Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

Cobrar una ayuda pública exige cumplir a rajatabla una serie de requisitos de residencia e ingresos, y saltárselos puede salir muy caro. Esto es lo que le ha ocurrido a una mujer que, tras pasar largas temporadas en Marruecos, se enfrenta ahora a una contundente reclamación económica de la Administración. Tal y como explica la sentencia 1945/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fallo judicial confirma la decisión previa adoptada por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, desestimando de forma íntegra el recurso de la demandante. El caso deja una lectura de fondo clara, tal como explican en Noticias Trabajo: el control sobre el gasto social se recrudece y los requisitos normativos no admiten flexibilización.

El contador de días fuera de España

La legislación actual vigila de cerca los periodos que los perceptores de subsidios pasan fuera de las fronteras españolas. De acuerdo con los datos jurídicos del caso, la beneficiaria permaneció un total de 680 días en el extranjero repartidos a lo largo de varios ejercicios: 135 días en 2018, 136 días en 2019, 260 días en 2020 y 149 días en 2021. Estas cifras rebasan con creces el límite legal, que está fijado en un máximo de 90 días por año natural de ausencia.

La clave está en el artículo 10.2 del Real Decreto 357/1991, el cual estipula de forma nítida la obligación de mantener la residencia en España para conservar este tipo de prestaciones no contributivas. El criterio de los magistrados determina que sobrepasar dicho tope temporal de 90 días es un motivo automático y suficiente para extinguir el derecho del ciudadano, sin necesidad de que la Administración tenga que probar un traslado formal o permanente de la residencia habitual a otro país.

Un nivel de ingresos familiares desbordado

El absentismo territorial no fue el único desencadenante de la retirada de la asignación; la situación financiera de su entorno doméstico también quebrantó los topes autorizados. En el año 2021, los recursos económicos de la unidad de convivencia de la afectada escalaron hasta los 73.291,08 euros. Esta cantidad se sitúa a una distancia sideral del umbral máximo permitido por ley para su modelo familiar, que estaba establecido en torno a los 33.835,20 euros.

La afectada convivía con parientes directos dentro del mismo hogar. Aunque en el año 2013 este núcleo familiar estaba compuesto por cinco integrantes, durante el periodo temporal analizado por el tribunal el número de miembros se redujo a tres. A pesar de esta reducción de convivientes, los ingresos conjuntos del hogar se elevaron sustancialmente debido a que una de las hijas percibía de forma simultánea una pensión de incapacidad.

Por su parte, las asignaciones particulares de la demandante consistían en una pensión no contributiva de invalidez de 604,20 euros al mes, a la que se añadía un complemento adicional que oscilaba entre los 36,03 y los 37,69 euros desde diciembre de 2013. A este dinero se sumaba además otra prestación mensual procedente de Marruecos por valor de 96,68 euros.

Reclamación retroactiva y el argumento de la pandemia

Ante la acumulación de estas faltas, la Generalitat de Cataluña resolvió anular la prestación con efectos retroactivos a contar desde el mes de junio de 2018. Esta medida implica la exigencia de un reembolso total de 32.857,20 euros en concepto de cantidades percibidas de manera indebida. Dentro del desglose de los cobros efectuados por la demandante consta que llegó a ingresar 8.458 euros durante el año 2021, así como un último pago de 764,40 euros en enero de 2022 en el que venían incluidos diversos atrasos y los importes vinculados al complemento del subsidio.

Durante el proceso judicial, la defensa de la mujer argumentó que las estrictas restricciones de movilidad internacional provocadas por la crisis de la covid-19 en el año 2020 resultaron determinantes al impedir su retorno a España. Sin embargo, el tribunal desestimó esta justificación de fuerza mayor. Si bien los magistrados reconocieron la excepcionalidad del contexto de la pandemia, recordaron que las autoridades mantuvieron operativos canales y mecanismos específicos para la repatriación y el regreso de ciudadanos, invalidando así la permanencia prolongada en el extranjero de forma justificada.

En definitiva, esta resolución judicial afianza una doctrina muy estricta y rigurosa en la gestión de las prestaciones del sistema público. El dictamen recuerda a los ciudadanos que las ayudas vinculadas a la invalidez no contributiva permanecen estrictamente ligadas a la permanencia física en España y a la contención de las rentas familiares, sin que quepa espacio para la flexibilidad administrativa cuando se comprueba un incumplimiento manifiesto de las reglas del juego.

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El nuevo copago farmacéutico ya está en vigor y cambia una de las reglas más importantes para quienes tienen que retirar medicamentos con receta de forma habitual.

En España, el copago es la parte del precio de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud que pagan los usuarios cuando los retiran en la farmacia. El resto del importe lo cubre la sanidad pública, mientras que la aportación depende de factores como la renta, la situación laboral o si la persona es pensionista.

Nuevo copago farmacéutico

La reforma no elimina la aportación de los usuarios, pero sí introduce más tramos de renta y nuevos topes mensuales para personas en activo con ingresos bajos y medios.

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Hasta el momento, muchos trabajadores no tenían un límite mensual específico en su aportación farmacéutica, aunque tuviesen rentas modestas o tratamientos prolongados. Con el nuevo sistema, los trabajadores y beneficiarios con rentas inferiores a 35.000 euros tendrán un techo mensual de gasto. En el tramo más alto de ese grupo, el límite será de 61,75 euros.

La reforma se aprobó mediante el Real Decreto-ley 11/2026, que modifica la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Según el Ministerio de Sanidad, el objetivo es hacer el sistema más progresivo y proteger a pacientes con tratamientos crónicos, prolongados o de alta necesidad terapéutica.

