Antes de que vosotros, gurús de la era digital os echéis encima mío soltando improperios sobre el título en el que muestro el poco valor de la protección de datos, he de decir que esperéis a leer el artículo entero y la fundamentación para que entendáis que no estoy para nada en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero si de los métodos, casi arcaicos, que han de sufrir aquellos los que trabajan con su agencia gestora.
Me empezaba a enterar del tema esta mañana, cuando Pablo Burgueño, abogado especialista en soluciones jurídicas para empresas dentro del sector de las TIC, comentaba a través de twitter que dicha agencia, la Agencia Española de Protección de Datos solo admite consultas mediante correo ordinario.
Ante mi asombro he estado investigando sobre el tema y como se puede observar en su propia página web hay tres métodos de contacto, los habituales de cualquier plataforma o agencia pública: correo postal, correo electrónico y teléfono de información. Hasta aquí todo puede parecer normal y hasta yo pensaba que Pablo estaba del todo equivocado, pero nada más lejos de la realidad tenía toda la razón.
Al parecer, nuestra administración, tan ducha como siempre en el trato al ciudadano vía correo electrónica y vía telefónica sólo responde a algunas muy básicas informaciones y en cuanto el nivel pasa a ser de algún tipo de duda jurídica más importante te remiten a que les envíes una carta mediante correo postal para que te la resuelvan, eso sí espero que no tengas prisa, sólo tardan 6 meses de tiempo mínimo en contestarte a la duda.
Es ciertamente irrisorio, que un órgano público y más cuando se trata de dudas jurídicas para no infringir ningún tipo de aspecto del marco legal tarde más de 6 meses en contestar y más cuando muchas de dichas empresas necesitan conocer, casi siempre de forma inmediata, la resolución que les plantea la AEPD para obrar en consecuencia.
En muchas ocasiones hablamos de por qué España no posee un tejido empresarial más innovador, por qué no somos capaces de tener empresas tan innovadoras como en el extranjero o cosas similares, y esta es la muestra perfecta de ello; por que tenemos de algún modo un pequeño bloqueo institucional que si bien no nos bloquea en maniobra si nos bloquea en cuanto a la ayuda e información necesaria, algo bastante perjudicial sobre todo conociendo las multas que nos puede acarrear una mala acción a posteriori.
En mi opinión creo que sin duda esto ocurre, y es más, creo que no habría costado mucho a la AEPD integrar la firma digital en su web para poder realizar dichas consultas; si actualmente lo tenemos para confirmar nuestro borrador de la Renta o ver el estatus fiscal de nuestra sociedad no creo que legalmente fuera nada descabellado que gracias a él y una vez que ellos nos tuvieran registrados pudiéramos tener alguna respuesta sobre ciertas dudas jurídicas a estos respectos, ya que al fin y al cabo si alguien pregunta es por que prefiere hacerlo bien y no infringir ninguna normativa.
Más Información | Agencia Española de Protección de Datos
Imagen | luchiliu
Comentarios
Si a eso le añades que esta misma agencia está pidiendo a Google que borre datos personales que aparecen en el BOE de sus busquedas (ver http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid...) concluimos que en dicha agencia viven aún en el siglo XX.
tal como funcciona las cosas, es mas probable encontrar tus datos con el google que a traves del BOE.Ademas nuestros datos ya son publicos a traves de muchas empresas por su mal uso, la verdad es procupante y en cuanto la AGENCIA,atrasados como casi todo lo publico.
¿Infradotada?¿Escasamente formados su personal? ¿Viciós administrativos como plazos impensables para un ciudadano pero no para la administracion?
Se jactan que las AAPP en España están implementando las nuevas tecnologías a marchas forzadas (AEAT, TGSS, etc...) pero se demuestra que en este campo como en muchos otros quien tiene la pasta se informatiza de manera adecuada y cuenta con medios adecuados.
Me parece irrisorio que en este país existan dos grandes reformas mucho más perentorias que las económicas y nadie les importancia. Por un lado tenemos una administración/es que hacen los que le da la gana, como les da la gana, y además sin responsabilidad si no es dictada por un juez en una sentencia. Y por otro un sistema judicial desvertebrado, colapsado, atrasado tecnológicamente, y además desprestigiado socialmente.
