En su momento, y desde este lugar, ya denuncié el abuso por parte de la Administración y de grupos de presión de nuestra Ley de Costas del 88. Bajo el pretexto de que las playas son de todos, y con cobertura legal (y todo hay que decirlo, del Tribunal Constitucional) se atacaban principios como el de la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, el principio de no arbitrariedad en la actuación de la Administración Pública, etc. Seguramente, de no haberse visto afectados miles de nacionales de nuestros socios europeos, de no haber existido un clamor en esos países y de no estar en la situación financiera en la que nos encontramos, hubiésemos seguido en esta situación. Afortunadamente el ministro Cañete ha anunciado que la Ley de Costas será reformada.
¿Y por dónde puede ir la reforma? Cañete habla de compatibilizar medio ambiente y desarrollo, lo que no deja de ser una generalización biensonante. Si descendemos al terreno de lo concreto, de las reclamaciones más inmediatas,un servidor desearía como mínimo las siguientes modificaciones:





