Javier Ruiz
Hoy, España tiene 2,4 millones de desempleados: la cifra más baja desde la crisis de 2007, un 11,5 %. Sin embargo, al mismo tiempo, se mantiene la tendencia de miles de puestos sin cubrir. En septiembre de 2025, se hablaba de más de 150.000 puestos, cifra que se ha triplicado en solo 10 años y que afecta, principalmente, al sector servicios.
El fenómeno más llamativo, no obstante, es otro: el 36% de las vacantes laborales se concentran en el sector público. Y, en este contexto de escasez de mano de obra en determinados perfiles, que un tercio de las vacantes procedan de la Administración obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿está el Estado cubriendo carencias estructurales o directamente compite por el mismo talento que necesita el sector privado?
Qué tipo de empleo
Los datos del INE muestran que la mayor concentración de vacantes se produce en ramas vinculadas a Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, sanidad y educación.
Ese 36% no es solo algo puntual, sino el resultado de varios años en los que el empleo público ha ganado peso relativo tras la pandemia, impulsado por estabilizaciones, reposiciones y refuerzos estructurales.
En parte, el aumento responde a un factor demográfico evidente: la jubilación masiva de la generación del baby boom está afectando especialmente a sectores públicos intensivos en empleo, como sanidad y educación, donde una parte significativa de la plantilla se aproxima a su retiro.
Desde esta perspectiva, el crecimiento de vacantes públicas no sería una expansión discrecional, sino un reemplazo necesario para sostener servicios básicos.
El problema aparece cuando se observa el mercado laboral en su conjunto, donde sectores como la hostelería (siempre gran protagonista, aunque sea por volumen total), construcción o determinados servicios técnicos arrastran desde hace años dificultades crónicas para encontrar trabajadores, como ha venido señalando el SEPE en sus análisis sobre desajustes entre oferta y demanda.
El punto clave es que, si bien no todas las vacantes públicas compiten directamente con las privadas, sí comparten un mismo recurso escaso: el capital humano.
La competencia por el talento
España es una economía de pequeñas y medianas empresas, con baja productividad media y limitada capacidad financiera para competir en salarios y condiciones.
Diversos estudios (por parte del Banco de España y la Airef, por ejemplo) han señalado que existe una prima salarial en el sector público respecto al privado en términos medios, incluso ajustando por características de los trabajadores. A todo ello se suma la estabilidad contractual, menor riesgo de despido y horarios más previsibles.
En ese contexto, cuando el Estado amplía convocatorias o acelera procesos de reposición, no solo cubre necesidades internas: también se convierte en un competidor atractivo para captar perfiles cualificados que, de otro modo, podrían integrarse en el sector privado.
En este punto, aparece un concepto clave: el efecto desplazamiento laboral. Si el sector público absorbe una parte creciente del talento disponible en una economía con escasez relativa de determinados perfiles, puede estar reduciendo la oferta efectiva para empresas privadas, especialmente para aquellas con menor margen para competir en condiciones.
Un problema de asignación
España no solo arrastra un problema de desempleo estructural en determinados colectivos. También sufre un problema de desajuste y asignación ineficiente del talento.
El peso del empleo público sobre el total de asalariados se sitúa en torno al 17 %, según datos recogidos por el Banco de España a partir de la EPA. En paralelo, las empresas privadas (sobre todo, las pymes) apuntan a crecientes dificultades para cubrir puestos técnicos y cualificados.
La paradoja es evidente: una economía con millones de parados y, al mismo tiempo, sectores incapaces de encontrar trabajadores adecuados. Si el sector público concentra una parte relevante de las vacantes en un entorno de baja productividad y tejido empresarial fragmentado, el debate deja de ser cuantitativo (cuántos empleos se crean) para volverse cualitativo (dónde y con qué impacto sobre el crecimiento).
En términos comparados, España no es uno de los países con mayor tasa de vacantes de la UE. De hecho, su ratio es inferior a la media comunitaria. La singularidad no está en el volumen total de puestos sin cubrir, sino en su concentración relativa en el sector público.
En economías con tasas de vacantes más elevadas, la escasez suele reflejar mercados laborales tensionados por crecimiento. En nuestro país, en cambio, la falta de determinados perfiles convive con un paro todavía elevado, lo que apunta más a un problema estructural de asignación que a una economía sobrecalentada.
El dilema estructural
La pregunta clave que toca responder es: ¿puede España mejorar su productividad si una parte creciente del talento se dirige hacia empleo financiado vía impuestos, en lugar de hacia sectores exportadores o generadores de valor añadido?
Y, sobre todo, ¿es una solución necesaria para sostener el Estado del bienestar o una decisión que agrava las debilidades del modelo productivo?
Foto: @DaniMarcosFoto; Daniel Marcos Pina (CC BY-NC-ND 4.0).
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