La capacidad de las infraestructuras eléctricas de España no está evolucionando como debería. Esta situación ha llevado a la Comisión Europea a lanzar una nueva advertencia sobre la necesidad de acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones para evitar problemas de competitividad, seguridad de suministro y aumento de los precios energéticos. No quiere oír de un nuevo apagón.

Dentro de las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo, Bruselas considera prioritario que España abandone progresivamente el denominado modo de operación reforzada de la red eléctrica.

Se trata de un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad del sistema en circunstancias determinadas, pero que está generando importantes repercusiones económicas.

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Pero ¿cuál es la razón? la fórmula, inicialmente concebida como una medida preventiva, ha adquirido un carácter recurrente en determinados periodos, incrementando la dependencia de tecnologías convencionales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico español

Un sistema que sigue dependiendo de los ciclos combinados

El modo de operación reforzada obliga al operador del sistema a recurrir con mayor frecuencia a centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural para garantizar parámetros técnicos esenciales, especialmente la estabilidad de la tensión en la red.

Aunque este recurso permite reforzar la seguridad del suministro, también supone una mayor utilización de combustibles fósiles en un contexto donde la Unión Europea busca acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética exterior.

Tras el gran apagón registrado el 28 de abril de 2025, se impulsaron diversas medidas correctoras basadas en las conclusiones técnicas elaboradas por los organismos europeos encargados de supervisar las redes eléctricas.

Sin embargo, las instituciones comunitarias consideran que estas actuaciones representan únicamente una parte de la solución y que es necesario abordar reformas más profundas.

El objetivo es lograr que el sistema eléctrico pueda operar con normalidad apoyándose en una mayor capacidad de red y almacenamiento, reduciendo así la necesidad de recurrir constantemente a mecanismos extraordinarios.

La expansión renovable avanza más rápido que las infraestructuras

Uno de los principales desafíos identificados por la Comisión Europea es el desequilibrio existente entre el crecimiento de la generación renovable y la capacidad real de las infraestructuras para absorber esa energía.

España se ha convertido en uno de los líderes europeos en potencia solar y eólica instalada. Sin embargo, numerosos proyectos se encuentran con dificultades para conectarse a la red debido a limitaciones técnicas, congestiones y retrasos administrativos.

La situación afecta tanto a nuevas instalaciones energéticas como a proyectos industriales que necesitan acceder a capacidad eléctrica para desarrollar sus actividades.

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Según el análisis comunitario, la red de transporte y distribución requiere importantes actuaciones de modernización para adaptarse a un escenario donde la electricidad tendrá un papel cada vez más relevante en sectores como la movilidad, la climatización o los procesos industriales.

El almacenamiento energético sigue siendo insuficiente

El almacenamiento aparece como otro de los grandes retos pendientes según Bruselas.

La capacidad de almacenar energía resulta fundamental para aprovechar al máximo la producción renovable y garantizar el equilibrio entre generación y demanda.

Cuando existe excedente de electricidad procedente de fuentes solares o eólicas, las baterías y otros sistemas de almacenamiento permiten conservar esa energía para utilizarla posteriormente cuando sea necesaria.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento antes de finalizar la década. Sin embargo, a comienzos de 2026 las previsiones apuntaban a poco más de 8 gigavatios disponibles o comprometidos.

La Comisión considera que acelerar el despliegue de estas tecnologías será esencial para reducir restricciones, minimizar vertidos de energía renovable y reforzar la estabilidad de la red.

El impacto económico preocupa a Bruselas

Más allá de las implicaciones técnicas, la Comisión Europea también pone el foco en las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

El mantenimiento prolongado del modo de operación reforzada genera gastos adicionales para el sistema eléctrico. Diversas estimaciones del sector cifran en alrededor de 2.300 millones de euros el impacto acumulado asociado a este mecanismo durante los primeros meses de 2026.

Estos importes terminan afectando de una u otra forma a consumidores domésticos, empresas e industrias intensivas en energía, especialmente en un momento en el que la competitividad energética se ha convertido en un factor estratégico para la economía europea.

La preocupación es aún mayor en sectores industriales que compiten en mercados internacionales y para los que cualquier incremento en la factura energética puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a otros países.

La fiscalidad energética

El informe comunitario también analiza otro elemento relevante: la estructura impositiva aplicada a la energía.

Aunque Bruselas no plantea cambios concretos, sí observa que la diferencia entre los precios mayoristas de la electricidad en España y la media europea no siempre se traslada íntegramente al consumidor final.

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Durante meses, Europa ha tratado de presentar el rearme como algo más que una necesidad estratégica. La idea era simple y útil a nivel geopolítico: aumentar el gasto en defensa servía para responder a las actuales crisis en Ucrania e Irán, al mismo tiempo que podía impulsar industria, empleo y crecimiento.

El problema es que ese relato empieza a desinflarse. El Fondo Monetario Internacional ha puesto límites claros a esa expectativa, y la propia Comisión Europea ya había dibujado un equilibrio bastante menos brillante: algo más de PIB, sí, pero con un aumento relevante de la deuda.

El rearme nunca fue un milagro económico

La comparación más incómoda la dio Bruselas en mayo de 2025. En una simulación incluida en sus previsiones de primavera, la Comisión estimó que un aumento lineal del gasto en defensa de hasta el 1,5% del PIB elevaría el PIB real de la UE un 0,5% sobre el escenario base en 2028.

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A la vez, la ratio de deuda pública subiría 2 puntos porcentuales frente a ese mismo escenario. Es decir, en ese ejercicio el aumento de la deuda sería cuatro veces mayor que el del PIB adicional esperado. No es una cifra menor, porque resume bastante bien el problema del relato europeo: el rearme puede aportar algo de actividad, pero no parece ni de lejos un motor de crecimiento limpio ni barato.

La tesis de un pequeño dividendo económico no salió de la nada. Hace un año, Reuters apuntaba que el aumento del gasto militar podía ayudar a reactivar una economía europea plana, sobre todo si terminaba arrastrando inversión industrial, innovación y capacidad productiva propia. Alemania aparecía entonces como uno de los casos más visibles: si levantaba parte de sus restricciones fiscales para gastar más en defensa, podía activar a la vez un ciclo de inversión con efectos más amplios sobre la economía.