Los trabajadores pasan de tres a seis tramos

El principal cambio afecta a los trabajadores en activo. El sistema anterior agrupaba a muchos contribuyentes en tramos muy amplios, de modo que personas con niveles de renta bastante distintos podían acabar pagando el mismo porcentaje por sus medicamentos.

Desde ahora, los tramos se dividen con más detalle: los trabajadores con una renta inferior a 9.000 euros anuales seguirán pagando el 40 % del precio del medicamento, pero tendrán un límite máximo de 8,23 euros al mes; entre 9.000 y 17.999 euros, la aportación también será del 40 %, con un tope mensual de 18,52 euros.

El tercer tramo es el que explica el dato de los 62 euros: quienes tengan una renta anual entre 18.000 y 34.999 euros pagarán el 45 %, pero con un límite mensual de 61,75 euros.

A partir de ahí, también se reorganizan los porcentajes, pero desaparece el tope mensual. Entre 35.000 y 59.999 euros se pagará el 45 %; entre 60.000 y 99.999 euros, el 50 %; y por encima de 100.000 euros, el 60 %.

El objetivo del Gobierno es plantear una redistribución más equitativa de las aportaciones en función de las rentas de los trabajadores. La idea de fondo es que el copago no dependa solo del porcentaje aplicado a cada medicamento, sino también de la carga acumulada que puede soportar una persona a lo largo del mes. Para quien compra medicamentos de forma puntual, el cambio puede ser poco perceptible. Para quien necesita varios tratamientos o tiene una enfermedad crónica, el límite mensual puede marcar una diferencia mayor.

Cambios para los pensionistas

La reforma también modifica el copago de los pensionistas, aunque en este caso ya existían topes mensuales. Los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros mantendrán una aportación del 10 %, con un límite de 8,23 euros al mes.

La novedad más relevante está en el nuevo tramo intermedio para quienes tienen rentas entre 18.000 y 59.999 euros. En este caso, el copago seguirá siendo del 10 %, pero con un tope mensual de 13,37 euros. Para rentas entre 60.000 y 99.999 euros, el límite será de 18,52 euros. Y quienes superen los 100.000 euros anuales pagarán el 60 %, con un máximo de 61,75 euros.

Además, la norma ajusta la exención para pensionistas con menores rentas vinculándola a los complementos por mínimos, para evitar que una revalorización de la pensión pueda hacerles perder automáticamente esa protección.

Un nuevo sistema de protección

El cambio no significa que todos los medicamentos pasen a ser más baratos ni que desaparezca el copago farmacéutico. Lo que hace la reforma es introducir más progresividad y limitar el gasto acumulado de los colectivos que podían quedar más expuestos.

Sanidad estima que la medida tendrá un impacto presupuestario de 265,63 millones de euros. La justificación del Gobierno es que el coste de los medicamentos puede convertirse en una barrera para seguir un tratamiento, especialmente entre pacientes crónicos o polimedicados.

En la práctica, la reforma corrige uno de los aspectos más discutidos del copago farmacéutico: la situación de trabajadores con rentas bajas o medias que, pese a tener tratamientos continuados, no contaban con la misma protección mensual que otros colectivos. No desaparece el copago, pero sí se acota mejor su impacto cuando la factura de los medicamentos se acumula mes a mes.

Tal y como recogen los datos de Noticias Trabajo del Huffpost, la Orden PJC/297/2026 fija realidades contrapuestas para este ejercicio. Mientras la base máxima de cotización se sitúa en 5.101,20 euros al mes, la pensión máxima que se puede cobrar se queda en 3.359,60 euros.

Pagar más para recibir menos de lo proporcional. Esa es la paradoja que viven miles de cotizantes de salarios elevados en España. La diferencia entre lo que un asalariado topado ingresa al sistema y lo que luego puede retirar de él roza los 1.742 euros mensuales en 2026. Este desajuste no es un mero detalle técnico, sino el síntoma de un modelo que prioriza la vertiente asistencial sobre el reconocimiento al esfuerzo contributivo prolongado, abriendo un debate profundo sobre la equidad de nuestro sistema. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, ha analizado en un vídeo en YouTube si realmente interesa cotizar por el máximo.

El límite legal de la proporcionalidad

El núcleo del problema radica en que nuestro modelo de reparto tiene un techo de cristal insalvable. Quien cuenta con una base reguladora teórica elevada se encuentra con que sus aportaciones mensuales no se traducen directamente en su nómina de jubilado.

El experto señala que "el principio de contributividad en la Seguridad Social establece una relación de proporcionalidad entre lo que una persona aporta al sistema a través de las cotizaciones sociales y lo que recibe como prestación". Sin embargo, las reglas vigentes alteran esta máxima. Al ser preguntado sobre si realmente compensa hacer el esfuerzo de cotizar por la cuantía máxima, Muñoz advierte de que "la cuestión es muy compleja y tiene muchos matices" y añade de forma directa: "Veámoslo con diferentes supuestos".

Tres escenarios para entender el sistema

Para desgranar el impacto real, el especialista dibuja tres perfiles laborales muy distintos. El primero de ellos corresponde a un empleado que alcanza la jubilación ordinaria a los 65 años habiendo acumulado 40 años cotizados, casi en su totalidad por el tope más alto. Sobre el papel, este cotizante habría consolidado el derecho al 100% de una base reguladora teórica cercana a los 5.000 euros al mes. La realidad administrativa, no obstante, cercena esta expectativa. El funcionario relata que "como máximo podrá cobrar la pensión máxima, que son 3.359,60 euros". Lo llamativo es que, bajo este prisma, "ya de por sí se observa un importante desequilibrio entre la base por la que se cotiza y la pensión que se recibe, de casi 2.000 euros de diferencia".