Y os sorprendéis que las consultas legales a la AEPD se tenga que hacer por correo ordinario y exista un plazo de 6 meses para contestar. A mí para nada, habrá que revisar la legislación que la crea y dota de potestad para ver que seguramente al legislador se le olvidó que existe internet y sus protocolos de seguridad, cosas que pasan en un país donde las cosas van como van.
Un saludo.
Estoy de acuerdo contigo Manuel, es una asignatura pendiente en nuestra Administración; y peor todavía en muchas CCAA, con las cuales hacer gestiones simples es inviable a través de internet y requieren el desplazamiento a la oficina de turno y la pérdida de tiempo.
PD. Miguel, ay, esa patada a la gramática: "encima mío" ;-)
El tema de la justicia es algo que clama al cielo, está obsoleta y atrasada hasta unos niveles increibles. Pero no es que implique que alguien tenga que desplazarse para hacer un trámite en lugar de poder hacerlo por internet, ¡es que están en juego vidas humanas!.
Y no se puede entender que se deba a falta de financiación; interconectar los juzgados y crear una serie de bases de datos centralizadas no creo que suponga un dineral. De hecho hace no mucho el gobierno anunció que dedicaría 30 millones de euros al asunto... creo que es menos de lo que gastan algunos ministerios en publicidad.
De verdad que me resulta increíble, no me cabe en la cabeza. ¿Os acordáis del caso de Santiago del Valle? Un juzgado le buscaba mientras se presentaba en el de al lado cada 15 días...
No se de que os sorprendeis. Es algo muy comun, sobretodo cuando hablamos de consultas VINCULANTES.
La administracion en estos casos debe dar una respuesta que, en caso de ser erronea, puede suponer que se acogan a ella miles de empresas.
Por supuesto, esa es la teoria. La realidad es que prefieren que las empresas trabajen en entornos juridicos inciertos para posteriormente cuando llegue el momento sancionarlas y recaudar.
Esto es muy tipico de consultas fiscales en grandes empresas. Despues llega la inspeccion y empieza la negociacion de la sancion o la regularizacion.
Por supuesto, el no conocer la normativa o su interpretacion no excluye de la sancion.
Por cierto, ninguno de los administradores se anima a comentar esta noticia del pais?:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/hay/salas/...
Tampoco nos olvidemos de las Justicia de a pie, la cual es igual o más lenta. El problema es que, mientras que las empresas se ven obligadas a recurrir a la Justicia pues ponen mas carne en el asador, las personas fisicas en si se ven desalentadas de hacer uso de sus derechos y de la Justicia k pagan con sus impuestos.
Se ven desalentadas por los altos costes economicos y temporales. Para resolver una disputa legal en los juzgados etc se requiere invertir grandes cantidades de tiempo libre de las personas implicadas y dinero. El efecto es que se fomenta de esta manera las infracciones de la ley, ya que si no son muy graves las victimas no ven practico meterse en el berenjenal y, de esta manera, alientan el crimen.
El Estado ha olvidado sus funciones más basicas e importantes a favor de otras más populares electoralmente. Se destina el dinero de los contribuyentes a subvencionar la adquisicion de viviendas, a ayudar a los paises subdesarrollados, a fomentar la educación/adoctrinación (subvenciones a las escuelas k enseñen catalan), a PUBLICIDAD etc Fondos que deberían ser usados para asegurar el perfecto funcionamiento de las funciones realmente importantes y propias del estado. Cuando se escribió la constitución y se estableció la democracia los pensadores de la época no pensaban en el AVE o en las olimpiadas, ni siquiera en la creacion de ascensores para los discapacitados. Pensaban en una entidad elegida por los ciudadanos que asegurase el orden y la paz necesario para que éstos pudiesen prosperar y vivir en sociedad.
Cualquier otra "función" que el Estado se atribuyese más adelante siempre debería esperar a ser servida si sobraba algo de los fondos publicos una vez éstos hubiesen dotado a la justicia, policia etc los suficiente como para que funcionase a pleno rendimiento.
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