Hoy aparece publicada en el BOE la Ley 25/2009, más conocida como Ley Omnibus y en la aprobación definitiva de dicha ley, el Ejecutivo con la connivencia del resto de grupos parlamentarios han reculado respecto a la liberalización de los servicios de taxi de mala manera. Inicialmente, el Art 21 de la citada ley estabe redactado de la siguiente manera:
Las autorizaciones de transporte público discrecional habilitarán para realizar servicios en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por razón del origen o destino del servicio.Punto que se mantiene literal, pero se le ha añadido el siguiente párrafo:
De lo anterior quedarán exceptuadas las autorizaciones de transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo que deberán respetar las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente en relación con el origen o destino de los serviciosEsta fijación en el precio junto con las limitaciones que se establecen para alquilar vehículos con conductor a los turismos, el sector del taxi se queda tal cual estaba en un principio, sin apertura de ningún tipo. Gran error por parte del ejecutivo.
El gobierno ha tenido la oportunidad de mejorar sustancialmente el transporte de pasajeros por carretera aperturando el sector al alquiler de vehículos con conductor. Se podría haber dado entrada a competencia legal, a nuevas formas de organización de flota y a unas mejoras globales del sector.
Las presiones le han podido y mandan más los votos de 70.000 familias que los intereses de 46 millones de potenciales usuarios. Antes o después las concesiones administrativas en transporte de pasajeros por carretera deben terminar y se ha perdido una oportunidad de oro para que se crearan nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo.
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