Redacción El Blog Salmón
EditorHay motivos de sobra para pensar que los organismos públicos vigilan con lupa el dinero de todos, pero el último dispositivo de la Policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Murcia deja claro que los controles rutinarios a veces destapan irregularidades importantes. Según recoge Europa Press, un operativo ha permitido detectar irregularidades relacionadas con el cobro de prestaciones por desempleo, con un impacto económico estimado de casi 180.000 euros. Tras detectar un volumen anormalmente alto de solicitudes en la capital, muchas vinculadas al uso de documentación falsa y a suplantaciones de identidad, los agentes pasaron a la acción. De los 231 beneficiarios citados presencialmente para verificar sus expedientes, 141 decidieron no acudir. Era una noticia esperada.
De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, los 90 usuarios que sí comparecieron recibieron información detallada sobre las obligaciones legales que exige la percepción de estas ayudas. Pero ¿qué pasa con los que se quedaron en casa? De los 141 ausentes, a 68 se les ha impuesto un mes de suspensión de la prestación por cometer una infracción leve, una medida que supone un ahorro de 56.446 euros. A otros 73 se les han paralizado los cobros, reteniendo otros 43.347 euros. Basta con hacer números: la primera cantidad equivale a unos 830 euros por persona, mientras que la segunda ronda los 594 euros. Y es que el cruce de datos puede sacar a la luz irregularidades que terminan teniendo consecuencias económicas.
De forma paralela, las autoridades han iniciado el procedimiento de extinción definitiva del derecho a otras 13 personas. El motivo, según la información publicada, es que habían fijado su residencia o realizado un traslado al extranjero sin comunicarlo previamente al SEPE. Y esto nos lleva a la letra pequeña de la ley. Aunque muchos asumen que cobrar el paro permite moverse libremente por el mundo, la normativa exige comunicar los desplazamientos al extranjero cuando así corresponde. Las consecuencias dependen de las circunstancias: pueden incluir la suspensión o la extinción de la prestación. Esta última actuación permitiría evitar el desembolso de otros 79.120 euros, casi 6.100 euros por persona, lo que eleva el importe total a 178.913 euros. El propio SEPE explica las condiciones aplicables a quienes se trasladan al extranjero.
Pero vayamos a lo que nos afecta como cotizantes y posibles beneficiarios de estas ayudas. Si algo nos aclara este caso y otras investigaciones recientes por cobros indebidos es que ignorar un requerimiento del SEPE puede salir caro. De acuerdo con los artículos 24 y 47 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no comparecer ante la entidad gestora de las prestaciones cuando se nos cita sin causa justificada puede constituir una infracción leve, castigada con la pérdida de un mes de prestación en la primera ocasión.
De hecho, la ley establece una escala de sanciones para las infracciones leves reiteradas. Si se comete una segunda infracción dentro del periodo legal aplicable, la penalización sube a tres meses; en la tercera, a seis meses, y en la cuarta se pierde el derecho a la prestación. No estamos hablando de un castigo arbitrario o de un aviso de cortesía, sino de la aplicación de una norma que busca proteger los fondos comunes, algo similar a lo que ocurre cuando la Justicia detecta que alguien provoca su propio despido para cobrar el paro. Por su parte, las administraciones pueden recurrir a mecanismos de comprobación y cruce de datos para detectar posibles irregularidades.
Imagen | Policía Nacional
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