Redacción El Blog Salmón
EditorEspaña puede presumir de récord de empleo, pero esa foto tiene una segunda lectura mucho menos cómoda. La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con más de 21,8 millones de ocupados, una cifra que el Gobierno ha utilizado para defender la fortaleza del mercado laboral. El dato oficial del cuarto trimestre elevó incluso la ocupación hasta los 22.463.300 trabajadores.
El problema es que el número total de ocupados no cuenta toda la historia. La tasa de actividad se mantiene en torno al 58%, lo que significa que una parte muy relevante de la población en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Y, al ampliar el foco, aparecen jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos. Es decir, muchas personas que consumen servicios públicos, pero no todas contribuyen al sistema a través del empleo.
El récord de ocupación no elimina el problema de fondo
La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y especialista en política fiscal, abordó este desequilibrio en el pódcast TruthTime Project, donde habló de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es especialmente duro: a su juicio, el sistema “ya ha explotado” porque una parte creciente de las pensiones se financia mediante deuda pública.
La clave está en cómo funciona el sistema español. Las pensiones públicas se basan en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Mientras la base de cotizantes crece y la población activa es suficiente, el mecanismo puede sostenerse con menos tensión.
Pero la ecuación cambia cuando hay más pensionistas, menos nacimientos y una parte importante de la población fuera del mercado laboral. Ahí es donde Poole sitúa el principal punto débil de España: un país envejecido, con baja natalidad y con una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos.
Su frase resume esa preocupación: “En España, solo el 37% de la población trabaja”. Y añade otra idea que condensa su diagnóstico: somos “un país muy grande sostenido por muy pocos”.
Conviene matizar el dato. Las estadísticas laborales oficiales pueden medirse de varias maneras y no todas responden exactamente a la misma pregunta. No es lo mismo calcular ocupados sobre población total que medir tasa de actividad, tasa de empleo o población en edad de trabajar. Pero la advertencia de Poole apunta a una tensión real: la base que sostiene el sistema es más estrecha de lo que sugiere el titular del récord de empleo.
Pensiones, deuda y una factura que se traslada al futuro
La presión sobre las cuentas públicas ya es uno de los grandes debates económicos de España. El gasto en pensiones sigue aumentando y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para cubrir todos los pagos.
No es una preocupación aislada. Organismos como la AIReF llevan tiempo avisando de que el envejecimiento obligará a tomar decisiones importantes si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En su evaluación más reciente, la autoridad fiscal concluye que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes.
Poole va más allá en su interpretación. Sostiene que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho más alto que el que aparece en las cifras oficiales. En otras palabras, el país estaría sosteniendo una parte del sistema “tirando de crédito” y desplazando el coste hacia las próximas generaciones.
Esa es la parte incómoda del debate. No se trata únicamente de pagar las pensiones de hoy, sino de saber qué margen fiscal quedará mañana para financiar sanidad, dependencia, educación, inversión pública o cualquier otra política.
El esfuerzo fiscal también entra en la ecuación
Poole también pone el foco en el sistema fiscal español. Su tesis es que muchos trabajadores no perciben de forma completa cuánto pagan realmente en impuestos y cotizaciones, porque buena parte de ese coste se descuenta automáticamente de la nómina.
Eso hace que el esfuerzo fiscal sea menos visible. El trabajador recibe su salario neto, pero no siempre interioriza el coste laboral completo, las cotizaciones sociales o el peso agregado de IRPF y otros tributos.
La economista considera además que España soporta una presión fiscal elevada para el nivel salarial del país. La comparación con otros países europeos, según su argumento, no puede hacerse solo mirando impuestos: también hay que mirar los sueldos. Con salarios más altos, una carga fiscal elevada puede ser más asumible. Con salarios más ajustados, el impacto se nota directamente en el ahorro, el consumo y los gastos básicos de las familias.
Ayudas, incentivos y demografía
Otro punto de su crítica está en algunas ayudas sociales. Poole sostiene que, en determinados casos, pueden generar incentivos débiles para incorporarse al mercado laboral. No plantea el problema solo como una cuestión de gasto, sino como un equilibrio delicado entre protección social y estímulo al empleo.
Pero, para ella, el núcleo del problema sigue siendo demográfico. España tiene cada vez menos nacimientos y una población cada vez más envejecida. Eso implica menos trabajadores futuros y más presión sobre un sistema público que depende de las cotizaciones presentes.
En definitiva, el récord de ocupación es una buena noticia, pero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cuántas personas trabajan, cuánto cotizan y durante cuánto tiempo podrán sostener un gasto público cada vez más condicionado por las pensiones y el envejecimiento.
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