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Existe un segundo escenario que matiza esta pérdida de rentabilidad. Si un trabajador ha sufrido baches en su trayectoria laboral (como periodos con sueldos reducidos, empleo a tiempo parcial, lagunas de cotización o años en los que dependió de un subsidio), la aportación máxima adquiere una utilidad diferente. En estos supuestos, realizar cotizaciones elevadas sirve para elevar la media de la base reguladora, amortiguando de forma notable el impacto negativo de los años más precarios.

El tercer supuesto ofrece la comparativa más extrema del análisis. Por un lado, se examina a un cotizante con 40 años de carrera laboral con sueldos altos, siempre en la base máxima, que decide acceder a la jubilación anticipada a los 63 años, es decir, dos años antes de la edad ordinaria. Su base reguladora se sitúa en 5.101 euros y le correspondería el 100%. Sin embargo, al adelantar el retiro, la Seguridad Social le aplica unos coeficientes reductores del 19%, reduciendo la cuantía teórica a 4.132 euros. Al rebasar todavía el tope máximo del sistema, la penalización se calcula directamente sobre la pensión máxima, haciendo caer la prestación a 2.721 euros. Tras aplicarse la correspondiente retención del IRPF del 20,42%, la pensión neta mensual líquida que recibe se reduce a 2.165,59 euros.

Frente a esto, el segundo perfil muestra a alguien que tan solo ha cotizado 15 años a lo largo de su vida, bajo la modalidad de tiempo parcial y con una base de cotización de 1.100 euros al mes. Este trabajador se jubila a los 65 años aportando además la circunstancia de tener un cónyuge a su cargo. Por sus años de servicio tiene derecho al 50% de su base reguladora, lo que arrojaría una cifra de 550 euros. Como este importe se sitúa por debajo del umbral mínimo legal, el sistema le asigna los correspondientes complementos por mínimos. De este modo, su pensión final se fija en 1.127 euros mensuales, quedando además exenta de retenciones de IRPF.

El contraste salta a la vista. En palabras del propio Muñoz: "El primer trabajador ha aportado al sistema 40 años con bases muy altas y no recibe ni el 50% de lo que cotiza. Por su parte, el segundo trabajador, habiendo cotizado solo 15 años a lo largo de su vida laboral, recibe más del 100% de lo que ha cotizado".

Las demandas de reforma y el 'Objetivo 40'

A raíz de estas distorsiones, el funcionario formula tres reflexiones clave sobre el presente y futuro del modelo de previsión social. En primer lugar, aclara que, a pesar de estas incoherencias en términos de proporcionalidad, "cuantos más años cotizemos y más cantidad cotizemos, mejor, porque nuestra pensión de jubilación será más alta". El esfuerzo sigue traduciéndose en una mejor prestación final en términos absolutos.

La segunda consideración contiene una crítica directa hacia el diseño de las políticas públicas. "El Gobierno debería reforzar más aún el principio de contributividad", sostiene Muñoz. Aunque valora positivamente que las recientes reformas hayan apuntalado los mecanismos de solidaridad y asiente que "eso es bueno", advierte de que el avance se está logrando a costa de penalizar la correspondencia de aquellos que realizan las mayores aportaciones.

Por último, la tercera reflexión conecta con una iniciativa política: la moción aprobada en el Congreso de los Diputados a finales del año 2025. El funcionario reclama al Ejecutivo la implantación del denominado "objetivo 40". Esta medida persigue que los trabajadores que sumen 40 años de cotizaciones efectivas tengan la opción de jubilarse de forma anticipada cuando lo deseen, sin verse sometidos a penalizaciones en sus ingresos, una reivindicación histórica de colectivos como la plataforma ASJUBI40. Para Muñoz, la conclusión es nítida: "No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones".

El gran dilema entre solidaridad y esfuerzo contributivo

En definitiva, la configuración de la Seguridad Social para 2026 expone una de las tensiones clásicas de la política económica: el equilibrio entre la equidad distributiva y el incentivo al esfuerzo contributivo. Mientras las redes de seguridad protegen con eficacia los mínimos de las carreras laborales más frágiles, el sistema impone un fuerte peaje implícito a los salarios más altos que garantizan su viabilidad financiera. Resolver esta asimetría sin comprometer las cuentas públicas será el gran reto de los próximos años.

Imágenes | YouTube (Alfonso Muñoz Cuenca)

La Seguridad Social prepara una importante modificación en el cálculo de las pensiones contributivas a partir de 2026.

Se trata de un cambio orientado a mejorar la cuantía de las prestaciones de jubilación de las personas que, por motivos familiares o de cuidado, hayan tenido interrupciones en su vida laboral.

Este nuevo modelo de integración de lagunas busca compensar los periodos sin cotizar y reducir la brecha de género que aún persiste en el sistema público de pensiones.

La medida beneficiará principalmente a mujeres trabajadoras, aunque también podrá aplicarse a hombres que acrediten haber visto afectada su carrera profesional por el nacimiento o adopción de hijos.

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Con esta modificación, el Gobierno pretende que quienes tuvieron que detener su trayectoria laboral por motivos de conciliación no vean penalizada su futura pensión de jubilación, reforzando así el principio de igualdad dentro del sistema contributivo.

Una medida con respaldo legal y enfoque social

La nueva regulación se recoge en la Disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este apartado complementa el artículo 209.1.b) de la misma norma, que ya preveía un mecanismo de integración de lagunas, pero ahora lo amplía en beneficio de los colectivos más vulnerables.

En la práctica, la Seguridad Social rellenará los meses sin cotizar dentro del periodo de cálculo de la base reguladora con porcentajes de la base mínima de cotización vigente, incrementando así el valor final sobre el que se calcula la pensión.

Esta integración no permite sumar tiempo de cotización adicional ni sirve para cumplir los periodos mínimos exigidos —los 15 años de carencia genérica y los dos años dentro de los últimos quince exigidos para acceder a una pensión contributiva—, pero sí puede elevar la base reguladora y, por tanto, la cuantía final de la prestación.

