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Ventajas económicas de legalizar las drogas

Ventajas económicas de legalizar las drogas
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Diferentes estados de Estados Unidos ya han legalizado la marihuana para usos recreativo -Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón y Washington- y actualmente el estado de Vermont está en camino.

En nuestro entorno más cercano, tenemos a Holanda una referencia en el consumo de marihuana en ciertos locales denominados como coffeshops que deben de cumplir una serie de regulaciones específicas.

Todo ello, hace referencia a la legalización de una droga que es considerada como blanda, pero ¿Y si extendiéramos la legalización al resto de drogas? Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de todas las muertes en todo el mundo vinculadas al tabaco y al alcohol es de 8,8% y del 3,2% respectivamente, en contraposición, las muertes por las drogas ilícitas supone un 0,4%.

Existe una incongruencia manifiesta, se permite el consumo al público de sustancias que generan más muertes al año frente a otras sustancias que generan un número inferior de muertes al año. En las siguientes líneas vamos a analizar cuáles serían las ventajas económicas de legalizar las drogas.

La ilegalización: Un cheque en blanco para las mafias

No existe nadie más interesado que las mafias para que los Estados establezcan y mantengan leyes contrarias a la legalización de las diferentes drogas. Es un sueño hecho realidad para que cualquier tipo de organización que se dedica al comercio de un determinado producto.

Cuando se establece una prohibición de la marihuana u otras drogas, se está enviando un mensaje claro a los diferentes empresarios de este país: En este sector existe una barrera de entrada legal, por la cual el Estado impondrá sanciones y perseguirá tanto a los productores como a los consumidores.

Drugs

Fruto de esta prohibición, nacen mafias que se dedican a la producción y distribución de drogas en el mercado negro. Estas mafias operan en zonas determinadas, por lo cual se establece un monopolio.

Los beneficios para un monopolio son claros, se convierte en el productor único, y en consecuencia podrá establecer los precios de distribución y venta sustancialmente más elevados, frente a una alternativa de mercado competitivo en la que múltiples ofertantes estuvieran dispuestos a producir las diferentes drogas.

En el mercado se compite y el más ineficiente quiebra... Sin embargo, en las mafias las reglas de juego son diferentes: Al que compite se le elimina (literalmente). De hecho, es frecuente que las diferentes mafias vivan en convivencia cuando “controlan” un territorio y existan “disputas” cuando una mafia ve que en su territorio ha entrado en juego otra mafia.

En consecuencia, surge un monopolio que recibe beneficios extraordinarios que reinvinvierte en la acumulación de armas o diferentes sobornos para mantenerse como productor y distribuidor en exclusiva. Por ello, aparecen los altos niveles de criminalidad.

Consecuencias económicas de la legalización de las drogas

La consecuencia económica en la legalización de las drogas sería un descenso generalizado de los precios frente a la alternativa del mercado negro ya que muchos empresarios se pondrían a producir, de la manera más eficientemente posible. No obstante, está afirmación es temporal ya que los Estados tienen cierta fijación con estos productos y gravarlos con Impuestos Especiales.

Las mafias no tienen sentido en un entorno de legalización, por lo que su negocio se vería seríamente dañado por el descenso de los ingresos que hundiría parcial o fatalmente la estructura criminal que se genera en su entorno. Veríamos por lo tanto, un descenso en los niveles de criminalidad.

Arrestar y procesar estos delitos es muy costoso para cualquier sistema de justicia criminal. Nos encontramos que se identifica a demasiados en el sistema de justicia penal por delitos menores y no violentos, utilizando una amplia estructura policial especializada en este tipo de delitos.

Prision

Desd el punto de vista del Estado, la legalización de las drogas implicaría un ahorro para los contribuyentes, tanto por el coste de la identificación y sanción al consumidor como por la persecución de las mafias.

Para los consumidores las consecuencias son claramente perjudiciales. Por un lado, consumen drogas a precios más altos frente a una alternativa competitiva y por otro lado, existe un riesgo grave para la salud, no por el consumo de las drogas, sino por las sustancias utilizadas para alterar la composición de las drogas que generan un mayor volumen final de la droga.

El Estado siempre busca su parte

Si bien la legalización de las drogas permitiría un descenso generalizado de los precios frente a la alternativa monopolística de las mafias, los estados tienden a imponer una serie de impuestos especiales con fines recaudatorios sobre este tipo de productos que nos llevaría a un incremento de los precios finales.

A pesar de que se iniciará un mercado en competencia, si un Estado decide gravar el producto con impuestos especiales, los productores verían encarecido el precio final. Esto nos llevaría a la conclusión que la renta obtenida por la estructura del monopolio que forma la mafia iría a parar, en mayor o menor medida, a las cuentas públicas.

Montoro

En España, cada cierto tiempo se incrementan los impuestos especiales que se regulan el la Ley 38/1992, de 28 de diciembre ya que es una vía rápida para mejorar los niveles recaudatorios y siempre resulta justificable: “Estos productos son dañinos para la salud y hay que gravarlos para evitar su consumo”.

¿Qué aprendimos con la Ley Seca?

La prohibición del alcohol en los Estados Unidos duró 13 años desde el año 1920 hasta finales de 1933. Mintras que la intención era reducir el consumo de alcohol eliminando los negocios que lo fabricaban, distribuían y vendían, el plan fracasó estrepitosamente.

La tasa de mortalidad por alcoholismo se redujo en un 80% en 1921 con respecto a los niveles anteriores a la guerra, mientras que los delitos relacionados con el alcohol disminuyeron notablemente. Sin embargo, siete años después de su entrada en vigor, el total de muertes por licor adulterado se disparó superando las cifras iniciales y hubo muchos más casos de ceguera y parálisis.

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Hacer cumplir la ley resultó ser casi imposible con el surgimiento y la extensión del contrabando. La asignación original del Congreso para la aplicación de la ley fue de 5 millones de dólares. Varios años después, el Gobierno estimó que la aplicación de la ley costaría 300 millones de dólares.

La imposibilidad de restringir el contrabando y la inevitable corrupción que lo acompañaba, finalmente condujo a un desencanto público generalizado con la Ley Seca y a su abolición el 5 de diciembre de 1933.

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