No obstante, incluso ese análisis venía lleno de condiciones. El impacto inmediato no iba a ser grande, y buena parte del beneficio dependía de algo que Europa todavía no tiene plenamente resuelto: una base industrial de defensa suficientemente integrada, coordinada y capaz de absorber una porción relevante de ese gasto.

Si las compras siguen fragmentadas o una parte sustancial del presupuesto termina en importaciones, la posibilidad de multiplicar la inversión se reduce mucho.

El FMI enfría la promesa

Esto es lo que subraya el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook de abril de 2026: los booms de gasto militar son cada vez más frecuentes y pueden elevar la actividad a corto plazo, pero insiste en que vienen acompañados de costes fiscales y externos.

En un boom típico, el gasto en defensa aumenta unos 2,7 puntos del PIB en dos años y medio, con aproximadamente dos tercios financiados vía déficit. En promedio, esos episodios terminan empeorando el déficit fiscal en 2,6 puntos del PIB y elevando la deuda pública en unos 7 puntos en apenas tres años.

Frente a esa lectura, otros análisis, como los de Capital Economics, advierten de que el impacto sobre el crecimiento puede ser mucho más limitado e incluso negativo

La clave no está solo en que haya más gasto, sino en cómo se financia y dónde termina. El FMI advierte de que cuando una parte relevante del esfuerzo se canaliza hacia armamento comprado a proveedores extranjeros, las ganancias de producción son menores.

También recuerda que estos impulsos pueden aumentar la inflación, tensar la política monetaria y complicar la sostenibilidad fiscal y externa. En términos políticos, el rearme mueve la demanda, pero no garantiza un impulso neto suficiente como para compensar por sí mismo el deterioro que deja detrás en las cuentas públicas.

El problema: demasiado gasto que se fuga

En Europa ese matiz importa todavía más. Una parte del relato descansaba en la idea de que el nuevo esfuerzo en defensa serviría para fortalecer la autonomía industrial del continente.

Sin embargo, esta transición no es automática. Reuters ya apuntó en 2025 que la dependencia europea de importaciones de defensa y la fragmentación del sector limitaban mucho el efecto económico de corto plazo. Dicho de otra forma: no basta con anunciar más miles de millones para que ese dinero se transforme en crecimiento interno. Para eso hace falta capacidad industrial, coordinación y tiempo.

Para los analistas, el rearme europeo empieza a parecer menos un estímulo económico y más una elección estratégica con costes visibles. ¿Es necesario? Es probable, debido a sus efectos positivos a largo plazo, si consigue consolidar una base tecnológica e industrial más robusta. No obstante, venderlo como si fuera una palanca clara de crecimiento empieza a ser más difícil de sostener.

El peor momento para endeudarse

Además, el contexto ha empeorado. El FMI no solo prevé menos crecimiento y más inflación en la eurozona, sino que también apunta a que el BCE podría verse forzado a endurecer su política monetaria en 2026 si ese repunte de precios se consolida. Ese es un detalle importante: endeudarse siempre pesa, pero pesa más cuando se encarece la financiación.

La cuestión, por tanto, ya no es si Europa debe gastar más en defensa, sino si puede seguir presentando ese esfuerzo como un motor económico casi natural. Para el FMI y CEE, la respuesta empieza a ser bastante menos optimista.

El rearme puede ser inevitable. Venderlo como una buena noticia económica… ya no parece tan sencillo.

Esta semana, España ha advertido a la Comisión Europea del posible desvío de tráficos marítimos hacia puertos extracomunitarios tras la entrada en vigor del peaje climático europeo.

El debate traspasa un problema de sectores o contexto peninsular y acoge un dilema estructural de la política europea actual: establecer unos criterios climáticos más estrictos en un mercado globalizado, que no siempre se suma a las iniciativas verdes, como ya se vio el pasado noviembre con el plan de gestión pesquera para el Mediterráneo Occidental también.

Qué ha cambiado

Desde enero de 2024, el transporte marítimo está incluido en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS). Esto implica que los buques deben adquirir derechos de emisión por el 100 % de las emisiones en trayectos entre puertos de la UE, el 100 % de las emisiones cuando están atracados en puertos comunitarios y el 50 % de las emisiones en rutas entre un puerto de la UE y uno extracomunitario.

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El objetivo de la Comisión Europea es claro: se pretende internalizar el coste del carbono en el transporte marítimo y acelerar su descarbonización, como lo detalla el organismo en su portal web.

Sin embargo, hay un detalle, no especialmente pequeño: cuando se introduce un coste regulatorio en un entorno competitivo global, los incentivos cambian. Y el transporte marítimo es, por definición, global… Aquí llegamos al centro del problema en cuestión.

El incentivo económico

Puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona compiten directamente con enclaves cercanos fuera de la UE, como Tánger Med o hubs del Reino Unido y Turquía.

Si hacer escala en territorio comunitario implica pagar por emisiones y hacerlo en un puerto próximo no comunitario no lo hace en los mismos términos, el diferencial puede alterar decisiones logísticas.

Puertos del Estado ha señalado, a través del Observatorio EU-ETS, indicios de reconfiguración de tráficos tras la entrada en vigor del sistema. No se ha percibido, sin embargo, una caída global del comercio, pero sí una redistribución de rutas.

En economía climática, este fenómeno se conoce como fuga de carbono (carbon leakage), y se traduce en intentar eludir una regulación estricta por criterios más laxos. Por ejemplo, cuando una jurisdicción desplaza actividad hacia otra con estándares menos rígidos sin que las emisiones globales disminuyan de forma equivalente.

La UE ya afrontó este riesgo en la industria pesada, lo que dio lugar al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para evitar deslocalizaciones productivas asociadas a diferencias regulatorias.

Aun así, en lo que se refiere al transporte marítimo, el desafío es más complejo, puesto que no se trasladan fábricas, sino que se reconfiguran escalas. Si un buque reorganiza su ruta para evitar determinados puertos europeos, las emisiones pueden seguir produciéndose. Simplemente, cambian de jurisdicción.

El dilema europeo frente al liderazgo climático

Por descontado, la cuestión de fondo no es preguntarse si Europa debe avanzar en la transición verde, que es una decisión necesaria a escala planetaria.

