
Aquellos veteranos del blog que acostumbréis a leer mis entradas (gracias) sabreis que, uno de vosotros, Albert, suele discrepar conmigo con frecuencia. Desde aquí mi agradecimiento, pues considero que en eso debe consistir un blog, en que haya intercambio civilizado de pareceres. También me gusta encontrarme con otros de vosotros muy cercanos a mis planteamientos, pero solo el confrontar tus ideas con otros que no piensen como tu permite el comprobar la solidez de tus planteamientos.
Pues bien, suelo decirle a Albert que yo siempre le pido un plus a los funcionarios y políticos que ejercen cargos públicos. Considero que, debido a su carácter representativo, al poder del que se hallan investidos, sus actos son mucho más perjudiciales que los equivalentes cometidos por particulares. Aunque mi reproche es ético, de hecho, emplear dicha condición suele agravar la pena e incluso en ocasiones hay delitos que solo pueden ser cometidos por dichas personas (funcionarios, cargos públicos). Pues bien, me acabo de llevar un chasco, ya que el Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de mayo de 2009 acaba de darle la vuelta a dicha argumentación, estableciendo un blindaje penal en asuntos económicos para estos servidores de la res pública.






El otro día la Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, contestó una pregunta en el parlamento acerca del escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico. En dicha pregunta dejó claro que el Estado no sufragará las pérdidas de la gente afectada, ya que los responsables son los gestores y no el Estado. Por otro lado ha apuntado a que se está preparando una ley sobre las inversiones en bienes tangibles para que una cosa así no vuelva a suceder.