España se encuentra a las puertas de unas elecciones generales que determinarán el destino del país en los próximos años y se celebran el próximo 23 de julio.
En este escenario político trascendental, es esencial realizar un exhaustivo análisis de los programas económicos de las cuatro principales formaciones políticas que se espera obtengan representación parlamentaria. Estos partidos son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Vox y Sumar. Cada uno de ellos presenta propuestas y enfoques distintos en materia económica que tocarán en mayor o menor medida el bolsillo de los ciudadanos, ¿qué plantean?
El PSOE y su apuesta contra la competencia fiscal
El Gobierno de coalición encabezado por el PSOE ha experimentado un aumento en la recaudación debido al efecto de la inflación en las principales figuras tributarias, y desde su perspectiva, consideran que es mejor que ese excedente sea gestionado por la Administración en lugar de ser devuelto al ciudadano.
¿Qué podemos encontrar en su programa con relación a las principales figuras impositivas? No esperemos rebajas de los tipos de los principales tributos, ni tan siquiera a las rentas bajas. En cuanto al IRPF, aseguran que mejorarán los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el impuesto. Además, se coordinarán con los bancos para crear una cuenta destinada a la adquisición de vivienda, cuyas aportaciones (limitadas a 2.000 euros) y rendimientos estarán exentos del pago del IRPF.
En lugar de intentar promover un Impuesto de Sociedades atractivo para atraer inversión extranjera, el programa económico apuesta por evitar la competencia fiscal entre territorios: "Continuaremos impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales".
La propuesta contra la competencia fiscal no es solo a escala supranacional, sino que también PSOE abarca las administraciones intermedias. Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, un impuesto cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 100% de la cuota establecida. El PSOE prefiere "avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".
El Partido Popular y su tibieza para bajar impuestos
El Partido Popular (PP) ha hecho de la rebaja de impuestos una de sus promesas más recurrentes. Su programa incluye reducciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, plantea la eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.
Sin embargo, a pesar de estas propuestas, el programa del PP carece de especificidad en cuanto a la rebaja impositiva. El documento simplemente señala que se corregirán los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, se reducirá temporalmente el IVA en productos como carne, pescados y conservas, se eliminará el impuesto a las grandes fortunas, y se simplificarán el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con un enfoque en aquellas empresas con pérdidas y las que aumenten su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.
En una entrevista, Juan Bravo, responsable del diseño del programa económico del PP, mencionó algunos puntos adicionales. Señaló que las rebajas fiscales no serán indiscriminadas, sino que tendrán un propósito específico, como rebajar el IRPF para fomentar el consumo. También mencionó que habrá una deflactación en el IRPF dirigida principalmente a aquellos que ganan menos de 40.000 euros al año. Aunque el Gobierno ha recaudado 5.000 millones de euros adicionales por el IRPF en los primeros cinco meses, Bravo negó que se vaya a devolver esa recaudación extra, afirmando que la rebaja no estará por debajo de los 1.500 millones de euros y seguramente será incluso superior.
En cuanto a los autónomos y las pymes, el PP se compromete a ampliar la tarifa plana de 50 euros durante el primer año para los nuevos autónomos y a establecer un sistema de aplazamiento automático de cuotas para aquellos que enfrenten dificultades económicas. Además, busca facilitar el acceso a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, simplificar los requisitos de cotización y mejorar las condiciones fiscales para las pymes que aumenten su plantilla o realicen inversiones en innovación.
Vox y su atractiva rebaja impositiva (sobre el papel)
En contraste con el Partido Popular, el programa económico de Vox ofrece una mayor precisión en cuanto a cómo se modificarían los principales impuestos. Proponen un tipo único reducido del 15% en el IRPF para bases imponibles inferiores a 70.000 euros, y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esa cantidad. También plantean exenciones de 22.000 euros anuales en rentas del trabajo, sin importar si se tienen uno o dos pagadores.
Además, proponen tipos reducidos de IVA al 8% y un tipo general al 18%, junto con la eliminación del IVA para la adquisición de la primera vivienda habitual y la eliminación de la doble imposición en artículos ya gravados con impuestos especiales. En cuanto al Impuesto de Sociedades, Vox propone una reducción progresiva y continua del tipo hasta llegar al 15%, además de la simplificación de dicho impuesto.
Aunque bajar los impuestos puede resultar atractivo para muchos votantes, Vox carece de una memoria económica detallada que explique el impacto de estas medidas en las cuentas públicas y en la estabilidad presupuestaria.
Además, en cuanto a la reducción del gasto público, Vox propone medidas generales sin detallar los ahorros que se obtendrían con cada una de ellas, como la revisión y racionalización de las Administraciones Públicas, la supresión de las oficinas de implantación de la Agenda 2030 y la reestructuración de la Administración, incluyendo la eliminación de ministerios, secretarías de estado y direcciones generales que se consideren inútiles.
Sumar y su herencia universal financiada por las grandes rentas y patrimonios
La plataforma que integra Sumar tiene como objetivo principal recaudar más a través de incrementar la presión fiscal para implementar su acción política. El programa propone una serie de medidas fiscales destinadas a aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Para lograrlo, se plantea ampliar el número de tramos a partir de los 120.000 euros, aplicando tipos marginales crecientes. Del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros.
Los ahorradores están en el punto de mira. Se propone equiparar los tipos impositivos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo, afectando a las rentas del capital a partir de los 120.000 euros, con el objetivo de alcanzar al menos un tipo del 30%.
En el ámbito del IRPF, se plantea evaluar y eliminar aquellas deducciones que carezcan de justificación económica, muchas de las cuales además reducen la progresividad del impuesto. Esta medida busca garantizar una mayor equidad en la tributación y eliminar beneficios fiscales injustificados.
En el impuesto de sociedades, se propone condicionar los beneficios fiscales para las SOCIMIS, EDAVS y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la contribución al interés general de los proyectos que realicen. De esta manera, se busca fomentar la inversión con impacto social y promover el desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
El programa también contempla la implementación de un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos, con el fin de incentivar su desarrollo y evitar la especulación. Esta medida busca aprovechar los recursos y garantizar un uso eficiente del suelo.
La única reducción de impuestos en el programa de Sumar la vemos vinculada a la vivienda. Se propone reducir el IVA para proyectos de vivienda destinados al alquiler social y asequible. Esta medida busca favorecer el acceso a la vivienda para aquellos sectores de la población con mayores dificultades económicas, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Por último, el programa contempla el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios, con el objetivo de reducir la desigualdad y financiar políticas sociales. Aunque no se especifica de manera concreta, el objetivo no es otro que financiar su medida estrella de una «herencia universal» de 20.000 euros, que se hará efectiva al cumplir los 23 años, para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse.
En este caso, tampoco se acompaña de una memoria económica que evalúe el impacto aunque las estimaciones apuntan a unos 10.000 millones de euros que supone multiplicar por 15 la recaudación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Hoy el tipo del impuesto es del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros, ¿cómo lo harán sin provocar un efecto huida?