Ayer los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente, alcanzaron un preacuerdo para la formación de un Gobierno de coalición que forme el primer Ejecutivo compartido en España. Curiosamente lo que fue imposible materializar en seis meses ha sido posible en 24 horas tras los resultados electorales.
En este preacuerdo se nombran diez compromisos, entre los que se incluye la consolidación del crecimiento y la creación de empleo; combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad; la lucha contra la corrupción; medidas contra el cambio climático o el fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; o el equilibrio presupuestario y la justicia social.
Todos estos principios tan generalistas pueden ser compartidos por una gran mayoría, pero el problema, como siempre, es si las medidas son o no las correctas para forjar tales objetivos.
Este principio de pacto entre estas dos formaciones contiene unos riesgos que es justo mencionar para ver las implicaciones reales del Gobierno que puede llegar a formarse. Por primera vez, entraría la extrema izquierda en el Ejecutivo español, aportando unas medidas económicas en contra de la libre empresa, y propenso al dirigismo vía el gasto público.
Tras el anuncio, el mayor riesgo país se penaliza en los mercados
Fue muy interesante la reacción de los mercados ante el anuncio. En primer lugar, la bolsa experimentó un retroceso por el simple anuncio, y sin entrar en detalles sobre qué ministerios y competencias serían atribuidas para cada uno de los partidos que conformaría el nuevo Gobierno y la posición afirmativa para la sesión de investidura.
El incremento del riesgo país se ha empezado a descontar en la renta variable española durante la sesión de ayer, el Ibex entraba en números rojos mientras los números verdes se mantenían en Europa. Al final de la sesión cerca de un punto y media porcentual de pérdidas frente a la bolsa europea.
También podemos verlo desde el punto de vista del mercado de la deuda. Se produjeron ventas que llevaron a que las rentabilidades escalaran a máximos del mes de julio. El bono español a diez años cerró con una TIR del 0,457%.
Esto significa los ahorradores que tenían el ahorro invertido en renta variable y renta fija ya han empezado a ver las consecuencias de esta decisión, con un menor patrimonio por el giro de las expectativas.
Al mismo tiempo, que las rentabilidades de deuda se incrementen significa que serán más caras las emisiones de deuda. En otras palabras habrá que dedicar más recursos relativos del Presupuesto para el servicio de la deuda, en contra del resto de partidas que podrían aprovechar estos recursos en beneficio del ciudadano.
El potencial expolio que se nos viene encima
Recordemos que tanto PSOE como Unidas Podemos comparten una idea: Acercarse a los niveles de gasto público de la media europea. Un objetivo que tiene dos caminos: o más deuda para destinarla al gasto público o bien más impuestos.
Como comentamos recientemente, para llegar a esos niveles hay que apretar a los trabajadores vía Cotizaciones Sociales e IRPF y al global de los consumidores para recaudar casi seis puntos de PIB.
O se renuncia al objetivo de acercarse a la media europea que ambos partidos se comprometieron en sus respectivos programas electorales o la clase media española será azotada mediante un expolio fiscal que debería consolidarse en la próxima legislatura.
Con la mirada de Bruselas encima del objetivo se déficit de las cuentas públicas españolas, ya se avisó que un desvío de próximo a 7.000 millones sobre los objetivos. Un desvío que deberá corregirse con recortes o, en el escenario más probable, más impuestos.
¿Hacia el centralismo impositivo?
Los partidarios a las políticas fiscales centralistas pueden estar de enhorabuena con esta alianza. Ambos partidos apuestan por la centralización de algunos impuestos como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Aunque habrá que ver específicamente el acuerdo de legislatura final que pretendan alcanzar.
Los sistemas administrativos descentralizados permiten un sistema de contrapesos internos a través de una competencia fiscal que nos lleva a dibujar un esquema fiscal favorable a los contribuyentes.
El mayor ejemplo de economía desarrollada y altamente descentralizada es Suiza cuyos impuestos son atractivos para sus ciudadanos y empresas. El ejemplo contrario sería Grecia que destaca en Europa por el centralismo del Estado que origina diversas disfuncionales.
Tender al centralismo impositivo significan anular hay competencia fiscal, ni contrapesos ni, en última instancia, el ciudadano puede discriminar la coacción de su renta por parte del Estado hacia una administración cercana represiva mudándose a otra más favorable a sus intereses.