¿Os parece provocadora la pregunta? A mi no tanto. Y mucho menos después de haber leído el post de Antonio Cabrales, en Nada es Gratis, llamado ¿Puede ser buena la corrupción? Tras poner ejemplos históricos de los que pudiese deducirse tal afirmación, Antonio concluye que las paciencias engañan, y que no es así, que los costes que supone la corrupción no compensan las supuestas ventajas. Yo voy a ser un poco más pragmático, y partiendo de la existencia de la corrupción, y concretamente de la urbanística, me limito a preguntar qué tipo de corrupción urbanística queremos.

La pregunta no es baladí. Ya antes de la crisis, pero especialmente con ella, hay quien se ha planteado seriamente eliminar las competencia urbanística del ámbito municipal. Entienden que la mayoría de los ayuntamientos no están preparados en el mejor de los casos, y que en el peor, son presa (o cómplice) fácil de las corruptelas de de agentes inmobiliarios de medio pelo. Incluso, hay quien apuesta por quitar las competencias que en materia de suelo y ordenación del territorio poseen las comunidades autónomas. Aducen criterios de vertebración territorial, de unidad de mercado, pero, y aquí entre nosotros, sotto voce, también hay una creencia de que resulta más fácil acceder de aquella manera a determinadas instancias.

El optar por uno u otro modelo, y salvo para espíritus inocentes que crean en el dogma de la Inmaculada Conccepción para la Administración Central, no deja de ser, de algún modo, una apuesta sobre los modelos de corrupción urbanística que preferimos, en el sentido de optar por aquellos que percibamos como menos dañinos. Me explico:

• Si optamos por el modelo centralizado hasta sus ultimas consecuencias, donde todo debe ser supervisado y controlado desde Madrid, es fácil comprender que los potenciales corruptores disminuyen en número y aumentan en tamaño. Se necesita una potencia financiera, de contactos, de un calibre tal que deja fuera a muchos candidatos. El problema es que los casos seguramente serían muchó mas voluminosos, implicaría a empresas de tal tamaño y a niveles de Administración decon tan altas responsabilidades, que seguramente tendríamos muchos menos caso, pero los que habría supondrían un riesgo sistémico y seguramente serían más difíciles de doblegar desde el Poder Judicial.
• Si nos quedamos con el modelo actual, ya conocemos sus consecuencias. Una legión de pequeños casos diseminados por la piel de toro, miles de candidatos susceptibles de ser sobornados y con capacidad de decisión. Seguramente exige un trabajo ímprobo de persecución judicial, y muchos se van de rositas, pero su relación de fuerzas con el aparato de Justicia es beneficioso para esta última. Quizás el problema aquí viene por la visibilidad de la corrupción, mucha mas clara y conocida, lo que hace que si bien individualmente no pongan en solfa nuestro Estado, conjuntamente generan un clima en la opinión publica que lo deslegitima, con consecuencias insospechadas.

Pues eso, y por tercera vez: ¿qué tipo de corrupción urbanística queremos?

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