La estrategia climática europea está definida y el transporte marítimo es un sector intensivo en emisiones. La pregunta es si la UE internalizar costes climáticos en solitario sin generar arbitraje regulatorio en sectores altamente móviles. En otras palabras, asumir una desventaja competitiva por liderar la transición verde.

El comercio marítimo es especialmente sensible, además, porque ya opera con márgenes ajustados, ajusta rutas con rapidez y funciona en un entorno donde no existe todavía un precio global uniforme al carbono.

La Organización Marítima Internacional (OMI) trabaja en mecanismos de descarbonización a escala mundial, pero la implantación de un sistema verdaderamente global aún no es una realidad efectiva.

Asimismo, el impacto potencial no se limita a las autoridades portuarias, sino que afecta a las cadenas logísticas, actividad de transbordo, empleo indirecto e incluso a la posición estratégica de hubs europeos en el comercio mundial.

Si parte del tráfico se desplaza hacia puertos extracomunitarios, la UE podría perder centralidad en determinadas rutas sin que el planeta emita sustancialmente menos CO₂. Y ahí reside el dilema estructural.

Se busca: arquitectura global

El peaje climático marítimo responde a una lógica ambiental coherente. No obstante, su aplicación en un mercado global evidencia una tensión clásica: regular en un ámbito regional cuando el mercado es mundial.

Un dilema que ya se ha enfrentado, en otras latitudes, con el carbón chino o la energía nuclear y el fracking norteamericano. Así, sin coordinación internacional o mecanismos que neutralicen el arbitraje regulatorio, la transición energética puede generar efectos secundarios no previstos: en este caso, pérdida de competitividad, redistribución de tráfico y reducción limitada de emisiones globales.

Descarbonizar el transporte marítimo es imprescindible, pero hacerlo sin una arquitectura global que acompañe el proceso puede convertir una herramienta climática en un experimento de competitividad. Y todo apunta a que esta será una de las pruebas más exigentes para la política industrial europea en los próximos años.

Pese a las diferencias entre la Administración Trump y la Comisión Europea, el marco regulatorio que está ultimando la UE para condicionar la inversión extranjera tampoco parece facilitar la entrada sin condiciones del capital asiático en sectores estratégicos.

Con foco explícito en el capital procedente de China, según han informado distintos medios de prensa, la iniciativa afectará a ámbitos clave de la transición tecnológica y energética, como los coches eléctricos, las baterías y la energía fotovoltaica, con la intención de asegurar inversiones que aporten valor añadido a la economía europea.

¿Qué propone Bruselas?

El objetivo principal de Bruselas se centra en tratar de evitar la creación de espacios de ensamblaje que permitan eludir barreras comerciales aprovechando la etiqueta “hecho en Europa”.

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El proyecto está previsto para ser aprobado este mes y se enmarca dentro del llamado Clean Industrial Deal, la estrategia comunitaria destinada a reforzar la base industrial europea en tecnologías limpias y reducir dependencias externas en sectores críticos.

El borrador contempla que las inversiones extranjeras relevantes en sectores estratégicos deban cumplir condiciones específicas: entre ellas, destaca que los inversores extranjeros no puedan controlar más del 49 % del capital de las empresas participadas, obligando a constituir sociedades conjuntas con socios europeos, que se comprometan a la transferencia de tecnología y propiedad intelectual a dichas joint ventures y, por último, que garanticen que al menos el 50 % de la plantilla, en todas las categorías laborales, sea europea.

El objetivo de estas medidas es evitar que Europa se convierta en un simple centro de montaje para aquellos componentes importados sin capacidad tecnológica propia, lo que sería justo dar la vuelta al modelo de deslocalización europeo de las pasadas décadas: la externalización de la producción sin preservar las capacidades estratégicas internas.

El trasfondo chino…

En cierto modo, la Comisión está intentando aplicar, con una regulación más transparente, un principio que China utilizó durante décadas para escalar su industria.

Se trata de condicionar el acceso a su mercado a la creación de capacidades locales. En este sentido, hasta 2018, los fabricantes extranjeros de automóviles solo podían operar mediante joint ventures con socios chinos y con límites de participación, lo que facilitó la transferencia de conocimiento.

Además, se sumó una política industrial explícita, como el plan Made in China 2025, que priorizó vehículos eléctricos, baterías y tecnologías limpias con financiación pública y planificación a largo plazo.

Ese enfoque permitió a China pasar de ser una plataforma de ensamblaje a consolidar posiciones dominantes en segmentos estratégicos de alto valor añadido.

…y la dependencia tecnológica

Si bien la normativa no menciona a ningún país concreto, el trasfondo es evidente. China domina actualmente buena parte de la producción global en baterías, paneles solares y componentes clave para el vehículo eléctrico.

Su liderazgo industrial ha generado preocupación en Bruselas por el riesgo de dependencia estructural en sectores estratégicos para la transición energética. Asimismo, estas tensiones comerciales entre la Unión Europea y China ya se han manifestado en investigaciones sobre posibles subsidios distorsionadores en sectores como el eólico.

En concreto, la Comisión abrió recientemente una investigación sobre fabricantes chinos de aerogeneradores, una decisión que Pekín criticó como señal de proteccionismo.

En este sentido, la lógica de Bruselas muestra un pragmatismo lógico: Europa necesita inversión extranjera para acelerar su transición verde, pero quiere asegurarse de que esa inversión deje empleo cualificado, innovación y capacidades industriales internas.

Un contexto geopolítico complejo

La medida llega en un momento en el que la relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa tensiones en materia industrial y tecnológica. Sin embargo, la iniciativa no responde tanto a un alineamiento automático con Washington como a la voluntad de Bruselas de construir una política industrial propia, basada en la defensa del mercado único y en la reducción de vulnerabilidades estratégicas.

En paralelo, la UE estudia introducir requisitos de contenido europeo en la contratación pública de tecnologías limpias, reforzando así la demanda interna como palanca para la industria local. Todo ello forma parte de un enfoque más amplio de “seguridad económica”, concepto que ha ganado peso en la agenda comunitaria en los últimos años.

