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Que cada palo aguante su vela

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La noticia me pone de especial mala gaita. Me refiero al caso de los 7 tripulantes españoles del avión que había contratado el Arca de Zoe para esa operación-secuestro -veteasaberque, organizada en tierras chadianas. Como sabéis, están detenidos por las autoridades, acusados de complicidad en "secuestro de menores". Acusación, que bajo mi modesta opinión, es un auténtico despropósito. Es algo así, como si yo soy taxista, se monta un ciudadano, me indica que le lleve a la Joyería Suárez, y una vez alli procede a desvalijarla, sin que yo sepa nada del asunto. ¿Acaso soy yo un cómplice?, ¿debo someter a un interrogatorio con detector de mentiras a todos los que se monten en mi taxi?, ¿deben portar certificado de penales? Esta claro que las Autoridades chadianas buscarán algo a cambio, y si no tiempo al tiempo. Y mientras, unos trabajadores están presos en el excelente sistema penitenciario del Chad. ¿De verdad alguien cree que los tripulantes españoles son responsables de algo?

Esto me recuerda a una tendencia muy en boga en el mundo económico-empresarial. Aquí nadie asume sus responsabilidades. , y siempre se le trasladan a otro. Los ciudadanos no quieren asumir las suyas y se las trasladan al Gobierno, el Gobierno hace otro tanto con los empresarios, y estos acaban haciendo lo mismo con los trabajadores. Seguramente con un par de ejemplos se vea mejor que es lo que quiero decir. Pensemos por ejemplo en toda la normativa y actuación administrativa que últimamente se esta desarrollando en materia de blanqueo de capitales. Los Gobiernos están introduciendo nuevas, y cada vez más complejas obligaciones, en materia de conocimiento del cliente. Se trata de una práctica de origen anglosajón, que tal y como yo lo veo, no da sus frutos ni de lejos. Pero es lo que hay. Los despachos de abogados, las Notarías, los Bancos, etc...deben informarse fehacientemente sobre la vida y milagros de sus clientes y no clientes. Deben convertirse en los ojos de la Administración. Y esta obligación desciende hasta el nivel de los empleados. Estos pueden ser sancionados si, a juicio de los órganos supervisores, no cumplen con diligencia estas obligaciones. El caso es que las normativa es lo suficientemente flexible para meter en un lío a muchos. Se hace cargar a un empleado con el peso de decidir si una determinada conducta puede o no puede ser constitutiva de blanqueo. Seamos serios, si la Administración con toda su maquinaria no es capaz de impedirla, como esperan que un triste oficial de Notarias tenga la información y la experiencia para juzgar algo así. El empleado se ve sometido a una brutal presión entre la Empresa para la que trabaja y su nuevo rol detectivesco.

Otro tanto pasa con la Mifid. Se responsabiliza en gran medida de la protección del Consumidor en las Entidades Financieras. La Administración, que ha dado ejemplo de su incapacidad, decide que el marrón se lo coman las empresas. Empresas que como ya señale, utilizarán este sistema como un consentimiento médico informado para cubrirse de las futuras demandas. Si de verdad la Administración y los propios consumidores, desean que estos últimos estén protegidos, deben empezar por asumir sus responsabilidades. ¿Que formación financiera facilita el sistema público en la enseñanza reglada? Y, Vd. Sr. Consumidor, ¿cuánto tiempo dedica a formarse en materia financiera y cuánto a elegir el equipo de música de su nuevo de coche?

Foto por mknobil.

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