Cómo funciona el nuevo sistema de integración de lagunas

Hasta ahora, el mecanismo de integración rellenaba los primeros 48 meses sin cotizar con el 100% de la base mínima del Régimen General, y los siguientes con el 50% de esa misma base.

A partir de 2026, esta fórmula será más ventajosa para las trabajadoras que hayan interrumpido su carrera por maternidad o cuidado familiar, y también para los hombres en circunstancias similares.

Con la reforma, los periodos comprendidos entre los meses 49 y 60 sin cotizar se integrarán con el 100% de la base mínima, mientras que los comprendidos entre los meses 61 y 84 lo harán con el 80% de dicha base.

A partir del mes 85, volverán a aplicarse las reglas generales (el 50% de la base mínima). Esta medida busca cubrir de forma más justa los tramos de inactividad laboral que suelen coincidir con los años dedicados al cuidado de hijos o familiares dependientes.

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Para que un hombre pueda acogerse a esta mejora, deberá cumplir los requisitos del artículo 60.1.b) de la LGSS, es decir, demostrar que su carrera profesional se interrumpió o se redujo como consecuencia del nacimiento o adopción de un hijo.

Un ejemplo práctico: cómo influye en el cálculo

Supongamos que una trabajadora, Ana, solicita su jubilación en 2028. En el periodo de cálculo de su base reguladora —que abarca los últimos 29 años de cotización, excluyendo los dos peores— aparecen 70 meses sin cotizar debido al tiempo dedicado al cuidado de sus hijos.

Con la normativa actual, los primeros 48 meses se integrarían al 100% de la base mínima y los 22 meses restantes solo al 50%. Con la mejora que entra en vigor en 2026, los 12 meses adicionales entre el mes 49 y el 60 se integrarían también al 100%, y los siguientes 10 meses al 80%. De este modo, la base reguladora final de Ana sería notablemente superior, aumentando el importe de su futura pensión.

En cambio, para un trabajador como Carlos, que ha cotizado 14 años y seis meses y reúne las condiciones de interrupción laboral por cuidado de hijos, esta mejora no le permitiría alcanzar los 15 años exigidos para tener derecho a la pensión contributiva, ya que las lagunas rellenadas no cuentan como tiempo cotizado. Aun así, la reforma sí elevaría su base de cálculo, mejorando el importe teórico de su prestación si llegara a cumplir los requisitos.

Un paso para reducir la brecha de género en las pensiones

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la brecha de género en las pensiones de jubilación supera actualmente el 30%.

Las interrupciones laborales por maternidad, excedencias o cuidados familiares siguen siendo las principales causas de esta diferencia. Con el nuevo mecanismo, el Gobierno busca compensar estos periodos y reducir progresivamente esa distancia hasta situarla por debajo del 5%, momento en el cual la medida dejará de aplicarse automáticamente.

La integración de lagunas revisada comenzará a aplicarse de forma plena en 2026, pero su efecto será gradual, ya que afectará únicamente a quienes calculen su base reguladora a partir de esa fecha.

En los próximos años, la Seguridad Social prevé evaluar el impacto de la medida sobre la cuantía media de las pensiones femeninas, que actualmente se sitúan en torno a 1.090 euros mensuales, frente a los 1.520 euros de las masculinas.

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En España, ser trabajador por cuenta propia nunca ha sido tarea sencilla. A las largas jornadas, la incertidumbre económica y la falta de protección social se suma ahora un nuevo desafío: el modelo de cotización basado en los ingresos reales.

Lo que en teoría buscaba equilibrar el sistema y hacerlo más justo, ha terminado por generar un profundo malestar entre quienes ya sostenían con esfuerzo su actividad diaria.

La reciente propuesta del Gobierno de aumentar las cuotas mensuales entre 11 y 206 euros a partir de 2026, anunciada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha encendido las alarmas en el colectivo.

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Los autónomos que ganan entre 2.000 y 3.000 € al mes pagarán hasta 450 € más al año en cuotas desde 2026

Lejos de aliviar la situación, los autónomos temen que este nuevo ajuste se traduzca en un aumento del coste estructural que comprometa la viabilidad de miles de pequeños negocios y profesionales.

Un modelo que prometía justicia, pero genera desigualdad

Cuando el Ejecutivo aprobó el sistema de cotización por ingresos reales, lo presentó como una fórmula más equitativa. La idea era que quienes ganasen más contribuyeran en mayor medida, y quienes tuvieran ingresos más bajos, pagasen menos. Sin embargo, la práctica ha mostrado que la ecuación no es tan simple.

Según el II Informe de Pymes y Autónomos en España 2025, elaborado por Hiscox, un 33% de los autónomos afirma haberse visto perjudicado por el nuevo modelo.

De ese grupo, el 66% identifica el aumento de la cuota como la principal causa de impacto negativo, acompañada de un incremento general de los gastos y la presión fiscal. Este porcentaje equivale a cientos de miles de profesionales que, lejos de beneficiarse de la reforma, han visto reducida su capacidad de ahorro e inversión.

El mismo estudio revela que un 60% de los autónomos no percibe cambios significativos en su negocio desde la entrada en vigor de la medida, mientras que el resto ha experimentado una clara pérdida de rentabilidad. En muchos casos, la nueva forma de cotizar ha absorbido los pequeños márgenes de beneficio que permitían sostener actividades familiares o proyectos emergentes.

Las cuotas y el entorno económico asfixian al pequeño negocio

La preocupación no se centra únicamente en la subida de las cuotas. Los trabajadores por cuenta propia operan en un contexto de tipos de interés elevados y una inflación que encarece insumos, alquileres y suministros.

