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La problemática de la ley del juego y su futura regulación

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Desde el 2007, el Ejecutivo anda dándole vueltas a la nueva Ley del Juego que se comprometió a redactar y aprobar en esta legislatura. Esta nueva ley debe resolver un problema grave que existe entre los operadores online del juego y los operadores tradicionales que están operando en España.

Actualmente, el sector del juego regulado mueve 30.000 millones de euros anuales, de los que un tercio corresponden a Loterias y Apuestas del Estado. El problema es obvio, las empresas que operan en red no tienen restricciones para publicitarse, operan en todo el territorio y por si fuese poco los domicilios en los que operan no se encuentran radicados en España, normalmente en paraisos fiscales. La situación en la que se encuentran las empresas tradicionales con fuerte regulación es de competencia desleal. ¿Qué posibilidades hay para regular el sector? Existen múltiples soluciones para este problema, algunas buenas, otras no tan buenas y algunas imposibles. En todo caso, la primera palabra la tiene la Unión Europea que debe marcar unas directrices concretas de legislación comunitaria en esta materia y a día de hoy, sólo se han corrido rumores y globos sonda.

El primero que se les ha ocurrido desde Europa, es la prohibición del juego online. Esta prohibición, como todas las que se pueden plantear sobre los negocios que operan en la red, es como intentar ponerle puertas al campo. Sería absurda y no llegaría a ninguna parte porque saltarse una restricción de acceso en la red es relativamente simple salvo que queramos censurar la red.

La segunda, que no se ve con buenos ojos, pasa por darle a las empresas físicas las mismas ventajas que tienen las empresas online. Posibilidad de operar en red y obligar a que cada empresa que opera en un pais tenga un establecimiento permanente en dicho territorio. Con esta norma, se genera una apertura del sector que puede contemplar a la vez la privatización de Loterias y Apuestas del Estado.

En este sentido, la regulación y reglamentación del juego no puede ser autonómica o se requiere una armonización plena en las competencias autonómicas del juego por parte de cada comunidad. Actualmente, además de la ley estatal, cada comunidad goza con un sistema impositivo y unos criterios de imposición de trabas y normas para el establecimiento de casinos, bingos o salones de juego.

Lo que no es lógico es que exista un sector como el juego online que funciona muy bien y que no se tribute por ello en España. En este sentido cuanto más tiempo tarde el Ejecutivo en regular esta materia, más dinero pierden las arcas públicas. Claro está que las soluciones reales que hay sobre la mesa, no son del agrado de las empresas que operan, de ONLAE y de la ciudadanía.

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