En plena crisis económica con ajustes constantes sobre el gasto público, el Ministerio de Cultura ha librado una partida de 5,7 millones de euros para subvencionar las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria, según cuadro superior. De estas subvenciones, destacan las partidas destinadas a las fundaciones ligadas a los partidos mayoritarios:
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) con 2,38 millones de euros y dependiente del PP, creada en 1989 y presidida por José María Aznar y
Fundación Ideas para el Progreso con 2,25 millones de euros, dependiente del PSOE, creada en 2007 y cuyo presidente es Jose Luis Rodriguez Zapatero.
El Consejo de Ministros de ayer aprobó la subvención de 515.910 euros para la construcción del nuevo órgano de la catedral de León. El coste total del instrumento asciende a 1,7 millones de euros, que serán financiados por el Ministerio en un 30% (subvención anterior) la Junta de Castilla y León 20%, el Ayuntamiento 10%, la Diputación leonesa 10%, Caja España 20% y por el cabildo catedralicio el 10% restante. En total, un 70% del presupuesto con fondos públicos, el 20% de Caja España, (quasi públicos) y quién ostenta el control del instrumento, el cabildo catedralicio y se favorece de la inversión, sólo un 10%.
Actualmente, la catedral de León cuenta con un órgano en perfectas condiciones, prueba de ello es el Festival Internacional de Organo que se encuentra en su XXVII edición con la que arrancó el día 16, pero creo que ha llegado el momento de que los destinos de los fondos públicos para favorecer la cultura deben destinarse a inversiones en lugares que estén al alcance de todos sin restricciones. Por ejemplo, veo perfecto construir órganos en conversatorios, teatros y auditorios y todos aquellos centros en los que cualquiera pueda acceder al aprendizaje y deleite de la música, de órgano en este caso, sin tener que pasar por las propias restricciones de la Iglesia como copropietaria del instrumento y responsable de la catedral de León.
La mesa del Congreso de los Diputados se está planteando renovar la equipación de los terminales móviles de sus señorías; se están planteando darle un iPhone 4 a cada diputado. Me he llevado dos sorpresas al leer esta noticia en El Pais; la primera que no sabía que el Congreso les proporcionara un terminal móvil a cada diputado, la segunda que sus señorías sepan manejar un iPhone, partiendo de la base que se tienen que poner un papelito en los botones de las votaciones para no equivocarse.
El coste del terminal va desde los 160 a los 250 euros a precio de mercado, pero el problema de fondo no se crea por el desembolso inicial en terminales, sino en las tarifas mensuales. Cogiendo la calculadora, en el mejor de los casos el Congreso ´realizaría un desembolso de 70.000 euros en los terminales y unos 210.000 euros anuales en facturas de teléfono ¿Realmente es necesario este despilfarro?
Dos cargos de confianza del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (nombrados por PP y PSOE respectivamente) han sido cesados de su puesto por el juzgado contencioso administrativo nº5 de Málaga y tendrán que devolver las nóminas que han percibido desde julio del 2007, mes en el que entraron como administrativos coordinadores de los dos grupos políticos, a razón de 950 euros mensuales cada uno de los funcionarios.
Esta sentencia es la primera que condena a dos cargos de confianza a esta devolución salarial y aunque la sentencia sostiene que ley reconoce a los grupos políticos de disponer de suficientes medios materiales y personales, estos medios no incluyen los nombramientos de personal de confianza al servicio del partido.
Cantaba Pink Floid “Money, it’s a crime. Share it fairly but don’t take a slice of my pie. Money, so they say” y qué estrofa tan sabia y tan real. Los habituales del lugar sabéis que escribo también en Pymes y Autónomos y hace un par de días nos llegó una consulta de un lector en el que nos planteaba una situación de economía sumergida. Cito algunos extractos textuales de la consulta:
Hace un par de años, comencé un negocio en Internet cuyos ingresos están basados en la publicidad. (...) y últimamente (los ingresos) superan los 3.000€ mensuales con facilidad. (...) Darme de alta no sólo afectaría a mi economía, sino a la de mis padres también, ya que perdería el régimen de familia numerosa, y las becas de estudio de las que disfrutamos, entre otros
Situándonos, unos ingresos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros, no paga impuestos y los gastos de la actividad son mínimos y en su núcleo familiar gozan de toda la protección estatal posible; tales como becas al estudio de amplía cuantía, subvenciones de varios tipos y no me estrañaría incluso que algún que otro subsidio por desempleo. Obviamente, el liberalismo no es perfecto, pero tampoco quiero vivir en el estado de la ambición social de la socialdemocracia de familias que realmente no necesitan esa protección estatal y que prime más la economía sumergida que las actividades económicas ordinarias.
