 589,64 euros.

Después aparece la cotización a la Seguridad Social, que suma 217,21 euros. Ella la describe como la aportación destinada a "jubilación, paros, bajas, etcétera".

El resultado final es el dato que ha hecho circular el vídeo: 2.232,53 euros netos al mes. O, como lo resume Llovet: "Esto es lo que llega a mi cuenta todos los meses. Neto, dinero en mano".

También lo deja condensado en otra frase: "Cobro todos los meses 2.232,53 euros, trabajo un total de 40 horas semanales y no hago guardias".

Lo que dice el convenio de la dependencia

El caso de Llovet no se entiende sin mirar el marco salarial del sector. En las residencias privadas o concertadas, el sueldo de un médico está regulado por el VIII Convenio Marco Estatal de la Dependencia.

Según las tablas salariales oficiales, el salario base para este puesto es de 1.791,96 euros brutos mensuales, lo que equivale a 25.087 euros brutos anuales en 14 pagas.

La diferencia entre esa cifra y la nómina que muestra Llovet se explica por los complementos. Y aquí está una de las claves: el convenio marca el mínimo, pero el salario real puede ser superior si la empresa añade conceptos salariales o si el centro es de gestión pública.

El convenio también recoge pluses que pueden elevar la nómina final: 3,50 euros por hora nocturna, 24,72 euros por hora extra y 59,38 euros por trabajar en festivos especiales.

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Además, los portales de empleo citados en el texto original sitúan el sueldo medio entre 35.000 y 47.000 euros brutos anuales, dependiendo de otros factores.

La brecha con la sanidad pública

La comparación ayuda a entender por qué este tipo de vídeos generan tanta reacción. Un médico en una residencia no juega en la misma liga salarial que un médico del Sistema Nacional de Salud.

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¿Y si la baja productividad de España tiene que ver con el envejecimiento de la población?

Mientras el salario base en el sector de la dependencia parte de unos 25.000 euros anuales, un médico de familia en la sanidad pública se mueve, según el texto original, entre 32.100 y 42.000 euros brutos anuales de salario base.

Y esa cifra puede superar los 55.000 euros al sumar complementos y guardias. De nuevo, las guardias son el elemento que cambia buena parte de la comparación.

También hay diferencias dentro del propio mundo de las residencias. Si el médico asume un puesto de gestión, como la dirección médica, el salario puede variar. Y si trabaja en una residencia pública, los sueldos se equiparan a los de la sanidad pública, con cifras de entre 3.000 y 3.800 euros brutos al mes sin contar guardias.

Imagen: Georg Arthur Pflueger, Malia Llovet.

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La noticia Malia, médico cubana en España: "Cobro 2.232,53 euros al mes, trabajo 40 horas semanales y no hago guardias" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Una herencia puede convertirse en un lío fiscal si se confunden dos momentos distintos: recibir el patrimonio y obtener rentas con él. Según recoge El Español, el abogado, economista y empresario David Jiménez insiste en una idea central: heredar no genera una tributación adicional en la Renta.

Jiménez lo expresa de forma directa: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF. Es decir, que, por recibir una casa, un fondo de inversión o un vehículo, no genera una tributación adicional".

El motivo está en la propia arquitectura fiscal. “Lo contrario supondría una doble tributación: la adquisición de bienes ya tributa en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, matiza el experto.

El artículo 6.4 de la Ley 35/2006 del IRPF recoge precisamente que no está sujeta a este impuesto la renta sometida al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Es decir, si el hecho imponible ya entra por Sucesiones, no vuelve a entrar por IRPF en el momento de recibir la herencia.

Pero hay un matiz importante. Una cosa es heredar y otra explotar o transmitir después lo heredado. Jiménez lo resume así: “Una vez que se ha aceptado la herencia, ese bien adquirido deberá tributar conforme a la normativa del IRPF, en tanto que ya es tuyo y se somete a tributación como cualquier otro activo”.

El ejemplo ayuda a entenderlo. Si una persona recibe una vivienda o un fondo de inversión, no paga IRPF por el mero hecho de recibirlos. Pero si después alquila la vivienda o vende el fondo, tendrá que declarar esas rentas o ganancias con normalidad.

El primer error: olvidarse de la Renta del fallecido

El problema aparece cuando los herederos se centran solo en aceptar la herencia y liquidar Sucesiones, pero dejan fuera la declaración del causante. Y ese puede ser un fallo caro.

