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Economía, corrupción, dinero público y estado de derecho

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Daba por hecho que la mayoría de lectores del blog tenían en mente lo que es una democracia constitucional y un Estado de Derecho al escribir este artículo con las críticas a las medidas del Sr. Torres López.

Muchos comentaristas no han visto que con la aplicación de muchas de las medidas que se proponen, estamos eliminando de un plumazo el Estado de Derecho, la prescripción de los delitos (si han existido claro), el principio de legalidad vigente y la presunción de inocencia. Todo esto por fijar con poca precaución, una serie de medidas correctoras contra la corrupción, financiación pública y labores de los gobiernos bastante oscuras en el pasado. Todos estamos de acuerdo que es lamentable que hayan pasado estas cosas y que tenemos que acabar con la corrupción asociadad al poder. Pero cuidado cómo atacamos al problema.

Repasando conceptos democráticos básicos: prescripción de penas, irretroactividad y legalidad

Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia liberal moderna (entiendo liberal como aquellas que democracias que aparecen a partir de EEUU América del Norte en el siglo XVIII) es el Estado de Derecho. El estado de derecho es aquel que se sitúa por debajo de una Constitución y que obliga a que cualquier norma esté escrita, que sea sancionada por el órgano legislativo y que sea conocida por todos los ciudadanos antes de su entrada en vigor.

Las estructuras jurídicas de cualquier democracia en la que opere un Estado de Derecho, fija siempre las normas penales como irretroactivas, es decir, sólo se aplicará desde que entre en vigor ese delito y nunca para delitos pasados y también fijan prescripciones para inmensa mayoría de delitos. En particular, en España, los únicos delitos que no prescriben son terrorismo con muertes y poco más. Los plazos de prescripción de los delitos penales, van alineados con la pena máxima de privación de libertad que se tenga, por lo que un delito penado con 15 años o más de cárcel, prescribe a los 20 años de su realización.

Estas premisas básicas nos lleva a una conclusión sencilla: cualquier delito económico, contra la hacienda pública o entre entes privados, realizado hace más de 10 años, ya habrá prescrito, por lo que no tiene sentido y va en contra del propio estado de derecho mirar hacia atrás para realizar juicios paralelos, aunque no tengan consecuencias legales de ningún tipo.

Delitos económicos y orígenes turbios de fortunas, a examen

De la lista de propuestas del Sr. Torres vemos que se quiere determinar el origen de las 100 fortunas españolas, analizar la financiación a los partidos desde 1977, determinar la actividad de las empresas españolas en el extranjero, analizar todas las privatizaciones de empresas realizadas (remontándonos a los 80 en adelante) y determinar la estafa eléctrica. Dejo fuera el asunto bancario porque está vigente y en el candelero y tenemos procedimientos judiciales abiertos.

Supongamos que se han cometido hechos delictivos en estas actuaciones, como orígenes de fortunas turbias en connivencia con la dictadura, que han existido irregularidades en la financiación de partidos y sindicatos en los 80 y en los 90 e incluso que ha existido tráfico de influencias y todo lo que se nos ocurra en la privatización de algunas empresas. Pues bien, el precio que pagamos por vivir en un Estado de Derecho es que estos delitos han prescrito y si no fueron denunciados y juzgados en su momento, ya no podemos hacerlo.

Ahora, lo que sí está en procedimiento judicial, son presuntos delitos que se han podido cometer dentro del plazo de prescripción y para eso está la justicia. Véase por ejemplo el caso Bárcenas y la presunta financiación ilegal del PP, el maremagnum de los EREs en Andalucía o las subvenciones recibidas por la patronal madrileña para cursos de formación.

¿Podríamos por ejemplo analizar el origen de la fortuna de la familia Pujol desde el origen de los tiempos? No, no podemos hacerlo y la justicia tiene que resumirse en los periodos abiertos sin prescripción. Ya pudo hacerse este análisis en el pasado y por desgracia se impidió en su momento, siguiendo con el ejemplo Pujol.

En comentarios del otro post se decía también que había que determinar todo esto aunque estuviera prescrito por el mero hecho de aplicar soluciones correctoras. Error, puesto que estamos activando un sistema de análisis que elimina completamente la presunción de inocencia si miramos todos los casos. Y como ya he dicho antes, que todos gocemos de esa presunción de inocencia y la necesidad de que existan pruebas concluyentes para determinar un delito, genera que haya culpables de todas las esferas por la calle, pero evitamos infinidad de condenas a inocentes, aplicando el marco del Estado de Derecho.

El Estado de derecho como sistema de control democrático

Supongamos que una abrumadora mayoría del 99% decidiera votar a favor de la ruptura de ese Estado de Derecho, a romper el marco de legalidad y a eliminar la prescripción e irretroactividad en el código penal. Pues a pesar de conseguir ese resultado mediante una votación, resulta que rompemos con el marco democrático y entonces, el sistema de gobierno y organización social sería otro, por más votación favorable que tenga. No todo lo que vota y acepta la mayoría es democrático, cuidado con esa asociación que no siempre se cumple.

Esto viene al hilo de que la democracia no es sólo ir a las urnas a decidir una serie de temas (pocos en nuestro caso), porque hay cuestiones que por defecto si se votan y aprueban con la voz de la mayoría, el sistema deja de ser democrático.

A nivel de los delitos económicos, estamos en la misma situación y las acciones que se deben promover tienen que contar con el marco democrático. Si tenemos dudas sobre la financiación de los partidos y organizaciones sociales, cambiemos sus normas de financiación y control. Si queremos un mayor control de las emisiones de deuda pública, cambiemos la Ley General Presupuestaria para mejorarla, si queremos transparencia máxima en todos los ingresos y gastos privados, cambiemos y debatamos sobre la Ley General Tributaria, si dudamos sobre la independencia del poder judicial y de la aplicación de las normas, promovamos un nuevo sistema de control, pero tengamos siempre en mente si queremos vivir en sociedad con un Estado de Derecho o no.

Quién no quiera, que avise claramente, porque igual otros si queremos y entonces, tendremos un problema en la sociedad bastante grave con una resolución bastante complicada.

En El Blog Salmón | Sr. Torres López ¿y las propuestas económicas para Podemos dónde están? Imagen | Villamon

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