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En septiembre del 2010 un juzgado de Sabadell planteo una cuestión de inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias. Para aquellos no versados en temas legales, le pedía al Tribuna Constitucional, a raíz de un caso concreto, que se manifestase sobre si dicha normativa era contraria a la Constitución, y por tanto nula. Hoy, el Tribunal Constitucional ha publicado un auto, de 19 de julio, que resuelve la cuestión planteada: las ejecuciones hipotecarias son constitucionales.

Esta afirmación es quizás un tanto rotunda, y para los menos afectos a la regulación legal, podría sustituirse por algo así como que el Tribunal Constitucional desestima la cuestión de constitucionalidad. Para que juzguéis vosotros mismos conviene aclarar cuáles eran los puntos supuestamente inconstitucionales que veía el juez de Sabadell y cuáles han sido las respuestas del Constitucional, sin perjuicio de que a pie de post os linko tanto la cuestión de constitucionalidad como el auto que la resuelve

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Ayer, la Audiencia Nacional anuló la orden de Presidencia del año 2008 que fija las tarifas y dispositivos a los que está sujeto el canon por vicio radical. La Audiencia argumenta que dicha orden ministerial es un reglamento y que no cumple en ninguno de sus puntos con nuestro ordenamiento jurídico. A partir de esta orden, que queda completamente anulada y a efectos jurídicos es como si no hubiera existido, queda vigente el canon que se fijó inicialmente en la Ley 23/2006 de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en su disposición transitoria única.

Con esta anulación, todas las cantidades cobradas por parte de las entidades de gestión de derechos de autor, contempladas en dicha orden ministerial y que no estén reflejadas en la Ley 23/2006 tienen la consideración de cobros indebibos y por tanto, se ha producido un enriquecimiento ilícito de las entidades de gestión de derechos de autor. En esta tesitura, el Gobierno debería instar directamente a que dichas entidades de gestión devolviesen todas las cantidades cobradas de manera indebida, dado que si permite lo contrario, estaría favoreciendo el enriquecimiento injusto de dichas entidades e incluso la apropiación indebida.

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Como viene de señalar Joan Rosell, Presidente de la CEOE, la gran cantidad de leyes, ordenanzas, reales decretos y otras normativas que publican las distintas administraciones en España, no hacen más que frenar el desarrollo interno y desincentivar la inversión exterior, su atropellada sucesión obliga a un constante seguimiento para no perderse, al tiempo que crea un alto grado de inseguridad nada deseable.

Administraciones con competencias superpuestas, normas que se derogan, se enmiendan o se reforman a los pocos días de entrar en vigor, no sólo crean una alta inseguridad jurídica, lo que ya de por sí es un importante lastre, sino que además exigen un esfuerzo enorme para mantenerse al día en el cumplimiento de las normas que nos afectan.

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El gobierno boliviano decretó ayer una subida en los carburantes de hasta el 83%, con un doble objetivo, por un lado equiparar los precios de la energía al entorno internacional, y en segundo lugar, acabar con el pillaje y el contrabando en un mercado que ha venido siendo subvencionado.

Según ha afirmado el vicepresidente de la nación, Álvaro García, este decreto-ley no afectará a los contratos internacionales de provisión de gas a Argentina y Brasil, por fijarse sus precios mediante contratos privados. Ni a un aspecto tan sensible a su población como la provisión de servicios públicos.

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La ley del juego en España es muy restrictiva, entiendo por juego cualquier mecanismo de apuesta dineraria entre varias personas. Es tan sumamente restrictiva que está prohibido organizar cualquier tipo de juego fuera de los locales habilitados al efecto, como son bingos o casinos o realizar cualquier sistema de apuestas del tipo que sea que no esté fiscalizada por la administración autónomica competente. Estas restricciones persiguen dos efectos, el afán recaudatorio de la tasa impositiva del juego y la higiene en la economía doméstica para evitar la ludopatía.