Las propuestas han abierto un debate dentro de la Unión Europea. Algunos Estados miembros y sectores empresariales advierten de que condicionar en exceso la inversión extranjera podría frenar proyectos clave o encarecer la transición energética. Por el contrario, también se ha apuntado que, sin este tipo de salvaguardas, Europa corre el riesgo de perder definitivamente el control sobre industrias esenciales para su competitividad futura.

Bruselas defiende que no se trata de cerrar el mercado europeo, sino de redefinir las reglas del juego. El acceso a uno de los mayores mercados del mundo sostiene la Comisión, debe implicar compromisos concretos en términos de inversión productiva, empleo y transferencia tecnológica.

Sin embargo, la Europa actual no es la potencia industrial incontestable de hace cincuenta años: su cuota en la producción manufacturera mundial ha retrocedido en las últimas décadas, mientras Asia ha ganado peso decisivo en cadenas de valor estratégicas.

Exigir demasiado puede ahuyentar capital en un momento crítico; exigir demasiado poco puede consolidar su pérdida de peso tecnológico. Entre la apertura ingenua y el proteccionismo rígido, Bruselas intenta construir un punto intermedio que preserve su relevancia sin aislarla.

Si se aprueba como está planteado, el nuevo marco marcará un punto de inflexión en la política industrial europea. Más que un giro proteccionista clásico, supone una apuesta por condicionar la apertura económica a la creación de valor dentro del continente. En un escenario de creciente rivalidad tecnológica global, la Unión Europea parece decidida a utilizar su mercado como herramienta estratégica para reforzar su autonomía industrial sin renunciar completamente a la inversión extranjera.

El precio de los carburantes en España vive un momento de tensa calma antes de una nueva subida que podría notarse pronto en los bolsillos de los conductores. Muy pronto.

Aunque las últimas semanas han registrado ligeras bajadas en las gasolineras, la entrada en vigor de una nueva regulación europea amenaza con revertir esta tendencia y encarecer de forma considerable el litro de combustible.

Durante las últimas dos semanas, los precios han caído en torno a un 0,5 %, alcanzando sus mínimos desde junio. Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se sitúa actualmente en 1,467 euros por litro, mientras que el gasóleo marca 1,397 euros.

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En comparación con el año anterior, el precio de la gasolina es un 2,5 % más bajo, aunque el diésel se mantiene un 0,3 % por encima. Sin embargo, el horizonte de estabilidad parece limitado ante la llegada del sistema europeo ETS2, que redefinirá el coste del transporte por carretera.

La tregua temporal de los carburantes

El descenso reciente en los precios responde, principalmente, a la bajada del crudo internacional tras el anuncio de un alto el fuego en Gaza y la estabilización de los mercados energéticos.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, los carburantes han mostrado una volatilidad constante, condicionados por factores geopolíticos y por las políticas de producción de la OPEP.

Actualmente, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 80,69 euros en gasolina y 76,84 euros en diésel, cifras ligeramente inferiores a las de semanas anteriores.

Aun así, los precios españoles se mantienen por debajo de la media europea: en la zona euro, el litro de gasolina ronda los 1,66 euros y el gasóleo 1,53 euros. Esta diferencia, que históricamente ha favorecido al consumidor nacional, podría acortarse con la nueva normativa ambiental europea.

El nuevo impuesto del carbono ETS2

La gran preocupación de los próximos años es la implantación del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS2), que ampliará el actual mercado europeo de derechos de carbono al transporte por carretera y a los edificios.

Esta medida forma parte del plan climático “Fit for 55”, con el que la Unión Europea busca reducir en un 55 % las emisiones contaminantes antes de 2030.

El nuevo esquema obligará a las empresas proveedoras de combustibles a comprar derechos de emisión por el dióxido de carbono generado en la producción y uso de sus productos. Este coste, inevitablemente, se trasladará al consumidor final.

Según cálculos de la Comisión Europea, el incremento medio podría situarse en 0,11 euros por litro en gasolina y 0,13 euros en diésel, aunque en escenarios de alta demanda de carbono podría superar los 0,50 euros por litro.

Cómo afectará al consumidor

El impacto del ETS2 será progresivo pero sostenido. Si las previsiones se confirman, llenar un depósito de gasolina podría encarecerse entre 6 y 7 euros, mientras que uno de gasóleo podría subir alrededor de 7,5 euros.

A esto habría que sumar posibles fluctuaciones del petróleo y ajustes fiscales nacionales. Para muchas familias, especialmente aquellas que dependen del vehículo para desplazarse al trabajo o viven en zonas rurales, el aumento representará una presión adicional sobre el presupuesto doméstico.

El Banco Central Europeo ya ha advertido de que la transición energética puede tener efectos inflacionarios temporales, sobre todo en sectores como el transporte y la energía doméstica.

Enésimo reto para el transporte y la logística

El sector del transporte por carretera será uno de los más afectados por el nuevo esquema. Las empresas de logística, distribución y mercancías verán incrementados sus costes operativos debido al mayor precio del combustible y a la obligación de compensar las emisiones de carbono.

De acuerdo con la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), el impacto medio podría elevar los costes de operación en torno a un 8 %.

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Esto podría trasladarse a los precios finales de numerosos bienes de consumo, desde alimentos hasta productos industriales, generando un efecto en cadena en la economía.

Las patronales del sector han pedido a Bruselas medidas de acompañamiento, como ayudas para renovar flotas por vehículos de bajas emisiones o incentivos para el uso de biocombustibles.

Sin embargo, la implantación plena del sistema está prevista para 2027, con la posibilidad de aplazarse hasta 2028 si los precios energéticos se mantienen elevados.

El papel de España en la transición energética

España se encuentra en una posición intermedia dentro del proceso de descarbonización europeo. Por un lado, mantiene una red de transporte muy dependiente del diésel y una flota envejecida; por otro, está impulsando proyectos de biocombustibles y energías renovables que podrían mitigar parte del impacto del ETS2.

El Gobierno ha manifestado su intención de acompañar la transición con medidas sociales, como el Fondo Social para el Clima, destinado a compensar a los hogares más vulnerables frente al aumento de los costes energéticos. A través de este fondo, los Estados miembros podrán financiar ayudas directas o inversiones en eficiencia energética.

A corto plazo, los precios seguirán sujetos a los vaivenes internacionales del crudo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda mundial alcance niveles récord en 2025, impulsada por Asia y Estados Unidos, mientras que la oferta podría verse limitada por las restricciones de producción en Oriente Medio.

