El Consejo de Ministros de ayer nos ha dejado la presentación del anteproyecto de ley de reforma de la administración local, ley que ha tardado en llegar al Consejo de Ministros más de un año desde que el gobierno de Mariano Rajoy llegara a Moncloa.
La reforma aborda un bloque de cambios realmente importantes en la gestión de la administración local y muchos de ellos, van a tener una repercusión trascendental dentro de la organización del Estado, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La reforma persigue básicamente reducir el tamaño financiero de los ayuntamientos a favor de las diputaciones.
Una administración, una competencia
La reforma que se plantea parte de la premisa de que una administración tiene que abordar sólo la competencia que le corresponda. Por ejemplo, un ayuntamiento no puede abordar competencias de Sanidad y Educación que dependen de las comunidades autónomas. Con este espíritu, se crea una lista de las competencias propias de los ayuntamientos y se definen las competencias impropias.
De esta manera, los ayuntamientos tienen fijados de manera legal los servicios que tienen que cumplir de manera obligatoria y sus líneas de financiación y no podrán prestar servicios de competencias impropias si no tienen todos los servicios obligatorios perfectamente cubiertos y con las líneas de financiación aseguradas. Este es un cambio lógico que debería llevar mucho tiempo puesto en marcha. Un ejemplo sencillo, un ayuntamiento no debe realizar acciones de atención a la dependencia si en las calles de su pueblo no tiene asegurada la iluminación ni la recogida de basuras.
Coste real, coste de eficiencia y tipo de competencia
El Ministerio de Economía analizará los servicios públicos locales para evaluar los costes de los servicios propios o impropios. Si el servicio es impropio (depende a otra administración, se deja de prestar) y si el servicio es propio y considerado como obligatorio, pero su coste no es eficiente como pasa generalmente en los servicios prestados por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, se realizará una cesión del servicio a la Diputación para realice dicha prestación.
Se parte de la base de que las Diputaciones podrán prestar servicios públicos mediante economías de escala que consigan rebajar los precios de dichos servicios. Tema complejo, dado que en España la mayoría de ayuntamientos son pequeños y no veo criterios de racionalización por zonas geográficas. Es decir, municipios limítrofes o localidades que su ubicación, la aplicación de esta economía de escala no genere ningún beneficio económico.
Adios a las entidades locales menores y mancomunidades
España ha vivido un proceso de independencia local importante en muchos casos; unos muy justificados y otros no tanto, casos que se han generado a raíz del crecimiento de la población en algunos municipios. En este sentido, todas las entidades locales menores y todas las mancomunidades que no presenten competencias propias o que desempeñen fundamentalmente competencias impropias, serán transferidas a la diputación. En este sentido, se ha apostado por redefinir con más fuerza la capacidad gestora de las diputaciones provinciales en perjuicio de estos entes.
Por su parte, los ayuntamientos tienen en simultáneo la capacidad de realizar acuerdos de cesión de competencias con las comunidades autónomas, siempre y cuando tengan la financiación del servicio garantizada, pueden rechazar dichas competencias si el ente superior no les proporciona la financiación y por vez primera, se permitirá la compensación de créditos y deudas entre administraciones.
La falta democrática en las Diputaciones, el gran escollo
Una reforma legal que da más poder a un ente público que no goza de la elección popular directa perjudica directamente a la democracia. Este es el principal problema que le veo a todo el planteamiento, dado que aquí, los grandes beneficiados de toda la reforma, son los cementerios para políticos que se han convertido las diputaciones actualmente.
Los cargos políticos electos en las diputaciones salen por circunscripción electoral pero elegidos a dedo por el partido y cada uno de los partidos ostenta la representación de sus diputados provinciales en función del número global de votos conseguidos.
En este sentido y bajo mi punto de vista, si se le transfiere mucho más poder económico y funcional a las Diputaciones, tal y como hace esta reforma, los cargos públicos de Diputación deberían elegirse por votación directa y ya que estamos, sería una buena reforma si en simultáneo las personas elegibles pudieran presentarse en listas abiertas y fuera del paraguas del partido político de turno. Si buscamos gestores eficientes ¿por qué no permitimos la entrada de dichos gestores mejor que aquellos que se señalan a dedo por los partidos a nivel provincial?
En El Blog Salmón | Bonita trampa en la reducción de los ayuntamientos y el traspaso de poderes a Diputaciones, Cinco razones para dudar de la buena fe de la reforma de las Diputaciones, Eliminar los ayuntamientos pequeños ahorraría 20.000 millones de euros