Jiménez advierte de que el fallecido puede estar obligado a presentar la Renta. “El IRPF del causante comprende únicamente las rentas generadas desde el 1 de enero hasta su fallecimiento. Los herederos deben comprobar si está o no obligado a hacerla dentro del plazo ordinario de la siguiente campaña”.

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La Agencia Tributaria también distingue la declaración del fallecido de la del resto de la unidad familiar: como regla general, la declaración del fallecido debe presentarse en modalidad individual.

Esto afecta, por ejemplo, a un fallecido que cobraba una pensión y superaba los umbrales que obligan a declarar. También a quien tenía inmuebles alquilados. En esos casos, los herederos deben declarar esos ingresos generados por el causante hasta la fecha de fallecimiento.

No hacerlo puede acabar en sanción. Aunque también puede ocurrir lo contrario: “En caso de no hacerlo, podrán ser objeto de sanción. No obstante, es posible que esta renta salga a devolver. Si fuera así, tendrán derecho a percibir esa cantidad”, señala Jiménez. La Agencia Tributaria contempla una solicitud específica de devolución a herederos, con el Modelo H-100.

El borrador puede no reflejar bien los inmuebles heredados

El segundo error habitual es confiar demasiado en los datos fiscales. Jiménez recuerda que los inmuebles heredados pueden no aparecer en el borrador o figurar todavía atribuidos al fallecido.

La razón es administrativa: cuando una persona muere y se formalizan los trámites hereditarios, la información no se actualiza de un día para otro. El Catastro puede tardar meses en reflejar correctamente la nueva titularidad.

“Eso hace que en la práctica los bienes que provienen de herencias recientes no consten en los datos fiscales o vengan incorrectamente imputados al fallecido”, apunta Jiménez.

La consecuencia es clara: el heredero no puede dar por bueno el borrador sin revisar qué bienes tiene ya en su patrimonio y desde cuándo. En materia fiscal, que un dato no aparezca no significa que no exista.

La fecha que importa no es la escritura, sino el fallecimiento

El tercer gran foco de errores aparece al vender un inmueble o cualquier otro activo heredado. Ahí surge la duda habitual: qué fecha de adquisición hay que poner y qué valor sirve para calcular la ganancia patrimonial.

Jiménez lo recalca sin rodeos: “La fecha de adquisición es siempre la de fallecimiento, no la de la escritura de herencia”.

La diferencia puede ser relevante, porque de esa fecha dependerá el cálculo fiscal cuando se transmita el bien. No se toma como referencia el día en que se firma la escritura de herencia, sino el momento en que fallece el causante.

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En cuanto al valor, el artículo 36 de la Ley 35/2006 establece que, en las adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, se toma el importe que resulte de aplicar las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que pueda exceder del valor de mercado.

En la práctica, esto supone atender al valor satisfecho o declarado en el Impuesto de Sucesiones. Y desde el 1 de enero de 2022, en el caso de los inmuebles, entra en juego el valor de referencia, salvo que se haya declarado otro superior. La Agencia Tributaria explica que ese valor afecta a los inmuebles adquiridos desde esa fecha cuando se haya usado como base imponible en el tributo que grava la adquisición, entre ellos Sucesiones y Donaciones.

El valor de referencia puede condicionar el IRPF futuro

Aquí está una de las partes más delicadas. Según Jiménez, “Lo que en ningún caso aceptará la Agencia Tributaria es indicar en el IRPF un precio de adquisición inferior al valor de referencia”.

Esta es la regla fiscal aplicable: “Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se tomará el importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado”.

La consecuencia es que el valor que se acepte o declare en Sucesiones puede acompañar al heredero más adelante, cuando venda el inmueble y tenga que calcular la ganancia patrimonial en el IRPF.

Por eso Jiménez lanza una advertencia: “Si al hacer una herencia nos encontramos con un valor de referencia superior al de mercado, es recomendable impugnarlo (si existe base para hacerlo) porque los efectos no sólo se aplicarán al ámbito del Impuesto de Sucesiones, sino que puede afectar al IRPF, que tomará ese valor como precio de adquisición”.

