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Proteger a los 'okupas mientras dure el Estado de Alarma, una prioridad para el Gobierno

Proteger a los 'okupas mientras dure el Estado de Alarma, una prioridad para el Gobierno
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La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno de plena actualidad y que, debido a la pandemia del coronavirus y la crisis económica, lo ha llevado a un incremento en el número de delitos durante 2020 y por lo tanto, a extender el número de damnificados.

En vez de ofrecer una solución a esta problemática, el Estado ha sido (y es) parte del problema. No solo no ha combatido este delito, sino que lo está amparando. Queda claro en su Real Decreto publicado el 20 de enero en el que dice lo siguiente:

"Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda."

Con esta modificación se ha buscado suspender el procedimiento de desahucio y de los alzamientos contra personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. En la práctica únicamente se pueden ejecutar los desahucios que se produzcan bajo un supuesto de intimidación o violencia sobre las personas. Este supuesto dista mucho del anterior en el que se indicaba que se procedería al desahucio "cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito".

Recordemos que esta carta blanca que se ofrece a la ocupación ilegal estaría vigente durante el Estado de Alarma, es decir, hasta 9 de mayo de 2020, como mínimo, si no se establece ninguna prórroga adicional.

Atentando contra los derechos de propiedad

El Gobierno de Sánchez no ha sido precisamente un defensor de los derechos de propiedad que recaen sobre los propietarios de inmuebles. Si en otros países se ha instado a ofrecer rentas a los más vulnerables, aquí hemos traspasado el problema a los propietarios de inmuebles.

Puede ser entendible que, en este contexto delicado de tercera ola en el que los números de nuevos casos se ha disparado y ha superado los récords anteriores, se busque que nadie se quede sin una casa. Pero el problema no es el objetivo sino el procedimiento por parte del Gobierno.

Debería ser el propio Gobierno quién se hiciera directamente responsable de estas situaciones específicas. Si no ofrece una solución habitacional debería respaldar con renta. En ningún caso es concebible cruzarse de manos para que así se caiga en la casilla de "vulnerable" y acto seguido desplazar la carga al propietario.

Con esta medida, se está ofreciendo un claro incentivo para que se perpetúen estos delitos porque se ofrece una protección a la ocupación. De este modo, se crea un manto de inseguridad para el sector inmobiliario, en unos momentos que se necesita canalizar la inversión y atraer el máximo número de inversores posibles para reflotar el sector.

Las penas contempladas son irrisorias para delitos de esta índole. La ocupación sin violencia (sino hablaríamos de usurpación) está penado con sanciones de tres a seis meses de multa, sin que ello suponga una privación de libertad.

Datos de ocupación en España

Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior y a falta de conocer los datos finales de 2020, en el primer semestre del año anterior se produjeron 7.450 ocupaciones ilegales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se produjeron 7.093 ocupaciones. Es decir, hemos visto un incremento del 5,03% en los periodos comparados.

Si nos vamos a plazos mayores, vemos que el problema viene de atrás. En el año 2016 las ocupaciones ilegales de inmuebles fueron de 9.998 y, a cierre de 2019, alcanzamos la cifra de 14.621, un incremento acumulado del 46,23% en tan solo tres años.

Los datos son preocupantes, pero no se extienden uniformemente por toda España sino que Cataluña acapara gran parte de estos incidentes. La comunidad catalana registró 3.611 casos confirmados entre enero y junio, el 48,5% del total de las denuncias y se ha incrementado más que el resto de España (+13,2%). La comparación con Madrid es odiosa cuando en este periodo ha visto una fuerte reducción (-9,5%).

Y específicamente el problema no es otro que la provincia de Barcelona que concentra 2.644 casos, el 35,48% de las ocupaciones del territorio español y cuadruplicando los datos de Madrid (657 ocupaciones).

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