Sergio Delgado
Los datos hablan por sí solos. El sistema tributario español ha experimentado en los últimos años un crecimiento histórico récord en los niveles de recaudación.
Pese a la situación económica global, la aportación fiscal de ciudadanos y empresas se ha incrementado hasta niveles sin precedentes. Ahora bien, esta histórica tendencia alcista, aunque ha mejorado levemente la renta entre los hogares, no se ha traducido automáticamente en una mejora proporcional en la redistribución de la riqueza.
Es decir, a pesar de que la presión fiscal haya subido y el Estado disponga de más recursos, hay una brecha entre la eficacia recaudatoria y la capacidad real del sistema en corregir desigualdades.
Tanto desde el punto de vista del diseño de los impuestos como desde el efecto de prestaciones y mercado laboral, se ha dibujado un complejo escenario en el que recaudar más no nos lleva a redistribuir del todo mejor.
Auge histórico en la recaudación tributaria
Durante 2024, nuestro país logró recaudar 281.174 millones de euros gracias a cuatro figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales.
Un aumento respecto al año anterior de un 8,1 % y situando el peso de estos tributos en el 17,7 % del PIB, frente al 17,4 % registrado en 2023.
La subida se apoyó, sobre todo, en el IRPF, que acumuló el 40 % del aumento total. Le sigue el IVA, con el 29,1 %; luego el Impuesto de Sociedades con el 17,7 %; y los Impuestos Especiales, con el 6,6 %.
Si sumamos las cotizaciones sociales, la presión fiscal aumenta hasta el 30,9 % del PIB. Unas cifras que ponen sobre la mesa una consolidación del sistema recaudatorio, que logra sostener buena parte del gasto público gracias al aumento del ingreso fiscal.
Crece la recaudación sí pero también se debilita la redistribución
Pese a este aumento en ingresos, los efectos de restribución del sistema se han visto afectados. Según datos del informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestacioneselaborado por Fedea, en 2022 la intervención pública pudo reducir la desigualdad un 32,5 %, el dato más bajo desde 2017. Un retroceso que partía en un punto álgido desde 2020, cuando las medidas excepcionales por la pandemia elevaron la reducción al 38,1 %.
Ampliando la comparativa a lo largo del ciclo vital de los hogares, la capacidad redistributiva mengua más, un 25,5 %. O lo que es lo mismo: la desigualdad corregida en un año se aplaca con el tiempo lo que vislumbra limitaciones estructurales en el sistema.
El IRPF pierde fuerza como herramienta redistributiva
El IRPF siempre ha sido pilar de la progresividad fiscal en España, sin embargo su papel ha disminuido levemente. En 2021, el IRPF ayudo a bajar la desigualdad en un 4,3 %, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1 %.
Mientras por otro lado, la carga real del IRPF sigue subiendo. En 2024, el índice de carga tributaria sobre la renta escaló hasta los 114,4 puntos respecto a la base de 2008, y la renta neta media por hogar fue del 95,7.
Un desajuste que muestra cómo el peso del tributo ha aumentado más que la capacidad adquisitiva real de los hogares.
Los impuestos indirectos amplifican la desigualdad
Asimismo, tributos sobre el consumo, tales como el IVA o el ITP, siguen desmantelando la equidad del sistema.
Dado su carácter regresivo, las familias con menos ingresos tributan con un porcentaje de su renta significativamente mayor que los más afectados. Por ejemplo, en 2022 se acentúo la desigualdad en un 2,47 % adicional.
Si bien en parte se contrarrestó con la medidas sobre el precio de la energía a través de acciones como rebajas fiscales, esto no fue suficiente. Los hogares más vulnerables continúan asumiendo una mayor carga relativa del gasto para su consumo básico.
El impuesto de sociedades y las limitaciones del patrimonio
En 2022, el Impuesto de Sociedades aumentó su recaudación en un 29,7 %, con un tipo medio efectivo que subió ligeramente hasta el 0,9 % sobre la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo modesta: apenas contribuyó con una mejora del 1,01 %.
Más llamativo aún fue el comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo efecto fue incluso negativo. En lugar de amortiguar las diferencias de renta, contribuyó a aumentarlas de forma marginal. Este comportamiento desafía el propósito redistributivo que debería acompañar a este tipo de figuras tributarias.
Las prestaciones también reducen su efecto corrector
El otro gran canal de redistribución, el de las prestaciones monetarias, también ha perdido poder. Éstas frenaron un 23,4 % la desigualdad en 2022, por el 24,9 % que lo habían hecho en el 2021.
La media de los subsidios de desempleo, un 27,8 % menos, explica en gran parte este descenso en el impacto redistributivo. Las pensiones de jubilación, sin embargo, se mantienen como el pilar más sólido, sobre el que se sustenta un 60 % del total de la corrección de desigualdad atribuible a las transferencias públicas.
Aun así, su peso cada vez más predominante dentro el gasto social sirve para desplazar otras ayudas más centradas en la reducción directa de la pobreza.
En definitiva, el sistema público ha logrado reducir las diferencias económicas en España, pero no es suficiente. Los hogares situados en el 60 % inferior de la escala de ingresos siguen siendo beneficiarios netos de la intervención pública, mientras que el resto asume una mayor carga impositiva sin una compensación directa.
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