El debate en torno a los precios de la vivienda en España ha traspasado las frías estadísticas macroeconómicas para convertirse en una batalla de tintes generacionales y morales en las plataformas digitales. La última mecha la ha prendido el economista y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, cuyas declaraciones en un formato de podcast se han propagado con rapidez por las redes sociales. Según recoge la crónica económica de El Confidencial, el edil ha calificado de síntoma de "sociedad económicamente fallida" el hecho de que el mero arrendamiento de un piso reporte ingresos pasivos mensuales muy superiores a los sueldos de profesionales que han dedicado años enteros a formarse en las universidades.
La descompensación entre el esfuerzo laboral y el inmobiliario ha tocado techo.
El ejemplo de la avenida de Francia
Para ilustrar lo descabellado de la situación, el economista expuso un caso real y sumamente cercano: el de un docente universitario que se trasladó temporalmente a Madrid. Este profesor disponía de una vivienda en propiedad en la cotizada avenida de Francia, en Valencia, y al sacarla al mercado residencial no tardó en recibir ofertas de ciudadanos extranjeros dispuestos a desembolsar cifras desorbitadas. El propio docente reflexionaba con asombro al darse cuenta de que iba a percibir prácticamente la misma cantidad de dinero limpiecito simplemente por ostentar un título de propiedad que lo que ganaba tras décadas de carrera académica investigando en las aulas.
La gran pregunta que deja botando esta anécdota es… ¿Tiene sentido incentivar una economía donde exprimir un tabique rinda más que madrugar? En la misma línea se ha pronunciado el diario Sport, donde se insiste en que no puede resultar más rentable tener una vivienda en propiedad que desempeñar un empleo de 25 días laborales al mes.
Un rodillo de datos implacable
Más allá del revuelo o del color político del emisor, la radiografía numérica demuestra que su diagnóstico da en el clavo de manera milimétrica. De acuerdo con los indicadores conjuntos del portal de empleo InfoJobs, los ciudadanos ya se ven obligados a destinar, de media, ni más ni menos que el 50% de su sueldo bruto mensual al pago de la renta habitacional. Es una tendencia asfixiante (una auténtica locura) si se tiene en cuenta que los arrendamientos se han encarecido prácticamente cuatro veces más rápido que los salarios en las últimas campañas.
Para echar más leña al fuego, las estadísticas de mercado acaban de cerrar el trimestre marcando récords históricos insostenibles. Según el último informe de precios de Idealista, el coste medio en capitales mediterráneas como Valencia ha escalado hasta los 16,7 euros por metro cuadrado tras registrar una subida del 4,2% anual. Estas métricas validan por completo las cifras de rentabilidad que denunciaba el concejal en su intervención.
Asfixia entre los más jóvenes
Esta escalada sin freno dibuja un escenario de extrema gravedad para la población activa. El problema no es nuevo; de hecho, en el pormenorizado Documento Ocasional del Banco de España ya se alertaba de que el trasvase de la propiedad al alquiler a precio de mercado se ha cebado con especial saña en los desempleados y los asalariados temporales. El organismo regulador insiste en que la concentración de la demanda en áreas urbanas dinámicas está estrangulando la capacidad de ahorro de las nuevas generaciones, impidiendo de facto cualquier atisbo de emancipación real.
Como ya hemos advertido recurrentemente en las páginas de El Blog Salmón al analizar las grietas del sistema productivo, cuando un país premia la mera extracción de rentas pasivas por encima de la innovación, el talento y el esfuerzo laboral diario, la maquinaria se resiente. Mientras los inversores extranjeros y los grandes tenedores siguen moviendo ficha para capturar los picos de rentabilidad en las grandes ciudades, queda botando la incómoda duda de cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema que obliga a sus trabajadores a dejarse la piel en la oficina solo para mantener intactos los ingresos de los propietarios de suelo.
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