La nueva ley de la vivienda tenía como objetivo solucionar algunas situaciones injustas. Por ejemplo que personas vulnerables se vieran en la calle precisamente por su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, como dice el refrán, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Y la ley se está volviendo precisamente en contra de los que pretendía proteger. Especialmente de familias con niños y discapacitados.
Lo que dice la Ley de vivienda
La Ley de vivienda amplía los plazos que impiden desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad hasta el 1 de enero de 2024. Estos plazos han sido ampliados en numerosas ocasiones, la última este mismo año, así que está por ver si no se ampliará otra vez más de aquí a final de año. Lo cierto es que actualmente no se puede desahuciar inquilinos en situación de vulnerabilidad y a partir de 2024 el proceso es más tedioso ya que el propietario debe acudir a un servicio de conciliación con el inquilino antes de seguir con el proceso judicial.
Los supuestos en los que una familia cae en situación de vulnerabilidad son, principalmente, de renta, cuando exista situación de desempleo y la renta familiar cae por debajo de los siguientes valores:
Esto es, para una familia sin hijos el límite de renta es 22.589 euros. Con un hijo esta renta sube a 23.342,20 euros o, si es en situación de familia monoparental, 23.718,66 euros. Si son dos hijos la cifra sube a 24.095 euros y 24.848 euros respectivamente.
En el caso de discapacidad la renta sube bastante:
La renta familiar que indicaría situación de discapacidad es de 30.119 euros al año. Esta renta también sería la que marca la vulnerabilidad si existe situación de dependencia.
La Ley también indica que hay compensaciones para los arrendadores, eso sí. Pero dichas compensaciones consisten en "en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento". Es decir, que la compensación no son de las rentas debidas sino lo que indique la administración (después de solicitarlo, que lo aprueben, etc.).
El problema al que se enfrentan los propietarios
Todo esto ha creado una situación que puede ser problemática para los propietarios. Muchas veces se nos muestra a estos como grandes fondos de inversión despiadados y sin escrúpulos pero la realidad es que alrededor del 85% de la vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios (la cifra tiene cierta controversia pero no puede estar muy alejada de la realidad porque no hay grandes oposiciones a ella). Son normalmente familias que a lo largo de su vida han logrado tener unos ahorros y han decidido invertirlos en vivienda, un producto que la mayoría de la gente entiende mejor que la bolsa o fondos de inversión.
Estos propietarios tienen todos los incentivos del mundo para no alquilar a gente que pudiera ser vulnerable. Un criterio claro es la renta de los arrendadores. Pero esto normalmente se cae por su propio peso: si los ingresos son muy justos ya se estaban auto-descartando. Pero familias más holgadas pero con niños o con personas con discapacidad pueden caer fácilmente en situación de vulnerabilidad y el desahucio es entonces, como hemos visto, muy complicado.
Ante un riesgo de dejar de cobrar los propietarios se decantan claramente por inquilinos que den menos problemas, con ingresos más altos y descartando familias con niños y si son monoparentales aún más.
El Estado se pone a proteger sin skin in the game
Esta situación creada por el Gobierno con una ley mal diseñada no es una novedad. El Estado en muchas ocasiones deja en manos privadas los costes del mantenimiento de las personas que necesitan ayuda. Es decir, el Estado en lugar de hacer su trabajo, deja la protección de los vulnerables en manos privadas que no tienen nada que ver. Cuando los que se tienen que responsabilizar de esta situación es la familia cercana (como abuelos que se encargan de sus nietos) la cosa más o menos funciona, pero si no hay ninguna relación la consecuencia es lógica: intentar escabullirse.
El problema de todo esto es que el Estado no tiene skin in the game. Pone a particulares como una barrera de protección social. Y establece unas ayudas claramente insuficientes. ¿Por qué no dice el Estado que si una persona es vulnerable le cubrirá de forma rápida e inmediata sus necesidades de vivenda? La primera respuesta y más fácil es porque no tiene viviendas. Un problema endémico del que llevamos hablando desde la crisis de 2007. Pero ante esto se le puede pedir que asuma los alquileres impagados en su totalidad. Pero claro, eso es caro. Y se presta a fraude (familias vulnerables viviendo en pisos de lujo). Y dice no.
Pero si el Estado no asume ese riesgo, ¿por qué debe de hacerlo un particular? Ahí está el quid de la cuestión. El Estado a veces quiere proteger a los vulnerables sin poner dinero ni gestión ni resolver situaciones complicadas. Y esa es, precisamente, la función del Estado. Pero es mucho más fácil crear leyes con preámbulos muy bonitos y luego poner el grito en el cielo porque no funcionan por supuestos comportamientos indebidos de otros. Pues no. Toca poner skin in the game. Y dejar de delegar tareas que le corresponde.
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