Redacción El Blog Salmón
EditorEl cierre por aglomeraciones en la playa de las Catedrales ha reavivado el debate sobre cómo gestionar un litoral que este verano recibirá 43 millones de turistas. Un modelo está sobre la mesa: el de las concesiones privadas italianas, un sistema que la propia Unión Europea está obligando a reformar.
La playa de las Catedrales, en Ribadeo (Lugo), concede alrededor de 4.800 permisos diarios de acceso. El martes 22 de julio la Xunta tuvo que cerrarla por motivos de seguridad cuando miles de personas se concentraron durante la bajamar de la tarde, entre las cuatro y las cinco. No fue un incidente aislado: a principios de mes ya se había registrado otro cierre temporal. Lo que antes era una rareza estival se ha convertido en un síntoma del desplazamiento del turismo hacia el norte, impulsado en parte por las temperaturas más suaves de la costa cantábrica.
La costa española se está quedando pequeña
Un modelo a medias. En Italia, cerca de 30.000 concesiones balnearias —los bagni— gestionan alrededor del 45% de las playas, según recoge El Economista. Alquilan tumbonas y sombrillas por entre 30 y 60 euros el día, o entre 600 y 1.000 euros la temporada. La experiencia, descrita por la colaboradora de Herrera en COPE Sofía Buera, es de orden absoluto: "Tienes tus butaquitas, tus sombrillas, tus tumbonas, tus sillas, te sirven tus cosas." Lo que no se suele contar es que la playa libre, en muchos casos, queda a tres o cuatro kilómetros. "Como se te ocurra poner una toalla sin ser cliente —desliza Buera—, te echan." En la costa Adriática hay ejemplos de playas de 700 metros donde apenas 10 son de acceso público.
¿Hasta cuándo puede durar esto? La respuesta la ha ido dando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 2016, cuando sentenció que las prórrogas automáticas de concesiones sobre dominio público marítimo son contrarias a la Directiva de Servicios de 2006. En concreto, el TJUE estableció en los asuntos C-458/14 y C-67/15 que la prórroga automática de determinadas concesiones sin un procedimiento de selección era contraria al Derecho de la Unión. Italia tiene hasta junio de 2027 para iniciar un sistema de licitación; las concesiones actuales mantienen su validez hasta el 30 de septiembre de ese año, según recoge ILF Law Firm. La Comisión abrió un procedimiento de infracción en 2020 por la falta de cumplimiento de la sentencia previa. La población local lo sabe y no está callada: se han organizado protestas y campañas para reclamar un mayor acceso público a las playas.
677 banderas azules. Mientras Italia negocia la apertura de sus costas, España acaba de batir su propio récord y vuelve a liderar el ranking mundial con 677 playas con Bandera Azul en 2026, 35 más que el año anterior, según la ADEAC. Nada de esto llega a través de concesiones privadas: la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas garantiza el uso público y gratuito del dominio público marítimo-terrestre. Con ese telón de fondo, los ayuntamientos ensayan fórmulas intermedias: cupos de aforo en puntos estratégicos, tasas turísticas por noche y restricciones a los cruceros. Cádiz, por ejemplo, ha reducido las escalas simultáneas de buques de más de 8.000 camas de veintiuno a cuatro días al mes, según recoge Cadena SER. Y es lógico: los destinos de sol y playa generan alrededor del 64% del PIB turístico español, según Exceltur.
El debate, sin embargo, no es tanto público versus privado como de volumen puro. España recibirá este verano a 43 millones de turistas entre junio y septiembre, un 6% más que en 2025, con un gasto estimado de 64.000 millones de euros, según los datos de Turespaña que recoge RTVE. La gran pregunta que dejan botando las imágenes de las Catedrales colapsada y los bagni italianos a punto de salir a subasta es… ¿puede sostenerse el acceso libre cuando determinados espacios turísticos alcanzan o superan su capacidad de acogida?
Imagen | Málaga. Joaquin Carfagna (vía Pexels)
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