Dicho informe apunta que el 34% de pymes y autónomos ha visto condicionadas sus decisiones de inversión o financiación por el actual contexto económico, lo que agrava la dificultad para mantener liquidez y competitividad.

En España existen 2,9 millones de pymes, de las cuales el 54,6% no tiene asalariados y el 45,2% emplea a otras personas. La mayoría pertenece al grupo de microempresas —aquellas con menos de 10 empleados— que representan el 38,6% del total.

Son precisamente estos pequeños actores los más vulnerables ante cualquier incremento de cargas sociales. Un aumento de apenas unas decenas de euros mensuales puede marcar la diferencia entre continuar operando o cerrar definitivamente.

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Rechazo y desconfianza en el sector

Las asociaciones de autónomos han expresado abiertamente su rechazo a la propuesta de Elma Saiz. Alegan que el sistema aún no ha demostrado ser eficiente ni justo y que las sucesivas subidas solo agravan el problema. Desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) señalan que la medida podría “ahogar aún más a quienes ya trabajan en el límite de la rentabilidad”.

El malestar no se debe solo a la magnitud de la subida, sino también a la inseguridad regulatoria que genera.

En apenas dos años, el colectivo ha tenido que adaptarse a los 15 tramos de cotización y a una nueva forma de declarar ingresos. Ahora se plantea una segunda modificación sin que la primera haya consolidado resultados. La incertidumbre sobre futuras reformas añade un componente psicológico que influye directamente en la confianza empresarial.

Impacto directo en la sostenibilidad y la innovación

La reducción del beneficio neto no solo afecta a la economía personal de los autónomos, sino también a la capacidad de reinversión en sus negocios.

Los expertos advierten que las subidas continuas pueden frenar la adopción de tecnologías y la implementación de medidas sostenibles. El informe de Hiscox señala que únicamente el 24% de las pymes y autónomos ha incorporado prácticas sostenibles y un 17% planea hacerlo a corto plazo. Sin recursos disponibles, estos porcentajes podrían disminuir.

Por otra parte, el acceso a los Fondos NextGeneration sigue siendo limitado. Solo el 18% de los encuestados afirma haber accedido a estos fondos europeos, mientras que un 73% reconoce no haberlos solicitado.

En este contexto, las ayudas no compensan el aumento de las obligaciones contributivas, lo que deja a una gran parte del tejido productivo sin apoyo real para modernizarse o mejorar su competitividad.

El desafío de mantener la actividad en tiempos inciertos

La sensación general entre los autónomos es de desgaste. Tras años de pandemia, inflación y reformas fiscales, el panorama actual se percibe como una nueva vuelta de tuerca. Muchos profesionales advierten que, de mantenerse esta tendencia, se producirá un descenso en el número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que en los primeros ocho meses de 2025 se registró una caída del 2,1% en las nuevas afiliaciones, tendencia que podría acelerarse si la subida prevista para 2026 entra en vigor. En paralelo, las bajas aumentaron un 3,4%, reflejo de un descontento creciente con un sistema que se percibe más punitivo que protector.

En un país donde los autónomos representan cerca del 16% del empleo total, su fragilidad repercute directamente en la economía nacional. Si la política contributiva no se ajusta a las realidades de cada sector y nivel de ingreso, el riesgo de pérdida de tejido productivo será inevitable.

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No salen las cuentas. El sistema público de pensiones español atraviesa una etapa de máxima dependencia de los fondos procedentes del presupuesto general.

La inyección de 40.000 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2025 confirma que la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para hacer frente al pago de las prestaciones contributivas.

La magnitud de esta cifra pone en evidencia, una vez más, la brecha existente entre los ingresos por cotizaciones y el gasto total en pensiones. Aunque el mercado laboral continúa generando empleo y los salarios han aumentado, las aportaciones de trabajadores y empresas siguen siendo insuficientes para cubrir las obligaciones de pago, que superan ya los 10 millones de pensiones activas en España.

El gasto en pensiones crece más rápido que los ingresos

Durante los primeros meses del año, la transferencia estatal ha sido un 16,2% superior a la registrada en el mismo periodo de 2024. Son 5.577 millones de euros adicionales que evidencian el desajuste estructural del sistema.

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El desembolso total en pensiones superará previsiblemente los 216.000 millones de euros en 2025, impulsado por la revalorización vinculada al IPC y por el envejecimiento de la población.

A pesar del récord histórico de afiliación, el incremento del empleo no se traduce en una mejora proporcional de las cuentas.

Las cotizaciones aportadas por los nuevos trabajadores no compensan el ritmo de crecimiento del gasto, lo que obliga a recurrir de forma constante a la recaudación tributaria. La transferencia procedente del Tesoro se ha consolidado como un pilar indispensable para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

La financiación del sistema depende cada vez más del Tesoro

El análisis de las cuentas hasta agosto muestra ingresos por valor de 159.169 millones de euros frente a unos gastos de 153.110 millones, lo que arroja un superávit de 6.059 millones. Sin embargo, este resultado positivo solo se mantiene gracias al aporte estatal. Si se eliminaran las transferencias, el sistema presentaría un déficit considerable.

De los ingresos totales, cerca de 117.000 millones corresponden a cotizaciones sociales. El resto proviene de la financiación pública, que ya representa una cuarta parte de todo el dinero destinado a sufragar las pensiones. Esta realidad refleja una transformación profunda del modelo contributivo original, donde la mayor parte del gasto debía sostenerse con las aportaciones directas de trabajadores y empleadores.

Un déficit contributivo que sigue ampliándose

El desequilibrio interno del sistema se hace aún más evidente al considerar las partidas específicas. El mecanismo de equidad intergeneracional, diseñado para alimentar el Fondo de Reserva, ha recaudado 3.237 millones hasta agosto, aunque ese dinero no puede destinarse al pago corriente. Si se descuenta este importe, el déficit contributivo supera los 37.000 millones de euros.

