drogas

El presidente del INE ha adelantado a los medios que en el futuro quiere contabilizar como parte del PIB los ingresos derivados de la prostitución y del tráfico de drogas. Esta modificación normativa se puede introducir en el próximo cambio de base que se ponga en marcha en la medición del PIB y según el INE, el reglamento actual ya permite incluir dichas magnitudes económicas dentro del PIB.

Este tipo de introducción tiene múltiples lecturas que distosionarán a todos los efectos la realidad económica de las cuentas nacionales. Bien es cierto que existe un volumen muy importante de economía sumergida en estas actividades ilegales o alegales, pero la solución no pasa por realizar estimaciones del volumen de PIB que representa la prostitución o el tráfico de drogas, la solución pasa primero por abordar una tarea regulatoria que permita integrar estos parámetros dentro de la economía sacándolos de la alegalidad o ilegalidad.

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¿Y si las drogas se pudieran comprar por Internet? Hoy en día por Internet compramos prácticamente cualquier cosa. Viajes, muebles, electrónica, compra semanal, etc. Parece que a partir de ahora vamos a ver drogas compradas por la red y enviadas por correo o mensajería, porque lo que parece ciencia ficción, ya es una realidad.

De momento para acceder a la web que está haciendo esto hay que hacerlo a través de un sistema anónimo, se paga con una moneda virtual que garantiza el anonimato y la web simplemente hace de intermediario al estilo de eBay. Incluso proporcionan un sistema de reputación del vendedor, de modo que los buenos vendedores consiguen puntos positivos y los malos negativos.

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En Nada es Gratis, estiman que la legalización de la cocaina generaría 800 millones de euros en ingresos por impuestos, un artículo muy en línea con la estimación de ingresos que se pueden obtener por la legalización de prostitución y hachís que ya comenté hace tiempo en estas mismas páginas. Pero como siempre que se saca a colación estos temas, existen muchas voces que se alzan en contra de estas medidas y que mantienen que la prohibición es el camino a seguir.

No estoy de acuerdo, pero lo que es obvio que no se deben mantener situaciones en economía sumergida, sean legales o no y cada vez que se aplica una medida que quiera erradicar una actuación ilícita, las sanciones se aplica mal. Para erradicar estas situaciones, hay que atacar por el lado de la demanda y nunca de la oferta, tal y como dice Lewitt en Superfreakonomics.

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Cataluña se plantea cobrar 70 euros a los conductores que den positivo en la prueba del test de drogas, coste aproximado de la prueba, según citan las propias fuentes. Esta medida debería llevarse a cabo en toda España y extensible también al coste proporcional que supone colocar un operativo de la Guardia Civil o fuerza de seguridad que lo lleve a cabo.

Las arcas públicas necesitan más ingresos y soy partidario de mantener las libertades inedividuales sin control estatal, siempre y cuando un cocainómano o un borracho armado con un volante en las manos no tenga la opción de matarme con su coche. Y como la carretera es de todos, pagada con el dinero de todos y no hay otra opción para desplazarnos, el ansía recaudatoria del Estado debe extremarse y saciarse por esta vía en pro de la seguridad vial. Los objetivos que se deben perseguir son dobles:

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Dentro de toda la revisión fiscal que se está cocinando para el próximo ejercicio, creo que es el momento de recapitular un poco y gravar aquellas actividades que gozan de una tributación nula, bien por encontrarse en una alegalidad obvia como puede ser la prostitución, bien por ser ilegales dentro de unas facetas, como puede ser el tráfico de drogas blandas que es delito pero no así su consumo, léase hachis y marihuana, por ejemplo.

La sociedad tiene que ser consciente que hay personas que viven de estos dos sectores al igual que hay otras personas que demandan este tipo de productos o servicios. Llevamos ya muchos años conviviendo con estas dos actividades económicas y no ha llegado aún un gobierno que sea capaz de plantear un debate serio sobre la necesidad de imponer figuras impositivas a ambas actividades.

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Evo Morales, va a financiar la campaña electoral para las elecciones de Bolivia con la módica aportación de 20.000 kilos de hojas de coca, con un valor estimado en el mercado de 60.000 euros. Esta financiación la obtiene mediante las aportaciones de los afiliados del sindicato del cual Morales es el máximo dirigente.

Justo un par de días después, el gobierno boliviano ha ampliado en 8.000 hectáreas la superficie en donde se puede cultivar la coca de manera legal y controlada. Según el gobierno boliviano, el pais consume mediante la hoja mascada de la coca el total de la producción pero curiosamente, 2/3 de la producción de hoja de coca boliviana, termina circulando por el resto del mundo bajo su clorhidrato, representando unas de 36.200 toneladas de cocaina.

De esas 36.000 toneladas, más del 70% se dirige a Europa y entra por nuestras fronteras, con un valor aproximado en el mercado negro de unos 3 billones de euros, estimando por lo bajo. Euros que se meten por la nariz o se fuman en plata el resto de ciudadanos del mundo, mientras las mafias de narcos siguen haciendo su agosto.

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Llevamos unos días repasando los bajos fondos de la economía, hemos hablado de prostitución, blanqueo de capitales, evasión fiscal, pero no hemos mencionado el tráfico de drogas. Aprovechando la noticia sobre la detención de una red de distribución de cocaína a domicilio creo que podemos reflexionar un poco sobre el tema.

Muchas veces las organizaciones criminales copian de las empresas legales la aspectos como la estructura de negocio, distribución logística, etc. No sé si este tipo de copia es realizada de una forma inconsciente o de una forma consciente, que se hiciera de forma consciente hasta daría pie a pensar que los mafiosos atienden en las escuelas de negocio, pero no vamos a entrar en esas especulaciones ahora.

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La seguridad laboral es un aspecto relevante, y ya hemos hablado no hace mucho de ella. Lo cierto es que, cuando se habla de seguridad laboral y de siniestrabilidad laboral, se tiende a cargar las tintas contra “los empresarios” (por no proporcionar medios a los empleados, o no darles la formación adecuada, etc.) pero yo siempre he defendido que en la seguridad laboral hay dos partes, empresario y empleados, y que hay determinadas actitudes por parte de los empleados que son las primeras en suponer un peligro para su integridad.

Ahora, el sindicato UGT (nada sospechoso de inventarse cosas en contra de los trabajadores) publica un dato escalofriante: más del 27% de los empleados de los sectores de la construcción, el metal, la madera y los materiales de contrucción reconocen haber ido a trabajar bajo los efectos del cannabis en el último año. Y un 10% después de haber consumido alcohol.

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