Redacción El Blog Salmón
Editor¿Hasta qué punto puede estirarse una pensión? Para Elaine Yates, una jubilada de 77 años residente en una zona rural de Northamptonshire, en Inglaterra, la respuesta es dramática, Viuda desde hace cinco años y tras pasar dos décadas cuidando a su marido a tiempo completo, su economía ha quedado tan debilitada que reconoce no recordar la última vez que usó su horno para cocinar un plato caliente, racionando cada céntimo que entra en su cuenta. Sí, como lo habéis leído.
Si bien recortar en alimentación o en confort térmico es su día a día, manteniendo el termostato a unos austeros 13 grados durante el invierno, hay un gasto fijo del que no puede prescindir: necesita su coche para moverse debido a la artritis que padece. “Son tiempos realmente difíciles, no solo para mí, sino para miles de personas más. Mi coche me cuesta un ojo de la cara. Los precios del combustible están volviendo a dispararse, y vivo en un pueblo, así que necesito el coche porque tengo artritis y no puedo caminar muy lejos. Gasto unas 50 libras a la semana en gasolina, que es más que mi factura de comida”, confiesa en su charla con un reportaje de la BBC.
La importancia del Bono Social Eléctrico
De acuerdo con los datos de la fundación Joseph Rowntree, unos 7,4 millones de hogares británicos con bajos ingresos tienen dificultades para pagar artículos de primera necesidad. Parte del problema quizás esté en una inflación de los alimentos que promedió un 4,1 % frente al 3,6 % general entre mayo de 2025 y mayo de 2026, castigando doblemente a las rentas más humildes. De hecho, la sorpresa hubiera sido que esta escalada no tuviera respuesta política, empujando al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, a prometer una rebaja temporal del IVA de la electricidad doméstica. Pero no hacía falta más. A día de hoy nos encontramos ante un escenario donde la pobreza energética cruza fronteras, obligándonos a mirar cómo protege nuestro sistema a quienes se asoman a una situación similar. Recordemos, para quien no lo sepa, que en España una de las principales ayudas para combatir la pobreza energética es el Bono Social Eléctrico, un descuento directo aplicado en la factura de quienes cumplen los requisitos y tienen contratada la tarifa regulada. Permite que consumidores vulnerables, incluidos determinados pensionistas, puedan aliviar el coste de la electricidad y disponer de más recursos para otros gastos esenciales.
Para garantizar que esta ayuda llegue a quienes más la necesitan, la regulación de 2026 establece descuentos extraordinarios en la factura eléctrica. Durante este año, los consumidores vulnerables pueden beneficiarse de una rebaja del 42,5 %, que aumenta hasta el 57,5 % para los vulnerables severos. En el caso de los pensionistas que cobran la pensión mínima de jubilación o incapacidad permanente, el acceso depende también de que cumplan los requisitos económicos y las demás condiciones exigidas. Por si fuera poco, quienes sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre pueden acceder al Bono Social Térmico, una ayuda anual destinada a sufragar gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Y de qué forma.
Más allá de estas ayudas directas a la energía, otra opción frente a unas facturas disparadas como las que asfixian a la señora Yates es intentar que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo. Por el momento, las previsiones apuntan a que en España las pensiones volverán a revalorizarse en función de la inflación, con una subida que podría acercarse al 3,5 % en 2027, aunque el porcentaje definitivo aún está pendiente de confirmación (y más con elecciones a la vista). Las estimaciones también apuntan a que la pensión media podría superar los 1.400 euros mensuales, si bien la cuantía final dependerá de la evolución de las prestaciones. Sea como fuere, y esto es ya solo mi opinión, queda claro que las matemáticas macroeconómicas no sirven de consuelo cuando un jubilado tiene que pesar al milímetro cada barra de pan.
Imagen | Montaje: Julia Avamotive (vía Pexels) / BBC
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