La Unión Europea se muestra firme en su compromiso por un crecimiento económico que vaya a la par de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Una prueba más de ello es su Pacto Verde Europeo y la puesta en marcha del nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
En línea con esto, la Comisión Europea tiene como objetivo final establecer unas condiciones de competencia equitativas entre los productores de la UE y terceros países, fijando para ello un precio del carbono para determinados productos importados.
El nuevo Reglamento, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE el 10 de mayo, y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 16 de mayo, regulará el Mecanismo de Ajuste en Frontera al Carbono (CBAM) y dará comienzo el 1 de octubre de 2023 en fase de transición, finalizando en el año 2026.
Protección de la competitividad de las empresas comunitarias
El CBAM llega como parte del Pacto Verde Europeo aprobado en el año 2020, por el cual la Comisión Europea se centraba en el objetivo prioritario de acabar con el cambio climático. Este Pacto recoge medidas de control de polución, políticas sociales y acciones contra el cambio climático, leyes de sostenibilidad, la reducción de emisiones de gas, la eficiencia energética o la economía verde.
Con el Mecanismo de Ajuste en Frontera al Carbono, la UE pretende proteger la competitividad de las empresas comunitarias que pagan por sus emisiones de CO2, frente a las importaciones que no lo hacen. Este reciente estrenado impuesto, afectará de forma directa a algunos sectores económicos que depende para su funcionamiento de la importación de materias primas y que por consiguiente se le aplicará dicha tasa.
Con este impuesto, la UE establece un límite de CO2 en el proceso productivo por lo que las empresas deberán comprar estos derechos para poder emitir el dióxido de carbono que se genera como consecuencia de sus actividades. El precio del arancel del carbono estará establecido en función del carbono que producen los materiales importados.
Los importadores europeos deberán de este modo adquirir Certificados CBAM, que serán equivalentes al precio que se habría pagado si dichos bienes importados se hubieran producido bajo el reglamento europeo de precios del carbono. Esto afectará a todas las importaciones con excepción de las que procedan de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Además la UE ha tenido en cuenta un incentivo de cara a las empresas, y es que aquellas que emitan menos carbono del que hayan pagado, podrán vender ese restante.
A partir de su entrada en vigor, las empresas deberán informar sobre su huella de carbono emitiendo informes al respecto. En este sentido, la propia Comisión Europea declaró que “se pedirá a los importadores que recopilen los datos del cuarto trimestre" y el primer informe deberá ser presentado a finales de enero de 2024.
Los sectores afectados por el CBAM
Este nuevo impuesto de la UE se aplicará principalmente sobre algunos sectores económicos considerados como los más contaminantes, tales como el del cemento, la electricidad, el hierro, el acero, el aluminio, el hidrógeno o los fertilizantes, que verán agravadas sus importaciones.
Este aumento del coste se verá reflejado en toda la cadena de producción por lo que a última instancia también afectará al producto final por lo que tendrá repercusión en las familias. Algunos expertos en economía ya apuntan que el gasto de los hogares podría verse aumentando sobre los 100 euros al año.
Alguno de los sectores que podrían verse muy perjudicados son los de la industria automovilística, pero también los de maquinaria, metalurgia, minerales no metálicos y el plástico. Se trata de sectores que dependen directamente de estos materiales, y que afectará al precio en hasta un 7% o un 8%.
En el caso de los metales básicos y el sector del automóvil, ambos serían los más afectados con un impacto agregado de más de 2.500 millones de euros. Las exportaciones asociadas al sector automovilístico tendrían unos incrementos de precio inferiores al 2% o 3%, pero además existen subsectores en los que la industria española es líder, como los basados en el acero, el aluminio o el plástico, que podrán experimentar subidas de hasta un 40%.
En este sentido, mientras que la recaudación prevista por la Unión Europea está calculada sobre un 0,1% del PIB en los 27 países miembros, es decir unos 14.500 millones de euros al año, se prevé que los metales básicos acumulen un incremento de 1.570,93 millones de euros, y los vehículos de motor, remolques y semirremolques de 1.295,15 millones de euros.
Además de las consecuencias sobre la economía española, dentro de la propia Unión Europea, estados como Bulgaria, Irlanda y Grecia son los países que más dependen de importes no europeos en los sectores incluidos en el mecanismo. Así el 50% de las importaciones que realizan estos países se ven sometidas al nuevo impuesto.