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El cambio de hora estacional podría llegar a su fin en 2026, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La propuesta se presentará ante el Consejo de Energía de la Unión Europea, con el objetivo de eliminar una práctica que, tras más de cuatro décadas en vigor, para muchos ha perdido su justificación técnica.

Se trata de una medida que busca armonizar los horarios con los ritmos naturales de luz y descanso, y responde tanto a criterios científicos como económicos.

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La transición energética va a ser más lenta de lo que pensábamos. En 2050 no somos carbón neutral ni de coña

El debate sobre la utilidad del cambio horario se reaviva cada otoño y primavera. Los estudios más recientes muestran que el supuesto ahorro energético apenas representa un 0,1% del consumo total anual, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Con la generalización de la iluminación LED, los electrodomésticos eficientes y los sistemas de climatización modernos, la medida ha dejado de tener sentido.

El cambio de hora influye en nuestros bolsillos

La pérdida de productividad derivada del cambio horario es uno de los argumentos más sólidos a favor de su eliminación. Según un estudio conjunto de la London School of Economics y la European Time Use Initiative, los desajustes circadianos tras el cambio de hora pueden provocar una reducción de entre el 2% y el 4% en la productividad laboral durante las dos semanas siguientes.

En términos económicos, esta caída se traduce en un coste medio de 700 a 800 dólares por empleado al año en los países de la Unión Europea.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado que la pérdida de rendimiento asociada a la falta de sueño y a la desorientación temporal tiene “un impacto directo sobre el PIB y sobre la salud de los trabajadores”.

España, con un mercado laboral caracterizado por jornadas extensas y horarios tardíos, sufre especialmente este efecto. Según datos del INE, los trabajadores españoles duermen una media de 7 horas y 6 minutos, por debajo de las 8 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un informe de la Barcelona Time Use Initiative advierte además que el actual sistema horario, combinado con los cambios estacionales, puede reducir la eficiencia general de la economía hasta en un 0,5% del PIB anual.

En términos absolutos, esto equivaldría a unos 6.500 millones de euros para el conjunto de España, una cifra muy superior a cualquier ahorro energético estimado.

Y claro, consecuencias sobre la salud y el bienestar

La ciencia es clara en este punto: el cuerpo humano necesita estabilidad en los ritmos de sueño y luz solar.

Cada cambio horario provoca una alteración temporal en el reloj biológico que puede durar entre 5 y 10 días. Durante ese periodo, aumenta la fatiga, el estrés y la falta de concentración. Según la Sociedad Española de Sueño (SES), un 40% de la población nota efectos negativos tras el cambio horario, y un 15% experimenta alteraciones del sueño más allá de una semana.

La Barcelona Time Use Initiative y el European Biological Rhythms Society han vinculado esta alteración repetida con un incremento del 8% en el riesgo de trastornos metabólicos y cardiovasculares. También se ha detectado un aumento del 6% en los accidentes laborales y del 3% en los siniestros de tráfico durante los días posteriores al ajuste.

Además, un estudio del Karolinska Institute de Suecia señala que las personas con horarios laborales irregulares o nocturnos, especialmente las que sufren el cambio de hora, presentan niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, y una menor capacidad de concentración durante la jornada.

Una medida europea con respaldo social

La iniciativa española pretende reactivar un debate que lleva años paralizado en la Unión Europea. En 2018, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría (410 votos a favor y 192 en contra) eliminar el cambio de hora. Sin embargo, el Consejo Europeo pospuso la decisión a la espera de un consenso entre los Estados miembros sobre si mantener el horario de invierno o el de verano.

Desde entonces, la discusión ha quedado estancada. Países como Finlandia, Alemania y Francia han expresado su apoyo a la eliminación del sistema actual, mientras que otros, como Grecia o Portugal, mantienen reservas por motivos geográficos y de sincronización económica. España busca ahora que la Comisión Europea retome el proceso y establezca un calendario definitivo antes de 2026.

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La reducción de jornada en España es una quimera: ni siquiera se cumplen los horarios actuales

Las encuestas muestran un consenso claro entre la ciudadanía. Según un sondeo del Eurobarómetro de 2023, el 84% de los europeos se declara contrario a seguir cambiando la hora. En España, la cifra alcanza el 93%, una de las más altas de la UE. Los ciudadanos asocian el cambio con trastornos del sueño, estrés y pérdida de bienestar.

Lo notaremos en la energía

El argumento original del cambio horario —ahorrar energía aprovechando mejor las horas de luz solar— ha perdido validez con el tiempo.

El consumo energético actual depende mucho más de la climatización y los hábitos digitales que de la iluminación. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la diferencia entre mantener el horario de verano o el de invierno supondría un ahorro inferior al 0,2% del consumo anual total, equivalente a unos 150 GWh, una cifra irrisoria frente a la demanda nacional, que supera los 250.000 GWh.

Además, el impacto sobre el consumo de calefacción y aire acondicionado compensa —e incluso supera— cualquier ahorro en iluminación.

Un estudio de la Comisión Europea de Energía publicado en 2022 advierte que en los países del sur de Europa, como España o Italia, el cambio de hora puede aumentar el uso del aire acondicionado en verano hasta en un 3%, debido a que las horas de actividad se desplazan hacia las más calurosas del día.

El fin del cambio de hora en 2026 supondría no solo un ajuste técnico, sino un cambio estructural en la forma de entender el tiempo y su relación con el trabajo y la economía en general.

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La Comisión Europea ha decidido dar un paso más en su particular cruzada contra el tabaco con una batería de medidas que podrían afectar seriamente esta industria en Europa.

El nuevo plan, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo reducir drásticamente el consumo y acercar al continente a lo que denominan una “generación libre de humo”.

La propuesta ha generado, como no podía ser de otra manera, un intenso debate entre gobiernos, asociaciones sanitarias y los propios estancos, que ven peligrar su supervivencia.

El documento, al que ha tenido acceso la prensa europea, detalla acciones concretas como la reducción del número de puntos de venta, el incremento de la edad mínima de compra y la prohibición de nuevas marcas de cigarrillos.

