Javier Ruiz
En solo cinco años, el precio medio de la vivienda en España ha pasado de unos 150.000 € a los 210.000 €, según datos de Fotocasa. En este tiempo, el mercado inmobiliario ha experimentado un alza en los precios que roza el 40 %, impulsada sobre todo por la vivienda de segunda mano, la escasez de oferta en las grandes ciudades y el encarecimiento del suelo y de la obra nueva.
La escasez también afecta al lujo, si te lo estás preguntando, y todo indica que no es un fenómeno puntual: los principales indicadores inmobiliarios confirman que el mercado se mantiene en máximos, incluso en un contexto de tipos de interés aún elevados.
Las malas noticias
El acceso a la vivienda se ha convertido así en uno de los principales puntos de tensión para la economía doméstica española, pero de este banco cuelgan al menos otras dos patas.
La primera es que los aumentos salariales han sido mucho más modestos. El salario medio en España se ha incrementado alrededor de un 12 % desde 2019, como apunta el INE.
En 2019, el salario medio anual era de unos 24.400 €; en 2023, apenas supera los 27.000 €. El contraste con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es llamativo: ha pasado de 735 € mensuales en 2018 a 1.134 € en 2024, una subida de más del 50 %, según datos del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, este incremento ha tenido un impacto mayor en las rentas bajas, sin reflejarse de la misma manera en los salarios medios ni en la capacidad adquisitiva de la escasa clase media.
La gente que invertía en una casa en propiedad no cobraba el SMI en 2019, y tampoco lo cobra en 2025. La diferencia es que, en estos cinco años, cada vez menos familias con rentas medias pueden permitirse acceder a un piso de compra.
De igual modo, según datos del INE, la inflación acumulada entre 2019 y 2024 se sitúa en torno al 18–19 %. La traducción directa es que muchos trabajadores han visto aumentar sus sueldos nominales, pero el coste de la vida ha subido aún más rápido.
La pérdida de valor real del dinero afecta a todo el consumo: alimentación, transporte, energía y, por supuesto, vivienda. Además, la decisión del Gobierno de no deflactar los tramos del IRPF, es decir, ajustar los límites del impuesto al ritmo de la inflación, ha supuesto que miles de contribuyentes paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su nivel de vida. Según cálculos de expertos citados por El País, las rentas bajas y medias asumirán entre 200 € y 425 € adicionales al año por este efecto.
En conjunto, una mirada detallada nos permite estimar una pérdida de poder adquisitivo cercana al 6 % para el trabajador medio en este periodo: la diferencia entre la subida nominal del salario (+12 %) y la inflación acumulada (+18 %). En términos reales, los ingresos rinden menos, y el efecto fiscal de la no deflactación amplifica esa pérdida. En la práctica, muchos hogares “ganan más”, pero pueden comprar menos.
Hoy hacen falta alrededor de 7,5 años de salario medio para adquirir una vivienda, frente a los 6 años que se necesitaban antes de la pandemia, según los propios portales inmobiliarios. Ni las revisiones salariales ni las leves mejoras del mercado hipotecario logran cerrar una brecha que convierte el acceso a la vivienda en un lujo creciente para la clase media.
Abordar el problema
El diagnóstico es claro; las soluciones avanzan despacio. El Gobierno central ha anunciado varias medidas en el marco del Plan de Vivienda 2025, entre ellas incentivos fiscales para propietarios que alquilen por debajo de los precios de referencia, el impulso de vivienda pública en suelo del Estado y la ampliación de avales del ICO para jóvenes.
Sin embargo, expertos y promotores inmobiliarios insisten en que el problema estructural es de oferta, no solo de precio o fiscalidad. La asociación APCEspaña, por ejemplo, reclama menos trabas burocráticas, más suelo disponible y estabilidad regulatoria para acelerar la construcción.
Desde la óptica laboral, los economistas apuntan a que la recuperación del poder adquisitivo pasa por vincular salarios a productividad real y no solo al IPC, una vía que podría estabilizar el consumo sin desatar presiones inflacionarias.
A todo ello se suma la creciente presión de costes y retrasos en la promoción inmobiliaria. El sector alerta de que los problemas de suministro, la escasez de mano de obra cualificada y los largos plazos administrativos están elevando el precio final de la vivienda nueva y ralentizando su entrega. Según advierte Cinco Días, el encarecimiento de materiales y la burocracia están provocando que la subida de precios en la vivienda amenace con volverse estructural, consolidando un mercado donde cada año se construye menos y se paga más.
A corto plazo, ninguna de estas medidas parece suficiente para revertir la tendencia. La brecha entre vivienda y salarios se ha convertido en un termómetro de desigualdad: la propiedad se concentra, los alquileres se tensionan y la movilidad social se frena. España ya es un país donde, para una mayoría cada vez más amplia, trabajar ya no basta para poder comprar una casa.
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