Javier Ruiz
En España, el ascensor social funciona cada vez peor. Y esta no es una percepción subjetiva, sino que así lo ha confirmado el último informe de la OCDE, To Have and Have Not: How to Bridge the Gap in Opportunities (Tener y no tener: cómo superar la brecha de oportunidades), que señala que más del 35 % de la desigualdad de ingresos en nuestro país se explica por circunstancias heredadas.
La media europea está en torno al 25 %, lo que coloca a España en el grupo de países ricos donde el origen familiar y el territorio condicionan más el futuro económico que el esfuerzo individual.
España está entre los países ricos con menos movilidad
El estudio, que analiza a casi 30 países, sitúa a España por encima de la media y en niveles similares a los de Estados Unidos, Portugal o Rumanía, todos ellos países donde la movilidad intergeneracional es limitada y el peso de los antecedentes familiares resulta determinante. En este grupo, la educación y la ocupación de los padres se convierten en auténticos predictores de la posición que alcanzará una persona en la edad adulta.
Solo economías como Bulgaria (50 %) superan esas cifras de forma clara, reflejando la magnitud de las barreras estructurales en ciertos países del Este. En contraste, en el extremo opuesto se encuentran Islandia (11 %), Dinamarca (13 %) o Finlandia (15 %). En estos casos, los sistemas educativos inclusivos, la fuerte inversión en infancia y una fiscalidad más redistributiva permiten que el origen familiar apenas condicione la trayectoria vital.
La comparación deja un mensaje evidente: mientras que en los países nórdicos las políticas públicas logran compensar gran parte de las desigualdades iniciales, en España el punto de partida sigue siendo decisivo para el punto de llegada. La posibilidad de ascender socialmente depende, en gran medida, del nivel cultural y económico del hogar de origen y, en menor medida, del esfuerzo o talento individual.
Desigualdad de oportunidades
La OCDE identifica que el grueso de la brecha proviene del nivel educativo y la ocupación de los padres. Estos factores pesan mucho más que el sexo, la presencia de los progenitores en el hogar o incluso el país de nacimiento. En España, además, el territorio amplifica la desigualdad: el lugar de residencia afecta en el cálculo con diferencias que aumentan hasta ocho puntos porcentuales.
Dicho de otro modo: el código postal importa casi tanto como el apellido. Las diferencias de empleo y renta entre comunidades autónomas explican por qué, dentro de un mismo país, las oportunidades de progreso pueden variar de forma drástica.
Brecha generacional
El informe también advierte de que la desigualdad de oportunidades se ha intensificado para las nuevas generaciones. En la mayoría de los países de la OCDE, quienes nacieron después de los años setenta se enfrentan a un mercado con menos rutas para progresar: empleos inestables, menores márgenes de ahorro y una economía que premia menos la movilidad ascendente.
En nuestro país, esta tendencia se refleja en cifras relevantes. Según ASEMPLEO, la tasa de paro juvenil se mantenía en el 26,9 % hasta finales de 2024, la segunda más alta de Europa, lo que indica un enquistamiento estructural del desempleo entre menores de 25 años. Además, aunque en los últimos meses se ha conseguido reducir de desempleo juvenil por debajo del 25 %, la recuperación es tenue frente a los niveles estructurales persistentes.
A todo ello, se suma la sobrecualificación, que evidencia un desajuste entre formación y empleo: un 36,2 % de los jóvenes ocupados en España están sobrecualificados, lo que es un síntoma claro de que muchos deben aceptar trabajos para los que sus estudios no están diseñados.
Por otro lado, el acceso a la vivienda actúa como un bloqueo práctico: los jóvenes españoles se emanciparon en 2024, en promedio, a los 30 años, casi cuatro años después que la media europea (26,2 años). Esto tiene consecuencias tangibles: en muchos casos resulta necesario destinar el 92,3 % del salario al alquiler, y reunir la entrada de una hipoteca implica dedicar cuatro años de sueldo íntegro.
Esta combinación es un bloqueo estructural: los jóvenes pueden tener estudios, pero se topan con un mercado laboral precario y una barrera inmobiliaria alta. En pocas palabras, pese a una mayor formación, su capacidad de ascenso social está frenada por obstáculos presentes en el propio sistema.
Como consecuencia directa, cada vez hay más voces críticas frente a la narrativa de la meritocracia. En sociedades donde las circunstancias heredadas pesan tanto, crece la percepción de que el éxito depende más de los contactos o de la suerte que del esfuerzo individual. Estudios como los de ESADE EcPol (El ascensor social en España) ya habían advertido de que el ascensor social español estaba atascado, y el informe de la OCDE refuerza esa conclusión con evidencia comparada.
¿Y los países que mejor funcionan?
En los países donde los factores heredados no pesan tanto, la OCDE subraya que existen políticas públicas capaces de mitigar la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
Entre las más efectivas destacan la inversión en la primera infancia, clave para compensar desventajas desde los primeros años y los sistemas fiscales progresivos sobre renta y riqueza, junto con prestaciones bien diseñadas, que ayudan a reducir las brechas de origen.
No es casualidad que países como Islandia, Dinamarca o Finlandia, que lideran en igualdad de oportunidades, también destaquen por su gasto en educación temprana y redes de protección social.
En este sentido, el mensaje del informe es claro: en España, donde naces y vives pesa más que el esfuerzo individual. Frente a ello, el reto no solo está en crecer en renta, sino en hacerlo de manera que se reduzca la transmisión de desigualdades.
El Gobierno ha lanzado medidas como la ampliación del bono de alquiler joven a 300 euros mensuales y hasta cuatro años o la ayuda de 30.000 € para el alquiler con opción a compra de vivienda protegida. También se enmarca en esta estrategia la Estrategia de Juventud 2030 y programas de empleo como la Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que buscan mejorar la cualificación y la empleabilidad de las nuevas generaciones.
Si bien estos pasos pretenden aliviar los obstáculos de emancipación y movilidad social, todavía queda por ver si tendrán un impacto suficiente. La pregunta es si estas políticas públicas —junto con la educación, la inversión en infancia, la cohesión territorial y una fiscalidad más redistributiva— podrán reequilibrar la balanza o si, como advierte la OCDE, el ascensor social seguirá averiado para las próximas generaciones.
Ver 0 comentarios