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El sector del tabaco cada vez más contra las cuerdas. Resultado conseguido: sus ventas ya están en mínimos históricos en España

Además, incluye el veto a cualquier tipo de incentivo o apoyo público a productores o distribuidores de tabaco, un cambio que se percibe como el más agresivo desde la aprobación del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Un plan europeo, pero con ambición global

La Comisión Europea acudirá con esta propuesta a la COP 11, la undécima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS, que se celebrará en Ginebra a finales de noviembre.

En el encuentro participarán cerca de 180 países, y el objetivo es presentar una postura unificada de los Estados miembros de la Unión Europea frente a la expansión del tabaquismo.

El plan se alinea con la estrategia global de la OMS, que en los últimos años ha intensificado su presión sobre los gobiernos para restringir la producción, la venta y el consumo de tabaco. Fuentes comunitarias señalan que Bruselas busca “la aniquilación total del tabaco” en un horizonte de dos décadas, priorizando la salud pública por encima del interés económico.

Reducción de puntos de venta y cierre de estancos

En España, el impacto sería inmediato. Según datos del Ministerio de Hacienda, existen 12.858 estancos registrados, una cifra que ya ha caído un 3,2% en la última década.

Las nuevas restricciones podrían acelerar el cierre de establecimientos, especialmente en municipios pequeños donde la venta de tabaco sigue siendo una fuente importante de ingresos. Además, se prohibirán las promociones, descuentos o incentivos que busquen atraer nuevos consumidores.

La inspiración británica en la legislación europea

Una de las propuestas más polémicas incluye restringir de forma permanente la venta de tabaco a las generaciones nacidas a partir de un año determinado, una medida que ya se ha implementado en el Reino Unido para las personas nacidas después del 1 de enero de 2009.

Si prospera, esta iniciativa podría hacer que en pocos años sea ilegal comprar tabaco en Europa para una parte creciente de la población adulta.

Además de limitar el acceso, Bruselas quiere endurecer las sanciones por consumo en espacios públicos y modificar la composición de los productos de tabaco.

Multas más severas para reducir el consumo joven

El Anteproyecto de Ley de Modificación de la Normativa 28/2005, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, ya prevé multas de hasta 100 euros para quienes fumen o vapeen en zonas libres de humo.

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España, Francia y Nueva Zelanda quieren exterminar el tabaco de la sociedad. Todavía no se atreven a la guerra total

Esta cifra triplica las sanciones actuales, que se limitaban a 30 euros. La medida busca frenar el aumento del consumo entre los jóvenes, donde el uso de cigarrillos electrónicos ha crecido más de un 25% en los últimos tres años, según datos del Ministerio de Sanidad.

Cambios en la composición de los cigarrillos

En paralelo, la OMS y la Comisión Europea proponen reducir los niveles de nicotina en los cigarrillos tradicionales, eliminar los productos de tabaco combustible y prohibir los cigarrillos slims, más delgados que los convencionales.

Estas restricciones buscan desincentivar el consumo entre quienes consideran estos productos “más ligeros” o menos perjudiciales, una percepción errónea que las autoridades sanitarias quieren eliminar.

Ampliación de los espacios libres de humo

Una de las medidas más visibles y con mayor impacto social será la extensión de las zonas donde no se podrá fumar ni vapear.

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, trabaja en un proyecto que ampliará los espacios libres de humo a parques infantiles, terrazas de bares y restaurantes, estaciones de transporte, conciertos, eventos al aire libre y vehículos particulares con ocupantes.

Esta medida ya se ha probado en comunidades como Galicia o Cataluña con buenos resultados en la reducción del tabaquismo pasivo.

Expertos en salud pública señalan que este tipo de acciones tienen un impacto directo en la normalización del no consumo, especialmente entre los adolescentes. “Limitar la exposición social al tabaco reduce la probabilidad de que los jóvenes comiencen a fumar”, apunta un informe del Instituto Nacional de Estadística, que cifra en más de 50.000 las muertes anuales relacionadas con el tabaco en España.

Las medidas propuestas por Bruselas han sido calificadas de “extremas” por las asociaciones del sector, que advierten del impacto económico sobre los estancos y la recaudación fiscal. Sin embargo, la Comisión sostiene que los beneficios para la salud pública superarán con creces los efectos económicos.

Bruselas, respaldada por la OMS, parece decidida a avanzar sin retrocesos.

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La crisis causada por el coronavirus es la crisis más grave que ha sufrido la economía Europea desde hace mucho tiempo, sobretodo la economía de España. Las nuevas previsiones de la Comisión Europea es una contracción del economía española en 10,9 por ciento.

Las malas previsiones de las grandes economías en Europa van a provocar una recesión más grave, de lo que se esperaba inicialmente, alejando cada vez más la tan famosa recuperación en ‘V’.

La Comisión Europea espera que la economía española se contraiga un 8,3 por ciento en 2020

La Comisión Europea prevé que Europa se contraiga un 8,7 por ciento, mientras que la Unión Europea se prevé que se contraiga en un 8,3 por ciento.

Las previsiones del próximo año, la Comisión Europea prevé un crecimiento del 7,1 por ciento para España. Pero el crecimiento va a ser menor de lo que lo previsto en Mayo para el conjunto de los socios.

Las previsiones económicas para estos meses de verano solo se actualizan las cifras de crecimiento y de la inflación, y las previsiones de la Comisión Europea para España son que habrá una deflación del 0,1 por ciento para el 2020 y para el año que viene habrá una inflación del 0,9 por ciento.

La negociación del fondo de recuperación es uno de los puntos más conflictivos

También se aspira a cerrar los presupuestos de la Unión Europea para los próximos 7 años, es decir, se tienen que negociar los 1,85 billones de euros de gasto para solucionar los diferentes problemas que ha causado la crisis del covid-19.

Uno de los puntos más conflictivos de está negociación son los criterios para decidir cómo se van a repartir los 750 mil millones de euros del fondo Europeo de recuperación. La propuesta que establece la Comisión Europea, basada en las cifras de empleo durante los últimos 5 años, beneficia a España y a Italia.

Mientras los países miembros de la Unión Europea discuten sobre como pueden superar la crisis causada por el coronavirus, también se ha empezado a negociar cómo y cuándo se empezarían a retirar las ayudas y a empezar a sanear las economías con ajustes fiscales.