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La noticia David Jiménez: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF al ser doble tributación” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La economía española parece ser que sigue sorprendiendo fuera de nuestras fronteras. Y es que, mientras algunas de las principales potencias europeas muestran ciertos síntomas de desaceleración, España mantiene su crecimiento.

El último “sorprendido” ha sido el gigante Goldman Sachs. El banco de inversión estadounidense destaca la fortaleza de la economía española y subraya que algunos indicadores clave, especialmente los relacionados con la productividad y el mercado laboral, están evolucionando mejor que en otras grandes economías de la Unión Europea.

España crecerá tres veces más que la eurozona

Las previsiones manejadas por Goldman Sachs apuntan a que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecerá un 2,1% interanual durante este año.

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La cifra contrasta con el avance estimado para el conjunto de la zona euro, situado en torno al 0,7%. En el último informe de Goldman Sachs Research se prevé que “la economía española supere significativamente al resto de la zona euro este año, gracias a una mayor productividad laboral y una sólida posición fiscal”.

España se ha consolidado como una de las locomotoras económicas del continente y ha logrado mantener tasas de crecimiento superiores a las de países como Alemania, Francia o Italia.

Desde 2021, la economía española ha encadenado varios ejercicios mostrando una evolución más dinámica que la de estos y otros socios europeos.

La productividad mejora más rápido que en Alemania o Francia

Uno de los aspectos que más llama la atención del banco estadounidense es la evolución de la productividad laboral.

Durante años, una parte de los economistas criticó que el crecimiento español descansaba principalmente sobre el aumento del empleo y no sobre mejoras de eficiencia. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad más compleja.

Según dicho análisis, "la productividad crece más rápido que en las otras tres grandes economías de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. Los bonos del Estado español, a diferencia de los de otros países europeos, se han mantenido relativamente estables en medio del alza de los precios de la energía”

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Una evolución que se produce al mismo tiempo que el mercado laboral presenta indicadores históricamente positivos. La tasa de paro se encuentra en niveles no vistos desde 2008 y el número de personas ocupadas ha alcanzado máximos históricos.

Para Goldman Sachs, todo ello indica que el crecimiento no es únicamente por la incorporación de más trabajadores, sino también por una mejora gradual en la calidad de la actividad económica.

Empleos de mayor valor añadido

Otro de los factores que explican esta evolución tiene que ver con la transformación del empleo.

Los sectores relacionados con los servicios profesionales, las finanzas y las tecnologías de la información están ganando peso dentro de la economía española. Desde 2019, el empleo en estas actividades ha crecido más de un 20%, una cifra que prácticamente duplica la registrada en países como Francia o Italia.

Este desplazamiento hacia actividades de mayor valor añadido suele estar asociado, como es lógico, a mejores niveles salariales, una mayor cualificación profesional y aumentos de productividad más sostenidos en el tiempo.

La inmigración impulsa la actividad económica

Goldman Sachs también pone el foco en la gestión de los flujos migratorios como uno de los elementos que han contribuido al crecimiento reciente.

España ha logrado incorporar a decenas de miles de trabajadores procedentes del extranjero, especialmente de países latinoamericanos, facilitando su integración en sectores con escasez de mano de obra.

Este fenómeno ha permitido cubrir vacantes en actividades donde la demanda de trabajadores supera a la oferta disponible, algo especialmente relevante en un país que afronta un progresivo envejecimiento demográfico. Aunque esta situación genera, claro está, presión adicional sobre el mercado de la vivienda.

Los inversores mantienen la confianza en España

Más allá del crecimiento y del empleo, Goldman Sachs destaca el comportamiento de la deuda pública española, “el gasto adicional, que supera programas similares en Alemania, Francia e Italia, no ha perjudicado la situación fiscal general del gobierno”. Y todo ello, a pesar de la volatilidad que han experimentado los mercados energéticos y financieros durante los últimos meses.

Los diferenciales de deuda continúan relativamente contenidos y, además, España es actualmente la única de las cuatro grandes economías de la Unión Europea para la que se espera una reducción continuada de la ratio deuda sobre PIB durante los próximos años.

Pero claro, hay riesgos que siguen preocupando

Pese al optimismo general, dicho informe también identifica varios factores de riesgo. Uno de ellos es la elevada dependencia del turismo. Este sector representa aproximadamente el 12,6% del PIB español, por lo que “cada reducción del 10% en las llegadas de turistas por vía aérea podría disminuir el PIB en aproximadamente un 0,3%”.

