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El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos

El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos
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Este año se presenta nefasto para la economía española. Con un cuadro económico que según el Gobierno proyecta una caída del PIB del 11,2 %, un desempleo del 17,1% y un déficit público del 11,3%.

Ya se da por perdido y toca poner los ojos próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de conseguir aprobar sus Presupuestos, porque aún mantenemos los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular y, en los últimos 2 años, Sánchez ha sido incapaz de promover los acuerdos necesarios.

Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado que quiere sacar adelante. Unas cuentas que tratan de vender con diferentes banderas: No a la austeridad y el mayor gasto público de la historia, con especial hincapié en el gasto social con ayuda de los fondos europeos.

El mayor gasto social jamás visto

El primer titular que se recoge de los Presupuestos de 2021 es que integran el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un significativo 6,2%. Este titular esconde unos matices en el momento de valorar la evolución del déficit público en el futuro.

Y es que a pesar de que el PIB de 2021 será inferior al de 2019 y, por lo tanto, existirá un deterioro importante de la recaudación, no hay política consolidada que verá decrecer su importe total frente al 2020, todas suben, parece la utopía de "lo público".

Sin Titulo

El principal tema en los Presupuestos siempre son las pensiones. En este caso, se pretende su revalorización de un 0,9 conforme al IPC real que permitirían a los pensionistas no perder poder adquisitivo mientras que las no contributivas se elevarían 1,8%. En términos de gasto social, significa una subida en la partida de pensiones del 3,2% hasta los 163.297 millones de euros.

La partida del desempleo también sube porque el próximo año partiremos de un desempleo por encima del 17%. Si en 2020 se han proyectado una movilización de 20.820 millones de euros, para el próximo año, los Presupuestos contemplarán llegar a los 25.012 millones, lo que supone un incremento del 20,1%.

Los fondos europeos presupuestados ascienden a 26.634 millones de euros. De éstos, directamente a financiar el gasto social se utilizarían cerca de 8.900 millones.

Los fondos europeos no se dirigen a pensiones, otras prestaciones económicas o bien el desempleo, sino que van directas a financiar otras partidas del gasto social como los Servicios Sociales y Promoción Social (1.167 millones), Fomento del empleo (1.194 millones), Acceso a la Vivienda el Fomento de la Edificación (1.651 millones). Las otras grandes partidas sociales, Sanidad, Educación y Cultura, reciben 2.945 millones, 1803 millones y 200 millones respectivamente.

El resto de recursos europeos tienen como objetivo apoyar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue dotar de recursos para la transición ecológica, la digitalización de la economía, entre muchas otras cuestiones.

Impuestos, más impuestos pero no los suficientes

El plan de este Gobierno también persigue obtener más recursos. De hecho, se valora un incremento tributario del 13% en 2021. El problema está en los detalles y es que el año de referencia es 2020 en el que Hacienda estima actualmente que verá una contracción de ingresos del 5,6%. Viendo que las cifras de ingresos y gastos públicos se han alejado entre sí, el Gobierno quiere apuntar hacia subidas de impuestos.

Por un lado, en materia de IRPF, veríamos una subida de la base imponible general de 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Además, para las rentas del capital, se verá una subida de 3 puntos para importes superiores a los 200.000 euros. El gobierno esperaría recaudar 491,4 millones de euros adicionales,

En cuanto al Impuesto de sociedades se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida que afectará a 1.739 empresas, un 0,12%.

Por otra parte, el Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros.

Los planes de pensiones también se ven modificados. El límite conjunto de reducción entre el partícipe y la empresa subiría 8.000 a 10.000 euros para comentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral, pero quedaría limitado en las aportaciones máximas a planes individuales con una reducción de 2.000 euros. No es una medida para 2021 sino para 2022 que se recaudaría 580 millones.

En último lugar, hay que hablar de impuestos indirectos. Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21%, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 y, por primera vez en más de 20 años, se modificaría el impuesto sobre primas de seguros, el gravamen actual pasaría del 6% pasará a ser del 8%.

recaudacion

Con ese ataque frontal a los "ricos", limitando las excepciones a las grandes empresas y atacando al IRPF de los ricos, se recauda poco más de en nuevos impuestos 600 millones, el resto, para llegar a los 1.862, el ciudadano de a pie.

¿Cómo quedaría el déficit público? ¿Es el fin de la época neoliberal?

Según lo que relatan las cuentas presentadas, en 2021, las Administraciones Públicas sumarían un déficit del 7,7% del PIB. Debido a que la Administración Central asumiría su propio déficit más 1,7 puntos del déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las Comunidades Autónomas, la distribución quedaría de la siguiente manera:

  • Administración Central: -5,2%
  • Comunidades Autónomas: -1,1%
  • Corporaciones Locales: -0,1%.
  • Seguridad Social: -1,3%

No obstante, conviene empezar a hacer algunas matizaciones importantes. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el 2021 proyectan un crecimiento del 9,8%.

Se trata de un escenario que podríamos calificar de excesivamente optimista. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho del todo sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI publicada en octubre, se estima un crecimiento de la economía española es del 7,2%, por lo que existe una asombrosa diferencia 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones.

Imf

Si las estimaciones del FMI son más acertadas que las realizadas por el propio Gobierno, el déficit público quedaría lejos de 7,7% que asegura el Gobierno, ya que la variable PIB sería más reducida. Por ahora el papel lo aguanta todo.

Además, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, citaba que estos Presupuestos suponen inaugurar una nueva época que deja atrás la etapa neoliberal de austeridad y los recortes. Dejando atrás la relación semántica que el vicepresidente emplea en estos conceptos ¿Cuál es la estrategia? ¿Negarse a la estabilidad presupuestaria y recurrir a un déficit continuado eternamente que siga inflando los niveles de deuda pública? ¿Qué el BCE nos financie a través de QE para poder refinanciar la deuda? ¿Y todo ello, sin que haya consecuencias?

En esta etapa de crisis, se apuesta por más recursos, es cierto. Pero también sucedió en 2009, que el total del gasto público de la Administración Central se incrementó en 35.000 millones, y en 2.000 millones para 2010. El problema es que cuando uno gasta lo que no tiene, hay que pedir prestado. Y si un emisor de deuda nunca cuadra las cuentas, tarde o temprano los inversores, ante la incertidumbre de los flujos, dan la espalda a esa deuda porque carece de garantías. Es en ese punto, si no se quiere ir al impago de la deuda, empiezan los mayores impuestos y los recortes del gasto público.

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