En este aspecto, la Comisión Europea no espera que los países miembros presenten ajustes fiscales en sus borradores presupuestarios del 2021. España tendría que reducir su elevado endeudamiento, que puede superar a finales de este año el 120 por ciento del PIB.

Pero la Comisión Europea, ahora mismo, tiene en mente que ahora es el momento de reaccionar frente la crisis causada por el coronavirus para evitar las consecuencias económicas que puede traer.

Ni la Comisión Europea ni ningún miembro espera unos ajustes fiscales inmediatos

El debate para sanear las cuentas públicas de las economías de los países miembros de la Unión Europea, es decir, el cuándo y el cómo se deben retirar las ayudas y ajustar las economías para reducir el endeudamiento, ya está puesto encima de la mesa.

Sin embargo, nadie espera que estos ajustes se realicen de forma inmediata, ya que tanto la Comisión Europea como ciertos miembros de Europa son conscientes de que la transición debe hacerse poco a poco, para evitar los efectos negativos del coronavirus que pueden traer caer en más errores.

El debate para los ajustes, seguramente, será desplazado para el 2022, ya que todo depende de la evolución del coronavirus y si se consigue una vacuna pronto. También se ha pensado en la supresión del límite del 60 por ciento de la deuda pública, y fijar unos objetivos realistas a cada situación.

España está preparando subida de impuestos en contra de lo que piensa la Comisión Europea

El Gobierno de España piensa hacer todo lo contrario que propone la Comisión Europea, ya que en plena crisis económica y con los efectos del coronavirus todavía latentes en la economía, quieren realizar una subida de impuestos a largo plazo.

La Comisión Europea y el Banco de España han recomendado al Gobierno de España apoyar la economía mientras duren los efectos negativos del coronavirus, ya que una subida de impuestos, acompañados de recortes, no deberían hacerse hasta que la economía se den síntomas de una sólida recuperación.

Una subida de impuestos supone un mayor lastre para el crecimiento económico y, por tanto, no es aconsejable realizarlo en medio de la crisis que se está viviendo, ya que no se sabe cuando se va a dar la recuperación de los efectos negativos.

Aplicar esta medida por parte del Gobierno de España puede poner en peligro la recuperación, ya que puede lastrar el consumo que empieza a despertarse de nuevo después del confinamiento o reducir, aún más si cabe, la inversión de las empresas que luchan por sobrevivir.

El Gobierno de España ha puesto encima la mesa un reforma fiscal que prevé un aumento del IRPF a las rentas altas, un incremento del tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas o un aumento de los impuestos especiales y medioambientales.

Mientras el Gobierno de España está pensando en aumentar impuesto, por otra parte Merkel en Alemania ya tiene prevista una reducción del IVA hasta finales del 2020 para estimular el consumo y darle un impulso a la recuperación económica.

En El Blog Salmón | Ayudas fiscales en España respecto al covid y qué están haciendo el resto de miembros de la UE

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La Unión Europea se reunió ayer en el primer debate del fondo Europeo de recuperación.

Ha dado un paso histórico aprobando un fondo Europeo de recuperación de 750 mil millones, de los cuales, 500 mil millones de euros corresponden a subvenciones a fondo perdido y 250 mil millones, corresponden a préstamos.

Se prevé que la propuesta que la presidenta, Ursula Von der Leyen, lleve al Parlamento Europeo para España sea de 77 mil millones de euros en subvenciones a fondo perdido y 63 mil millones de euros en préstamos, es decir, el 18,67 por ciento del total del fondo de recuperación, pero todavía se tendría que negociar mucho ya que esta cifra no es definitiva.

Ursula Von der Leyen pretende que la Comisión Europea sea un órgano emisor de deuda

Ursula Von der Leyen plantea abrir la negociación entre los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para cerrar un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción y sobre el presupuesto de la Unión Europea.

Los aspectos que crean más conflicto, en estos momentos, entre los países miembros de la Unión Europea es la cantidad de las ayudas y cómo va a ser la manera que se van asignar a cada uno de los países.

La Comisión Europea plantea que los socios incrementen de forma importante sus aportaciones y de forma temporal se aumento el techo de gasto de los presupuestos comunitarios.

De aprobarse, este sería el mayor presupuesto de la Unión Europa, y con ese excedente se podría emitir deuda por valor de entre 500 mil millones y 750 mil millones de euros, con la Comisión Europea como órgano emisor.

¿En qué consiste el plan del fondo Europeo de recuperación planteado por Ursula Von der Leyen?

El plan que plantea Ursula Von der Leyen es que aproximadamente el 80 por ciento del dinero captado en los mercados sea para los países miembros de la Unión Europea para dar Facilidad para la Resiliencia y la Reconstrucción (RRF) y de una dotación adicional a la Política de Cohesión.

Del dinero del fondo de Europeo de recuperación estará disponibles por dos instrumentos. El denominado ‘Semestre Europeo’ será desembolsado bajo el compromiso de cumplir con las recomendaciones económicas de la Comisión.

El segundo punto del plan de recuperación se enfoca al 15 por ciento del plan y se va a centrar en el sector privado. Se va a recuperar plan Juncker (herramienta de inversiones estratégicas en industrias clave en las que la Unión Europea tiene gran dependencia del exterior), y se va utilizar como un incentivo de las inversiones a las empresas con garantías europeas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El tercer punto del fondo Europeo de recuperación, es decir, el 5 por ciento del fondo de recuperación se va a centrar a potenciar el sector sanitario de los países miembros de la Unión Europea.

La propuesta de fondo Europeo de recuperación de Von der Leyen, integrada en el presupuesto europeo, supone la respuesta de la Unión Europea ante la pandemia con vistas al largo plazo.

El fondo Europeo de recuperación sabe a poco según lo previsto por el Banco de España

El Banco de España (BdE) ha puesto sus consideraciones encima de la mesa con una reciente publicación sobre cómo se tendría que diseñar el Fondo de Recuperación Europeo, donde indica las necesidades de financiación que necesita cada uno de los países miembros de la Unión Europea que les ha afectado en peor manera el coronavirus.

La previsiones del Banco de España en concepto de Producto Interior Bruto (PIB) es que se reduzca en 8 puntos porcentuales durante este año y en más de 2 puntos porcentuales durante el año que viene.

