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Esta semana, dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía analizamos qué son los bienes públicos, un tipo de bienes muy especial que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser ‘colectivos’ y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción, con independencia de que este deba respetar la jurisdicción aprobada al respecto para protegerlos.

La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha convención.

Los bienes públicos gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos municipales, etcétera.

Características de los bienes públicos


La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente. Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.

Un ejemplo de bien rival sería un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la cantidad disponible para el resto.

Que sea no excluyente, quiere decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección. Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito pastel al pasar por una panadería.

Los bienes públicos en nuestras vidas


El ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.

Un ejemplo de por qué no podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.

Respecto a este Concepto hay que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría incentivos para hacerlo.

Debiendo distinguirlos de los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado, pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto.

Una de las confusiones más extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el Estado, ya sea por las externalidades positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.

Otra cuestión que no siempre queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más significativos.

Principales problemas de sostenibilidad


Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.

Por ejemplo, si no respetamos los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin.

Otra de las problemáticas más extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’ en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma, proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a quienes si contribuyen a su financiación. 

Este problema supone un ‘daño’ tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios ‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento, supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.

Perspectivas, viabilidad y conclusiones


En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.

Por todo ello, los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado, y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.

En El Blog Salmón | El Reino Unido venderá parte de sus bosques para solucionar su crisis fiscal, ¿Qué es el coste de oportunidad
Imagen | reservasdecoches

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