Sergio Delgado
Mientras buena parte de la Unión Europea endurece su política migratoria, España ha optado por un camino diferente al anunciar la regularización de medio millón de personas.
La medida ha generado reservas en las instituciones comunitarias y contrasta con el clima predominante en varios Estados miembros, donde las reformas recientes apuntan a acelerar retornos, limitar el acceso al asilo y reforzar controles fronterizos.
El debate no es nuevo. Italia llevó a cabo una regularización a gran escala en 2020. Portugal adoptó un procedimiento acelerado durante la pandemia para quienes tenían permisos pendientes.
Grecia aprobó en 2023 la concesión de residencia y trabajo a unas 30.000 personas ante la falta de mano de obra. Sin embargo, en el contexto actual, la iniciativa española adquiere una dimensión distinta al producirse en paralelo a un endurecimiento generalizado en el bloque.
En el ámbito comunitario se ha consolidado una lista de terceros países considerados seguros, lo que eleva el umbral probatorio para obtener protección internacional y abre la puerta a acuerdos de devolución.
La directiva de retornos, aprobada recientemente, facilita deportaciones y permite centros en países designados como seguros. Algunos Estados han sido autorizados a no participar en reubicaciones ni aportar compensaciones económicas, lo que evidencia la fragmentación del consenso europeo.
Mano dura y reformas restrictivas en el entorno
En varios países se han activado medidas para reforzar deportaciones y restringir la integración. Se han paralizado cursos obligatorios de integración para solicitantes de asilo, endurecido requisitos de nacionalidad hasta exigir ocho años de residencia legal y niveles mínimos de ingresos, e introducido incentivos económicos para que residentes de países no occidentales renuncien a su estatus.
Fuera de la UE, se debate limitar la población total y revisar acuerdos de libre circulación, mientras que en el Reino Unido se han ampliado los plazos para acceder a la residencia permanente.
Este escenario explica la cautela con la que se observa la regularización española. La preocupación gira en torno al posible efecto llamada y al encaje con la estrategia común. No obstante, el análisis económico aporta otra perspectiva.
El peso económico de la inmigración en España
Entre 2019 y 2024 se crearon casi 1,9 millones de puestos de trabajo en España y más del 71% fueron ocupados por personas nacidas fuera del país.
Los inmigrantes representan hoy más del 20% del empleo total, frente al 15,9% en 2019. Este crecimiento no responde a un desplazamiento de trabajadores autóctonos, sino a una reconfiguración del mercado laboral.
Los empleados nacidos en España han avanzado hacia ocupaciones de mayor cualificación en administración pública, educación, sanidad y tecnologías de la información.
Al mismo tiempo, los trabajadores extranjeros han encontrado oportunidades en construcción, hostelería y transporte. La complementariedad entre perfiles permite una redistribución eficiente de la mano de obra y sostiene el dinamismo económico.
El factor demográfico resulta determinante. Todo el aumento de la población activa en el período analizado provino de personas nacidas en el extranjero.
Dentro de la población española, el crecimiento del empleo se concentró en mayores de 45 años, mientras que el tramo entre 30 y 45 años registró un retroceso. En un contexto de envejecimiento, la aportación migratoria sostiene cotizaciones, consumo y actividad empresarial.
La integración también pasa por reconocer títulos extranjeros
La inmigración no es un parche coyuntural. El tejido empresarial subraya que la falta de talento y el envejecimiento son retos estructurales. Las compañías encuentran en la diversidad una vía para ampliar competencias, abrir mercados y reforzar competitividad.
El acceso a cualificaciones difíciles de cubrir y a perspectivas internacionales se traduce en innovación y resiliencia.
El reto consiste en evitar la segmentación laboral. Reconocer títulos extranjeros, facilitar formación complementaria y establecer vías legales claras de empleo reduce la economía sumergida y mejora la integración a largo plazo.
La evidencia sugiere que políticas inclusivas fortalecen tanto la cohesión social como el crecimiento.
El rompecabezas político europeo
El Pacto sobre Migración y Asilo continúa generando divisiones. Más de 160 organizaciones de la sociedad civil han expresado reservas al considerar que el marco actual dificulta el acceso efectivo a la protección. La Convención de 1951 sigue siendo referencia jurídica, pero su implementación varía entre Estados.
España, al impulsar una regularización de gran escala, se sitúa en una posición singular dentro del debate. La decisión puede tensionar el equilibrio político europeo, pero también abre una discusión de fondo sobre sostenibilidad demográfica y competitividad económica.
Imágenes | Elmon
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