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Empieza a jubilarse el baby boom en España: las altas de pensionistas se disparan

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que esta dependencia de los fondos públicos se incrementará en las próximas décadas.

Según sus previsiones, en 2050 será necesario transferir cerca de 85.000 millones anuales, equivalentes al 5,5% del PIB, para sostener el gasto derivado de las jubilaciones. La causa principal será el aumento de la esperanza de vida y la plena aplicación del sistema de revalorización automática con el IPC.

Las bajas laborales agravan la presión financiera

A la tensión derivada del pago de pensiones se suma el crecimiento del gasto por incapacidad temporal. En los primeros ocho meses del año, la Seguridad Social ha destinado 11.742 millones de euros a cubrir bajas laborales, un 12,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En solo nueve meses se ha agotado la totalidad del presupuesto inicial, lo que ha obligado a ampliar la partida hasta los 14.795 millones, un 25% por encima de lo previsto.

Esta desviación demuestra la falta de adecuación entre la planificación presupuestaria y la evolución real del mercado laboral. La prórroga de las cuentas de 2023 no contemplaba el incremento sostenido de las ausencias médicas, ni el mayor coste asociado a ellas.

El gasto sanitario y laboral se ha convertido en un nuevo foco de tensión para la Seguridad Social, que ya depende de manera estructural del apoyo estatal para mantener su equilibrio.

La tendencia apunta a una financiación estructural

La trayectoria de los últimos años revela un patrón constante de aumento en las transferencias del Estado. En 2017 ascendían a 16.280 millones, y desde entonces han crecido cada ejercicio. El salto más pronunciado se produjo en 2020, con más de 45.000 millones, y desde entonces se ha mantenido en niveles elevados, rozando los 48.000 millones en 2021 y 2024. Este año, la cifra se sitúa ya en 40.010 millones hasta agosto, lo que anticipa un cierre de ejercicio similar a los máximos registrados.

La aportación pública, que nació como un mecanismo excepcional para garantizar el equilibrio de las cuentas, se ha convertido en un elemento permanente de la financiación. La cuestión es, ¿hasta cuándo? ¿es todo esto sostenible?

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Ningún gobierno parece tener las cosas claras en lo que a mejorar la vida de los autónomos se refiere. Tampoco su jubilación. El debate sobre la compatibilidad entre pensión y empleo lleva años en el aire. ¿Están los autónomos, también aquí, en una posición desfavorable frente a otros colectivos?

Primero es importante hablar del proyecto de jubilación reversible, también llamada flexible. Éste pretende dar la opción de mantener una actividad laboral mientras se percibe la pensión contributiva.

Una posibilidad que en teoría debería haber favorecido ya a miles de jubilados, pero que apenas ha tenido impacto en los últimos años.

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Los autónomos que facturan menos de 2.500 euros al mes ganan menos que trabajando por cuenta ajena y cobrando el salario mínimo

Los datos son reveladores: en marzo de 2025 apenas se contabilizaron 3.174 jubilaciones flexibles sobre un total de más de 6,5 millones de pensiones de jubilación.

Un reflejo evidente de que el sistema actual no está funcionando como se esperaba y de que es necesario abrir nuevas vías, pero ¿cuáles?

Requisitos que empiezan a modificarse

Hasta ahora, la norma establecía que solo podía compatibilizarse la pensión con un trabajo si la actividad era por cuenta ajena y a tiempo parcial.

La enmienda que impulsa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abre la puerta a que esa compatibilidad se extienda también al trabajo por cuenta propia.  De esta forma, el pagar con esfuerzo tras décadas de cotización no implica renunciar a seguir activos en la vida profesional.

Se contempla, además, una mejora del 20% en la pensión como incentivo adicional para quienes decidan acogerse a esta modalidad.

Otro de los puntos en revisión es la exigencia de no haber estado dado de alta como autónomo en los cinco años anteriores al momento de la jubilación.

Una limitación que en la práctica dejaba fuera a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia que hubieran mantenido su actividad hasta el último momento. Ahora, la Seguridad Social se plantea reducir este plazo a cuatro años, e incluso no se descarta rebajar todavía más esta restricción.

Un impulso al empleo en la jubilación

El ministerio presidido por Elma Saiz defiende que estas medidas buscan favorecer el retorno al mercado laboral de quienes ya han accedido a la jubilación total. Se pretende, además, que no sea imprescindible limitarse a una actividad a tiempo parcial por cuenta ajena, sino que el trabajo autónomo también pueda entrar en este esquema.

En los borradores sometidos a consulta se han planteado porcentajes de compatibilidad que varían según la jornada laboral, con incrementos del 10% o del 20% en el importe de la pensión. Sin embargo, los agentes sociales ya han pedido suavizar los requisitos, algo que el Ejecutivo parece dispuesto a aceptar.

Cotizaciones y jubilaciones forzosas

Uno de los aspectos más controvertidos es el relativo a las cotizaciones que se efectúan mientras se percibe la pensión en situación de jubilación reversible.

En la propuesta inicial no se contemplaba que esas cotizaciones contaran para recalcular la pensión definitiva. El planteamiento actual abre la puerta a que sí puedan tenerse en cuenta, al menos en los casos de jubilados forzosos, es decir, aquellos que se vieron obligados a retirarse por un despido o un expediente colectivo.

Este matiz podría convertirse en un alivio para muchos trabajadores que no eligieron dejar el mercado laboral, y que ahora encontrarían una vía para mejorar su pensión final.

El papel de los autónomos en esta reforma

Los autónomos llevan años denunciando que las políticas de la Seguridad Social rara vez se diseñan pensando en sus necesidades reales.

La posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo autónomo es un paso adelante, pero también evidencia que este colectivo siempre llega tarde a las reformas.

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En España, tu origen pesa más que tu esfuerzo: la OCDE atribuye el 35% de la desigualdad a circunstancias heredadas

El sistema sigue planteando trabas que no terminan de reconocer la singularidad de quienes han sostenido gran parte del tejido productivo del país.

De hecho, los informes de organizaciones como ATA o UPTA coinciden en que las medidas presentadas, aunque positivas, resultan todavía insuficientes para equiparar las condiciones de los autónomos con las de los asalariados.

Aún queda mucho por concretar

El objetivo de la reforma es claro: aumentar el número de jubilados que se acojan a esta fórmula de compatibilidad. El propio Gobierno ha admitido que el modelo actual no cumple expectativas y que debe ajustarse para ser más atractivo.

Con un mercado laboral en transformación y una población cada vez más envejecida, permitir que un pensionista siga desarrollando una actividad remunerada puede tener beneficios tanto económicos como sociales.

El problema, una vez más, es que los autónomos no sienten que estas iniciativas se adapten realmente a su realidad diaria, marcada por la inestabilidad y un nivel de cotizaciones que no siempre se corresponde con la protección recibida.

El debate está abierto. Sin embargo, el reto sigue siendo garantizar que los autónomos, tantas veces olvidados en la agenda política, encuentren en estas medidas un verdadero reconocimiento a su esfuerzo. Hasta que eso ocurra, cualquier avance se percibirá como un parche más.

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La foto del mercado laboral en España a cierre de agosto ha presentado señales alarmantes. La afiliación a la Seguridad Social se derrumbó en 199.300 personas, lo que constituye una caída histórica, la tercera más intensa de los últimos diecisiete años.

Esta regresión deja el número de cotizantes en 21.666.203 y coincide con un repunte del desempleo, que suma 21.905 parados más, alcanzando los 2.426.511 registro.

Al mismo tiempo emerge un fenómeno que desliza otra capa de precariedad laboral: el pluriempleo. Aunque representa una fracción de los trabajadores, alcanza cifras elevadas que, al sumarse con el desempleo, revelan una holgura laboral preocupante.

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El paro de los universitarios sube en EE. UU., pero afecta sobre todo a los hombres

Y en este escenario también aparecen los fijos discontinuos inactivos: más de 830 000 personas que, pese a estar registradas como ocupadas, no trabajan ese mes; se desglosa entre quienes descansan por baja, vacaciones o suspensiones y los que simplemente no prestan servicio.

El desempleo sube mientras la afiliación se desploma

El golpe a la afiliación marca agosto de 2025 como uno de los peores meses desde 2008. La pérdida de casi 200.000 cotizantes supera largamente los retrocesos ordinarios del verano y refleja la caducidad masiva de empleos temporales, especialmente en educación, donde 75.869 docentes perdieron su contrato ese mismo mes.

El desempleo, aunque elevado, sigue estando en niveles bajos para un mes de agosto —el más bajo desde 2007— pero el descenso interanual no apacigua el golpe estacional.

El aumento del paro es particularmente significativo entre jóvenes y mujeres, así como en las regiones de Cataluña, Madrid y Euskadi. Además, la afiliación anual sigue positiva (con casi medio millón de afiliados más que hace un año), lo cual evidencia un crecimiento de fondo, aunque irregular y vulnerable

Pluriempleo elevado y fijos discontinuos inactivos

El dato del pluriempleo —la cantidad de personas con más de un vínculo laboral— ha alcanzado ya niveles históricos. El promedio de afiliados en pluriactividad en 2024 fue de 847.150 personas al mes, el 4% del total de cotizantes, cifra que supera ampliamente los registros previos a la Gran Recesión.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), unos 585 800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, cifra que ha crecido un 43% en la última década.

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Dos datos que contradicen el optimismo del Gobierno: los fijos discontinuos y los receptores del IMV

Sin embargo, en 2025 el pluriempleo también ha comenzado a declinar. Durante el primer trimestre del año, la cifra de personas con un empleo adicional se redujo a 537 700, la más baja desde 2022, representando una caída del 9,1% interanual.

Este descenso se concentra entre asalariados, mientras los autónomos en pluriactividad aumentan un 6,5 %. Esta evolución sugiere que el fenómeno, aunque aún alto, podría estar moderándose.

Desglose de los fijos discontinuos inactivos

Dentro de las más de 830 000 personas clasificadas como fijos discontinuos inactivos, algunos están en baja médica, descanso vacacional o suspensión temporal, y otros no trabajan por falta de convocatorias o servicios en este periodo.

No todas esas personas realizaron actividad laboral en agosto, aunque sí permanecen afiliadas. Este fenómeno distorsiona parcialmente la percepción de ocupación y hace más compleja la lectura real del mercado.

¿Es siempre malo que caigan autónomos?

Entre julio y agosto desaparecieron 15 000 autónomos del registro de cotización. Aunque en principio una caída puede interpretarse como mala señal, no siempre lo es.

Una disminución puede reflejar el cierre de actividades insostenibles, el tránsito hacia empleos empleados, o regularización de actividades informales.

También puede indicar que algunos autónomos abandonan el registro pero siguen trabajando precarizados o en economía sumergida.

El impacto de esta caída depende del contexto: si obedece a eliminación de actividad económica real, es preocupante; si refleja una puesta en orden de la afiliación o reducción de emprendedores ficticios, puede leerse como un ajuste positivo.