También preocupa la situación política. España sigue sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado completos desde las elecciones anticipadas celebradas en 2023.

Imágenes | Europa Press, The New York Times

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La noticia La prestigiosa financiera Goldman Sachs alucina por cómo va la economía española: “la productividad crece más rápido que otras grandes economías de la UE como Alemania y Francia” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La Agencia Tributaria lleva tiempo estrechando el cerco sobre los movimientos de dinero que puedan servir para ocultar fraude fiscal. Y el efectivo sigue siendo una de las zonas más sensibles: es menos trazable, más difícil de justificar y, aunque los pagos con tarjeta han ganado terreno, sacar dinero del cajero continúa siendo una operación habitual.

Según cuenta OkDiario, Hacienda está poniendo el foco en los movimientos monetarios y patrimoniales de los ciudadanos, especialmente cuando pasan por bancos y cajeros automáticos. El problema llega cuando la cantidad obliga a dar explicaciones.

No hay un límite legal para sacar efectivo, pero sí controles

En España no existe un límite concreto que impida retirar dinero en efectivo de una cuenta bancaria. Un cliente puede sacar la cantidad que quiera siempre que tenga saldo suficiente. Otra cosa es que, a partir de ciertas cifras, el banco pueda pedir datos, activar comprobaciones o comunicar la operación.

Ahí está la diferencia importante. Mucha gente confunde los límites de la tarjeta con un límite legal. Pero esos topes diarios que fijan las entidades no responden necesariamente a Hacienda, sino a criterios de seguridad.

De hecho, muchos bancos establecen por defecto límites de retirada con tarjeta, a menudo en torno a 600 euros, para reducir daños en caso de pérdida, robo o uso fraudulento. En plena expansión de los delitos ligados a nuevas tecnologías, esa barrera funciona como un cortafuegos básico.

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Eso no significa que el cliente no pueda sacar más. Si necesita una cantidad superior, puede contactar con su banco por los canales habituales para ampliar el límite. En principio, ese ajuste puede hacerse sin mayor problema.

El primer umbral delicado: 1.000 euros

La primera cifra en la que tenemos que pensar son 1.000 euros. Hacienda no fija un tope máximo para retirar efectivo de un cajero, pero a partir de esa cantidad la Agencia Tributaria puede empezar a hacer preguntas, tanto si se trata de una retirada como de un ingreso.

En ese escenario, el banco debe identificar al cliente y facilitar los datos necesarios sobre la operación si se le requiere. En otras palabras, no estamos ante una prohibición, sino ante una operación que deja de ser completamente rutinaria desde el punto de vista del control financiero.

El Banco de España lo explica así sobre las retiradas: "Las entidades deben entregar la cantidad solicitada, siempre que exista saldo en cuenta. Si vas a retirar una cantidad importante, tu banco podría solicitar que le avises con antelación razonable, siempre que no disponga de fondos suficientes para atender tu petición".

Y también añade una advertencia: "Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

A partir de 3.000 euros saltan más alarmas

El siguiente nivel está en los 3.000 euros. Esa es la cantidad que puede hacer saltar las alarmas en la Agencia Tributaria y abrir la puerta a una investigación más exhaustiva. Por eso, las propias entidades recomiendan actuar con prudencia si se va a sacar o ingresar una suma de ese tamaño. La recomendación práctica es hablar con un trabajador del banco y preparar un justificante que pueda entregarse después a las autoridades si se abre una comprobación.

La lógica es sencilla: cuanto mayor es la cantidad en efectivo, más importante se vuelve poder explicar su origen o destino. Se hace para poder justificar la operación si Hacienda pregunta.

CaixaBank también lo plantea en esos términos. Según su propia explicación, la Agencia Tributaria "recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros".

La entidad añade otro aviso que afecta especialmente a los ingresos en efectivo: "Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude".

El billete de 500 euros sigue siendo una señal sensible

El artículo original también menciona los billetes de 500 euros, un clásico en cualquier conversación sobre efectivo, economía sumergida y prevención del fraude.

La alerta también puede activarse cuando la operación incluye billetes de alta denominación. Por eso CaixaBank advierte de que los ingresos en cajeros con algún billete de 500 euros pueden ser comunicados a la Agencia Tributaria.

