Sergio Delgado
El sistema tributario español, que duda cabe, ha cambiado y mucho en los últimos años. No solo ha mutado en cuanto a su estructura normativa, sino que también lo ha hecho en la interactuación con los ciudadanos.
La combinación de una mayor complejidad fiscal e incremental a través de la cantidad, no de la calidad, ha llevado a un aumento de litigios entre Hacienda y los contribuyentes.
La interposición de órganos administrativos y judiciales es cada vez más frecuente; las impugnaciones a liquidaciones, sanciones u otras actuaciones son cada vez más comunes…y exitosas. No es algo nuevo.
Desde 2008, coincidiendo con la crisis financiera, ha aumentado la conflictividad tributaria.
La presión recaudatoria se transforma en litigiosidad
Según Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), actualmente existen más de 250.000 reclamaciones en trámite en los órganos administrativos encargados de resolver disputas tributarias.
Esta cifra es el reflejo de una estrategia que ha incentivado actuaciones masivas sin el debido análisis, y que ha generado una oleada de conflictos con particulares. A esto se suma que desde hace más de una década apenas ha variado el número de técnicos encargados de tramitar y resolver estos procedimientos.
En 2023, el número de reclamaciones presentadas alcanzó las 239.177, lo que supone un aumento del 32% respecto a 2019.
Un crecimiento impulsado por la introducción de nuevas figuras fiscales y modificaciones normativas de interpretación ambigua, que han generado inseguridad jurídica y desconfianza.
Las familias, en particular, se han visto arrastradas por esta complejidad normativa en contextos tan sensibles como los impuestos de sucesiones, las deducciones familiares o los gravámenes sobre patrimonio.
Alta estimación de reclamaciones en favor de los contribuyentes
Una de las claves que explican el aumento de recursos es el porcentaje de éxito que tienen quienes recurren. Los datos de los TEA muestran que cerca del 40% de las reclamaciones son estimadas, total o parcialmente. Esta proporción aumenta en materias de mayor relevancia económica, donde el porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente puede superar el 50 %.
En el ámbito autonómico, la situación es aún más llamativa: el 66% de las reclamaciones contra actos dictados por las haciendas regionales terminan con resultado favorable para los contribuyentes. Esta elevada tasa de corrección refleja no solo errores en la tramitación, sino también decisiones discutibles desde el punto de vista jurídico.
El atasco judicial como consecuencia del exceso de celo
La vía contenciosa tampoco favorece a Hacienda. Los tribunales de justicia anulan cerca del 40% de las liquidaciones impugnadas. Sin embargo, apenas el 17% de los ciudadanos afectados por una resolución administrativa deciden llegar a los tribunales. La razón es sencilla: la mayoría de las deudas no compensa asumir el coste del proceso judicial.
Este desajuste ha dejado a muchas familias con escaso margen de defensa, asumiendo de forma resignada errores administrativos por el simple hecho de que litigar cuesta más que lo que se discute.
Una deuda que se dispara y recursos que se acumulan
La deuda tributaria pendiente de cobro por parte de Hacienda alcanza ya los 50.000 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 11.000 millones están paralizados en procesos administrativos o judiciales.
El atasco ha obligado al Ministerio a activar planes extraordinarios para reducir los expedientes acumulados, como la cesión temporal de técnicos de la AEAT a los tribunales económicos, con el objetivo de aumentar un 28,8% el número de ponentes.
No obstante, el enfoque sigue siendo cortoplacista. Los técnicos de Hacienda denuncian que sin una reforma estructural del modelo de gestión, estos parches no lograrán reducir la carga real de trabajo ni mejorar la calidad de las decisiones.La litigiosidad persistirá mientras no se aborde el origen: la planificación basada en cuotas de inspección y objetivos recaudatorios.
Las familias, atrapadas en el laberinto tributario
La complejidad del marco fiscal no solo afecta a las grandes empresas. Las familias están cada vez más expuestas a una normativa intrincada, difícil de interpretar y más propensa a errores. El resultado es una desconfianza creciente hacia el sistema, especialmente cuando se enfrentan a procedimientos largos, costosos y técnicamente exigentes.
Muchos hogares que han recibido liquidaciones o sanciones se encuentran en la disyuntiva de aceptar el acto administrativo o embarcarse en un proceso de reclamación sin garantías claras. La percepción generalizada es que el esfuerzo recaudador recae sobre quienes tienen menos medios para defenderse.
Esta situación se ha agravado en los últimos años con la irrupción de nuevos impuestos, como los aplicados a servicios digitales o grandes patrimonios, que han multiplicado las dudas legales y los litigios.
Hacienda tiene su propia versión. Afirma que gana el 70% de los recursos. Sin embargo, los datos actuales reflejan una realidad mucho más equilibrada. Además, el argumentario de que la conflictividad relativa ha disminuido no oculta el hecho de que la presión tributaria ha crecido y que la inseguridad jurídica también ha aumentado.
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