Sergio Delgado
El precio de los carburantes en España vive un momento de tensa calma antes de una nueva subida que podría notarse pronto en los bolsillos de los conductores. Muy pronto.
Aunque las últimas semanas han registrado ligeras bajadas en las gasolineras, la entrada en vigor de una nueva regulación europea amenaza con revertir esta tendencia y encarecer de forma considerable el litro de combustible.
Durante las últimas dos semanas, los precios han caído en torno a un 0,5 %, alcanzando sus mínimos desde junio. Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se sitúa actualmente en 1,467 euros por litro, mientras que el gasóleo marca 1,397 euros.
En comparación con el año anterior, el precio de la gasolina es un 2,5 % más bajo, aunque el diésel se mantiene un 0,3 % por encima. Sin embargo, el horizonte de estabilidad parece limitado ante la llegada del sistema europeo ETS2, que redefinirá el coste del transporte por carretera.
La tregua temporal de los carburantes
El descenso reciente en los precios responde, principalmente, a la bajada del crudo internacional tras el anuncio de un alto el fuego en Gaza y la estabilización de los mercados energéticos.
Desde el inicio del conflicto en Ucrania, los carburantes han mostrado una volatilidad constante, condicionados por factores geopolíticos y por las políticas de producción de la OPEP.
Actualmente, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 80,69 euros en gasolina y 76,84 euros en diésel, cifras ligeramente inferiores a las de semanas anteriores.
Aun así, los precios españoles se mantienen por debajo de la media europea: en la zona euro, el litro de gasolina ronda los 1,66 euros y el gasóleo 1,53 euros. Esta diferencia, que históricamente ha favorecido al consumidor nacional, podría acortarse con la nueva normativa ambiental europea.
El nuevo impuesto del carbono ETS2
La gran preocupación de los próximos años es la implantación del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS2), que ampliará el actual mercado europeo de derechos de carbono al transporte por carretera y a los edificios.
Esta medida forma parte del plan climático “Fit for 55”, con el que la Unión Europea busca reducir en un 55 % las emisiones contaminantes antes de 2030.
El nuevo esquema obligará a las empresas proveedoras de combustibles a comprar derechos de emisión por el dióxido de carbono generado en la producción y uso de sus productos. Este coste, inevitablemente, se trasladará al consumidor final.
Según cálculos de la Comisión Europea, el incremento medio podría situarse en 0,11 euros por litro en gasolina y 0,13 euros en diésel, aunque en escenarios de alta demanda de carbono podría superar los 0,50 euros por litro.
Cómo afectará al consumidor
El impacto del ETS2 será progresivo pero sostenido. Si las previsiones se confirman, llenar un depósito de gasolina podría encarecerse entre 6 y 7 euros, mientras que uno de gasóleo podría subir alrededor de 7,5 euros.
A esto habría que sumar posibles fluctuaciones del petróleo y ajustes fiscales nacionales. Para muchas familias, especialmente aquellas que dependen del vehículo para desplazarse al trabajo o viven en zonas rurales, el aumento representará una presión adicional sobre el presupuesto doméstico.
El Banco Central Europeo ya ha advertido de que la transición energética puede tener efectos inflacionarios temporales, sobre todo en sectores como el transporte y la energía doméstica.
Enésimo reto para el transporte y la logística
El sector del transporte por carretera será uno de los más afectados por el nuevo esquema. Las empresas de logística, distribución y mercancías verán incrementados sus costes operativos debido al mayor precio del combustible y a la obligación de compensar las emisiones de carbono.
De acuerdo con la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), el impacto medio podría elevar los costes de operación en torno a un 8 %.
Esto podría trasladarse a los precios finales de numerosos bienes de consumo, desde alimentos hasta productos industriales, generando un efecto en cadena en la economía.
Las patronales del sector han pedido a Bruselas medidas de acompañamiento, como ayudas para renovar flotas por vehículos de bajas emisiones o incentivos para el uso de biocombustibles.
Sin embargo, la implantación plena del sistema está prevista para 2027, con la posibilidad de aplazarse hasta 2028 si los precios energéticos se mantienen elevados.
El papel de España en la transición energética
España se encuentra en una posición intermedia dentro del proceso de descarbonización europeo. Por un lado, mantiene una red de transporte muy dependiente del diésel y una flota envejecida; por otro, está impulsando proyectos de biocombustibles y energías renovables que podrían mitigar parte del impacto del ETS2.
El Gobierno ha manifestado su intención de acompañar la transición con medidas sociales, como el Fondo Social para el Clima, destinado a compensar a los hogares más vulnerables frente al aumento de los costes energéticos. A través de este fondo, los Estados miembros podrán financiar ayudas directas o inversiones en eficiencia energética.
A corto plazo, los precios seguirán sujetos a los vaivenes internacionales del crudo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda mundial alcance niveles récord en 2025, impulsada por Asia y Estados Unidos, mientras que la oferta podría verse limitada por las restricciones de producción en Oriente Medio.
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