El PIB indica la cantidad de fondos que debe disponer para ayudar a los países para hacer frente a las amenazas y así poder financiar sus necesidades. La capacidad inicial del fondo de recuperación tendría que ser entre 1 y 1,5 billones de euros.

Por otra parte, la Comisión Europea apuesta por un fondo de recuperación con una fórmula híbrida y, por tanto, el importe del fondo debería superar el billón de euros, por tanto, el primer tramo de subvenciones debería superar los 700 mil millones de euros en forma de préstamos.

España necesita recibir una transferencia de fondos del fondo de recuperación de 100 mil millones de euros, si se tiene en consideración los efectos negativos del coronavirus, por tanto, si la cifra definitiva es inferior le quedarían cortos a España.

Cuál es la mejor fórmula, ¿Subvenciones a fondo perdido o préstamos?

En cuanto a la ventaja de las subvenciones frente a los préstamos, a la hora de configurar el fondo de recuperación, las subvenciones tienen un efecto neutral sobre las primeras de riesgo y, por tanto, dan pie a tener una mayor capacidad para que cada país tenga una recuperación más sostenible en el tiempo.

Por tanto, se puede decir que las transferencias planteadas por la Comisión Europea es la mejor fórmula que se podría plantear para el fondo Europeo de recuperación y, no sólo para España, si no para el resto de los países de la Unión Europea que tienen altas las primas de riesgo.

Una de las solicitudes de España es que el fondo de recuperación se ha cumplido, que era quetenga un doble objetivo que sería de facilitar la financiación para que la deuda soberana de los países miembros siga estable y el otro objetivo sería financiar proyectos estructurales en cada uno de los países.

El fondo de recuperación surge para dar estabilidad a los países miembros de la Unión Europea a medio y largo plazo y, por tanto, el fondo tendría que tener vigencia durante un largo plazo, teniendo que tener una estructura permanente y estar respaldado por los presupuestos de la Unión Europea.

En El Blog Salmón | Este va a ser el papel de la banca en la evolución económica de España

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El Consejo Europe de Ministros de Empleo han adoptado de manera formal decisiones sobre la legislación comunitaria en materia de regulación del empleo y las relaciones laborales.

Las nuevas directivas de conciliación, y mejora de la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales, adoptadas por el Consejo, así como las modificaciones de la directiva de desplazamiento de trabajadores, son medidas que tendrán que ser adoptadas por el ordenamiento jurídico en España.

La creación de una Autoridad Laboral Europea, de futura implantación en Bratislava, va a suponer un punto de inflexión en la coordinación y supervisión de las políticas de empleo en la Unión Europea.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo nos va afectar la creación de la Autoridad Laboral Europea?

En El Blog Salmón

Así es el mercado laboral español: la demanda de empleo de las empresas

La Autoridad Laboral Europea controla la movilidad de los trabajadores

La Autoridad Laboral Europea fue aprobada a finales de 2017, estableció los principios que deben regir la regulación europea sociolaboral, destacando la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo y la protección e inclusión social.

La Comisión Europea impulsó la aprobación de gran parte de las iniciativas para velar por la mejora de la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de la movilidad sostenible, evitar el dumping social y la competencia desleal.

Por esto, el Consejo de ministros europeos de empleo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han desarrollado un paquete normativo con dos directivas en relación con el desplazamiento de los trabajadores. Este proyecto ha reformado el Reglamento 833 de coordinación de sistemas de seguridad social, no desarrollada del todo, y por último, la creación de la Autoridad Laboral Europea.

La Autoridad Laboral Europea tiene la misión principal de coordinar las autoridades nacionales, por el cumplimiento de las normativas comunitarias en materia de movilidad de los trabajadores en aplicación de la libre circulación y prestación de servicios.

La Autoridad Laboral Europea tendrá de un registro de los trabajadores desplazados

La Autoridad Laboral Europea puede exigir a las empresas que desplacen trabajadores a prestar servicios en otros países de la Unión Europea:

• Comunicar anticipadamente a la autoridad laboral el destino de los desplazamientos, para garantizar las condiciones de trabajo en destino que son equiparables a los del país de origen,
• Llevar un registro horario de la jornada laboral.
• Mantener la documentación relativa a dicho desplazamiento.

La normativa española, que aún debe incorporar estos cambios antes de junio de 2020, debe incorporar los 8 días el periodo del desplazamiento a España y desde España a otros estados miembros de la Unión Europea.

Se ha establecido la normativa que durante un período de 4 años se debe mantener disponible la documentación , y la sanción máxima por el incumplimiento a las obligaciones de hasta 180.000 euros por cada uno de los trabajadores que se ha incumplido.

La Autoridad Laboral Europea trabajadora de forma conjunta con la autoridades nacionales

La Autoridad Laboral Europea tiene los objetivos de:

• Asistir a la Comisión y a los estados miembros en la aplicación.
• Cumplimiento efectivo de la normativa comunitaria relativa a la movilidad de los trabajadores.
• Coordinación de los sistema de la Seguridad Social.

Y entre las funciones:

• Sugerir a la autoridad de cada uno de los países realizar inspecciones laborales verificar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

La Autoridad Laboral Europea desarrollará, conjuntamente con las autoridades de cada país y, en su caso, los interlocutores sociales, directrices comunes no vinculantes para su uso en los países miembros, como definir los puntos comunes para la interpretación de la normativa en materia de movilidad de los trabajadores.

Las normativas de Europa transforma el mercado laboral de España

Aunque los ciudadanos europeos siempre ha tenido cierta indiferencia de las políticas que se han impulsado desde los organismos de la Unión Europea, es cada día más presente en la normativa española y, por tanto, en nuestras vidas.

Es por esto, que los agentes políticos, económicos y sociales tomen conciencia de esto y, en consecuencia, participen de forma más activa en el diseño de estas normativas para garantizar su adecuación a las necesidades de la realidad económica y social de cada uno de los países, y en este contexto la transformación de los mercados de trabajo.

Con la creación de la Autoridad Laboral Europea, las empresas deben prepararse y adaptarse a la normativa que se apruebe y, por tanto, para el cumplimiento.

En El Blog Salmón | Así es el mercado laboral español: la demanda de empleo de las empresas

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