Sergio Delgado
Han pasado tres años desde la gran reforma de la norma que debía modernizar los procesos de insolvencia en España. Sin embargo, el sistema no ha alcanzado los resultados esperados.
Lo que se diseñó para dar una salida ágil y eficaz a las dificultades económicas de las empresas, se ha convertido en un entramado poco operativo, especialmente para los autónomos y las microempresas, que continúan sin poder beneficiarse de los mecanismos previstos.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) alerta de que la aplicación de la ley sigue generando graves disfunciones.
Falta coordinación, existen vacíos técnicos y la ausencia de un marco profesional claro está dejando espacio a errores y, en algunos casos, a fraudes.
Un modelo pensado para agilizar, pero que se atasca
La norma, aprobada con el objetivo de acelerar los procesos y reducir la carga judicial, ha tenido un efecto desigual.
Por un lado, los nuevos planes de reestructuración están demostrando ser útiles para evitar que compañías viables acaben en concurso.
Pero por otro, los procedimientos especiales para microempresas —que representan más del 90% del tejido empresarial español— siguen sin funcionar como deberían.
El principal obstáculo radica en la falta de una plataforma telemática operativa que permita gestionar de forma automatizada los procesos.
Esta herramienta debía ser el eje del nuevo sistema, pero su puesta en marcha se ha retrasado una y otra vez. Sin ella, los autónomos y pequeños empresarios que buscan una solución a su insolvencia se encuentran en un auténtico laberinto burocrático.
La exclusión del administrador concursal, un riesgo añadido
Aspac lleva meses advirtiendo de que la exclusión del administrador concursal en los procedimientos para microempresas debilita la transparencia y el control.
El presidente de la asociación, Diego Comendador, ha señalado que la falta de supervisión está generando un entorno propicio para los errores de gestión e incluso para las prácticas fraudulentas.
“Sin la figura del administrador concursal, el deudor asume tareas técnicas que, en muchos casos, no sabe gestionar”, explica Comendador. Esto puede desembocar en procesos opacos o liquidaciones mal realizadas, con consecuencias tanto para los acreedores como para los propios empresarios.
Además, los concursos sin masa —aquellos en los que no existen bienes suficientes para cubrir los gastos del procedimiento— se han multiplicado.
Este tipo de concursos se han convertido en uno de los mayores focos de preocupación del sector. La falta de supervisión profesional permite que se presenten procesos en los que se ocultan activos o se manipulan cuentas, debilitando la confianza en el sistema.
Los planes de reestructuración, un avance con luces y sombras
No todo son malas noticias. Los planes de reestructuración introducidos con la reforma han permitido a muchas empresas solventar su situación financiera antes de llegar al concurso.
Estos instrumentos facilitan acuerdos entre deudores y acreedores y reducen la intervención judicial, lo que agiliza el proceso.
Se estima que el número de planes aprobados ronda los 700, una cifra que demuestra que el modelo puede ser eficaz si se aplica correctamente. Comendador afirma que este avance “confirma que el sistema puede funcionar cuando se dota de herramientas adecuadas y de profesionales que garanticen su correcta ejecución”.
Sin embargo, la disparidad entre empresas medianas y microempresas sigue siendo evidente. Mientras las primeras cuentan con asesoramiento jurídico y financiero, las segundas continúan sin recursos técnicos ni apoyo suficiente para beneficiarse de estas medidas.
Una digitalización pendiente y un estatuto que no llega
Uno de los pilares de la reforma era la creación de una plataforma digital que centralizara la gestión de los procedimientos de insolvencia. Pero la falta de desarrollo tecnológico y de recursos humanos ha dejado esta promesa en papel mojado.
En la práctica, las microempresas siguen dependiendo de trámites presenciales y procesos lentos que contradicen el espíritu de la norma.
A esto se suma la ausencia del Estatuto del Administrador Concursal, un documento clave para profesionalizar el sector y establecer responsabilidades claras. Su inexistencia genera desigualdades entre juzgados y deja margen para interpretaciones contradictorias.
España, lejos de los estándares europeos
Mientras otros países europeos avanzan hacia modelos más integrados y tecnológicos, el sistema español sigue mostrando carencias estructurales.
Los expertos advierten de que, si no se corrigen pronto, la ley seguirá siendo un instrumento ineficaz para proteger a quienes más lo necesitan: los pequeños negocios y los autónomos.
Aspac insiste en que ha llegado el momento de revisar a fondo la norma. Después de tres años de aplicación, existen suficientes datos y experiencias para identificar los puntos débiles y proponer una versión más moderna y equitativa.
El objetivo, recuerdan, no es solo salvar empresas, sino fortalecer la economía productiva y mantener la confianza de los trabajadores y acreedores.
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