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Hace unas semanas, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) inició investigaciones para ver si las empresas de alimentación han actuado conjuntamente en la fijación de precios. Estas actividades anti-competitivas son ilegales y, si se prueban, como se ha dicho en estas páginas, las multas deberían ser fuertes y bastante por encima de los beneficios generados por esas prácticas. ¿Habrá carcel también?

Desde que saltó esta información las patronales alimentarias han salido criticando esta decisión. Jorge Jordana, secretario general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), ha salido en la prensa más veces estos días denunciando esta decisión que lo que ha hecho en los últimos años.

Ahora vemos que Luis Berenguer, el presidente de la CNC, dice “Sería bueno que alguien nos enviara pruebas contra la distribución”.

Hace unos días entró en vigor la ley que da protección a la primera empresa que denuncia su participación en un cartel anticompetitivo de fijación de precios y/o de servicios, carteles que tienen el objetivo de aprovecharse del consumidor.

El resto de miembros del cartel recibirán el peso completo de la ley, con sus multas cuantiosas correspondientes.

En la primera mañana, hasta había cola en las puertas de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) para la presentación de denuncias, recibiendo seis denuncias en un día.