Este es el dilema en el que se encuentra el gobierno español con la fusión de Gaz de France (GdF) y de la belga, Suez.
En principio, una fusión entre dos empresas europeas no tiene por qué ser frenada por ningún gobierno y la Unión Europea está muy atenta, atenta aunque pocas veces hay consecuencia de esta atención, a que los gobiernos no entorpezcan estas operaciones.
Este es un caso un poco más complicado, ya que una de las empresas está en manos de un gobierno, el francés, y la empresa resultante será controlada por ese mismo gobierno.
En estas páginas hemos hablado en contra de las compras de empresas por parte de otras que son propiedad de algún gobierno, lo que llamamos renacionalización, ya que creemos en el mercado privado y creemos que las empresas deben estar en manos de accionistas privados. Además, una vez que estén en manos privadas, no gusta que un gobierno decida entrar y tomarla otra vez.
Hace tiempo que se ha estado hablando de y negociando la fusión de Gaz de France (GdF) y de la belga, Suez. Con las idas y venidas de estas conversaciones, en los últimos meses, el valor de la empresa controlada por el gobierno francés ha bajado de forma importante en relación con la empresa belga (¿no será porque una está bajo el control del gobierno?) y, con estos cambios en bolsa, una fusión no iba a ser igualitaria, que eran las valoraciones fijadas inicialmente.
En estos momentos la Comisión Europea tiene mucho trabajo enfocado en las acciones de los gobiernos europeos que pueden perjudicar las reglas del mercado y de la Unión Europea. 
El gobierno francés continúa con la privatización a la francesa, que es su proceso de vender partes de sus empresas estatales a inversores privados mientras mantienen control sobre el nombramiento de los altos ejecutivos y sobre la estrategia a seguir. Algunos dicen que esto ha pasado y está pasando en España también con las empresas privatizadas a lo largo de los últimos años, incluyendo por ejemplo a Telefónica, Tabacalera y Repsol.
