Nuestros cargos públicos y funcionarios de todo nivel están al servicio de la población y todos aquellos que tienen relación con los fondos públicos y la gestión del patrimonio público deben tener bolsillos de cristal y manos impolutas. Esta norma, es la primera de una larga lista que se debe aplicar para eliminar la corrupción en la gestión de los fondos públicos por parte de todos los implicados.
No obstante, a políticos de todos los colores, se les olvidan estas premisas y pretenden justificar robos y expolios como cosas veredes amigo lector. Estas justificaciones se obtienen desde todos los frentes políticos y la última corruptela que se encuentra en manos judiciales está relacionada con Andalucía, expedientes de regulación de empleo y concesión de ayudas públicas a personas que nunca deberían haberlas recibido. En estas lides se ha encontrado inmerso Manolo Recio, actual consejero de empleo, como responsable actual del departamento que ha llevó en el pasado estos desmanes y claro está, intentar sacar la cara por lo inexplicable, trae malas comparaciones y peores frases. La primera explicación que dió Manolo Recio en su blog se sustenta en que la excepción no es la regla y la segunda una ligera confusión entre fraude y otra tipología de delitos relacionados con el patrimonio público.