Esto no convierte automáticamente al ciudadano en infractor, pero sí eleva la probabilidad de que la operación sea revisada. Y, de nuevo, la diferencia entre una operación normal y un problema fiscal está en la capacidad de justificar de dónde viene el dinero.

Cuánto dinero se puede llevar por la calle o guardar en casa

El efectivo no solo plantea dudas cuando entra o sale del cajero. También las plantea cuando se transporta físicamente.

Según el texto original, el límite para caminar por la calle con dinero en efectivo está establecido por la Ley 10/2010 en 100.000 euros. A partir de esa cantidad, una persona puede tener problemas si las fuerzas de seguridad del Estado intervienen y le piden justificar ese traslado.

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Además, por puro criterio de seguridad, no parece aconsejable portar sumas tan elevadas en la vía pública. El riesgo de robo, pérdida o intervención convierte esa práctica en una decisión difícil de defender fuera de situaciones muy concretas.

Otra cuestión distinta es guardar efectivo en casa. Ahí CaixaBank recuerda que no existe "un límite legal a la cantidad de efectivo que se puede almacenar en casa, siempre y cuando se pueda demostrar su origen".

La frase es importante. Tener dinero en casa no es ilegal por sí mismo. Pero si Hacienda pregunta, el ciudadano debe poder acreditar que ese efectivo procede de ingresos declarados, ahorros justificados u operaciones documentadas.

Imagen: Pxhere, dominio público.

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La noticia Es oficial: Hacienda puede multar a las personas que ingresen o retiren dinero en efectivo del cajero de esta forma fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

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La noticia Juan Ignacio Díez, experto laboral: "Cotizar sin trabajar es posible mediante un convenio especial con la Seguridad Social a través de un pago" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

En España, independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos jóvenes: sueldos ajustados, vivienda cara y poca capacidad de ahorro. Ese es el contexto que explica por qué algunos miran a países como Australia, aunque el salto implique irse a 14.000 kilómetros, lejos de la familia y los amigos durante mucho tiempo.

El caso de Virginia, una gaditana instalada en Perth, encaja de lleno en esa tendencia. Según recoge El Español, es periodista y comunicadora de profesión, pero ahora trabaja en el servicio de limpieza de minas en Australia, una de las actividades económicas más potentes del país.

2.500 euros por siete noches de trabajo

La cifra que ha llamado la atención es esta: Virginia asegura que gana "por siete días de trabajo en el turno de noche 2.500 euros". Si trabajase 21 días a lo largo de un mes, eso equivaldría a 7.500 euros.

La comparación con España es inevitable. El texto original recuerda que el salario medio en nuestro país ronda los 2.300 euros brutos al mes, mientras que el salario mediano se sitúa alrededor de los 1.900 euros brutos mensuales, según los datos citados.

La clave está en que no es un empleo convencional de oficina ni un trabajo cómodo en una ciudad. Virginia trabaja en minas, hace turnos de 12 horas con descansos y cobra también un suplemento por nocturnidad. Aun así, ella lo presenta como el trabajo por el que más ha cobrado desde que está en Australia.

En su cuenta de TikTok, @virgsanz, lanzó una pregunta directa a sus seguidores: "¿qué os parece esta cifra por llenarte de mierda?". La frase resume bien el intercambio económico: más dinero, pero a cambio de condiciones que no todo el mundo aceptaría.

El trabajo no siempre consiste en estar limpiando sin parar

Lo llamativo es que Virginia matiza que no todos los días son igual de duros. Algunos, explica, son bastante tranquilos porque se limita a regar la mina para evitar que se levante polvo.

Ella misma lo cuenta así: "Hay días que me los paso enteros en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo y estoy muy tranquila. Pero de vez en cuando se agradece que me pueda mover porque si no las horas se te pasan muertas".

Ese detalle cambia parte de la lectura. No elimina la dureza del empleo, porque sigue siendo trabajo nocturno, por turnos largos y en un entorno minero, pero sí muestra que las tareas pueden variar mucho de un día a otro.

La discusión: si 2.500 euros compensan o no

Algunos seguidores le han contestado que, teniendo en cuenta que trabaja de noche, la remuneración no es tan elevada. Virginia no lo ve así.

