Sergio Delgado
No salen las cuentas. El sistema público de pensiones español atraviesa una etapa de máxima dependencia de los fondos procedentes del presupuesto general.
La inyección de 40.000 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2025 confirma que la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para hacer frente al pago de las prestaciones contributivas.
La magnitud de esta cifra pone en evidencia, una vez más, la brecha existente entre los ingresos por cotizaciones y el gasto total en pensiones. Aunque el mercado laboral continúa generando empleo y los salarios han aumentado, las aportaciones de trabajadores y empresas siguen siendo insuficientes para cubrir las obligaciones de pago, que superan ya los 10 millones de pensiones activas en España.
El gasto en pensiones crece más rápido que los ingresos
Durante los primeros meses del año, la transferencia estatal ha sido un 16,2% superior a la registrada en el mismo periodo de 2024. Son 5.577 millones de euros adicionales que evidencian el desajuste estructural del sistema.
El desembolso total en pensiones superará previsiblemente los 216.000 millones de euros en 2025, impulsado por la revalorización vinculada al IPC y por el envejecimiento de la población.
A pesar del récord histórico de afiliación, el incremento del empleo no se traduce en una mejora proporcional de las cuentas.
Las cotizaciones aportadas por los nuevos trabajadores no compensan el ritmo de crecimiento del gasto, lo que obliga a recurrir de forma constante a la recaudación tributaria. La transferencia procedente del Tesoro se ha consolidado como un pilar indispensable para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
La financiación del sistema depende cada vez más del Tesoro
El análisis de las cuentas hasta agosto muestra ingresos por valor de 159.169 millones de euros frente a unos gastos de 153.110 millones, lo que arroja un superávit de 6.059 millones. Sin embargo, este resultado positivo solo se mantiene gracias al aporte estatal. Si se eliminaran las transferencias, el sistema presentaría un déficit considerable.
De los ingresos totales, cerca de 117.000 millones corresponden a cotizaciones sociales. El resto proviene de la financiación pública, que ya representa una cuarta parte de todo el dinero destinado a sufragar las pensiones. Esta realidad refleja una transformación profunda del modelo contributivo original, donde la mayor parte del gasto debía sostenerse con las aportaciones directas de trabajadores y empleadores.
Un déficit contributivo que sigue ampliándose
El desequilibrio interno del sistema se hace aún más evidente al considerar las partidas específicas. El mecanismo de equidad intergeneracional, diseñado para alimentar el Fondo de Reserva, ha recaudado 3.237 millones hasta agosto, aunque ese dinero no puede destinarse al pago corriente. Si se descuenta este importe, el déficit contributivo supera los 37.000 millones de euros.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que esta dependencia de los fondos públicos se incrementará en las próximas décadas.
Según sus previsiones, en 2050 será necesario transferir cerca de 85.000 millones anuales, equivalentes al 5,5% del PIB, para sostener el gasto derivado de las jubilaciones. La causa principal será el aumento de la esperanza de vida y la plena aplicación del sistema de revalorización automática con el IPC.
Las bajas laborales agravan la presión financiera
A la tensión derivada del pago de pensiones se suma el crecimiento del gasto por incapacidad temporal. En los primeros ocho meses del año, la Seguridad Social ha destinado 11.742 millones de euros a cubrir bajas laborales, un 12,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
En solo nueve meses se ha agotado la totalidad del presupuesto inicial, lo que ha obligado a ampliar la partida hasta los 14.795 millones, un 25% por encima de lo previsto.
Esta desviación demuestra la falta de adecuación entre la planificación presupuestaria y la evolución real del mercado laboral. La prórroga de las cuentas de 2023 no contemplaba el incremento sostenido de las ausencias médicas, ni el mayor coste asociado a ellas.
El gasto sanitario y laboral se ha convertido en un nuevo foco de tensión para la Seguridad Social, que ya depende de manera estructural del apoyo estatal para mantener su equilibrio.
La tendencia apunta a una financiación estructural
La trayectoria de los últimos años revela un patrón constante de aumento en las transferencias del Estado. En 2017 ascendían a 16.280 millones, y desde entonces han crecido cada ejercicio. El salto más pronunciado se produjo en 2020, con más de 45.000 millones, y desde entonces se ha mantenido en niveles elevados, rozando los 48.000 millones en 2021 y 2024. Este año, la cifra se sitúa ya en 40.010 millones hasta agosto, lo que anticipa un cierre de ejercicio similar a los máximos registrados.
La aportación pública, que nació como un mecanismo excepcional para garantizar el equilibrio de las cuentas, se ha convertido en un elemento permanente de la financiación. La cuestión es, ¿hasta cuándo? ¿es todo esto sostenible?
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