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Propiedad privada y ocupaciones ilegales

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Hace tiempo, discutíamos en este post sobre la falta de delimitación legal de la propiedad privada en nuestra Constitución. Este post levantó ciertas ampollas, dado que también se mencionaba la capacidad de decisión que debían tener los propietarios de los locales abiertos al público frente a las actuaciones que se podían llevar a cabo en dichos locales, frente a los que no se podían llevar a cabo.

Hoy, ha saltado otra noticia mucho más sorprendente puesto que se reconoce el derecho a la vivienda de una ocupación ilegal de vivienda, junto con la incapacidad para ejecutar una sentencia al privar del derecho constitucional a la vivienda de los que tienen el uso de la misma ilegalmente. En este auto judicial no se tiene en cuenta el derecho de los alquilados ni tampoco el poder de decisión del legítimo propietario que alquila la vivienda. Copio literal parte del auto judicial para evitar lecturas erróneas:

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¿Existe realmente la propiedad privada en España?

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A raiz de una conversación esta mañana con un par de letrados y un grupo de hosteleros, hemos llegado a la conclusión que el concepto de propiedad privada está realmente difuso en nuestro país, hasta tal punto que no existe ni libre disposición de los bienes ni la propia organización material de la propiedad privada. Para remitirnos al derecho a la propiedad privada, basta con que nos vayamos a la Constitución, al Art 33. Según reza textualmente:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.

Llama la atención como no se incluye el derecho a la propiedad dentro de los derechos fundamentales de los individuos, sino dentro del grupo de los derechos y deberes. Fuera de este matiz más que importante, lo más llamativo es la función social que se le atribuye a un derecho de propiedad privada. Todo este razonamiento es el que sustenta por ejemplo, para justificar constitucionalmente la legislación vigente y previsiblemente futura sobre leyes delicadas como la Ley antitabaco.

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