La ministra Salgado se ha levantado hoy con ideas brillantes, todas relativas a la ejecución hipotecaria y al procedimiento de embargo de hipotecas impagadas. La primera de las medidas, modificación de los límites de embargabilidad de salarios en el caso de ejecuciones hipotecarias. Esta medida, ni fú ni fá si no se cuantifica; al fin y al cabo a quién más perjudica es al deudor por la acumulación de intereses de demora
La segunda, que es donde me da la risa y elevo mis plegarias para que no se lleve a cabo consiste en la creación de un fondo de garantía hipotecaria que acuda al rescate de las familias con problemas de pago en las hipotecas. Este experimento lleva costes y esos costes van a salir del caudal recaudatorio del estado, con lo cual, no es una buena idea, ni a nivel económico ni a nivel social.
Póngamonos en situación geográfica previamente. Villar y Velasco es un pueblo de Cuenca con 117 habitantes. Este pueblo, ha recibido 1.133 euros del 2º PlanE (PDF – Final página 12) para el suministro de sistema digital multifunción láser, impresora, copiadora, fax y escáner de red, o más comunmente una impresora multifunción. Al no saber la marca concreta, es posible que se encuentre en precio, aunque la veo un poco cara.
Pero el fondo del asunto de este suministro, extremo discutible sobre su capacidad generadora de empleo a nivel local y directrices de economía sostenible, es que seguimos cometiendo la misma “irracionalidad de marketing” vía carteles para este Plan E. Hoy, se ha publicado en el BOE la resolución del Ministerio de Política Territorial que regula la publicidad de los carteles de este nuevo Plan E y se sigue obligando a la colocación en todos los proyectos. Tal cual ordena esta resolución, los carteles nuevos corresponderán con un formato equivalente al que acompaña al post, con las siguientes características técnicas:
Las sociedades de garantía recíproca son un instrumento útil a la hora de vertebrar los avales necesarios para muchas pymes en todos los sectores. El sector de las SGR es un sector en crecimiento, aunque también está notando los efectos de la crisis. Del total de SGR que operan actualmente, 24 a fecha de hoy, hay una que tiene unas particularidades especiales dentro de las sociedades de garantía recíproca. Me refiero a Audiovisual Aval SGR.
Audiovisual Aval es una SGR que se puso en marcha en el 2005 con objeto de cubrir las necesidades específicas de financiación de las pymes que fundamentan su actividad en la producción cinematográfica y audiovisual. Esta sociedad tiene como socios protectores, aquellos que ponen gran parte del capital social de la SGR a el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales y Egeda entre otras asociaciones del sector. Mi curiosidad por esta sociedad ha surgido cuando he visto una subvención del ministerio de cultura (BOE-PDF) a Audiovisual Aval SGR de 4,5 millones de euros para dotar el fondo de provisiones técnicas de la sociedad.
Si los botones de votación del Congreso de los Diputados y del Senado de los parlamentarios y senadores sirvieran para disparar misiles, hace tiempo que el mundo habría desaparecido bajo una hecatombe nuclear. A esta conclusión podemos llegar después de haber asistido a dos errores en votaciones en el Parlamento y en el Senado de enmiendas legislativas y leyes.
En el caso del Senado, se aprobaron la introducción de una bateria de enmiendas propuestas por CIU a los PGE 2010 que amplían el gasto estatal por más de 500 millones de euros. Esta votación no sirve para nada dado que puede ser rechazada en la aprobación definitiva de la ley en el Congreso y hoy en el Congreso, varios diputados de CIU y PNV han votado a favor de la nueva Ley de Financiación Autonómica. Este error no tiene repercusión dado que la ley se iba a probar de todas las maneras, pero sus Señorías, no están a lo que están y cobran un mínimo de 5.000 euros mensuales por darle a estos botoncitos y hacer poco más.
Existen una serie de partidas presupuestarias destinadas por las distintas administraciones públicas a la realización de cursos gratuitos de formación a los trabajadores y desempleados. Sobre estos cursos, siempre he mostrado mis reticencias al respecto, dado que la mayoría de las veces, las academias se ponen las botas a cargo de la subvención de turno sin siquiera dar el curso o realizando todos aquellos tejemanejes necesarios para recopilar los datos de los hipotéticos alumnos y recibir el coste subvencionado a cada alumno.
Lo último que me quedaba por ver es la promoción de unos cursos de formación sorteando un viaje valorado en 1.200 euros para dos personas, siempre y cuando finalicen el curso satisfactoriamente. ¿Es necesario subvencionar actividades que requieren promociones adicionales como reclamo?