Eso sí, récords dolorosos en paro

España ha alcanzado tasas de paro juvenil y general que superan por primera vez a Grecia, ubicándose como la nación con mayor desempleo en Europa. Asimismo, la holgura laboral, expresada en desempleo oculto, pluriempleo y fijos discontinuos inactivos, es la más elevada del continente, aunque muestra señales de desaceleración en ciertos componentes.

En países como Alemania, los famosos minijobs cumplen una función similar a los pluriempleos aquí, pero están regulados bajo otro marco que permite flexibilidad con menos precariedad. Aunque ese modelo no debe copiarse directamente, sí destaca que mercados laborales más estructurados pueden contener mejor los efectos adversos del trabajo fragmentado.

El conjunto de indicadores refleja una situación dual: por un lado, crece la ocupación, pero la pérdida estacional de afiliación y el repunte del paro dejan al descubierto una fragilidad del mercado laboral que aún tiene mucho que decir en este 2025.

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Sí, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en España se ha cronificado. ¿Y existe alguna fórmula para darle solución? De momento, parece que nadie la tiene. La inminente jubilación de la generación del baby boom y el envejecimiento poblacional, han puesto de nuevo el sistema bajo presión

Sin embargo, desde el Gobierno la visión es otra. la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, insiste en que las pensiones “son hoy más justas y sostenibles que nunca”. Pero los informes independientes y las estadísticas oficiales indican una realidad mucho más compleja.

La diferencia entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social ha sido cada vez más grande y las proyecciones indican que el déficit lo seguirá siendo si no se realizan reformas estructurales. Y de las grandes. La inclinación hacia un mayor gasto contributivo en relación a los ingresos, es el resultado de un crecimiento a un ritmo mucho mayor en relación al año 2006.

Un déficit contributivo creciente

Por ejemplo, en 2006 el saldo contributivo oscilaba alrededor de los 113.800 millones de euros en gastos y 106.000 millones en ingresos. En los últimos 18 años, la diferencia ha crecido exponencialmente.

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En los 90 decían que las pensiones no aguantarían. No fue magia: han pasado por al menos seis reformas estructurales

En 2024, los gastos alcanzaron los 199.300 millones de euros, mientras que los ingresos solo llegaron a los 146.400 millones. Lo que se traduce en una diferencia anual de más de 50.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, un enraizamiento estructural de las cuentas del sistema.

En diferentes declaraciones, la ministra ha defendido la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el aumento de la base máxima de cotización como medidas para reforzar los ingresos.

Pese a ello, los expertos aseguran que esto no será suficiente para poder encarar el futuro con las suficientes garantías, dado el número exponencial de jubilados y la pensión media en constante aumento.

Reformas recientes y datos que fallan

Elma Saiz subraya que desde 2021 el empleo juvenil ha crecido un 28% y que la temporalidad ha caído del 60% al 20%. Además, el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 61% desde 2019. Datos todos ellos verídicos. Con lo que todo ello, tendría que traducirse en una base de cotización mayor.

Sin embargo, estos avances son positivos solo en virtud del empleo. Y es que, cuando el gasto crece más rápido de lo que crecen los ingresos, su impacto en el sistema de pensiones es menor.

Los expertos coinciden en que el sistema no está desafiado solo por la demografía, sino que también es extremadamente generoso en la tasa de sustitución, que de hecho es la más alta de la Unión Europea.

Esto significa que la pensión inicial pagada por el sistema español es mayor en comparación con la cantidad de dinero que los jubilados pagan. Así el riesgo financiero es alto dada la dinámica de envejecimiento actual.

La cosa pinta mal para los más jóvenes

¿Llegarán los jóvenes a la jubilación con un bienestar similar al que han disfrutado hasta ahora? La cosa se complica. Los datos apuntan a que los jóvenes de hoy deberán retrasar su jubilación hasta los 71 años en 2065.

¿La razón? menos nacimientos y una mayor esperanza de vida. En otras palabras, hay una menor cantidad de personas que trabajan en comparación con la mayor cantidad de jubilados.

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A vueltas con las pensiones: la Seguridad Social vuelve a cambiar la forma en la que se calculará la jubilación a partir de 2026

Las necesidades de gasto de la Seguridad Social han seguido una línea más o menos constante de crecimiento, especialmente a partir del año 2012, mientras que los ingresos han crecido a un ritmo más moderado.

Datos que reflejan que, aunque las reformas de 2013 eran necesarias, solamente con ellas no era suficiente para tapar el hueco entre gasto e ingreso contributivo.

Consecuencias para los futuros pensionistas

Para muchas familias, la sostenibilidad de las pensiones no se ha quedado simplemente en un debate técnico, sino que se trata de una cuestión vital.  Actualmente, las generaciones que económica y laboralmente sostienen el sistema temen que, en el momento de recibir la pensión pública, esta no les garantice un nivel de vida digno.

De hecho, los españoles han incrementado sus suscripciones a planes de pensiones privados en los últimos años por la incertidumbre existente sobre el sistema público en el Estado.

Además, la situación laboral del empleo en España donde los trabajadores reciben salarios inferiores a la media europea, hace que los trabajadores no puedan cotizar lo suficiente en su vida laboral, por lo que incluso aunque recibieran una tasa de sustitución más elevada, recibirían una pensión insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

El debate de alargar la jubilación

Según muchos expertos, una de las medidas casi inevitable, sostenible y justa para garantizar la viabilidad de su continuación será el alargar progresivamente la edad de jubilación. Algunos países, como Dinamarca, ya han aprobado la reforma para alargar la edad de retiro hasta los 70 años en el año 2040, basándose en la esperanza de vida para ajustarlo.

En caso de no encontrar otra vía de financiación o bien no conseguirse un incremento sostenible de la productividad y el empleo, España debería seguir una hoja de ruta similar.

La realidad es que el sistema de pensiones actual fue diseñado en torno a un revestimiento económico y demográfico que ya no existe.

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