Con estas tesis, asistimos estupefactos a dos noticias que aplican la ley a rajatabla. La primera, la clausura y precinto de un club de póker de Mijas y la segunda, el precinto de tres bingos de jubilados en Mallorca. En ambos casos, se intuye que la cantidad de dinero que se jugaba no es llamativa. Para el caso del club de póker, con 70 personas en la sala, la recaudación no llegaba a 700 euros (10 euros/jugador) y para el bingo de jubilados, cartones de bingo a 10 céntimos. En ambos casos, se aplica la ley a rajatabla, el juego no autorizado está prohibido de manera independiente a la cantidad de dinero que se mueva, pero claro, jugar a cualquier variante de póker sin fichas y una equivalencia en dinero o al bingo con lentejas, como que no es lo mismo.

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Siempre me encanta la gente que es capaz de hacer de un problema un negocio, de ser capaz de crear algo donde otros no lo vieron o no quisieron hacerlo. Me encuentro con este vídeo en la web de estosololoarreglamosentretodos, una web para dar un vuelco a la situación de falta de confianza que vive la sociedad española, hacen vídeos a emprendedores contando sus historias.

En concreto, Jacinto ha creado su empresa, sevillaalcubo, él ha sabido encontrar una oportunidad de negocio ante una ley de la Junta de Andalucia. En concreto:

“la Ley Andaluza de Protección del Patrimonio Histórico, que establece normas para minimizar la contaminación visual en los entornos de los centros histórico-artísticos de la ciudades andaluzas, la empresa de limpieza pública de Sevilla, Lipasam, está llevando a cabo la retirada de los contenedores de basura y sustituyéndolos por cubos individuales.”

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Nuestra serie de Conceptos de Economía sigue su camino y en esta ocasión vamos a explicar una figura jurídica imprescindible dentro de nuestro oordenamiento jurídico. A la hora de recurrir a la administración de justicia, la aparación del procurador de los tribunales es una figura un tanto desconocida pero imprescindible a la vez para la mayoría de procesos que se inician, bien sea como demandante, bien sea como demandado, dado que su definición en origen erige al procurador como la garantía del justiciable.

Esta figura garantista tiene un doble sentido; dotar de agilidad a todo el procedimiento judicial dado que el procurador actuará frente a todas las decisiones y requerimientos que adopte el tribunal y a la vez garantizará que el procedimiento judicial cumple con las normas previstas, se cumple con la aplicación de las normas de enjuiciamiento y se desliga a los justiciables de todos los requerimientos, trámites y pasos que se llevan a cabo en un procedimiento judicial.

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Continuando con el análisis de la nueva figura societaria adhoc para inversiones mobiliarias sobre las sociedades de cotizadas de inversión mobiliaria, SOCIMI, vamos a dar unas pinceladas sobre el nuevo régimen fiscal al que podrán optar estas nuevas sociedades.

Las sociedades, residentes o no, contabilizarán como ingreso el resultado de multiplicar por 100/82 la cantidad percibida por los dividendos distribuidos con cargo a reservas. No aplicarán exención por doble imposición, pero se deducen de la cuota el 18% de la cantidad integrada. En esta caso, el efecto tributario de los dividendos es nulo para el receptor de los mismos.

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Hoy ha salido publicada en el BOE la ley 19/2009 de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de eficiencia energética de los edificios. Si bien estamos ante una norma que intenta acelerar los procesos de desahucio con la finalidad de fomentar el mercado del alquiler, echo en falta una medida.

Si de lo que se trata es de paliar el perjuicio que sufren los propietarios cuando arriendan los inmuebles, es lógico tener en cuenta la fiscalidad como un escollo más a superar. De todos es sabido que cuando se declara un ingreso en concepto de alquiler, si el inquilino no paga, esa obligación existe sin perjuicio de su posible provisión futura. Vamos, que si bien debe declararse ese ingreso no cobrado, puede descontarse el importe más adelante si no se cobra previos unos condicionantes. ¿Qué problema no se resuelve con esta ley?

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