Redacción El Blog Salmón
EditorLa convivencia vecinal tiene un precio. España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de habitantes viviendo en pisos (el 65 % en 2024, según datos de Eurostat). Además, el sector de la bicicleta facturó 2.177 millones de euros en España en 2025, con más de un millón de unidades vendidas, según el informe de la patronal AMBE y Cofidis. Por eso, no es extraño que surjan problemas relacionados con el uso de las zonas comunes. Subir la bicicleta en el ascensor puede ser uno de ellos. Pero ¿puede la comunidad prohibirlo? ¿Qué dice la ley?
¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre las bicicletas?
En el ámbito de la propiedad horizontal tenemos un instrumento jurídico que puede ayudarnos a resolver esta cuestión: la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). En ella encontramos distintas herramientas que pueden utilizarse para regular la convivencia. Por un lado, está el artículo 6, que permite a las comunidades de propietarios establecer normas de régimen interior para regular el uso de los elementos comunes. Por otro, tenemos el artículo 7.2, que entra en juego cuando se producen determinadas actividades que generan daños o molestias y cumplen los requisitos que establece la ley. Entre estas actividades se encuentran las que resulten "dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas" para la finca. Esto no significa que podamos prohibir el acceso con bicicletas al ascensor simplemente porque así lo queramos. La ley no establece una prohibición general de utilizar el ascensor con bicicletas. Para actuar contra un vecino al amparo del artículo 7.2 deben concurrir las circunstancias previstas legalmente. Los daños materiales o las molestias acreditadas pueden ser relevantes, pero habrá que valorar cada caso concreto.
Al igual que ocurre con otros elementos comunes, los costes asociados al uso del ascensor pueden afectar al bolsillo de los propietarios. En primer lugar, debemos recordar que estas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico. En función de su antigüedad y estado, pueden requerir reparaciones o mejoras para cumplir con la normativa de seguridad. El coste de estas actuaciones depende de las características de la instalación, de las intervenciones necesarias y del propio edificio. Por tanto, no todas las comunidades tienen los mismos gastos. Además del mantenimiento ordinario, pueden surgir costes derivados de los daños que una bicicleta cause en los espejos, las paredes o las puertas del ascensor. En estos casos, será necesario acreditar los daños y determinar su origen para valorar las posibles responsabilidades.
¿Puede la comunidad prohibir el uso del ascensor con bicicletas?
La junta de propietarios puede establecer normas para regular el uso de los elementos comunes, pero debe hacerlo dentro de los límites legales. La propia Ley de Propiedad Horizontal contempla requisitos específicos para determinadas decisiones comunitarias. Por ejemplo, desde abril de 2025, la instalación de nuevas viviendas de uso turístico requiere la aprobación expresa de la comunidad, con las condiciones y mayorías previstas en la ley.
Sin embargo, no todas las restricciones pueden justificarse con los mismos argumentos ni están sujetas a las mismas mayorías. Una comunidad no puede dar por válida una prohibición general de utilizar el ascensor con bicicletas simplemente porque la ley permita limitar otras actividades. Es necesario analizar el contenido de la decisión, su fundamento y su compatibilidad con la normativa vigente.
Debemos tener en cuenta que los elementos comunes pueden utilizarse individualmente, siempre que se respeten los derechos de los demás propietarios. Al mismo tiempo, las restricciones que se impongan deben ajustarse a los límites que marca la ley. Para regular el uso del ascensor, la comunidad debe actuar conforme a la LPH. La mayoría necesaria dependerá del tipo de acuerdo que se quiera adoptar y de las reglas aplicables. Por tanto, no basta con afirmar que una mayoría simple de los asistentes puede aprobar cualquier restricción: es necesario comprobar los requisitos legales que corresponden a cada decisión. Por otro lado, el propietario que no esté de acuerdo con una decisión puede impugnar determinados acuerdos ante los tribunales. Para ello, deben cumplirse los motivos y requisitos que establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este precepto también determina quién está legitimado para impugnar y cuáles son los plazos para hacerlo.
Antes de llegar a los tribunales, también es posible buscar soluciones intermedias. Por ejemplo, la comunidad puede estudiar la posibilidad de permitir el uso del ascensor bajo determinadas condiciones razonables o habilitar espacios en los bajos del edificio para guardar las bicicletas. Estas alternativas pueden ayudar a prevenir conflictos, siempre que respeten la normativa y los derechos de los propietarios.
En definitiva, el difícil equilibrio entre fomentar el transporte sostenible y proteger el patrimonio inmobiliario exige algo más que buena voluntad. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal ofrece herramientas para actuar frente a determinadas conductas perjudiciales, pero no prohíbe de forma general el uso del ascensor con bicicletas. Evitar daños en las zonas comunes beneficia a todos los vecinos y, siempre que sea posible, alcanzar acuerdos antes de acudir a los tribunales puede ahorrar tiempo, dinero y problemas de convivencia.
Imagen | cottonbro studio (vía Pexels)
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