Sergio Delgado
No hay ninguna duda de que el impago del alquiler se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios de viviendas en España.
Según el Observatorio del Alquiler, el 33% de los arrendadores identifica la falta de pago como su mayor inquietud, mientras que una encuesta de la OCU revela que el 14% de los propietarios particulares ha sufrido algún episodio de morosidad.
Además, la deuda media por impagos ya alcanzó los 8.489,30 euros en 2025, según el mencionado Observatorio del Alquiler. Ese mismo año, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó hasta 18.317 lanzamientos derivados de procedimientos de arrendamientos urbanos.
Y es que, cuando un inquilino deja de abonar las mensualidades y permanece en el inmueble, el casero puede verse obligado a afrontar durante meses los gastos de una propiedad que no le genera ingresos. A ello se suman los procedimientos judiciales necesarios para recuperar la vivienda.
Aunque este es un problema que también afecta al mercado inmobiliario español, no es algo exclusivo de nuestro país. En Irlanda, un propietario de 46 años lleva desde 2024 intentando recuperar una vivienda alquilada cuyo inquilino acumula una deuda cercana a los 20.000 euros.
La situación ha terminado, cómo no, afectando a toda su familia. El hombre continúa pagando la hipoteca del inmueble y, al no poder asumir simultáneamente otro alojamiento, se ha visto obligado a trasladarse con su mujer y sus dos hijos pequeños a casa de familiares.
El inquilino dejó de pagar en junio de 2024
Tal y como informa el periódico digital Irish Times, el propietario adquirió la vivienda en 2007 con la intención de destinarla al alquiler. Durante años mantuvo esta inversión inmobiliaria, hasta que en junio de 2024 comenzaron los problemas con el cobro de las mensualidades.
Ante la acumulación de impagos, en septiembre de aquel año concedió al arrendatario un plazo de 28 días para regularizar su situación económica. Sin embargo, el inquilino no abonó las cantidades pendientes y el propietario le comunicó la resolución del contrato.
El conflicto llegó a la Junta de Arrendamientos Residenciales de Irlanda, que en diciembre de 2024 ordenó abandonar la vivienda en un plazo de 28 días. Pese a aquella resolución, el arrendatario continuó ocupando el inmueble sin satisfacer las rentas reclamadas.
Lleva 18 meses viviendo con familiares por los problemas económicos
Las consecuencias económicas han ido mucho más allá de los aproximadamente 20.000 euros de alquileres pendientes. El afectado continúa haciendo frente a las cuotas hipotecarias de la propiedad, aunque no recibe las mensualidades previstas para cubrir parte de esos gastos.
Su intención era adquirir otra vivienda situada más cerca de su puesto de trabajo. Sin embargo, asegura que lleva más de un año y medio encontrando dificultades para obtener financiación bancaria.
La obligación de seguir pagando la primera hipoteca ha condicionado su capacidad económica y sus posibilidades de acceder a otro préstamo. Como resultado, su esposa, sus dos hijos pequeños y él llevan alrededor de 18 meses alojados con familiares.
"Es traumático", reconoció el propietario en declaraciones recogidas por The Irish Times. Que también expresó su frustración por no poder ofrecer a sus hijos una vivienda propia mientras continúa este conflicto.
Una segunda orden judicial tampoco consiguió recuperar la vivienda
Ante el incumplimiento de la primera resolución, el propietario emprendió nuevas actuaciones judiciales en junio de 2025. En octubre obtuvo otra orden que obligaba al inquilino a desalojar el inmueble antes del 1 de diciembre. Tampoco consiguió recuperar la propiedad dentro del plazo establecido.
"Todo parece tan injusto y, en esencia, recompensa al infractor con una cantidad sustancial de alquiler gratuito", lamentó. El propietario también aseguró que, después de esta experiencia, no tiene intención de volver a alquilar la vivienda cuando consiga recuperarla. "No me siento protegido en absoluto", manifestó.
Según la información publicada en febrero de 2026, el siguiente paso era recurrir a la oficina del sheriff para intentar ejecutar el desalojo.
Imágenes | Irish Times
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