El impuesto extraordinario a las eléctricas tiene un reto: que no lo repercutan a los clientes

El impuesto extraordinario a las eléctricas tiene un reto: que no lo repercutan a los clientes
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La semana pasada el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una batería de medidas para hacer frente al escenario de elevada inflación. Entre ellas, quiere atacar a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas mediante un impuesto específico a las energéticas con una duración de dos años.

Específicamente, de las ganancias extraordinarias de las grandes empresas de energía, petróleo y gas se pretende recaudar 2.000 millones de euros al año en 2023 y 2024. El Gobierno quiere enfocarse especialmente en las empresas con facturación de más de 1.000 millones de euros y en un impuesto nuevo que no suponga una modificación del Impuesto sobre Sociedades.

Se estaría apuntando principalmente a las tres grandes eléctricas del país, Endesa, Iberdrola y Naturgy que cerraron el año anterior con unos beneficios de 6.551 millones de euros netos en total, un 40% más que en 2020. El el caso de Repsol también recibe atención a pesar de que su cuota de mercado eléctrico es totalmente irrisoria (3,1%) y sus beneficios de 2.499 millones de euros proceden de negocio de exploración y producción de petróleo y gas.

Es una línea que no es exclusiva del Gobierno español sino que en el ámbito europeo se está apostando por la intervención mediante un impuesto a los beneficios inesperados para financiar medidas que terminen protegiendo a los hogares que están sufriendo los altos precios se la electricidad y así limitar la acción de los Presupuestos. También se adoptan medidas como mecanismos de control o topes a los precios de la energía.

Esta medida fiscal parte de la siguiente premisa: si las eléctricas consiguen más beneficios, deben pagar marginalmente algo más. Una visión que excluye el problema real, el mercado del gas.

Es más si, de verdad, quieren atacar los beneficios extraordinarios por el auge de los precios, el gobierno debería deflactar el IRPF y los impuestos indirectos que están recibiendo un "plus de recaudación".

Lo podemos ver en las cuentas del estado. Hasta mayo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,36% del PIB, frente al 2,87% existente en mayo de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 17.837 millones, lo que supone un descenso del 48,5% respecto a los 34.629 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

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Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 19,2%, frente al comportamiento de los gastos, que se moderan a un ritmo del 3,3%.

Con esta medida fiscal a las grandes energétias, se pretende atacar a la consecuencia y no la causa. Las soluciones aportadas deberian enfocarse en su causa y reducir el elevado impacto del gas que condiciona la fijación de precios en el sector energético.

¿Quién lo paga?

Y viene la pregunta del millón ¿quién pagará realmente este impuesto? ¿Irá contra el margen neto de la cuenta de resultados, impactando finalmente a la remuneración de los accionistas? ¿O bien se repercutirá a los consumidores finales?

Según la Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en la norma se está contemplando prever la repercusión de este gravamen la precio final que soporten los clientes y dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para observar y aplicar las sanciones correspondientes en los supuestos en los que alguna empresa trate de repercutirlo.

Lo cierto es que este impuesto tendrá un impacto mucho menor de lo que inicialmente se pudiera creer. La razón de ello es que sus beneficios están cubiertos a niveles de precios o cerca de ellos que los gobiernos aún consideran justos, lo que hace que la mayoría de sus beneficios por generación estén exentos de los nuevos impuestos, al menos para este año.

Esta medida sigue una senda marcada con anterioridad. En mayo de este año el gobierno español fijó un tope temporal en el precio del gas para contener el aumento de los precios de la electricidad. 

Además, el año pasado el Gobierno introdujo un mecanismo para limitar los beneficios extraordinarios de los proyectos de plantas de energías renovables con una capacidad superior a 10MW que venden energía en el mercado comercial.

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