Tras conocerse los resultados de las elecciones municipales y autonómicas (en las Comunidades Autónomas que concurrían a los sufragios), se ha confirmado el giro político en España, surgiendo la gran pregunta: ¿y ahora qué?
Con ello los españoles han mostrado su voluntad para el cambio, depositando su confianza al principal partido de la oposición de manera mayoritaria con la convicción de que los aires frescos en la gestión serán diferentes, y depositando su confianza para que el Partido Popular nos permita salir de la crisis en esta legislatura.
En mi opinión, sin entrar en la discusión política sobre si la gestión económica de los populares es mejor que la de los socialistas, no creo que la solución al problema venga únicamente por un cambio en la gestión, puesto que al tratarse de una crisis estructural y no de coyuntura, debemos cambiar algunos aspectos fundamentales en el funcionamiento de las relaciones económicas e institucionales del Estado español, en un país cuya sobredimensionada estructura administrativa supone un lastre económico para la consumación de un nuevo ciclo de bonanza que permita la generación de empleo y riqueza.
Los nuevos gobiernos que se formarán tras los comicios del pasado domingo, tienen la obligación moral de responder a las demandas de cambio de los españoles, que tras apreciar que no salimos de nuestro letargo económico, hay que armase del valor suficiente para operar con manos de cirujano un sistema en crisis, dando respuesta a cuestiones: ¿es apropiado que el Estado del Bienestar funcione de la forma actual?, ¿nos podemos permitir el mantenimiento de más de 8.000 ayuntamientos?, ¿se deben modificar la legislación en el mercado de trabajo para impulsar la actividad económica?, y así un largo etcétera de cuestiones.
Compartirán conmigo que cuando el ciclo económico es boyante el margen de error es mucho más holgado, y que en esta ocasión el tiempo es oro, porque si resulta fallido este intento de cambiar las cosas en España, no habrá margen, ni recursos ni ilusión para intentarlo de nuevo ni para restaurar la confianza internacional sobre nuestra economía.
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