Tras la polémica suscitada por la última subasta eléctrica que fijaba la subida de la electricidad en enero en un 11 %, el Gobierno ha decidido intervenir de lleno el sector vía decreto ley y fijar por cuenta propia que la subida de la luz a partir del próximo 1 de enero sea de un 2,3 %.
En concreto, el Gobierno ha aprobado una subida del 1,4 % para la parte liberalizada del recibo y de otro 0,9 % para el tramo que se encuentra regulado, por lo que la subida total que deberemos afrontar los consumidores a comienzos del nuevo año será del 2,3 %. Estamos ante una situación inédita por la que quizás nos llevaríamos las manos a la cabeza si hubiésemos leído en la prensa que se adoptaba en Venezuela. Pero no, esta intervención vía decreto ley aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes y por la que se intervienen los precios de la energía ha tenido lugar en el seno de un país europeo y su brazo ejecutor ha sido un Gobierno que se vende así mismo como medianamente liberal.
A falta de una competencia real en el sector que permita que el precio de la electricidad sea como el de cualquier otro bien que se fija libremente por la ley de la oferta y de la demanda, estamos ante un nuevo parche del Gobierno con el que se esconder la mala gestión que ha tenido lugar en las compañías eléctricas desde que el sector fue liberalizado de una forma tan chapucera como ya nos tienen acostumbrados en este país.
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