Su comparación no es con un empleo medio español, sino con sus otros trabajos en Australia. Según explica, en empleos anteriores del sector servicios, ya fuera en hostelería o como personal de limpieza, cobraba unos 1.500 euros a la semana.

Por eso defiende con claridad la diferencia: "Para gustos colores, pero que este trabajo está bien pagado es una verdad como un templo".

En otras palabras: el salario no se entiende solo por la tarea concreta, sino por el contexto. Australia paga más en ciertos sectores, las minas necesitan personal no solo para extraer minerales, sino también para mantener operativos los campamentos y servicios asociados, y hay trabajadores extranjeros dispuestos a asumir esa vida durante una etapa para ahorrar.

Minas, campamentos y empleos alrededor de la extracción

Las minas australianas son yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos y forman parte fundamental de la economía del país. Los mineros viven en el campamento y se ocupan de las labores de extracción.

Pero alrededor de esa actividad hay muchos otros puestos necesarios. Virginia no trabaja como minera de extracción, sino en tareas vinculadas al funcionamiento de la mina: limpieza, apoyo operativo y trabajos como el riego con camión cisterna para controlar el polvo.

Ahí está la lectura económica de fondo. El salario alto no aparece en el vacío: responde a una combinación de sector potente, ubicación remota, turnos largos, nocturnidad y una organización laboral en campamentos. Para muchos jóvenes españoles, esa combinación puede ser atractiva si el objetivo es ahorrar más rápido de lo que podrían hacerlo en España.

El caso de Virginia no significa que emigrar a Australia sea una solución sencilla ni universal. Pero sí muestra por qué estos trabajos se han vuelto tan virales: condensan en una cifra muy fácil de entender, 2.500 euros por siete noches, una brecha salarial que en España resulta difícil ignorar.

Imágenes | RRSS (@virgsanz)

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La noticia Virginia, española que trabaja limpiando minas en Australia: "Por 7 días en el turno de noche gano 2.500 euros" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Una vivienda heredada puede convertirse en un problema cuando no todos los propietarios actúan a la vez. Y en un mercado del alquiler tensionado, esa duda no es menor: afecta a la seguridad jurídica de quien arrienda, de quien ocupa y de quienes heredan un inmueble compartido.

Eso es lo que ha resuelto la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia de 28 de enero de 2026, según recoge NoticiasTrabajo. El caso enfrentaba a varias herederas con un inquilino que permanecía en la vivienda pese a que el contrato ya había vencido y a que las propietarias le habían comunicado por burofax que no querían seguir prorrogándolo.

El contrato había empezado en 2013 y el inquilino siguió en la vivienda

El alquiler se firmó inicialmente en noviembre de 2013 y después fue prorrogado. Tras más de siete años de relación arrendaticia, varias de las herederas enviaron al inquilino un burofax en septiembre de 2021 para comunicarle que no querían continuar con el contrato.

El mensaje era claro: no habría nueva prórroga y el arrendatario debía abandonar el inmueble. La cuestión, sin embargo, acabó en los tribunales porque el inquilino siguió ocupando la vivienda.

Su oposición se apoyaba en dos ideas. La primera, que las demandantes no podían actuar solas porque el piso pertenecía a más herederos. La segunda, que se encontraba en situación de vulnerabilidad.

Ni el Juzgado de Primera Instancia ni después la Audiencia Provincial de Málaga aceptaron esos argumentos. Ambos órganos confirmaron la obligación de desalojar la vivienda.

La clave: reclamar el piso es un acto de administración, no de disposición

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Los cambios de la nueva Ley de Vivienda que más afectan a inquilinos y propietarios

El punto más importante de la sentencia está en la naturaleza de la acción judicial. La Audiencia considera que pedir la recuperación de una vivienda alquilada no es un acto de disposición del bien común, sino un acto de administración.

Esa diferencia es decisiva. Si fuera un acto de disposición, podría exigirse una actuación más intensa de todos los propietarios. Pero al tratarse de un acto de administración orientado al beneficio común, el tribunal entiende que varios comuneros pueden actuar sin necesidad de que todos los herederos firmen la reclamación.

La Audiencia se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre comunidades de bienes y en los artículos 394 y 398 del Código Civil, que regulan las facultades de los copropietarios sobre los bienes comunes.

En otras palabras: en una comunidad hereditaria, no siempre hace falta que todos los propietarios se pongan formalmente de acuerdo para defender el inmueble. Basta con que quien actúa lo haga en interés de la comunidad y no conste una oposición expresa del resto.

