Sergio Delgado
El mercado laboral español muestra una aparente fortaleza, de eso no hay duda. Sin embargo, contiene algunas sombras cada vez más difíciles de ignorar. La afiliación a la Seguridad Social registra cifras históricas sí, y las estadísticas oficiales de desempleo mantienen un tono positivo.
Pero bajo esa superficie se esconde una realidad que matiza la lectura de los datos: el crecimiento del colectivo de trabajadores fijos discontinuos inactivos, que ya supera las 740.000 personas según registros del Servicio Público de Empleo Estatal.
Se trata de empleados que mantienen su relación contractual con una empresa, no trabajan en ese momento y tampoco aparecen en las listas del paro.
Este fenómeno, que se ha intensificado desde la aprobación de la reforma laboral hace cuatro años, está reabriendo el debate sobre el llamado “paro oculto” y sobre las implicaciones reales de un mercado que combina elevadas cifras de ocupación con un volumen creciente de inactividad.
El diseño de esta modalidad contractual y su uso extendido en sectores no siempre estacionales han generado un escenario estadístico complejo, en el que la frontera entre empleo y desempleo resulta más difusa que nunca.
El peso creciente de la inactividad y su impacto en las cifras laborales
Los contratos fijos discontinuos, convertidos en alternativa preferente a los temporales tras el cambio normativo, permiten que el trabajador mantenga el vínculo con la empresa incluso en los periodos sin actividad.
Este mecanismo evita contabilizar a estas personas como paradas registradas, pero sí les da acceso a prestación por desempleo mientras no están trabajando.
El resultado es una doble lectura de las cifras: el paro no aumenta en el registro oficial, pero el número de expedientes gestionados se ha disparado. Entre enero y septiembre se tramitaron 570.164 prestaciones asociadas a esta modalidad, más del doble que antes de la reforma.
Este incremento del 114% respecto a 2019 evidencia que la modalidad ha dejado de ser residual y se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada para cubrir necesidades intermitentes de personal.
Paralelamente, introduce un margen de incertidumbre en la valoración del mercado laboral español, ya que estas personas no cuentan como desempleadas pese a encontrarse sin actividad y cobrando ayudas en muchos casos.
Un mercado laboral que sigue mostrando señales de estacionalidad
Organizaciones sindicales como la Unión Sindical Obrera sitúan el “paro real” por encima de los 3,7 millones de personas al agregar diferentes colectivos que, aunque no figuran en las cifras oficiales, se encuentran sin trabajo efectivo.
A los 2,44 millones de parados registrados se suman trabajadores con disponibilidad limitada, personas en ERTE, ocupados que buscan otro empleo y los fijos discontinuos inactivos.
Según esta visión, el mercado laboral español sigue arrastrando una estructura marcada por picos de actividad y periodos de parón, especialmente en sectores como servicios, agricultura o industria, donde las oscilaciones siguen siendo notables.
Los datos del paro juvenil refuerzan esta lectura. En el último registro, las cifras aumentaron en más de 10.000 personas en menores de 25 años, lo que representa casi la mitad del avance mensual. El desempleo femenino continúa en niveles más altos que el masculino y, aunque ambos se reducen en términos interanuales, la brecha apenas se corrige.
Estas dinámicas dibujan un mercado tensionado, vulnerable a los ciclos y dependiente de medidas que aún no han logrado modificar su estructura profundamente estacional.
El aumento del gasto en prestaciones y la preocupación empresarial
La expansión del colectivo de fijos discontinuos no solo altera la lectura de los datos de empleo, sino que se refleja en el gasto público. AIReF y Banco de España estiman un incremento interanual de entre el 30% y el 35% del volumen total de ayudas.
En 2019, los trabajadores de esta modalidad representaban el 7,7% de quienes cobraban prestación; en 2025 rondan ya el 11%. Las cifras de perceptores medios también han crecido con fuerza, con 88.000 personas en septiembre y más de 129.000 en el conjunto del año.
Se trata de un colectivo con alta rotación y periodos de cobro breves, lo que eleva el número de expedientes administrativos.
A este escenario se suma la advertencia de la CEOE sobre la caída de la productividad por ocupado respecto a finales de 2019 y la reducción de la jornada media efectiva en el sector privado, situada en 30,9 horas semanales según la Encuesta de Población Activa.
La patronal vincula estas tendencias al aumento de las incapacidades temporales y a una regulación de permisos que, a su juicio, introduce inseguridad jurídica y mayores dificultades organizativas para las empresas.
Un tejido laboral que muestra síntomas de fragilidad estructural
El uso progresivo de los contratos fijos discontinuos también está transformando el perfil del trabajador que los suscribe. Ya no se circunscriben a campañas agrícolas o temporadas turísticas, sino que se extienden a la logística, la educación o la atención al cliente, sectores donde los periodos de actividad son más cortos y la rotación más frecuente.
Esta diversificación amplía el alcance del fenómeno y complica la detección del desempleo real, ya que no existe un dato único de inactivos inscritos y las competencias se reparten entre administraciones autonómicas.
A la par, otros indicadores revelan las dificultades del mercado laboral español para ofrecer estabilidad. Más de 847.000 personas declaran pluriactividad para complementar ingresos, el absentismo supera el millón de ausencias diarias de media anual y España figura como el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil.
Asociaciones como ATA y Cepyme advierten además de un crecimiento desigual, donde medianas y grandes empresas concentran la creación de empleo mientras autónomos y microempresas muestran dinámicas de destrucción o estancamiento.
La presencia de cientos de miles de trabajadores sin actividad que no figuran en el paro registrado plantea un desafío estadístico e incluso político.
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