El inquilino no probó que otros herederos se opusieran al desahucio

La sentencia también tuvo en cuenta la prueba aportada por las demandantes. Las herederas presentaron la escritura de adjudicación de herencia, con la que acreditaban su condición de copropietarias de la vivienda.

El inquilino, por su parte, no logró demostrar que alguno de los demás herederos estuviera en contra de la reclamación judicial. Para la Audiencia, esa ausencia de oposición expresa era relevante: no bastaba con decir que había más propietarios, había que acreditar que alguno rechazaba la acción de desahucio.

Ese es el matiz que cambia la lectura del caso. El problema no era que la vivienda perteneciera a varias personas, sino si las herederas que reclamaban estaban actuando solo para sí mismas o en beneficio de toda la comunidad hereditaria. El tribunal concluyó que lo hacían en beneficio común.

El segundo documento no era un nuevo contrato, sino una prórroga

El inquilino también sostuvo que el documento firmado posteriormente no era una simple prolongación del alquiler inicial, sino un nuevo contrato. Eso habría podido alterar el cómputo de la duración y de las prórrogas.

La Audiencia tampoco aceptó esa tesis. Según la sentencia, el propio documento hacía referencia expresa a la “prórroga del contrato de arrendamiento”, por lo que debía interpretarse como una prórroga y no como un contrato nuevo.

Aquí entra en juego el artículo 1281 del Código Civil, que obliga a interpretar los contratos conforme al sentido literal de sus cláusulas cuando estas son claras y no dejan dudas sobre la voluntad de las partes.

El burofax fue suficiente para acreditar la voluntad de no renovar

Otro punto central fue la comunicación enviada por las herederas. El tribunal confirmó que el burofax cumplía con el preaviso necesario para impedir la continuidad del alquiler.

El artículo original menciona que, según la LAU, esa notificación debe hacerse con al menos cuatro meses de antelación. Conviene matizar aquí que la sentencia consultada razona el caso conforme al régimen aplicable a un contrato firmado en 2013 y habla de un preaviso de 30 días en ese contexto concreto. La idea de fondo, en cualquier caso, es la misma: la propiedad comunicó de forma suficiente su voluntad de no seguir con el arrendamiento.

La Audiencia recordó además que la ley no exige una forma especial para esa notificación. Lo relevante es que quede acreditado que el inquilino conocía la intención de extinguir el alquiler. En este caso, el burofax servía para demostrarlo.

La vulnerabilidad puede activar medidas sociales, pero no alarga por sí sola un contrato vencido

El último argumento del arrendatario fue su situación de vulnerabilidad. Es una cuestión sensible, porque en los últimos años la vivienda se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción entre protección social, seguridad jurídica y derecho de propiedad.

Pero la Audiencia fue clara: la vulnerabilidad puede activar medidas de protección social, pero no impide por sí misma la extinción de un contrato de alquiler que ya ha terminado legalmente.

Esto no significa que la situación personal del inquilino sea irrelevante en todos los planos. Significa que, para este procedimiento concreto, no bastaba para obligar a las propietarias a mantener vivo un contrato vencido ni a firmar uno nuevo.

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Ibiza está desalojando poblados de caravanas con cientos de inquilinos. El problema es quién vive allí: trabajadores sin alternativa

Una sentencia sobre alquiler, pero también sobre herencias

El resultado fue la confirmación del desahucio. La Audiencia Provincial de Málaga avaló la decisión del Juzgado de Primera Instancia y mantuvo que el inquilino debía dejar la vivienda.

La sentencia, eso sí, no era firme y todavía podía recurrirse ante el Tribunal Supremo.

La lectura económica es clara: en los inmuebles heredados, la fragmentación de la propiedad puede complicar cualquier decisión, pero no paraliza necesariamente la defensa judicial del bien común. Si no hay oposición expresa del resto de comuneros, varios herederos pueden reclamar la recuperación de una vivienda alquilada cuando el contrato ha vencido.

Imagen: generada por Gemini, Andrés García.

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La noticia Unas herederas recuperan un piso alquilado después de que el inquilino vulnerable siguiera ocupándolo con el contrato vencido: no hacía falta que todos los propietarios reclamaran la vivienda fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .